Luis Lander: “Hay que restituir el derecho a elegir gobernadores”; por Hugo Prieto / PRODAVINCI

17/04/2017

Por Hugo Prieto | 16 de abril, 2017

Luis Lander retratado por Gabriel Méndez

Luis Lander retratado por Gabriel Méndez

La descomposición institucional en Venezuela ha llegado a tal punto que en estos momentos hay seis gobernadores de estado que no fueron elegidos por nadie. El Ejecutivo los ha promovido a cargos de mayor jerarquía o simplemente los ha desplazado por problemas políticos internos.

Luis Lander, profesor universitario y director del Observatorio Electoral Venezolano, describe la pendiente por donde rueda la crisis institucional del país. La validación de los partidos políticos, por ejemplo, se realizó sin que el CNE realizara auditorias del proceso. Se actuó con total discrecionalidad. Así no podemos ir a elecciones presidenciales, regionales o locales, porque la plataforma automatizada del CNE es confiable, siempre y cuando se hagan las auditorias, previas y posteriores. Todo se ha ido desdibujando hasta el punto en que las instituciones son un espejismo en el horizonte.

¿Usted cree que en Venezuela todavía vale la pena hablar de elecciones, de una salida pacífica, constitucional y electoral? ¿La consulta al soberano es posible? ¿Se puede hablar con propiedad de eso?

Lo peor sería que en Venezuela no se hable con propiedad de eso. Que ya es un tema descartado y resignarse a que cualquier salida electoral está cancelada. Pero claramente es un tema muy complicado. En octubre de 2016, con dos días de diferencia, primero el 18 y luego el 20, ocurrieron dos cosas. El 18, mediante una nota de prensa que se publicó en la página web del CNE, la presidenta del organismo, Tibisay Lucena anuncia que las elecciones regionales no se van a realizar, tal como la establece la Constitución en 2016, sino en el primer semestre de 2017 y, dos días después, cuando estaba por anunciarse la recolección del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio, varios tribunales penales regionales, extrañamente —el mismo día y casi de forma simultánea— deciden que en la recolección de firmas del 1% hubo fraude y que hasta no se aclarara el supuesto fraude debería suspenderse el proceso y el CNE, muy precipitadamente…

…No. Permita que lo interrumpa porque está equivocado. El CNE en atención a la separación de poderes que existe en Venezuela y obedeciendo una disposición del poder judicial acata la decisión.

Yo no soy abogado, pero de tanto ver elecciones, termina uno prestándole atención a los asuntos legales que tienen que ver con este asunto. Abogados a quienes respeto han dicho hasta la saciedad que esos tribunales penales de primera instancia no tienen competencia electoral. Si el CNE hubiese actuado de forma independiente hubiese dicho, efectivamente, que esos tribunales no tienen competencia en la materia y, por lo tanto, prosigue con el proceso. Hay que recordar que la recolección del 1% de las firmas (para que la MUD fuera la instancia promotora del referéndum revocatorio) había sido validada por el propio CNE, en medio de condiciones muy difíciles. Pero el CNE no hizo nada de eso. Repito, apresuradamente, coge línea de esos tribunales y decide suspender el proceso. Desde esa fecha (20 de octubre de 2016), formalmente, el derecho al sufragio en Venezuela está suspendido. Digo suspendido, no cancelado, porque esto supondría que en Venezuela no habría elecciones más nunca y pasaríamos a otra cosa, no democrática.

¿Por qué no aprovecha la oportunidad y explica cuál sería la diferencia entre suspendido y cancelado?

Pudiera ser una ingenuidad lo que voy a decir, pero formalmente lo que el CNE está diciendo, a raíz de la decisión que tomaron los tribunales penales, es que tiene que haber una averiguación sobre el supuesto fraude cometido en la recolección del 1% de las firmas. La suspensión es hasta que esa averiguación culmine en los tribunales, cuya decisión final pudiera ser, efectivamente, aquí hubo fraude. Y como todo delito penal conlleva a responsabilidad individual, los responsables son fulano, zutano y mengano. Pero sería un exabrupto que el propio proceso de recolección del 1% de firmas, que validó el CNE, fuera suspendido. ¿Qué pasa entonces con los derechos de esos ciudadanos, quienes manifestaron su voluntad para que se activara un referéndum revocatorio?

