Constituyente contracorriente

06/06/2017

“Llueva, truene o relampaguee, la Constituyente va”. La frase acuñada por el presidente Nicolás Maduro acerca de su propuesta para acudir a un proceso electoral amañado y rechazado por la mayoría, es una muestra de una nueva transgresión a las pautas democráticas del sistema político venezolano. Desde el Observatorio Electoral Venezolano ofrecemos 10 razones por las que esta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) representa un riesgo para la estabilidad democrática del país y violenta los principios de la Carta Magna.

  1. El pueblo es quien decide

El paso previo al proceso constituyente de 1999, promovido por Hugo Chávez Frías, fue un referendo consultivo. Allí no sólo se interrogó al soberano si estaba de acuerdo con reformar el Estado (pregunta 1), también se le consultó si aceptaba las bases comiciales propuestas por el Ejecutivo (pregunta 2). El texto fundamental resultante fue más tarde sometido a votación en un referendo aprobatorio, lo que significó convocar tres elecciones universales, libres y secretas para tener una nueva Constitución en el que se conoce como el único antecedente al proceso.

Ciertamente, ambas figuras –constituyente y referendo– eran inéditas para entonces, no existían en la legislación venezolana. Fue a partir de ese momento que se incluyeron en el título IX de la Carta Magna tres vías para la modificación constitucional: Enmienda, Reforma y Constituyente. La primera, plantea la adición o modificación de algunos artículos; la segunda, formaliza una revisión parcial; y la tercera, la más radical, estipula un nuevo ordenamiento jurídico y la redacción de un texto nuevo.

Si desde siempre el chavismo calificó la Constitución de 1999 como “la mejor del mundo”, cabe preguntarse: ¿por qué opta en 2017 por una Asamblea Nacional Constituyente para reemplazarla? Voceros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela aseguran que la Constituyente “no pretende sustituir la Carta Magna de 1999, ni reformar el Estado”; entonces, ¿por qué preferir el camino más drástico sobre cualquier otro?

Tanto para la enmienda como para la reforma, los artículos fundamentales 341 y 343 establecen que debe someterse la propuesta a consulta popular, sin interpretación posible. Sin embargo, no queda igualmente explícito en el caso de una ANC (artículos 347 y 348) y, dieciocho años más tarde, el heredero oficialista se aprovecha de este sobrentendido para tratar de imponer una nueva Carta Magna sin la aprobación de la mayoría.

Respaldado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el 31 de mayo interpretó en su fallo N° 378 que “no es necesario, ni constitucionalmente obligante” hacer un referendo consultivo previamente, el Ejecutivo ha decidido hacer caso omiso al dictado del artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”. Con todo y la promesa del mandatario de proponer que se haga un referendo consultivo para aprobar el texto definitivo, aún nada puede darse por sentado.

  1. Confunde “iniciativa” con “convocatoria”

Queda claro en los artículos que legislan el proceso para una Asamblea Nacional Constituyente (347-349) que el Presidente de la República –al igual que el Parlamento, Concejos Municipales y el 15% de los inscritos en el Registro Electoral– tiene la “iniciativa” de comenzar el proceso. Pero sólo el pueblo venezolano “es el depositario del poder constituyente originario”, capacitado para hacer la convocatoria formal a las elecciones.

No son suficientes las 600.000 personas que supuestamente debatieron sobre la Constituyente en 20 días: 3.500 reunidos en Miraflores, 236 concejos comunales y 22 concejos legislativos; según la información presentada por Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial Constituyente (CPC). Básicamente, el chavismo pretende legitimar la idea de Maduro con el respaldo de apenas 3,08% del padrón electoral, 19.465.638 electores al último corte en septiembre de 2016, una usurpación de facto de las funciones del soberano.

  1. Da la espalda al soberano

La popularidad del Jefe de Estado pende de un hilo, junto a su propuesta, según tres sondeos de opinión publicados en mayo de 2017 y, pese a ello, el oficialismo insiste públicamente en que sólo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Fedecámaras se oponen a la ANC. Esto no parece ser cierto.

