A lo largo de las últimas semanas los venezolanos hemos visto como han arreciado las declaraciones de líderes del oficialismo, incluyendo las de altos funcionarios gubernamentales y del propio Presidente de la República, oponiéndose a que tenga lugar un Referéndum Revocatorio Presidencial.
El alegato descansa, principalmente, en la descalificación de quienes lo proponen. Se señala, en efecto, que detrás de quienes pretenden activarlo se encuentran movimientos interesados en desestabilizar al país que, además, son los responsables de la severa crisis que sufre nuestra sociedad. A partir de este razonamiento se busca impedir dicho Referéndum asumiendo que, al hacerlo, se actúa legítimamente en defensa de la gestión del Presidente Maduro. Así lo señaló claramente Héctor Rodríguez, responsable de la fracción parlamentaria del PSUV, al declarar en una entrevista que impedir que se llevara a cabo era para ellos una obligación y no hay duda de que tal ha sido la línea estratégica del oficialismo. Por otro lado, Elías Jaua, alto dirigente del mismo partido, afirmó, en parecido sentido, que el Referéndum no procedía porque tal figura estaba pensada “para revocar a gobiernos oligárquicos y no a gobiernos populares”.
Respecto a lo anterior, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) cree que una cosa es defender la gestión del Presidente Maduro y no desear que abandone el cargo antes de finalizar su período, y otra muy distinta es tratar de impedir, como sea, una consulta que está siendo promovida por sectores de la sociedad, procedimiento pautado en la Constitución Nacional, para que sean los propios ciudadanos los que decidan si su mandato debe o no ser revocado.
Visto lo anterior, en el primer caso estamos ante un hecho perfectamente legítimo. En el segundo, frente a un hecho que contraría las normas vigentes y violenta las reglas que rigen el comportamiento democrático, menoscabando de esta manera un derecho de los venezolanos. Ante esto, el OEV solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) que ponga especial cuidado en la observancia y control de posibles abusos y atropellos, cumpliendo con su obligación de actuar con imparcialidad y equidad.
Caracas, 6 de agosto 2016.