El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) monitoreó el desarrollo de las elecciones de los Concejos Municipales, del domingo 9 de diciembre de 2018, en todos los estados del país, con la participación efectiva de 300 observadores.
De acuerdo con los resultados recopilados, 88% de las mesas observadas abrieron antes de las 8 a.m. En la gran mayoría de los centros, la asistencia de electores fue baja. Nuestros observadores registraron colas de menos de 15 electores esperando para sufragar en 73% de los casos (a las 9 a.m.) y en 83 % (a las 3 p.m.).
Respecto al funcionamiento de los centros de votación, en 20% de los casos se reportaron quejas de electores por lentitud en el proceso en horas de la mañana. Aunque el 12% de las máquinas de votación presentaron fallas, las mismas fueron reparadas o sustituidas por otras.
En cuanto a la propaganda partidista, se reportó presencia de la misma en los alrededores del 38% de los centros observados, principalmente en forma de vestimenta alusiva a algún partido. Asimismo, en los alrededores del 72% de los centros observados se reportó presencia de puntos rojos, cuyas principales actividades fueron el registro de votantes, la orientación al sufragio y formas de presión relacionadas con el Carnet de la Patria.
Se observó la presencia del Plan República en más del 90% de los centros. Sin embargo, se reportó la presencia indebida de la Milicia Nacional Bolivariana en 74% de los casos. Por otra parte, en el 99% de la muestra no se reportó la presencia de grupos violentos ni de hechos que atentaran contra el orden público.
En cuanto a la fase final de la jornada electoral, el 75% de los centros de votación cerró entre las 6 y 7 p.m. El 25% prorrogó el cierre sin electores en cola. En el 30% de la muestra, los observadores del OEV no pudieron acceder al acto de escrutinio y la verificación ciudadana.
Si bien este informe preliminar refleja los principales hallazgos de la observación de la jornada electoral por parte del OEV, la organización realizó un análisis de los diversos aspectos asociados al proceso electoral desde su convocatoria, mostrando diversas y graves irregularidades. Es importante destacar que nuevamente el Consejo Nacional Electoral, sin que mediara explicación alguna, se negó a acreditar al OEV a los fines de observar este proceso electoral, lo cual entorpeció las labores inherentes al trabajo de monitoreo.
El organismo habilitó 28.783 mesas de votación para las próximas Elecciones de Concejales, suprimiendo más de 5.300 mesas con respecto a la elección presidencial celebrada el 20 de mayo de 2018. El 75,7% de estas mesas sobrepasa la capacidad máxima de 600 electores fijada por el propio CNE. Más de 5.700 mesas (equivalente al 20%) tienen entre 901 y 1000 electores, decisión cuyas razones no han sido explicadas por el árbitro
En los dos últimos años el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha reducido el número de mesas de votación habilitadas para cada comicio, pese a que la población electoral se mantiene en aumento. Para las próximas Elecciones de Concejales del 9 de diciembre, el organismo instalará 28.783 mesas de votación en 14.382 centros, una cantidad que se acerca a la desplegada en la cuestionada elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta medida tendrá altas probabilidades de producir un efecto de “embotellamiento” o congestión en las afueras de los centros y podría interpretarse como un pronóstico de que el CNE calcula baja asistencia al evento.
Regresión desde 2015
Alrededor de 19,5 millones de electores estaban habilitados para acudir a las urnas en las parlamentarias de 2015, por lo que el árbitro electoral instaló 40.601 mesas en 14.515 centros de votación. Esa cifra de mesas cayó a poco más de la mitad en la elección siguiente, cuando el CNE organizó en tiempo récord un proceso para elegir a los integrantes de una ANC que –de acuerdo a los sondeos del momento– fue rechazada por la mayoría de los venezolanos. En esa ocasión, para el 30 de julio de 2017, el organismo electoral mantuvo el mismo número de centros que en 2015 pero habilitó apenas 24.138 mesas de votación para 19,8 millones de votantes inscritos en el Registro Electoral.
La cantidad de mesas creció en las elecciones siguientes pero no volvió a alcanzar la cifra de las parlamentarias de 2015. Así, para la elección de gobernadores de octubre de 2017, el CNE redujo los centros a 13.559 en los que habilitó 30.274 mesas de votación. Precisamente, una de las mayores irregularidades recopiladas previo a esa jornada electoral, fue la decisión del organismo de eliminar 76 centros, crear 11 y reubicar otros 274 centros faltando 48 horas para el evento. Estos cambios a última hora una vez cerrado el Registro Electoral no solo afectaron a 715.502 electores (3,96% del Registro Electoral) sino que, de acuerdo a la ley electoral vigente (artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales), son causales de nulidad de la elección.