La elección de los diputados de Amazonas, en la que también se denunció un supuesto fraude, reposa en la Sala Electoral del TSJ, que aún no ha tomado una decisión, como tampoco se han pronunciado estos tribunales penales. No sólo el derecho al voto está suspendido. Aquí hay una denegación de justicia clara. Son como violaciones a derechos políticos y constitucionales alrededor de un mismo tema (la vigencia del voto).

Claramente lo que ilustra esto es que esas decisiones, mucho más allá del ámbito jurídico, son decisiones políticas, lo que viene a demostrar lo que tanto se ha dicho: que la separación de poderes en Venezuela está en una situación sumamente precaria, digámoslo así, por ser generosos. Manifestación tras manifestación, el poder judicial en Venezuela termina siendo una herramienta política del actual gobierno, donde las decisiones que se toman no están guiadas por el estado de derecho, ni por lo que dicen la Constitución y las leyes, sino que están claramente motivadas por razones de tipo político. Las recientes decisiones del TSJ (155, 156, así como las respectivas “correcciones” que se hicieron en las decisiones 157 y 158) tienen esa misma lógica. El problema con los diputados de Amazonas es que dado el resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en la cual la oposición obtuvo 112 diputados, que es exactamente las dos terceras partes y la decisión de sustraer a los tres diputados de esa entidad más el diputado indígena del circuito sur, es que le quitan las dos terceras partes, pero genera una situación que nunca fue aclarada. ¿Cuál es el total de diputados que hay en la AN actualmente? Si esos cuatro no están ¿No se reduce el número total de diputados en la AN? ¿En vez de ser 167 se reduce a 163? ¿Es o no es?

Yo le sugeriría al ciudadano Luis Lander que si está tan preocupado por ese asunto introduzca un recurso interpretativo en la Sala Constitucional del TSJ. Le diría, además, que espere el tiempo prudencial. Quizás, en medio de estas circunstancias, podría tardar tanto como el sueño de los justos.

Esto lo menciono porque si efectivamente se restan los cuatro diputados del total que tiene la AN, los 109 que tiene la oposición también hacen las dos terceras partes del parlamento, tal como está conformado actualmente. Y eso, creo yo, no se ha explotado suficientemente.

Lo que tendría implicaciones en la conformación de los poderes públicos.

Claro, pero la suspensión de esos cuatro diputados es una medida que tiene un piquete político innegable, cuyo objetivo tendría como principio anular cualquier decisión de la AN que pusiera en riesgo el proceso político venezolano. De modo tal que el TSJ ha tomado alrededor de 60 decisiones que han bloqueado a la AN y donde el llamado desacato, esgrimido por el TSJ, termina argumentado hasta de manera ridícula, porque los cuatro diputados en cuestión efectivamente se han retirado de la AN. Y el TSJ dice, ah no, pero así no me gusta, tienen que retraer el acto mediante el cual designaron presidente a Julio Borges y la directiva anterior tiene que aprobar el retiro de los cuatro diputados. Digamos, termina siendo una cosa absolutamente grotesca, por decir lo menos.

Resulta muy curioso que en medio del proceso de validación de los partidos políticos, que se ha hecho en medio de circunstancias difíciles, precisamente para mantenerse en la legalidad y en el juego electoral, se produzcan las sentencias 155 y 156 del TSJ, a las que siguió el pronunciamiento de la fiscal, Luisa Ortega Díaz. ¿Por qué se insiste en cumplir la legalidad, si el TSJ da un golpe de Estado? ¿No cree que eso pervierta la percepción de que aquí puede haber una salida electoral?

