Una nueva filosofía de organización gubernamental surge de las demandas y exigencias que hacen ciudadanos mejor informados buscando mejoras en los servicios públicos. Amparados en su derecho de vigilar las instituciones y escrutar a los funcionarios que las representan, los ciudadanos solicitan tener acceso a datos, documentos y procedimientos en el diseño de las políticas públicas. Venezuela es el país con mayor atraso en la materia, después de Haití.
La relación entre gobiernos y ciudadanos está cambiando. Cada vez más la población de América Latina y El Caribe está mejor informada, haciéndose más exigente en cuanto al funcionamiento de las instituciones públicas y a sus demandas de servicios públicos de calidad. Ya el ciudadano no se conforma con recibir información, quiere participar, opinar e incidir en las tomas de decisiones. En su informe publicado en abril de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tomó cifras del Banco Mundial para explicar que la prosperidad económica de la región ha contribuido con el surgimiento de una clase media empoderada en la última década, alcanzando las 150 millones de personas en 2010, “lo que equivale a un 35% de la población de la región y supone un verdadero logro si se considera que históricamente ese porcentaje no superaba el 20%”, reza el escrito1. Así, se ha generado un segmento de la sociedad más amplio con acceso a servicios y oportunidades que actualmente exige al aparato estatal mejoras en la calidad de vida. Otros tres indicadores también demuestran que la población se ha hecho más activa: el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), el acceso a internet y la disposición a protestar. Según el informe2 de la Corporación Latinobarómetro de 2013, el 85% de los sudamericanos y el 84% de los centroamericanos contaban con teléfonos móviles ese año, mientras que las cifras de Internet World Stats2 señalan –hasta el 31 de marzo de 2017– que el 65% de la población de Sudamérica tiene acceso a internet. Por otra parte, el 60% de los ciudadanos en la región declaran están dispuestos a salir a protestar para exigir sus derechos de acceso a trabajo, educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana (Corporación Latinobarómetro, 2015)3. Debido a la intensidad de estas demandas en todo el mundo nacieron conceptos como “Gobierno Abierto”, un nuevo paradigma de la gestión pública que integra cuatro principios: transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación. Inspirada en la filosofía de los “Datos Abiertos” (Open Data), esta nueva forma de organización gubernamental persigue poner a disposición de la sociedad información analizable, reutilizable y redistribuible libremente –sin restricciones de licencias, copyright o patentes–, en formatos de fácil lectura, es decir, que puedan ser recuperados y procesados por una aplicación informática (Sandoval y Ospina: 2016)4. En palabras de Lathrop y Ruma, autores del libro Open Government (2010): Este es un gobierno que abre sus puertas al mundo; co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que antes estaban estrechamente vigilados; aprovecha el poder de la colaboración masiva; rige sus operaciones por el principio de transparencia; y se mueve no como una instancia aislada sino como algo nuevo, una organización verdaderamente integrada y en red (Lathrop y Ruma en Naser, Ramírez-Alujas y Rosales: 2017). Consiste básicamente en ensayar modelos innovadores para prestar mejores servicios públicos, utilizando los últimos avances en la ciencia del comportamiento en el diseño de políticas públicas –a través de un manejo inteligente de los recursos– e incluyendo herramientas de las redes sociales en sus interacciones cotidianas con la ciudadanía. No hay dudas: las instituciones más efectivas, abiertas y transparentes terminan convirtiéndose en las más cercanas y confiables, principios que fortalecen la sostenibilidad democrática.
