Datos Abiertos Electorales: una deuda en Venezuela

De 15 tipos de datos que las autoridades electorales deberían liberar, de acuerdo a la Iniciativa de Data Electoral Abierta del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), el árbitro venezolano publica al menos seis en formatos cerrados y sin acceso a descarga de la base de datos completa, pese a contar con un sistema de votación automatizado. Conoce las razones por las que se debe avanzar en un modelo de datos abiertos electorales y un caso de estudio que sorprendió al mundo

Datos abiertos electorales: una deuda en Venezuela

  En la ruta hacia gestiones más abiertas ya 22 países de América han promulgado leyes de acceso a la información pública1, con estrategias de gobierno electrónico y datos abiertos, mientras otros han quedado rezagados en el camino. En el boletín anterior, el Observatorio Electoral Venezolano reflexionó sobre las demandas que en esta nueva era de datos abiertos exigen más transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente como herramientas para fortalecer la democracia. Pero, ¿Qué papel juegan los datos en el equilibrio democrático? ¿Cómo puede avanzarse en materia electoral? ¿Qué datos debería publicar el Consejo Nacional Electoral? Lea también: La revolución de los datos abiertos La celebración periódica de elecciones libres se ha afianzado en nuestro hemisferio como el único medio legítimo de acceder al poder. Por ello, uno de los mayores desafíos de los gobiernos en la actualidad es construir su legitimidad como clave para la estabilidad y la calidad democrática. Actuando como una especie de alarma, el desgaste de la clase política –algo que ocurre con frecuencia en América Latina– ha expuesto la urgencia de mejorar la relación entre la ciudadanía y sus representantes. El promedio de aprobación de los mandatarios en la región ha caído del 57% en 2009 al 42% en 2015, de acuerdo al ranking de Mitofsky que evalúa 21 presidentes y jefes de gobierno de América2.

Crédito: alcalorpolitico.com

  Algo similar ocurrió con la confianza en las instituciones latinoamericanas. Entre 2015 y 2016 la creencia en entes electorales cayó 12 puntos, del 44% al 32%, y la confianza en los gobiernos bajó cinco puntos, del 33% al 28%, según registros de Latinobarómetro. Esta caída coincidió con la pérdida de 12 puntos porcentuales en la percepción de que se gobierna para todo el pueblo, que bajó de 36% en 2011 a 22% en 2016, la cifra más baja en la última década. “La democracia tiene dificultades en lograr un apoyo mayoritario de la población en América Latina, entre otros motivos, por la percepción de que no se gobierna para la mayoría. Por el contrario, la población tiene la sensación de que se gobierna para el beneficio de unos pocos”, escribió la firma en su informe de 20163.

Se gobierna para todos (Latinobarómetro 2016). En Venezuela se hizo muestreo aleatorio, polietápico proporcional a la población de cada parroquia (1200 personas).
Se gobierna para pocos (Latinobarómetro 2016)

En 14 de los 18 países latinoamericanos la aprobación de los gobiernos es inferior al 50%: Venezuela se encuentra en la penúltima posición del indicador, con menos de un tercio (20%). Este cambio ha sido dramático para la región que experimentó un retroceso de 22 puntos porcentuales entre 2009 –la época del hiperpresidencialismo, cuando seis presidentes estaban sobre el 70% de aprobación y solo dos con menos de un tercio– y 2016, cayendo del 60% al 38%.

Aprobación del gobierno (Latinobarómetro 2016)

Transparencia, elecciones y legitimidad

Si en América Latina y El Caribe la satisfacción con la democracia está estrechamente vinculada al desempeño gubernamental, y solo el 37% de los ciudadanos está satisfecho con la democracia en la región4, nos encontramos ante una crisis institucional. Queda en evidencia la necesidad de abrir los espacios de toda actividad pública, para evitar el secreto o la discrecionalidad de las autoridades como una cuestión fundamental del Estado Constitucional y como estrategia para vencer la corrupción (triangulación transparencia-elecciones-legitimidad). De ahí que la Carta Democrática Interamericana5, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el año 2001, identifique a la transparencia de las actividades gubernamentales entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Actualmente las democracias cuentan con mayores herramientas y recursos para incrementar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, promover la participación ciudadana y la colaboración entre las dependencias públicas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Las ventajas más notables en el caso venezolano son el incremento exponencial de la penetración de internet (61,5% según Conatel, equivalente a 18,3 millones de habitantes)6 –con porcentajes de participación en redes sociales por encima de la región (90% usa Facebook, 70% Twitter y 50% Instagram)7– y el sistema electoral automatizado (voto electrónico). Una de las deudas pendientes en el país sigue siendo la aprobación de un nuevo marco jurídico de transparencia e información que acelere el tránsito hacia un modelo abierto y garantice el principio de máxima divulgación, reconociendo que la información de interés público le pertenece por derecho a las personas y que el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Ahora, hablar de la administración electoral implica el manejo de información cuantiosa y delicada: bases de datos de electores y partidos, de la geografía electoral, la distribución de los centros de votación de acuerdo a la densidad poblacional, y hasta el resguardo y conteo de votos durante el evento electoral.

