Junto con los comicios presidenciales, el mismo domingo 20 de mayo, tuvo lugar la elección de las Asambleas Legislativas correspondientes a cada uno de los estados del país. Un evento de mucha significación, referido a uno de los poderes institucionales que hace parte de la estructura política de un país como Venezuela, cuyo Estado es definido por la Constitución (artículo 4) como federal descentralizado y en el que (artículo 136) se indica que “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional.”
Pero como cabía esperar, toda la atención pública se concentró en la elección del Presidente y, por ende, las de las Asambleas Legislativas paso casi totalmente desapercibida.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera relevante y oportuno llamar la atención al respecto e, igualmente, señalar que, guardando las separaciones lógicas entre eventos de distinta naturaleza – entre otras cosas por las cantidad de cargos que suponen-, fue un proceso marcado por las mismas irregularidades para la elección presidencial, – a las que se suma la prohibición de la participación política, al limitar la inscripción de candidatos sólo a las organizaciones que postularon candidatos a presidente – , irregularidades que como ha reiterado el OEV, arrancaron desde el momento mismo en que fue anunciado y que culminaron con los resultados arrojados el día de las votaciones.
Dado lo anterior, el OEV considera que tampoco puede decirse que el proceso haya tenido lugar según lo mandan los cánones de la democracia, es decir, de manera transparente, equitativa y confiable. Y considera, por otro lado, que en este caso también se abonó a favor del escepticismo de los venezolanos respecto al voto y del agravamiento de la crisis política nacional.
OEV, 31 de mayo de 2018
Para las elecciones presidenciales de 2018, el árbitro electoral eliminó del cronograma actividades relacionadas al catastro, simulacro, uso de la tinta indeleble, observación nacional y acompañamiento internacional e, incluso, dejó por fuera las postulaciones de grupos de electores e iniciativa propia. Aunado a esto, recortó drásticamente los lapsos para la presentación de candidaturas (restando 295 días a las actividades en comparación al 2012) y al plazo para organizar el Registro Electoral, la campaña electoral y ensamblaje de material
El 25 de enero de 2012 la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ofreció una rueda de prensa para dar inicio oficial al año electoral. Ese día anunció el cronograma preliminar para los comicios presidenciales y regionales que se celebraron el último trimestre de ese año: la convocatoria formal se realizaría el 29 de marzo; el corte del Registro Electoral se haría el 15 de abril; la campaña electoral presidencial iniciaría el 1 de julio y terminaría el 4 de octubre, mientras que el lapso de la campaña para las elecciones regionales sería del 20 de octubre al 13 de diciembre; las postulaciones para las presidenciales serían del 1 al 11 de junio y para las regionales entre el 1 y 11 de agosto. Cuatro meses antes, desde el 13 de septiembre de 2011, el país ya conocía que las presidenciales se celebrarían el 7 de octubre. Aunque en aquella oportunidad la elección experimentó un adelanto de dos meses, pues correspondía hacerse en el mes de diciembre, la fecha del evento se conoció con poco más de un año de antelación (390 días antes). Sin embargo, la situación es muy distinta en la actualidad. La autoridad electoral convocó las elecciones presidenciales de 2018 con apenas 74 días de anticipación, un plazo insuficiente para elegir a quien será el Jefe de Estado en los próximos seis años en unos comicios transparentes y de calidad.
La antelación con que se difundió la fecha del evento electoral para las presidenciales es, quizás, la diferencia más importante entre ambos procesos, pero no la única. En el primer caso, el día en que la autoridad electoral hizo la convocatoria formal (el 29 de marzo de 2012), también hizo público el cronograma electoral con todas las actividades, tal como lo especifica el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
No ocurrió de la misma forma este 2018. En principio, la instrucción de convocar los comicios de forma adelantada para antes del 30 de abril provino de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya elección fue política y legalmente cuestionada, tomándose atribuciones que, conforme a las normas vigentes, corresponden exclusivamente al Poder Electoral. Segundo, el CNE repitió en esta ocasión el patrón inusual estrenado en los comicios celebrados en 2017 y que contrasta con los diversos procesos electorales que se llevarán a cabo este año en diversas partes de América Latina, ninguno de los cuales ha sido convocado con menos de nueve meses de antelación. Tercero, una vez hecha la convocatoria el 7 de febrero de 2018, el CNE incurrió en la violación de la LOPRE al no publicar simultáneamente –y de inmediato– el cronograma con los lapsos y actividades.