Uno podría tener distintas lecturas de la situación en la que estamos, porque efectivamente el TSJ tomó las dos primeras decisiones (155 y 156) y las dos posteriores, cuyo propósito aparente era aclarar la situación planteada por la Fiscal, pero que terminaron por no aclarar nada y mantuvieron en esencia el contenido de las dos primeras decisiones, sobre todo la disposición mediante la cual el Ejecutivo puede crear empresas mixtas sin la aprobación de la AN. Por cierto, ya salió una decisión alrededor de la mina de Las Cristinas, que está conceptuada como una de las más poderosas del mundo. Lo que servirá para salir del rentismo petrolero para meternos de cabeza en el rentismo aurífero. Todo esto desató un proceso, diríamos, que está en pleno desarrollo y no sabemos en definitiva en qué va a terminar. Pero los niveles de movilización de la ciudadanía, convocada por la oposición, pero que logra movilizar a sectores mucho más amplios, nos retrotrae a una situación, cuyo antecedente más cercano serían las manifestaciones muy numerosas que se hicieron en septiembre y octubre del año pasado, justamente antes de la convocatoria del diálogo que terminó por desmovilizar a la población y dejó a la oposición prácticamente paralizada. Ahora, con este proceso, termina presentándose una agenda concreta, unitaria, de cuatro puntos, que va más allá de la MUD, que gira alrededor de cuatro puntos —restablecimiento de las atribuciones y funciones de la AN, liberación de los presos políticos, la apertura del canal de ayuda humanitaria (alimentos y medicinas) y el cronograma electoral.

¿Qué interés tendría el gobierno de retrotraer la situación a un momento, digamos, en que la población estaba movilizada y en la calle, tal como ocurrió en 2014? Porque la situación es muy distinta, la gente está decidida, se concentra y marcha a sabiendas que la van a reprimir. Que a dos cuadras, lo que viene es “gas del bueno” (Chávez dixit), perdigones y bastonazos. Lo que ocurrió el sábado (08/04) fue algo realmente angustiante.

Varias cosas, ¿no? Creo que un actor muy activo en la situación política venezolana que, por ser tan obvio, muchas veces no lo tomamos en cuenta, se trata de la crisis. La gente está realmente desesperada. Y eso es una cosa que para nada se resuelve. Se profundiza y cada vez es más aguda. Es un actor muy activo que entra en la situación. A diferencia de #La Salida, una propuesta promovida por los sectores más radicalizados de la oposición, que para nada gozaba de unanimidad aún dentro de la oposición, actualmente la MUD y otros sectores están unificados alrededor de una propuesta. Además, hay una situación que es novedosa en la fuerza que tiene. Me refiero al contexto internacional. El apoyo que tiene el gobierno venezolano es cada vez menor. Cada vez está más debilitado y cada vez se plantea con más frecuencia una pregunta. ¿Y ustedes por qué no hacen elecciones? Eso, que pareciera una pregunta ingenua, presiona y gana peso.

Luis Lander retratado por Gabriel Méndez

Luis Lander retratado por Gabriel Méndez

El domingo pasado, el presidente Nicolás Maduro declaró que estaba “ansioso” de que hubiera elecciones regionales. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, ¿Usted cree que aquí hay condiciones para que se realicen elecciones? ¿Qué cosas adicionales deberían agregarse al proceso, porque creo que después de lo que ocurrió con el referéndum revocatorio y la validación de los partidos políticos, una simple convocatoria, anunciada por la señora Tibisay Lucena, no es suficiente?

Estoy de acuerdo con que una simple convocatoria no sería suficiente. La cosa es más complicada que esa, porque hay otros ingredientes que deberían ser tomados en cuenta. Julio Borges hizo unas declaraciones que a mí me parecieron atinadas. Presidente, no me interesa que usted esté ansioso por unas elecciones, aquí hace falta un cronograma electoral. Los cronogramas electorales, además de la fecha, contemplan varias actividades que son importantes. Una de ellas es la inscripción de los candidatos.

 

Sí, pero también está, por ejemplo, el tema de las auditorías.