Un estudio de More Consulting reveló a principios de mes que el 68,8% de los venezolanos rechaza la Constituyente y el 84,3% considera que para convocarla habría primero que consultar a la ciudadanía vía referendo, tal como ocurrió en 1999. Sólo 10% cree que –en los términos planteados por el mandatario– sería una solución para los problemas del país, lo que significa que esa opción no recibe apoyo mayoritario ni en el segmento de quienes se autodefinen como chavistas, 19% de los ciudadanos. En esta encuesta sorprendió especialmente que el 72,9% de los venezolanos calificara al gobierno de Maduro como una dictadura y apenas 24% lo considera democrático.

Dos semanas después un sondeo de Datincorp confirmó esta tendencia: 74% de los venezolanos no está de acuerdo con la convocatoria a la Constituyente. Adicionalmente, un 53% de los ciudadanos apoyan la convocatoria a unas elecciones generales como desenlace político para superar la crisis, mientras un 79% dijo estar dispuesto a acudir a elecciones de gobernadores en 2017.

El 27 de mayo se difundió la más reciente medición de Hercon Consultores.  En ella se indica que el 79,9% de los venezolanos no tienen intención de participación en la escogencia de los miembros a la ANC, esto implica que ocho de cada 10 ciudadanos optaría por no votar en esas elecciones. Reseñó también que el 75,5% cree que el Presidente utilizará la Constituyente como mecanismo legal para instaurar el modelo de gobierno cubano en Venezuela; 78,1% de los encuestados prefieren que Maduro deje el poder (renuncie) cuanto antes este año; y 73,3% considera que el Consejo Nacional Electoral está parcializado.

Parece existir consenso entre independientes, opositores y chavistas en la necesidad de realizar un referendo consultivo previo y que la forma de elección de los constituyentes no puede ser sectorizada.

  1. Aprobada vía “exprés” por el CNE

A diferencia del referendo revocatorio solicitado por la oposición venezolana en 2016 –suspendido de forma inconstitucional por tribunales regionales– y la legalización de los partidos políticos, la autoridad electoral ha actuado con sorprendente velocidad. Todo esto ocurre justo cuando las elecciones regionales acumulan una demora de cinco meses y 15 días, pendientes desde diciembre de 2016 de acuerdo al calendario constitucional.

El árbitro estableció que organizar el revocatorio requeriría más de 300 días mientras que ejecutar la propuesta de Maduro demoraría solo 60 días, una diferencia abismal tratándose de una elección bastante más compleja que un referendo. La imparcialidad del Poder Electoral queda así  seriamente comprometida. El Consejo Nacional Electoral demoró casi dos meses en aceptar la solicitud de la alianza opositora MUD para el revocatorio y dilató el proceso otros siete meses en gestiones adicionales, pero respondió positivamente sobre la Constituyente el mismo día que el mandatario entregó las Bases Comiciales, el 23 de mayo. En menos de cuatro horas el CNE adelantó a ciegas la fecha de la elección para finales de julio.

La discusión en el directorio sobre las Bases Comiciales no se había dado por concluida cuando la presidenta del organismo, Tibisay Lucena, ofreció una rueda de prensa invitando a los candidatos a participar en la inscripción de postulaciones del 31 de mayo al 1° de junio, que luego se extendió hasta el 2 de junio. La máxima autoridad aseguró que se había tratado de una decisión “unánime” entre los cinco rectores principales pero, de inmediato, el rector Luis Emilio Rondón desmintió esta afirmación y reveló que el órgano se saltó los requisitos mínimos para aprobar un proceso de tal magnitud: por vía de los hechos anunció fases del proceso sin tener definido un cronograma.

“No salgo de mi asombro de que hablemos de las actividades propias del proceso antes de los aspectos medulares de las bases comiciales. Eso no tiene sentido. Eso es ponerse los zapatos y luego las medias”, señaló en una transmisión vía Periscope.

Con impecable diligencia, transcurridos dos días posteriores a la recepción del Decreto Presidencial 2.830, el Poder Electoral decidió aumentar el número constituyentes de 540 a 545 y discutir si divide la elección en dos jornadas, una posibilidad que –casualmente– insinuó en una alocución del 24 de mayo Jorge Rodríguez, alcalde psuvista y expresidente del CNE.

