La sociedad venezolana vive una severa crisis que se expresa cotidianamente de múltiples formas. Una crisis que muestra cada día su agravamiento y el país no logra encausase en la senda de su superación. Es en este contexto, sectores significativos de la población han decidido reiterada y sostenidamente ejercer su derecho, contemplado en la Constitución Nacional, de movilizarse en reclamo de sus reivindicaciones más sentidas.
Estas reivindicaciones que han sido resumidas en cuatro demandas principales: Decidir y anunciar un cronograma electoral para restituir el derecho al sufragio suspendido desde el mes de octubre del pasado año; restablecer las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional cercenadas por sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, consideradas ilegitimas por los movilizados; la libertad de todos los privados de libertad por razones políticas; y la apertura de canales de ayuda humanitaria para solventar las escaseces de alimentos y medicamentos. No obstante ser el ejercicio de un derecho establecido en la Constitución Nacional, las movilizaciones han sido obstaculizadas de diversas maneras, incluso mediante la represión violenta por parte de las autoridades, dejando hasta el momento un saldo de más de 30 ciudadanos fallecidos y numerosos detenidos. Ello ha conducido al incremento del clima de violencia y en varias partes se han producido disturbios y saqueos, muchas de las cuales trascienden las motivaciones políticas.
Es en este contexto que el 1° de mayo, ante una concentración convocada por las fuerzas que apoyan al Gobierno Nacional para celebrar el día del trabajador, el Presidente Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el fin de enfrentar la delicada situación por la que atraviesa el país. Planteaba así, reemplazar la Constitución vigente, promocionada hasta el día anterior por distintos voceros del oficialismo, como la mejor del planeta, dejando la impresión política que la misma se quedaba ya corta frente a las exigencias del actual estado de cosas.
En su anuncio el Presidente mencionó diversos puntos que deberían ser considerados por esa ANC, que fueron luego recogidos en el texto del decreto N° 2830. Nombró así mismo, en otro decreto (N° 2831) una Comisión Organizadora encargada de definir las condiciones de su convocatoria y el mecanismo de selección de los integrantes de esa nueva ANC. Una Comisión que, vale la pena resaltar, está integrada exclusivamente por líderes importantes del oficialismo, lo que es, sin duda, una mala señal para generar confianza en los ciudadanos, tomando en cuenta que se trata de redactar un documento, la Carta Magna, que bien entendido debería ser el pacto fundamental para regir la convivencia venezolana, de todos sus ciudadanos, sin discriminaciones ni exclusiones.
Aunque los detalles de las condiciones no han sido anunciados, el principio esencial de la universalidad parece que será, en la práctica, desechado al proponer que la selección de los integrantes de la ANC será hecha atendiendo a criterios sectoriales y territoriales, quedando en el aire la sospecha de que esa selección estaría cargada de un sesgo favorable al oficialismo.
El Presidente enumeró, por otra parte, los temas que debieran ser discutidos en el marco de ANC e igualmente, adelantó ideas con respecto al contenido que debiera tener la nueva Constitución, expresando en este sentido, que la misma debería responder al proyecto socialista, según lo ha entendido su gobierno, insistiendo, sobre todo, en la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del Estado. En resumen, quedó esbozada una constituyente elaborada a la medida del Presidente y de su Gobierno, sin ningún cuido por la debida pluralidad política, ni de la indispensable independencia y autonomía plena que debería gozar tal ANC.
Visto todo lo anterior, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), estima que la iniciativa presidencial de convocar a una constituyente, en lugar de enfrentar y proponer soluciones a la presente crisis nacional, las esquiva y posterga, porque el problema no radica en la presente Constitución. Tiene más bien entre una de sus causas su reiterado incumplimiento, como la suspensión indefinida del derecho al sufragio. Adicionalmente, si nos acogemos a las ideas que enmarcan el posible nuevo texto, cabe advertir que lejos de eliminar las causas políticas, económicas y sociales que la han ocasionado, las profundiza y representan un importante retroceso desde el punto de vista democrático.
Se abre con la mencionada iniciativa un paréntesis de al menos un año, que es el tiempo que se requiere para que se cumplan las diferentes fases para la redacción de otro texto constitucional, tiempo en el que habrá muy poco espacio para que se materialice algún reclamo popular con respecto al gobierno y en el que, según todos los indicadores a la vista, será cada vez más ostensible el deterioro experimentado por nuestra sociedad.
El OEV considera, por tanto, que se trata de una iniciativa equivocada e inoportuna, cuyo principal propósito pareciera ser, de parte del Gobierno, mantenerse en el poder, retardando lo más posible cualquier tipo de elección. Exhortamos a todos los poderes públicos, en especial al Poder Electoral, a actuar en estricto cumplimiento a los que pauta la Constitución vigente, de lo contrario continuarán aumentando en el país las tensiones, que incrementarán los riesgos de confrontaciones violentas entre venezolanos.
Caracas, 3 de mayo de 2017