A eso iba, porque eso es algo muy importante. Nosotros, como Organización No Gubernamental, siempre procuramos mantener una posición imparcial sobre el sistema electoral venezolano, pero a propósito de un libro que publicamos (El sistema electoral venezolano, editorial Alfa) el año pasado, le pedimos a dos expertos que han sido muy activos en los procesos de auditoría por la MUD, que escribieran un ensayo sobre las auditorias en Venezuela. Los escogimos a ellos (Miguel Cañas y Mario Torres) por dos razones. Uno, porque son muy competentes en lo que hacen. Dos, porque podían ofrecer, precisamente, la visión más crítica desde la oposición. Ambos, terminan diciendo que la plataforma tecnológica que posee el CNE es robusta, es sólida y es confiable, siempre y cuando se haga y se garantice el proceso de las auditorias.

¿Previas y posteriores?

Absolutamente. Si vemos lo que se está haciendo ahora con el proceso de validación de los partidos, desde esa perspectiva (Cañas y Torres), estamos en una situación absolutamente escandalosa. Lo digo porque ahí no ha habido ninguna auditoría. Y ninguna participación de los partidos políticos para que conocieran el sistema que se iba a usar y pudieran validar, efectivamente, las seguridades y los controles, involucrados en este tema.

El Poder Electoral se contaminó del Poder Ejecutivo. Rechaza la acción contralora y la participación de actores distintos a su propia estructura.

Hasta las elecciones parlamentarias de 2015, se hicieron auditorias, previas y posteriores a los procesos, con mucha rigurosidad y profundidad y siempre se había llegado a una conclusión. Esa parte del asunto funciona. Eso no quiere decir que el sistema electoral venezolano, como lo ha dicho en forma reiterada la rectora Tibisay Lucena, es de los mejores del mundo. Pero su plataforma tecnológica, el soporte automatizado, es de muy buena calidad. En esa parte el Estado venezolano invirtió mucho dinero, porque los precios del petróleo estaban en su pico más alto. En este proceso de validación de los partidos, la actitud del CNE ha sido distinta a la que ha tenido antes y la que tiene ahora, sobre aspectos tan centrales como son las auditorías. Este proceso para nada fue auditado. El ciudadano cuando va a manifestar su apoyo a uno de los partidos políticos, no recibe ningún comprobante físico de lo que hizo. Debe confiar en que el funcionario del CNE que está introduciendo los datos lo hace bien. Al final de la jornada, no se entrega ningún acta de lo que pasó ese día, cosa que sí ocurre en los procesos normales. Y, hasta la fecha, el CNE no ha dicho nada, de lo que ha pasado con la validación. Digamos, discreción absoluta.

Borges pidió un cronograma electoral, ¿Qué cosas faltarían alrededor de esa solicitud?

Unas auditorías serias del proceso. No vamos a hacer elecciones en las condiciones en que se está haciendo la validación de los partidos. Ese tipo de cosas tienen que ponerse claramente sobre la mesa.

¿Después de esta secuencia de hechos, de las circunstancias que ha enumerado, cuál sería la razón para que nos aferremos a una salida electoral?

Cualquier otra salida puede ser terrible para Venezuela. ¿Cuáles son las otras salidas que puede haber? Una. El proceso de autoritarismo creciente de este gobierno se profundice y no quede asomo de respeto a la Constitución, de tal forma que se convierta en un gobierno dictatorial.

Tiránico.

Sí. Eso, por supuesto, es una opción.

No sería como la dictadura de Pérez Jiménez que en sus comienzos tuvo una suerte de luna de miel con algunos sectores políticos del país.

Lo que pasa es que esa suerte de luna de miel ya el chavismo la tuvo antes. Pero sigamos con las opciones. Dos. Que haya un golpe de Estado de los sectores no maduristas de las Fuerzas Armadas.

¿Y la intervención de Larrazábal 2, como la calificó el padre Ugalde?

Hasta donde alguna gente ha explorado ese planteamiento, sería un gobierno de transición, de acuerdo nacional con sectores de la oposición y del chavismo. Pero ese gobierno de transición no es otra cosa que un mecanismo para preparar unas elecciones, como ocurrió en 1958.

¿Esa opción luce atractiva o tiene sus visos golpistas?

