- Son una clara violación de lo dispuesto en la Constitución que pone en riesgo la democracia y profundiza la grave crisis política que se vive en el país
- Profundiza la crisis política en el país al violar el principio de la separación de poderes y como consecuencia desconoce el Estado de Derecho.
El miércoles en la noche el TSJ informó que asumirá por completo las competencias parlamentarias debido al desacato del Parlamento Nacional y que las mismas podrán ser delegadas al Poder Ejecutivo si así lo estima conveniente. El OEV considera que se trata de una clara violación de lo dispuesto en la Constitución que pone en riesgo la democracia y profundiza la grave crisis política que se vive en el país.
El OEV considera que nuevamente el TSJ deja de lado su imparcialidad al interpretar la Constitución Nacional de una manera que inequívocamente, favorece los intereses del Poder Ejecutivo.
El OEV considera que, con las últimas decisiones tomadas por la Sala Constitucional, el TSJ ahonda la crisis política en el país al violar el principio de la separación de poderes y como consecuencia desconoce el Estado de Derecho.
El OEV considera que las medidas anunciadas el día 29 de marzo por el TSJ atribuyéndole al Poder Ejecutivo competencias legislativas y judiciales, violan inequívocamente la Constitución Nacional, además de contradecir las pautas según las cuales se gobierna en democracia.
El OEV considera que al establecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decrete un estado de conmoción interno pudiera tener como propósito abrir una vía para la postergación indefinida de cualquier proceso electoral.
El OEV considera que el 29 de marzo el TSJ contravino los principios democráticos al abrir la puerta para que el Poder Ejecutivo legisle a discreción y sin control ni contrapeso alguno.
El OEV considera que las recientes decisiones tomadas por el TSJ en contra de la Asamblea Nacional usurpan el poder de los ciudadanos al desconocer las funciones de quienes son sus representantes, quienes fueron democráticamente electos en diciembre de 2015.
Caracas, 31 de marzo de 2017