Sin catastro, simulacro, tinta indeleble y observación electoral
Comparando ambos cronogramas, en 2012 el CNE planificó 90 actividades, mientras que en 2018 incluyó en el documento 83. Entre las actividades eliminadas para el venidero proceso comicial, el organismo suprimió la etapa decatastro (procesamiento y actualización), lapso en el cual se revisan y visitan los centros de votación para verificar sus condiciones, y para el que –en 2012– otorgó 81 días en el cronograma. Esta fase incluye la creación y aprobación de nuevos centros. En cambio, en este 2018, incluyó un periodo de “Adecuación de centros electorales” que se extenderá por 15 días poco antes del evento, del 1 al 15 de abril.
También se suprimió del cronograma toda actividad relacionada a la participación de observadores nacionales y acompañantes internacionales en el proceso, tales como la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación del informe de las misiones de acompañamiento. Pese a que en varias oportunidades rectoras del CNE han manifestado públicamente que el acompañamiento internacional “estará garantizado”, nada se sabe sobre estas misiones: ni los organismos que la conformarán, ni los tiempos que el ente tiene planificado para atenderlos. Es importante acotar que 74 días en un lapso insuficiente para que misiones técnicas como las ejecutadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE) –las cuales requieren ser notificadas con varios meses de antelación– se desplieguen en el país. Igualmente, se desconoce si el árbitro permitirá a organizaciones locales, como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), participar formalmente en la evaluación de la jornada.
De igual forma, fueron descartados el simulacro electoral y otras etapas relacionadas con la utilización de la tinta indeleble. Durante el primero, se despliegan una cantidad de centros electorales pilotos para que los votantes puedan practicar antes del evento, la relevancia de esta jornada reside en la oportunidad que tienen los técnicos para verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica (máquinas, boletas, la red de comunicación y medios de transmisión de resultados) y afinar los detalles logísticos (evaluar el desenvolvimiento de los operadores de máquinas, miembros de mesa, tiempos de votación, despliegue de máquinas, Plan República, etcétera). Aunque la tinta indeleble técnicamente no es indispensable para el proceso de votación, el no usarla genera desconfianza en el electorado, pues representa un mecanismo que refuerza al sistema biométrico de identificación de electores, previniendo a los miembros de mesa para que los ciudadanos no voten más de una vez. Para suplantar este elemento, el CNE debe garantizar que la base de datos de huellas de los electores está correcta y dar seguridad de que el sistema automatizado trabaja bien. No es la primera vez que el CNE elimina estos pasos. La primera vez que lo hizo fue para la elección de la ANC en 2017, repitiendo el patrón para las elecciones de gobernadores del 15-O y de alcaldes celebradas el 10 de diciembre.
Por otro lado, pese a que Lucena afirmó el pasado 20 de febrero que se hará una convocatoria del sorteo de miembros de mesa, nada advierte el cronograma difundido por el CNE sobre el acto público y automatizado en el que deben ser seleccionados, según los artículos 47 y 49 del Reglamento General de la LOPRE. Entre las actividades, el ente describe de forma general procesos para la “selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos”, tarea marcada a realizarse el 15 de marzo. Ciertamente, estos organismos los integran: las Juntas Regionales, Metropolitanas, Municipales, Parroquiales y, finalmente, las Mesas Electorales; no obstante, en esta ocasión y a diferencia de los cronogramas anteriores, el Poder Electoral no hace referencia concreta a la selección de los miembros de mesa. Para los comicios de gobernadores de octubre y los municipales de diciembre, la mayoría de los miembros de mesa no fueron ciudadanos sorteados aleatoriamente, ni los resultados de la selección fueron publicados en Gaceta Electoral, requisitos esenciales para la garantía del proceso.
LAPSOS ACORTADOS
56 días menos para organizar el Registro Electoral
Para las elecciones presidenciales de 2012, el Poder Electoral planificó 14 actividades relacionadas al Registro Electoral (RE), para las cuales estipuló 84 días del cronograma: corte preliminar (1 día), publicación del RE preliminar (1 día), solicitud de incorporación en el RE preliminar (15 días), presentación de impugnación al RE preliminar (15 días), admisión de impugnación al RE preliminar (21 días), promoción de pruebas en contra del RE preliminar (27 días), auditoría del RE preliminar (1 día), presentación del informe de la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre la impugnación al RE preliminar (1 día), resolución del CNE sobre la impugnación al RE (1 día) y publicación del RE definitivo en el portal del CNE (1 día).
