Por fin, a principios del mes de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para el 9 de diciembre próximo las elecciones de los concejos municipales. Como se recordará, esos comicios debieron de haberse realizado en el mes de diciembre del año pasado, junto con la elección de alcaldes, que es lo que establece la legislación electoral vigente. Sin embargo, y sin que mediara razón alguna, el CNE resolvió no hacerlos en la fecha legalmente estipulada. Posteriormente, a principios del presente año anunció que los mismos se llevarían a cabo junto a las elecciones del Presidente de la República y de los Consejos Legislativos Estadales, el 20 de mayo. Pero ocurrió que, poco tiempo después, y de nuevo sin explicaciones, fueron suspendidos. Finalmente, en los últimos días de junio, la Presidenta del CNE fijó para diciembre del año en curso su celebración.
Es un hecho digno de destacarse el que en esta ocasión la convocatoria no fue hecha ilegalmente por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como sucedió en los cuatro eventos electorales previos. Adicionalmente y mejorando prácticas de los comicios recientes, también en los primeros días de julio el CNE publicó el cronograma correspondiente y dio a conocer el inicio de las actividades que se requieren para que el evento tenga lugar en la fecha pautada.
No obstante lo anterior, se observa que una vez más se manejan a discreción las fechas en que deben realizarse los eventos electorales, hecho que reiteradamente ha sido puesto en evidencia por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), advirtiendo sobre su manifiesta intencionalidad política.
Por otro lado, resulta importante destacar que la sociedad venezolana viene de un proceso para la elección del Presidente de la República, cuya legalidad fue ampliamente cuestionada por diversos sectores y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, inclusive por el candidato Henri Falcón, quien vistas las anomalías que se produjeron el día de las votaciones, desconoció las cifras dadas a conocer por el CNE. Por su parte, el OEV elaboró y dio a conocer un informe que recoge detalladamente las irregularidades cometidas desde el momento mismo de su convocatoria y que sirvió de fundamento para que, conjuntamente con Acceso a la Justicia y Provea, solicitara el día 12 de junio la impugnación de sus resultados ente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las elecciones presidenciales referidas, así como los diversos comicios que se celebraron el año pasado, han generado un clima de escepticismo ciudadano respecto al árbitro electoral, marcado por dudas en lo que atañe a la transparencia y equidad en su desempeño, debilitando la confianza en el voto como herramienta para contribuir a solventar la grave crisis nacional. El CNE convoca ahora las elecciones municipales, pero sin lograr disipar en importantes sectores de la población las dudas e incertidumbres, secuela de su actuación. Contribuye a ello el hecho de que no podrán participar varios de los principales partidos de oposición, debido a inhabilitaciones producto de muy cuestionados procedimientos, así como el hecho de que no se hayan atendido las infracciones evidenciadas en anteriores procesos por diversas organizaciones, entre ellas el OEV, ni se haya pronunciado respecto a reclamos tales como la elección del Gobernador del Estado Bolívar o el ya mencionado del candidato Falcón, entre otros casos.
El país va a unas elecciones importantes a finales de año. El CNE tiene la gran responsabilidad de fortalecer la confianza de todos los venezolanos en el voto, como elemento fundamental de la convivencia ciudadana. Para ello tendrá que desandar caminos que lo llevaron a administrar los últimos eventos electorales en los que no se cumplió con los requisitos establecidos en nuestras leyes, ni con las reglas que gobiernan la democracia.
OEV, 6 de Agosto de 2018