Tiene ese riesgo. Obviamente, lo que hubo contra Pérez Jiménez terminó siendo un golpe de Estado, algo similar ocurrió con el gobierno de Medina en 1945. Si bien hubo una expansión muy importante de la democracia en Venezuela, el origen fue un golpe de Estado. Mucha gente dice que si no hay un pronunciamiento del sector militar, es muy difícil que aquí la cosa se mueva en una dirección o en otra, porque hasta ahora, la fuerza militar es el pilar fundamental de apoyo al gobierno.

En medio de la crisis también surgen los políticos que les hablan con sinceridad a los pueblos. Churchill les propuso a los ingleses, nada más y nada menos, que sangre, sudor y lágrimas. Venezuela está en una situación que exige, si no eso, que los políticos hablen con sinceridad.

Hay un problema de calidad en el liderazgo político venezolano. La crisis le queda grande a la clase política que tenemos. En el oficialismo, hay gente que en un momento tuvo luces, pero el mismo proceso los ha consumido y ya no tienen la fuerza que pudieron haber tenido antes. En la oposición, hay líderes que pueden haber tenido capacidad, formación, pero son contemporáneos míos o mayores que yo y un liderazgo más joven al que le falta formación. Esa condición, digamos, lleva a que se cometan pifias, como las que cometió la oposición con el diálogo, donde una posibilidad de diálogo, conducente a buscar una salida a la crisis, donde se involucre la totalidad del país y no sea una cosa de dos polos absolutamente irreconciliables, yo lo aplaudiría, yo estaría de acuerdo con eso. Lo que pasa es que tendría que ser un dialogo de fiabilidad, de confiabilidad, donde la cosa funcione. En el diálogo que hubo en noviembre, una de las cosas que estuvo sobre la mesa es la salida electoral y no se concreta.

¿Cómo le pedimos a la gente que se aferre a la salida electoral cuando en una manifestación afirman que no les importa que los repriman porque ya nos están matando de hambre? ¿Cómo le pedimos eso a la gente que está exasperada y desencantada porque no ve una posibilidad de cambio en el horizonte?

Ahí es cuando un liderazgo le tiene que hablar claro al país, que no nos caigamos a embustes y que hay medidas que, aunque no aparezcan atractivas, es lo que hay que hacer y se diga claramente. Si uno se pone como dramático en este asunto puede decir que hay dos opciones: elecciones o violencia. Yo no quiero violencia. No la quiero para mí ni para nadie. No creo que esa sea la salida. Si no creo en eso, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que haya una salida democrática, una salida electoral que, en definitiva, es eso: que todos los ciudadanos podamos expresar nuestra opinión libremente y podamos decidir los destinos del país. Por supuesto, en la elección presidencial, pero también en las elecciones regionales. Y aquí cabe un comentario que vale la pena acotar, tenemos que saber por ejemplo, que de los 23 gobernadores que hay en Venezuela, en estos momentos hay seis que no fueron electos. Regresamos a la repudiada IV república, cuando los gobernadores eran designados por el Presidente de la República. Resulta que a los gobernadores de Aragua, Anzoátegui, Barinas, Portuguesa, Sucre y Cojedes nadie los eligió. El Ejecutivo los promovió, en algunos casos, a cargos de mayor jerarquía y, en otros casos, por pleitos internos, como aparentemente ocurrió con Acuña en Sucre, son apartados del cargo y los sustituyen unos señores que no fueron electos. Esta que fue una conquista importante de la sociedad venezolana, estamos echando para atrás y dejando que esto pase.

¿Usted no se da cuenta de que su comentario lo único que genera es más arrechera? ¿Qué esa circunstancia es indignante? ¿Para qué carajo vamos a luchar por una salida electoral si aquí hay seis gobernadores en funciones que nadie eligió?

Ese es un derecho que nos quitaron. ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos a que ya no lo podemos ejercer o luchamos para restituirlo?

¿No queda otra que aferrarnos a la salida electoral?

Yo creo que sí porque la otra opción es coger pal’monte.

Ver nota original. 

Artículo anterior:

Artículo siguiente: