Faltando apenas cuatro días para que tengan lugar las elecciones de gobernadores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reubicación de205 centros en 16 estados del país (de los 13.559 en todo el territorio), en los que están registrados más de 300.000electores, sin que hasta el día de hoy esa información esté disponible en la página del CNE para los electores afectados. En contraste con esta información, la rectora Tania D’Amelio, declaró que se trata de 119 centros, esto es 86 centros menos, lo que contribuye a aumentar la incertidumbre con respecto a la decisión tomada.
Voceros del CNE han expresado que se trata de una reubicación logística debido a problemas de infraestructura en 60 de ellos, por estar en remodelación en 6, por estar cerrados en 3 y, por distintas razones que no se especifican, en 7 de los casos. Con respecto a los 129 restantes se argumentó la falta de seguridad del personal técnico-operativo, al estar situados en algunos lugares identificados como focos de violencia a raíz de los comicios efectuados a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente. Extraoficialmente no se descarta que pueda haber otros cambios.
Táchira es el estado más afectado con 39 reubicaciones, lo que representa un 5,74% de los centros totales en la entidad. Con relación a los demás la situación es la siguiente: Aragua 36 centros (5,71%); Miranda 30 (2,68%); Lara 28 (2,68%); Mérida 25 (4,75%); Zulia 12 (0,90%); Amazonas 8 (5,52%); Carabobo 5 (0,70%);Falcón, Monagas y Portuguesa 4 (0,55%, 0,75% y 0,61% respectivamente); Anzoátegui y Cojedes 3 (0,46% y 1,15% respectivamente); Barinas 2 (0,36%);Apure y Guárico 1 (0,29% y 0,36% respectivamente).
Sin entrar en el análisis de los motivos señalados para tomar esta decisión tan tardía, es evidente que la misma contribuye a desorientar a un número importante de ciudadanos y a complicar su asistencia a los centros de votación.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) valora esta resolución como un elemento más del conjunto de irregularidades que ha caracterizado el desarrollo de estos comicios desde el mismo momento en el que fueron convocados, poniendo en evidencia a un árbitro sesgado que, lejos de propiciar y facilitar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho constitucional a manifestarse, convierte el acto de votar en una carrera de obstáculos que desmejora ostensiblemente la calidad del proceso electoral.