Posteriormente, para las elecciones de alcaldes del 10 de diciembre de 2017, el CNE habilitó 32.775 mesas en 14.384 centros de votación. Seguida de las elecciones Presidenciales y de Consejos Legislativos del 20 de mayo de 2018, para las que el árbitro desplegó 34.143 mesas en 14.638 centros de votación para que alrededor de 20,7 millones de votantes acudieran a las urnas.
Esto significa que el CNE suprimió más de 5.300 mesas en un lapso de siete meses, transcurrido desde esa última elección presidencial a la elección de concejales que deberá celebrarse el próximo diciembre. En otras palabras, el porcentaje de reducción de mesas desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 ha sido de 29%.
75% de las mesas superan el límite de electores
Para los comicios del 9D el Poder Electoral excedió el tope máximo de 600 electores por mesa. Este límite fue fijado por el organismo a partir de 2004, cuando aplicó una “política de descongestionamiento” para “facilitar el acto de votación y estimular la participación ciudadana”, según lo describió la propia presidenta del CNE Tibisay Lucena en el texto titulado El Poder Electoral, la experiencia venezolana.
En esta ocasión, y de acuerdo a los datos que proporciona el ente en su página web, el 75,7% de las mesas de votación que serán desplegadas para la próxima Elección de Concejales supera el límite de 600 votantes. Entre ellas,5.792 mesas –equivalente al 20,1%– concentran entre 901 y 1.000 electores. Observa la tabla presentada a continuación.
Por ejemplo, de los 32 centros que tienen mesas con 1.000 electores, resaltan cuatro ubicados en el Distrito Capital: la Unidad Educativa “Diego de Lozada” (parroquia 23 de enero), la Unidad Educativa Bolivariana “José Martí” (parroquia El Recreo), el Liceo Bolivariano “José Ávalos” (parroquia El Valle) y la Escuela Básica Nacional “Antonio Calcaño” (parroquia El Valle).
En este sentido, es importante resaltar que el número de mesas desplegadas el día de la jornada electoral no guarda relación con el tipo de elección, sino con la dimensión del Registro Electoral. Así, el número de máquinas (equivalente al número de mesas, dada la ubicación de una máquina en cada mesa) se define por la suma de datos que guarda el padrón electoral.
Bajo este diseño el CNE lesiona el derecho al sufragio de los venezolanos, pues deberían instalarse mesas suficientes para todos los inscrito. Pese a ello, el árbitro no ha explicado las razones de esta reducción, pudiéndose interpretar como un pronóstico de que espera baja participación al evento.
La publicación oportuna del cronograma para la elección de concejales representa un cambio en la forma en que el CNE venía planificando los comicios. Así, el árbitro volvió a incluir actividades que habían sido suprimidas en los comicios más recientes, al tiempo en que otorgó plazos más extensos a importantes etapas del proceso. Para demostrarlo, presentamos a continuación una comparación con el cronograma de las municipales de 2013. Pero, ¿serán estos cambios suficientes para restituir en la ciudadanía la confianza en el voto?
Para la elección de concejales a celebrarse el próximo 9 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha seguido las reglas en la elaboración del cronograma electoral. Pese al retraso de un año que experimentaron dichos comicios, los cuales debieron realizarse en diciembre de 2017 por mandato constitucional, el ente convocó el proceso con casi cinco meses de antelación (cuatro meses y 24 días para ser exactos), un comportamiento muy distinto al exhibido en los últimos cuatro procesos electorales.
Cabe recordar que el organismo estableció un plazo de 56 días de anticipación para preparar la irregular elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a mediados del año pasado, 34 días para programar la escogencia de 23 gobernadores el 15 de octubre, 38 días para planificar los comicios de alcaldes del 10 de diciembre y 80 días para planear las elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos el pasado 20 de mayo de 2018. Sin embargo, en esta ocasión, el Poder Electoral ha anunciado un lapso de 149 días para la preparación del evento electoral, hasta dos y tres veces más tiempo que el estipulado para los procesos mencionados.