¿Qué data debe publicarse?

Aunque la disponibilidad de la data varía dependiendo del tipo de tema en cuestión –por ejemplo, la información relacionada con el registro y los resultados suelen estar más disponibles para el público que los detalles de las finanzas políticas–, la iniciativa de data electoral abierta del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés)8 recomienda que se publique toda la información de la que es responsable la autoridad electoral, e incluso ir más allá. Su lista incluye 15 categorías de datos tabulares, espaciales y textuales. 1. Resultados electorales. Es el primer indicador electoral a publicar. Incluye el número de inscritos, votos válidos y no válidos, como también los votos obtenidos por cada opción política (partido y candidato). Todos estos datos deben desagregarse hasta su nivel más bajo en el que se cuentan los votos. 2. Delimitación de límites. Incluye acceso a datos de población y datos espaciales de los distritos electorales derivados de los datos demográficos (tablas y mapas). 3. Registro de partidos políticos y candidatos. Otorgar acceso a listas de partidos y candidatos que presentaron la solicitud, los que se registraron y los que fueron rechazados por el ente electoral. Incluye toda información de registro. 4. Financiamiento de campaña. Información sobre los fondos recibidos y gastados por los partidos y candidatos. Incluye límites y regulaciones. 5. Registro de votantes. Estadísticas sobre los inscritos en el registro oficial, desglosadas por género, edad y geografía. Incluye información sobre el propio proceso de registro. 6. Listas de votantes. Acceso a la información detallada sobre los votantes: nombres, fechas de nacimiento, número de identificación (cédula de identidad), residencia, mesa de votación, etc. 7. Centros electorales. Incluye direcciones, información de contacto, número de votantes por cada mesa de votación. 8. Marco jurídico. Acceso a todas las leyes, reglamentos e instrucciones relacionados con los procesos electorales (datos textuales). 9. Órgano de gestión electoral. Acceso a la información de contacto y detalles de funcionarios en todos los niveles (datos textuales). 10. Procesos del árbitro electoral. Datos sobre las decisiones, actas y resoluciones firmadas por las autoridades. 11. Campañas electorales. Datos sobre los calendarios de campañas, regulaciones y restricciones, así como recursos públicos para campañas. 12.Educación para votantes. Acceso a información para votantes sobre partidos, candidatos, procedimientos de inscripción y votación. 13. Votación electrónica y conteo. Provisión de detalles sobre adquisición, exactitud, seguridad y fiabilidad del sistema de votación. Esto incluye códigos fuente. 14. Reclamos y controversias. Información, número y tipo de quejas, las partes que las presentan, los resultados en la solución de disputas, así como detalles sobre el acceso a las quejas proceso. 15. Seguridad en elecciones. Información de las instituciones reguladoras, judiciales y de seguridad sobre las normas que cumple la policía y el ejército durante el proceso electoral. Esta data debe seguir nueve principios: ser oportuna, que esté disponible tan pronto como sea necesario para ser útil; granulada, disponible en el nivel de detalle más bajo posible (primario); gratuita, liberada sin ningún tipo de restricciones en internet; completa, publicada como un conjunto de datos completo, en grandes cantidades y sin omisiones; analizable, disponible en un formato legible por máquina que sea rápida y fácilmente analizada; no patentada, disponible en formato sobre el que ninguna entidad tenga control exclusivo; no discriminatoria, a disposición de cualquier personas o acceso anónimo sin restricciones de uso; libre de licencias, no deben existir barreras para la reutilización y redistribución para cualquier propósito; y permanentemente disponible, con ubicación en internet por un período de tiempo estable y largo. De los 15 categorías anteriores, el Consejo Nacional Electoral venezolano publica en mayor o menor medida la información de seis (puntos 1, 2, 3, 7, 8 y 11), pero no en formatos abiertos (descargables y sin restricciones). No difunde en formato online las Gacetas Electorales, ni publica las actas de sesiones o resoluciones firmadas por sus autoridades y ciertas bases de datos las comparte solo con los partidos políticos u otras organizaciones que la solicitan. Sin embargo, los gobiernos no deben proporcionar información meramente como respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, sino que deben establecer protocolos y normativas para que las instituciones, sin necesidad de que medie un requerimiento, pongan a disposición del público cierta información básica sobre su estructura, presupuesto, actividades, resultados y demás. Caso de estudio.

