Sumar trabas a una salida pacífica del conflicto, no contribuye a aclarar las perspectivas futuras de nuestra sociedad, al contrario, arroja serias dudas sobre la vía electoral como recurso para solventar los problemas
Para renovar su nómina ante el Poder Electoral –por segunda vez en menos de un año–, cada partido necesita, en promedio, alrededor de 48.000 electores que validen su tarjeta este fin de semana. El cálculo se obtiene de la suma del 0,5% de votantes inscritos en el Registro Electoral en las 24 entidades (97.571 electores), contemplando que la ley estipula como requisito mínimo que alcancen la validación en, al menos, 12 estados del país.
Inicialmente, el CNE estipuló para este proceso 421 máquinas captahuellas distribuidas en 385 puntos a lo largo del país. Sin embargo, tras la petición hecha el pasado miércoles 24 de enero por la oposición, para que fueran habilitadas otras 72 máquinas adicionales (tres más en cada estado: dos en municipios capitales y una en el municipio de mayor peso electoral), la autoridad electoral decidió instalar un total de 493 captahuellas en todo el país.
Estimando un elector por minuto en la jornada que se prolongará por 18 horas (de 8:00 a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 6:00 de la tarde, tanto sábado como domingo), se calcula que 1.080 electores puedan pasar por máquina durante los dos días, lo que equivale a 540 votantes diarios. De esta forma, un máximo de 532.440 electores podrían validar en todo el todo el territorio nacional, de acuerdo a la capacidad de cada máquina; es decir, 337.298 electores más de los que requieren los partidos Primero Justicia y Acción Democrática (los dos únicos habilitados a participar en el proceso) para cumplir con este trámite administrativo impuesto por el CNE.
Hay que acotar, sin embargo, que este cálculo no exhibe las dificultades que impone este diseño para los ciudadanos, pues no toma en cuenta la distribución geográfica de los puntos de recolección. Si bien el órgano electoral ubicó al menos una máquina en cada municipio, no consideró la proporción poblacional, repitiendo el esquema del proceso anterior de validación. Más detalles en la infografía difundida a continuación.
Ciertamente, el panorama luce confuso para los venezolanos. En medio de la desconfianza que genera para muchos electores la actuación del órgano electoral, cuyas recientes decisiones han sido calificadas como sesgadas, se suma el hecho de que algunas de las organizaciones políticas que fueron obligadas a renovar su nómina de militantes –por no haber acudido a los últimos comicios de alcaldes celebrados el pasado 10 de diciembre de 2017–, manifestaron su intención de trabajar en la validación de la tarjeta unitaria de la MUD de cara a las próximas elecciones presidenciales. Así lo declararon dirigentes políticos de Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), mientras que el Partido Unión y Entendimiento (Puente) rechazó someterse a la validación por considerarla “inconstitucional” y “violatoria a la Ley Orgánica de Partidos Políticos”.
No obstante, la más reciente sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, emitida la noche de este jueves 25 de enero –que implica la anulación de la tarjeta más votada de la historia electoral venezolana–, no solo complica el escenario, sino que lesiona el pluralismo político, reduciendo las opciones del electorado para una eventual elección presidencial. Ahora, de los cinco partidos convocados para renovar sus nóminas (MUD, VP, PJ, AD y Puente), solo dos pretenderán hacerlo (AD y PJ), quienes solicitaron formalmente ante el organismo su intención de validarse.
El proceso que obliga a los partidos a pasar nuevamente por la renovación de su militancia, como condición para no ser eliminados, fue aprobado –vía decreto– por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 20 de diciembre, después que el presidente Nicolás Maduro pidiera en transmisión televisiva sancionarlos y castigarlos por no postular candidatos en la elección municipal; un derecho que está contemplado en los artículos 62 y 67 de la Constitución. Por eso, desde el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) se ha insistido en que sumar trabas a una salida pacífica del conflicto, no contribuye a aclarar las perspectivas futuras de nuestra sociedad, al contrario, arroja serias dudas sobre la vía electoral como recurso para solventar los problemas.
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