  1. Descarta regionales y municipales

No parece viable elegir a gobernadores y miembros a los consejos legislativos después de la redacción de una nueva Constitución, pues allí podría plantearse la eliminación de las figuras regionales y municipales, meta que el oficialismo persigue desde hace más de una década. En cambio, bajo la lógica del CNE esto es posible: convocó estas elecciones para el 10 de diciembre de 2017, considerando además que a finales de 2017 las elecciones de alcaldes entrarán formalmente en la lista de demoras. Estos anuncios se han calificado en la opinión pública como “trampa caza-bobos” y “oferta engañosa”.

Si el plazo de funcionamiento de la ANC escogida en julio fuese el mismo que en 1999, sus deliberaciones podrían  alcanzar el mes de enero de 2018, pues en aquel momento se estipularon seis meses. Ahora, con 414 constituyentistas más que hace 17 años, se presume que el lapso se extienda mucho más, especialmente si el gobierno es el beneficiario al ganar tiempo y dilatar los comicios pendientes. Esos debates serían interminables.

¿Establecerá el CNE los lapsos para la constituyente o permitirá que, una vez instalada, sean sus 545 miembros los que decidan sobre esta materia? Veremos.

  1. Sectorización ilegal del voto

A pesar de que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; dos magistrados del Poder Judicial, Danilo Mojica y Marisela Godoy; la Asamblea Nacional de mayoría opositora; y la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, han advertido que la postulación sectorial viola el derecho al voto, el CNE no se abstiene de organizar el proceso.

El número de constituyentes estará distribuido en 364 territoriales, 8 indígenas y 173 sectoriales: 24 estudiantes, 8 campesinos y pescadores, 5 empresarios, 5 personas con discapacidad, 28 pensionados, 79 trabajadores y 24 consejos comunales; ya incluidos los cinco candidatos sectoriales añadidos por el CNE. Básicamente, el 31,7% de los constituyentes serán electos a través de un modelo desconocido en la legislación venezolana.

De acuerdo a lo expuesto en el decreto, este número se obtendría por un cociente entre el registro Electoral de cada sector –todos desconocidos– y el factor obtenido para calcular los constituyentes territoriales: un  miembro cada 83.000 electores. Al multiplicar esa cifra por el número de candidatos sectoriales (173), equivalente a 14.359.000 millones de electores, el resultado evidencia una diferencia de hasta cinco millones por debajo del Registro Electoral al cierre de septiembre 2016.

Del primero al sexto sector, los candidatos serán elegidos según listas nacionales por el principio de representación mayoritario (quien obtenga mayor número de votos se lo lleva todo). En cambio, los candidatos de los 46.858 consejos comunales y 1.773 comunas –un alto porcentaje con voceros vencidos tras la suspensión de sus elecciones– se escogerán regionalmente con postulaciones en todas las entidades. El mecanismo para elegir a los representantes indígenas aún no ha sido establecido por el CNE.

Generó desconfianza el que se conociera con tanta antelación el número de candidatos sectoriales, pues previamente el Poder Electoral debía solicitar la data a varias instituciones oficiales y gremiales. La elección termina estando “a la medida” en áreas controladas por el partido de gobierno.

  1. Sub-registros inauditables

La propuesta se basa en una estrategia de discriminación política. Sin lugar a dudas, el mecanismo sectorial excluye a los venezolanos que no forman parte de ninguno de los sectores. Imaginemos por un instante a un profesor independiente que no es indígena, estudiante o persona con discapacidad, que nunca se inscribió en el Seguro Social, no forma parte de algún consejo comunal, no tiene una empresa, no recibe una pensión del Estado, no pesca y mucho menos cultiva en el campo, ¿dónde se verá representado en la ANC? Como este, podemos encontrar muchos otros casos.

Un problema secundario se  relaciona a las bases de datos que funcionarán como padrón electoral para cada sector. Por más que voceros oficialistas han adelantado cuáles serán algunas de las listas, se desconoce por completo cuántas personas integran cada sub-registro, cómo está organizado, entre otros detalles. Se desprende de todas las declaraciones del CNE que estas bases de datos no podrán ser auditadas por técnicos o especialistas, tal como lo establece la legislación para cada comicio.

Solo podrán votar por representantes de los trabajadores quienes estén inscritos en el Seguro Social, mientras que las personas con discapacidad solo tendrán derecho al sufragio en caso de pertenecer al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), una institución adscrita al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Para el sector estudiantil contarán los registros de universidades públicas, privadas y misiones educativas y el Ministerio de Comunas suministró los registros de comunas y consejos comunales.