Pocos esfuerzos
Venezuela representa un enorme atraso en esta corriente. Con contadas excepciones –el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas–, la presencia de datos públicos en la web es bastante limitada y los pocos datos disponibles están desactualizados o no cumplen con las normativas de datos abiertos. Normalmente se nombra un solo vocero autorizado en instituciones de la administración pública, y estos funcionarios –incluyendo a los elegidos por voto popular– dan poca o ninguna información sobre sus gestiones porque, a diferencia de otras naciones, no hay ninguna ley que garantice el acceso a la información. Solo autoridades regionales en Anzoátegui, Lara, Miranda y Nueva Esparta han aprobado instrumentos que garantizan el acceso libre a la información (Sandoval y Ospina, 2016). Pese a que el marco normativo venezolano sí reconoce ese derecho fundamental del ciudadano, el Estado no está obligado a proporcionar información, y si lo estuviera, quizás la crisis institucional o la ausencia de autonomía entre los poderes impedirían la aplicación de sanciones. Precisamente, debido al conflicto político interno, aún espera por su aprobación en la Asamblea Nacional la Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información. La Constitución de 1999, que ahora corre el riesgo de ser reemplazada, contempla en sus artículos 25, 58, 141 y 143 el derecho a acceder y solicitar información oportuna cuando el ciudadano lo requiera, como un mandato de transparencia. Igualmente, los artículos 9 y 10 de la Reforma de la Ley Contra la Corrupción5, como también el 142 y 143 de la Reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública6 –ambas de 2014–, incluyen que la administración pública debe publicar información permanentemente actualizada sobre su actuación, estableciendo sistemas que la suministren y a disposición del ciudadano en todo momento. Lejos están estas leyes de la práctica. Hace tiempo el gobierno suspendió la difusión de estadísticas vitales, el indicador de inflación, muertes violentas o la canasta alimentaria. Incluso, recientemente, el presidente Nicolás Maduro eludió la publicación del Presupuesto Nacional y destituyó a la Ministra de Salud al día siguiente de divulgar un boletín epidemiológico. El gobierno abierto es una deuda urgente en Venezuela. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió en su informe de 2015 que el país “sigue sin adoptar una ley de acceso a la información pública y se ha reportado la negativa de publicar o entregar información sobre asuntos de indudable interés público, como la salud o la marcha de las cuentas públicas”7. Este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) vela por el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, donde se reconoce que: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”8.
Los últimos de la región
En 2016 el Barómetro de Datos Abiertos9 –desarrollado por la World Wide Web Foundation–, situó a Venezuela en la posición 90 de 114 países, compartida con Uganda y República Democrática del Congo, con un puntaje de 12 sobre 100, tras evaluar iniciativas gubernamentales en la materia. La nación ha registrado fuertes descensos en este ranking durante tres años consecutivos (2013-2016). “Aunque Latinoamérica destaca positivamente comparado a sus pares en esta edición, el avance en iniciativas de datos abiertos está concentrado en sólo cuatro países: México, Brasil, Uruguay y Colombia; los que han obtenido un sostenido progreso en datos abiertos a lo largo de las tres ediciones. El resto de la región –Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, Argentina y Venezuela– redujo todos sus puntajes en relación al año pasado. Venezuela y Paraguay muestran niveles mínimos de datos disponibles en todos los factores”, se lee en el Reporte Regional enfocado en Latinoamérica10, publicado en junio de 2016.
También en 2016 Venezuela ocupó la undécima peor posición en el Índice Global de Datos Abiertos11, obteniendo el puesto número 83 de 94 países con un puntaje de 14% sobre 100%, encima de países como Zimbabue, Afganistán, Camerún o Myanmar. Entre las categorías donde la nación criolla salió mal evaluada resalta “Resultados Electorales”12, que incluye: resultados por circunscripción y distritos (estados) en todos los comicios; mayorías y minorías; electores registrados; votos válidos y nulos, entre otros. Aunque esta data sí es publicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se considera verdaderamente “abierta” porque no está disponible en formatos legalmente libres o descargables. En nuestra próxima edición del boletín, el Observatorio Electoral Venezolano dedicará la sección de datos abiertos a las administraciones electorales, ¿qué información crees que debe publicarse? ¡No te la pierdas!
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:[1] Naser, A; Ramírez-Alujas, A; y Rosales, D. (Abril, 2017). Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL, N° 144 (LC.PUB.2017/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [2] Internet World Stats [3] Corporación Latinobarómetro (2015), Informe 1995-2015, Santiago. [4] Sandoval, F. y Mercy, O. (2016). Open data: realidades sobre apertura de datos en Venezuela. Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 13 (2), 56-70. [5] Reforma de la Ley Contra la Corrupción (2014) Decreto N° 1.410 Gaceta de la República de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha del 19 de noviembre del 2014. Caracas, Venezuela. [6] Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública (2014). Decreto N° 1.424 Gaceta de la República de Venezuela Oficial N° 6.147 de fecha 13 de noviembre del 2014. Caracas, Venezuela. [7] Organización de los Estados Americanos. (2015) Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Capítulo IV (B). [8] Organización de los Estados Americanos (2003). Carta Democrática. Washington D.C, EE.UU. [9] Open Data Barometer 2016, 2015, 2014 y 2013. [10] World Wide Web Foundation (Junio, 2016). Open Data Barometer Reporte Regional: Latinoamérica. Tercera edición. [11] Global Open Data Index 2015. [12] Global Open Data Index 2015: Elections Results.