Mayor transparencia e información oportuna ayudarían a disipar desconfianzas.
En la última vez que le habló al país, la Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) protestó las agresiones de las que es objeto la institución. Habló de acusaciones expresadas en un lenguaje violento y grosero, inadmisible en la democracia y lesivo para la convivencia nacional. Sin decirlo, dejó muy claro que hablaba de sectores que adversan el gobierno, de los que en la coyuntura actual están solicitando la realización de un referéndum revocatorio presidencial.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que la Presidenta del CNE tiene razón: no es admisible ese lenguaje, a pesar de que desde hace varios años se ha vuelto casi costumbre en la política nacional. Es un lenguaje que desborda las reglas que deben sustentar el ejercicio de la política. Y, en términos más específicos, es un lenguaje que resulta absolutamente incompatible con los modos dentro de los que deben transcurrir cualquier tipo de evento electoral.
Pero la Presidenta del CNE pierde fuerza en sus declaraciones porque no presta igual atención al lenguaje oficialista, incluyendo el del propio Presidente de la República que, si bien, no alude al Poder Electoral, sí acusa, descalifica e irrespeta a quienes, con todo el derecho que les otorga la propia Constitución, piden, por ejemplo, un referéndum revocatorio como una medida que pueda contribuir a superar la crisis por la que atraviesa el país. Pierde fuerza porque ante esa otra fuente de lenguaje inapropiado, guarda silencio.
La Presidenta pierde fuerza, así mismo, al interpretar ciertas críticas al CNE como si fueran el producto de prejuicios machistas y no de la evaluación, correcta o no, sobre la propia gestión del organismo.
Y pierde fuerza porque la institución que dirige no está cumpliendo adecuadamente sus tareas, las que le competen como árbitro a fin de que las diversas etapas involucradas en las consultas planteadas puedan llevarse a término, según los requisitos establecidos en nuestras leyes y de acuerdo al espíritu y la intencionalidad reflejada en la norma constitucional. Pierde fuerza porque la institución que dirige, en vez de favorecer con acciones concretas a que los ciudadanos puedan ejercer un derecho, lo obstaculizan con medidas que siembran suspicacias, por decir lo menos, respecto a su imparcialidad y transparencia.
El OEV rechaza, así pues, las agresiones dirigidas al CNE y no las desestima, aunque ellas sean expresiones minoritarias. Pero considera que el Poder Electoral debe ser igualmente celoso en denunciar, y hasta sancionar, el lenguaje violento, desmesurado y anti democrático que se emplea desde ciertos sectores partidarios del Gobierno.
Ante el anuncio de que el CNE daría una declaración al país, el OEV, al igual que muchos ciudadanos, esperaba información oportuna y completa sobre los dos eventos electorales objeto de debate hoy en el país: el referéndum revocatorio presidencial y las elecciones regionales de gobernadores y diputados a los consejos legislativos estadales. Dada la importancia de ambos eventos, acrecentada por la gravedad de la situación venezolana, información transparente sobre ellos hubiese contribuido a disipar desconfianzas y aliviar la grave tensión social. Pero esa información estuvo ausente, haciendo que esas expectativas, lamentablemente, fueron absolutamente frustradas.
Caracas, 10 de julio de 2016