El 13 de este mes de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se abrogó la decisión de nombrar a los Rectores del CNE, siendo que la Constitución en su artículo 296 y la Ley Orgánica del Poder Electoral en su artículo 8 establecen que esa es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (AN). Además, lo hizo ratificando a las Rectoras Socorro Hernández y Tania D´Amelio, manteniendo con ello la actual composición del Poder Electoral, sobre la que amplios sectores de la ciudadanía tienen serios y comprensibles reclamos, por evaluar que su comportamiento, acentuado en el último año, no ha estado apegado a la imparcialidad, transparencia, eficiencia e igualdad que la Constitución le establece. Se desestimó, así, la urgente necesidad de contar con un buen árbitro, necesario para abrirle paso a una solución pacífica y democrática a la grave crisis por la que atraviesa nuestra sociedad, dejando de lado el que es, sin duda, el deseo de la mayoría de los venezolanos.
Igualmente, el TSJ tomó su decisión actuando al margen de las normas legales establecidas que, como ya se dijo, asignan esa atribución de manera exclusiva a la AN y reiterando el hecho de que sus dictámenes reflejan con inadmisible frecuencia las opiniones e intereses de la Presidencia de la República. Fue una decisión, sin embargo, que no sorprendió a nadie, pues puso una vez más en evidencia que el país cuenta con un sistema de arbitraje, cuyas instituciones componentes no se desempeñan adecuadamente.
Visto lo anterior, la decisión tomada por el TSJ refuerza las dudas que se tienen respecto a la voluntad gubernamental de lograr acuerdos básicos que permitan irle poniendo remedio a la presente situación nacional, como si no terminara de asumir sus verdaderas dimensiones. En efecto, a esta reciente decisión del TSJ se suman otras anteriores del CNE que tuvieron como propósito, y lo consiguieron, entrabar las consultas democráticas previstas en la Constitución. No debe olvidarse que el 20 de octubre, contraviniendo explícitas disposiciones constitucionales, el Poder Electoral, amparándose en decisiones judiciales de tribunales regionales sin competencia electoral, paralizó “hasta nueva orden judicial” el referendo revocatorio presidencial que parecía gozar de un respaldo popular muy amplio. Contraviniendo igualmente, el texto constitucional, ese mismo Poder en nota de prensa del 18 de octubre, anunció, sin dar mayores argumentaciones, que este año 2016 no se realizarían las elecciones regionales previstas para diciembre. De hecho, con estas dos decisiones, el CNE suspendió el derecho al sufragio, haciéndose eco del interés del Gobierno, expresado de varias maneras, a través de diferentes dirigentes y en repetidas oportunidades.
Por otro lado, la Asamblea Nacional, institución en la que, por mandato constitucional, descansa la responsabilidad de elegir los Rectores a quienes se les vencía el plazo, no alcanzó, el día fijado para ello, la mayoría calificada necesaria. Por razones difíciles de entender, un grupo de diputados no asistió al Parlamento, teniendo éste que posponer tan trascendente decisión, que hubiese contribuido a poner en evidencia ante la ciudadanía el abuso perpetrado por el TSJ con su decisión de nombrarlos.
Lo señalado anteriormente ensombrece, sin duda, las gestiones que tratan de llevarse a cabo en la Mesa de Diálogo, al obstaculizar abiertamente uno de sus puntos clave, el de una agenda electoral confiable para todos, punto subrayado con fuerza por quienes actúan en ella como mediadores internacionales.
Dentro de este marco, hay que hacer hincapié en el hecho que el tiempo corre en contra del país y del bienestar de sus ciudadanos, dado que los problemas se agravan día a día y siempre costará más resolverlos después que ahora. La demora en llegar a acuerdos, imprescindibles para garantizar la convivencia y emprender un camino que permita encarar las dificultades del país, les pasa factura a todos los venezolanos. La consulta popular en sus diferentes formas posibles y las elecciones pendientes son obviamente asunto medular y de urgencia.
En fin, cuánto tiempo más debe pasar y, sobre todo, qué más debe pasar, para que todos entendamos y aceptemos que no hay otra vía que la del acuerdo político. ¿Nuestro liderazgo político tendrá bien medidos los riesgos que implica no llegar a suscribir los pactos que resultan ineludibles y urgentes?
Caracas, 16 de diciembre de 2016