  1. Incluye votos más valiosos que otros

Bajo el diseño de municipalización, referido a los 364 candidatos territoriales, el gobierno garantiza una victoria de la mayoría de constituyentes con apenas el 20% de los votos, una estrategia para emparejar una elección que de antemano se sabe perdida. Violentando el principio de “un elector, un voto del mismo peso”, las Bases Comiciales permiten que un voto en las zonas más despobladas –algunas todavía bastiones fuertes del PSUV– sea mucho más valioso que el sufragio en municipios más poblados. Ese desequilibrio se denomina “malaproporcionamiento”.

Se estableció que a cada municipio del país le corresponda elegir un representante (nominal), mientras que a los municipios capitales le asignaron dos (lista). Al establecer un número fijo de constituyentes por municipio se minimiza el voto opositor y se magnifica el chavista.

Carabobo, por ejemplo, es la tercera entidad con mayor número de habitantes y obtendrá apenas 15 integrantes territoriales, mientras que Táchira –el noveno más poblado– elegirá a 30 miembros. Distrito Capital, el cuarto en el listado con mayor electorado, podrá seleccionar apenas siete.

Una guía valiosa de “¿cómo ganar perdiendo?” la ofrece Héctor Briceño en un artículo publicado en Prodavinci, en el cual proyecta los resultados de las parlamentarias de 2015 utilizando datos del Sistema de Información Electoral del Observatorio Electoral Venezolano. En el escrito recuerda que hace dos años el gobierno mantuvo el apoyo en las zonas rurales y pequeñas, imponiéndose en 164 municipios del país, mientras que la oposición ganó en 171 barriendo con 112 diputados frente a 55 curules.

En un escenario similar, el cálculo arroja que la oposición podría alcanzar 264 de los 364 constituyentistas territoriales, “quedando a tan solo 9 de la mayoría simple (273)”, y el chavismo podría hacerse con 100 que, sumados a los sectoriales, podrían obsequiarle una mayoría con la que no cuenta.

En vista del desacato que el TSJ ha impuesto al Parlamento opositor, se vislumbra que no solicitarán la validación de proyecciones poblacionales actualizadas, como lo obliga la normativa electoral, y mucho menos le solicitarán un crédito adicional para financiar las elecciones.

  1. Descarta la validación biométrica

Cada postulado a la Asamblea Nacional Constituyente deberá recolectar de forma manual el 3% de firmas de electores inscritos en el Registro Electoral (RE) en su municipio, ya sea por iniciativa propia o por grupo de electores para el ámbito territorial o sectorial. Posteriormente, deberán consignar los recaudos en las sede de las juntas electorales regionales entre el 6 y el 10 de junio.

Según declaraciones de Lucena la revisión de estas rúbricas solo demorará cinco días, desde el 11 al 15 de junio y con una celeridad que nunca fue posible durante el referendo revocatorio. Si la rectora Socorro Hernández confirmó que el árbitro no usará el sistema biométrico de  máquinas captahuellas en esta fase del proceso, el OEV se pregunta: ¿cómo garantizará el CNE autenticar la identidad de tantos firmantes en tan poco tiempo? ¿Digitalizarán las planillas? ¿Se hará la revisión de dactiloscopistas para comprobar que no hay firmas duplicadas o fraudulentas?

La rectora Tania D’Amelio ha dicho por su parte que los “reparos” para estas firmas se harán entre el 17 y 18 de junio. Entretanto, muchas otras interrogantes quedaron en el aire: ¿Se establecerá adicionalmente un lapso de impugnaciones? ¿Cómo será? ¿Qué criterios aplicará la Junta Nacional Electoral para admitir o rechazar las candidaturas? ¿Cuánto costará la elección de los 545 constituyentes?

  1. El “Estado comunal” a la fuerza

Con esta propuesta Maduro se convirtió en el tipo de jugador que cuando pierde patea la mesa. Excediendo todos los límitesimpuso una maniobra para mantenerse en el poder como respuesta a una realidad concreta: más de dos meses de intensas protestas contra el gobierno  bajo una profunda crisis política e institucional. El chavismo busca ganar tiempo, dilatar la realización de comicios pendientes y reformar el Estado a su conveniencia, incluyendo conceptos socialistas rechazados en 2007, sin resolver los verdaderos problemas de los venezolanos.

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