Burkina Faso, una lección para el mundo

En sus primeras elecciones democráticas, tras casi tres décadas de dictadura, este país de África Occidental marcó pauta al construir una plataforma de datos abiertos verificados para publicar resultados electorales en tiempo real, bajo compromisos asumidos previamente por el Estado

Los resultados del conteo estuvieron disponibles en tiempo real.

Después de 27 años de dictadura, Burkina Faso acudió a las urnas en noviembre de 2015 para elegir un nuevo presidente y dar por concluida una transición que empezó con el derrocamiento popular de Blaise Compaoré. Esas fueron las primeras elecciones democráticas en varias décadas. La historia de este país del oeste de África ha estado marcada por la inestabilidad política, vivió seis golpes de Estado desde que alcanzara su independencia de Francia en 1960, por ello preocupaba que tensiones y disturbios civiles socavaran la credibilidad en los resultados electorales. La data terminó jugando un papel crucial para la estabilidad democrática, especialmente desde el cierre del centro electoral hasta el anuncio de los resultados finales, el lapso de mayor incertidumbre en una elección. Para el mediodía del lunes 30 de noviembre, al día siguiente de los comicios, los ciudadanos ya tenían información confiable de quien sería su primer Jefe de Estado electo porque los resultados del conteo estuvieron disponibles en tiempo real. El sitio web oficial de las elecciones exhibió los resultados en vivo por distrito para cada candidato presidencial y el candidato que lideraba en cada provincia. En elecciones de otras zonas del continente hay demoras de hasta cuatro días. Liz Carolan9, gerente de Desarrollo Internacional en el Open Data Institute (ODI), narró en un artículo posteado en la sección de datos del Banco Mundial parte de la experiencia en la que participó: “A las pocas horas del cierre de los centros, se publicaron en una aplicación web de respuesta móvil los resultados de los primeros 21 distritos”. El proyecto estuvo dirigido por la Iniciativa de Datos Abiertos de Burkina (Bodi), parte del organismo gubernamental encargado de promover la información y tecnología informática, en asociación con la Comisión Electoral Nacional Independiente (Ceni). De esta forma, con pocos recursos diseñaron una plataforma de publicación y un proceso de verificación con varios pasos para incorporar los datos verificados tan pronto como fueran recibidos de las estaciones regionales de conteo. Los datos se cargaron con una licencia abierta y en paralelo fueron cotejados por Codel, una coalición de organizaciones de la sociedad civil. El proceso fue elogiado por la misión de monitoreo de la Unión Europea. “Desde el punto de vista político, es fundamental garantizar que se verifiquen los datos publicados en el dominio público y este es uno de los papeles principales de una comisión electoral independiente”, escribió Carolan. Para lograrlo, fue fundamental que el Estado asumiera compromisos previos con los datos abiertos y contara con el apoyo de la ODI y el Banco Mundial. Burkina Faso confirmó que la publicación de resultados en tiempo real sí es posible. En la próxima edición del boletín, el OEV ahondará en los detalles de cómo podría el Poder Electoral publicar resultados en tiempo real, teniendo un sistema de votación automatizado, y otros ejemplos de gobiernos de la región que liberan datos electorales.


BIBLIOGRAFÍA:[1] Naser, A; Ramírez-Alujas, A; y Rosales, D. (Abril, 2017). Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL, N° 144 (LC.PUB.2017/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [2] Asociación Comunicación Política (ACOP). Ranking de popularidad (2014-2017). [3] Corporación Latinobarómetro (2016), Informe 2016, Santiago de Chile. [4] Corporación Latinobarómetro (2015), Informe 1995-2015, Santiago de Chile. [5] Organización de los Estados Americanos (2003). Carta Democrática. Washington D.C, EE.UU. [6] Internet World Stats [7] Computer World (29 de septiembre, 2015). Foro Tendencias Digitales 2015: Venezuela tiene el ancho de banda más bajo de los países de Latinoamérica. Consultado por última vez el 14 de junio de 201. [8] International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA (2017). Open Data in Electoral Administration, Strömsborg, Sweden [9] Carolan, L. (December, 2015). Why data was crucial to Burkina Faso’s first election since uprising. The World Bank. [10] Open Data For Africa: Burkina Faso [11] Data Gobierno Burkina Faso