Precisamente, y como ha sido señalado en reiteradas oportunidades por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), los cronogramas de las últimas cuatro elecciones se caracterizaron por ser manejados con alta discrecionalidad por parte del órgano electoral en beneficio del partido gobernante: no fueron publicados con suficiente antelación, sufrieron recortes drásticos, las fechas se modificaron sin previa notificación y las actividades fueron anunciadas a cuentagotas o una vez vencidos sus plazos. Nada de esto parece estar sucediendo en la etapa pre-electorales camino al 9-D.
Cronogramas similares en distintos contextos
En este sentido, el cronograma de estas elecciones para elegir alrededor de 4.900 concejales principales y suplentes tiene muchas similitudes con el cronograma de las municipales de 2013, a pesar de las diferencias que rodean ambos procesos. Mucho ha cambiado el panorama político, empezando por el hecho de que, aunque se traten de comicios de la misma naturaleza, esta vez el CNE incurrió en la violación del mandato que obliga a realizar conjuntamente la escogencia de alcaldes y concejales, tal como lo estipula el artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales[1]. Y es que el organismo solo convocó para diciembre de 2017 la elección de alcaldes, pese a que correspondía también la escogencia de los representantes de los 335 Concejos Municipales del país.
En segundo término, las elecciones en Venezuela ya no transcurren en igualdad de condiciones: no son percibidas como justas, transparentes, libres ni imparciales debido a una cadena de graves episodios que comenzó con la suspensión del Referendo Revocatorio Presidencial, en 2016, y que derivó en el debilitamiento del valor del voto. Ahora, los comicios no solo se organizan con reducida oferta electoral –tras la anulación de los partidos de oposición más votados–, sino que también admiten la alteración de la voluntad popular a través de la sistematización de diversas estrategias políticas –tales como la coacción del electorado a través del Carnet de la Patria, por ejemplo– que acentúan el ventajismo oficialista.
El hecho de que los venezolanos tengan pocas alternativas para elegir a sus representantes en las cámaras municipales, una restricción en el ejercicio de la democracia, termina por empañar la regularidad con la que fue elaborado el cronograma electoral.
Cronogramas Municipales 2013 vs. Concejales 2018
Mientras que en 2013 el CNE estipuló 103 actividades en el cronograma electoral en un transcurso de 241 días, en 2018 determinó 105 actividades distribuidas en un lapso de 212 días. En ambos casos las actividades incluyen las tres etapas del proceso (pre-electoral, electoral y post-electoral), que inician con la convocatoria y culminan con el proceso de auditoría y sustanciación de las investigaciones por los gastos de campaña. A grandes rasgos, son escasas las diferencias significativas entre las actividades y sus tiempos de realización en ambos cronogramas. Así, por ejemplo, la convocatoria de 2013 fue hecha con casi seis meses de antelación y en 2018 se materializó casi cinco meses antes, apenas un mes de diferencia contando desde el momento en que fueron publicados formalmente los cronogramas electorales. Aunque desde el OEV se ha promovido que la convocatoria de cualquier comicio debería fijarse y publicarse con un mínimo de seis meses de anticipación, no debe pasar desapercibido el comportamiento de la autoridad electoral en esta oportunidad.
De la misma forma, para las elecciones del próximo 9 de diciembre el organismo incluyó el “Programa de acompañamiento internacional” en un lapso de siete días, mientras que en el documento de 2013 no se hace ninguna mención a actividades relacionadas al acompañamiento. Una importante actividad que también fue excluida de los cronogramas en las últimas cuatro elecciones. Algo similar ocurrió con la etapa para elaborar el diseño de las circunscripciones, la cual contó con 21 días en 2018 y ningún día en 2013.
Algunas etapas sufrieron ligeras reducciones o incrementos de tiempo en el cronograma de 2018. Entre ellas se incluyen: la campaña institucional (con 29 días menos que en 2013), las actividades relacionadas con el Registro Electoral (con seis días menos), la campaña electoral (con cuatro días menos), la feria electoral (un día más que en 2013) y la publicación de resultados en Gaceta Electoral (12 días más que hace cinco años).
En el caso de las actividades asociadas al Registro Electoral, por ejemplo, el CNE otorgó un plazo de 82 días para estas elecciones, similar al de los comicios presidenciales de 2012 (84 días) o al de las municipales de 2013 (88 días) y en contraste con el tiempo de esta etapa estipulado para las presidenciales de 2018 (35 días). Esto permitió la inclusión en el cronograma de una “Jornada especial del Registro Electoral” a realizarse en 32 días, para la inscripción o actualización de los datos de los votantes y para la cual habilitó 706 puntos con máquinas captahuellas[2] distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.
