El viernes 13 de noviembre, comenzó la campaña con miras a los comicios del 6 de diciembre, día en el que tendrá lugar la designación de los nuevos parlamentarios que integrarán la Asamblea Nacional.
La misma se inicia luego de que durante varias semanas, el país presenciara una intensa actividad proselitista. El OEV considera necesario reiterar que la misma se encuentra prohibida por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en su artículo 75 y que en su desacato incurrieron distintas opciones políticas.
Sin embargo, es justicia aclarar que las mayores transgresiones, de este y otros artículos, estuvo del lado oficialista que llevó a cabo una tarea permanente e intensa de propaganda. Se observó, en este sentido, el uso de los recursos públicos, una abierta campaña institucional a favor de los candidatos del gobierno, un permanente y notable desequilibrio informativo en los medios de comunicación y la participación de funcionarios públicos en actos partidistas, entre otros hechos irregulares que caracterizaron una campaña adelantada, la cual, debe insistirse, no debió tener lugar desde el punto de vista de las normas vigentes. En particular, cabe destacar la intervención indebida y desmedida del propio Presidente de la República quien, entre otras cosas, tuvo expresiones que contradecían peligrosamente el espíritu de unas elecciones realizadas bajos los principios democráticos.
Por otra parte se advirtió, y también lo señaló el OEV en su oportunidad, acerca de ciertas decisiones que se tomaron desde distintos poderes del Estado, las cuales tuvieron consecuencias políticas, abiertamente parcializadas en contra de agrupaciones políticas ubicadas en campos distintos al del gobierno. Y finalmente, fue evidente que el Poder Electoral no actuó como correspondía en circunstancias como las mencionadas, justificándose en el hecho de que no existen reglas jurídicas que contemplen estos eventos proselitistas pre-electorales.
El país espera que la campaña electoral que ahora arranca no se parezca a lo que los venezolanos presenciamos durante la mal llamada pre-campaña. Venezuela necesita un juez competente en la aplicación de la normativa vigente. En este sentido, no está de más repetir que los procesos comiciales no dependen solamente del funcionamiento adecuado de la plataforma tecnológica que los sustenta, sino también de que el día después de las votaciones, los venezolanos tengan la seguridad de que los resultados fueron la consecuencia de un juego cuya equidad estuvo garantizada por un arbitraje imparcial.
En recientes declaraciones, la Presidenta del CNE comprometió al poder electoral en hacer respetar la normativa establecida durante la campaña, garantizando la igualdad en la participación de los distintos candidatos al parlamento nacional.
Que su palabra vaya por delante, Rectora Lucena.
Caracas, 14 de noviembre de 2015.