Otras actividades, en cambio, sí reflejaron incrementos o disminuciones de tiempo considerables en comparación con la planificación de 2013, aunque esto no implica necesariamente que se vea alterado el desarrollo del proceso de forma significativa, de acuerdo al análisis realizado por el OEV. Por un lado, el CNE redujo en 2018 todas las actividades relacionadas a la generación del tabla mesa y la organización del directorio de centros de votación, que sumaron un total de siete días (versus los 97 días planificados en 2013); al tiempo en que estipuló dos actividades relacionadas a la selección y funcionamiento de los miembros de mesa e integrantes de organismos subalternos con una duración de 94 días en 2018, en contraste con los 229 días estipulados para estas actividades en las municipales de 2013. Igualmente, disminuyeron las actividades y los plazos asociados a la elaboración de las boletas electorales (que pasaron de 50 días en 2013 a 12 días en 2018), así como las capacitaciones electorales (73 días menos de una elección a otra).
Vale analizar detalladamente el caso de las postulaciones, una de las etapas que se ha visto más afectada por los recortes en los últimos procesos electorales. Para los comicios del próximo diciembre, el ente estableció 22 actividades en 192 días, frente a las 27 actividades organizadas durante 351 días en 2013 (entendiendo que muchas de las actividades ocurren de forma simultánea). Pese a que esta diferencia se concentró especialmente en los lapsos asignados a la sustitución y modificación de las postulaciones listas y nominales, la realidad es que el lapso para la inscripción de candidatos fue mayor en el proceso de este año, cuando el CNE otorgó 10 días para realizar las postulaciones por internet y otros seis días para presentarlas (el cual fue solo de cinco días en 2013).
También las auditorías sufrieron importantes recortes de tiempo este 2018, con una diferencia de 82 días entre un cronograma y otro, pese a que se estipuló un número similar de actividades para ambos comicios (16 auditorías en 2018 y 21 en 2013). Esta diferencia radica en la supresión del Sistema de Información al Elector (SIE) del sistema de votación y el uso de la tinta indeleble, considerando que se trata de dos mecanismos que refuerzan el sistema pero que no resultan indispensables para su correcto funcionamiento.
Por otro lado, el Poder Electoral incrementó el tiempo para trabajar en las actividades relacionadas a la producción, ensamblaje, despliegue y repliegue del material electoral, a las cuales dedicará 351 días para la elección del 9-D en franco contraste con los 149 días que destinó para la organización del proceso en 2013; aumentó en 60 días las actividades asociadas a la generación de las acreditaciones (incluyendo los lapsos para que los partidos, grupos de electores y comunidades indígenas validen a sus testigos políticos); y amplió igualmente el lapso estipulado para la rendición de cuentas de las organizaciones postulantes, contemplando más de 81 días en 2018 versus los más de 52 días en las municipales de 2013.
Como ha sido referido con anterioridad, los cronogramas de los procesos electorales celebrados desde 2017 experimentaron la eliminación de importantes actividades como el simulacro, los lapsos de inscripción o impugnación al Registro Electoral, el plazo para postular candidatos o las postulaciones de grupos de electores e iniciativa propia, los programas de observación o acompañamiento internacional e, incluso, algunas auditorías que terminaron por debilitar el blindaje de la plataforma tecnológica, mermando la confianza en el sistema automatizado de votación en algunas de estas elecciones.
Es por ello que la publicación oportuna del cronograma para la elección de concejales del próximo 9-D representa, más bien, un cambio en la forma en que el CNE venía regularizando la planificación de los comicios. A diferencia de los últimos cuatro eventos electorales, el cronograma más reciente no cuenta, por ejemplo, con un renglón de “Actividades previas”, lo que indica que el proceso no comenzó antes de que se materializara la convocatoria formal, un actuación que se había hecho recurrente y que es contrario a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 42.
Lo dicho hasta ahora pone de manifiesto que, pese a que la etapa pre-electoral (que comprende las actividades previas al evento) transcurra con normalidad y sin irregularidades aparentes, eso no asegura que el proceso cumpla con las garantías de una elección justa, libre y democrática de acuerdo a los estándares internacionales. Está por verse si este comportamiento del árbitro, que se evalúa como positivo y en la dirección correcta, será suficiente para recuperar en la mayoría de la ciudadanía la confianza en el voto.