En cambio, en el cronograma de 2018 pautó 9 actividades en un plazo de 28 días: jornada del RE (10 días), generación del RE preliminar (5 días), aprobación y publicación del RE preliminar (1 día), presentación, admisión y resolución de impugnación al RE preliminar (3 días), auditoría al RE (1 día), presentación del informe por la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre las impugnaciones al RE preliminar y resolución de la impugnación (1 día), generación del RE definitivo (5 días), presentación del informe definitivo a la Comisión de Registro Civil y Electoral (1 día) y , finalmente, la aprobación y publicación del RE definitivo (1 día). Esto implica un recorte de 56 días en comparación con la elección de hace seis años, periodo que no alcanza para que se inscriban los casi dos millones de jóvenes con edad para votar, que viven territorio venezolano, y se estima que no han sido incorporados a la base de datos; así como para que se registren o actualicen los datos los venezolanos que han abandonado el país en la última década.
A diferencia de los 10 días de jornadas extraordinarias habilitadas este año para la inscripción y actualización del RE, para las presidenciales de 2012, el CNE extendió los operativos especiales por tres meses, desde el 16 de enero hasta el 15 de abril, con el despliegue de 769 puntos adicionales.
Tres días para postular: sin grupo de electores o candidatos por iniciativa propia
La etapa del cronograma más afectada por los recortes es la vinculada a la postulación de candidatos, una de las que reviste de mayor importancia dentro del proceso electoral. En 2012, el árbitro estipuló 18 actividades en un lapso de 307 días, que incluyen todo lo relacionado a la presentación de candidatos por iniciativa propia, partidos políticos y grupos de electores (los procedimientos para la conformación de éstos últimos fueron suprimidos por completo del calendario en 2018). Incluso, el que los venezolanos conocieran la fecha de aquellas elecciones con 390 días de antelación, permitió que el candidato opositor resultara de unas primarias realizadas el 12 de febrero, antes de que se hiciera formalmente la convocatoria.
Para las próximas presidenciales, en cambio, el CNE aglutinó 11 actividades a ejecutarse en un periodo de 12 días, alguna de ellas realizadas en la misma fecha; se trata de una diferencia de 295 días en comparación con el evento celebrado hace seis años. Así, por ejemplo, para la presentación de postulaciones se programaron 11 días en 2012 y apenas tres días en 2018 (del 26 al 27 de febrero); mientras que para modificación y sustitución de postulaciones, el CNE habilitó 118 días en 2012 y estipuló solo el 2 de marzo en 2018. Ese día coincide con la realización de otras dos actividades: la interposición y admisión de recursos contra las postulaciones; y la fecha tope para que las sustituciones y modificaciones se reflejen en la boleta.
Es común en toda elección que las opciones de candidatos presentadas inicialmente por los partidos políticos cambien a medida que transcurre el proceso electoral y, precisamente, la ley electoral venezolana permite estos cambios en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilitaciones y discapacidad física o mental. La legislación vigente también permite a las organizaciones modificar, por decisión propia, sus postulaciones, pudiendo hacerlo hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. Pese a esto, al igual que para las elecciones de gobernadores del 15-O, violando lo dispuesto en el Capítulo V de la LOPRE, el CNE estipuló el mismo día para ambas actividades. Este diseño restringe los derechos pasivos y activos de los ciudadanos. En esta convocatoria, aunque el CNE publicó en su portal web los documentos relacionados a la conformación del grupo de electores y las planillas para la recolección de manifestaciones de voluntad para postulación por iniciativa propia, estas actividades quedaron fuera del cronograma.
Comparemos el listado de actividades a continuación:
Otras etapas también se redujeron considerablemente. Mientras que se estipularon 96 días para la campaña electoral del proceso en 2012, se atribuyeron 18 días para 2018 (78 días menos). Con tan poco tiempo para presentarle a los electores las diferentes propuestas será difícil un ejercicio responsable y consciente del voto. Además, se planificaron 119 días para el ensamblaje de material antes, durante y después del evento electoral de 2012 y 93 para el proceso de 2018 (26 días menos). Solo las capacitaciones experimentaron un incremento: 46 días en total en 2012 y 73 en 2018 (27 días adicionales).
En relación a las auditorías al Sistema de Voto Electrónico (SVE), se planificaron 12 revisiones en el 2012 y 14 en el 2018, actividades cuya única variación resaltante es la reducción de los lapsos de tiempo en que deberían realizarse, premura que atenta con la posibilidad de ser bien ejecutadas. Así, contrastando nuevamente con el cronograma de 2012, y para mencionar algunos ejemplos ilustrativos, la auditoría de producción de las máquinas de votación en 2012 se realizó en 31 días, mientras que ahora se programa para hacerlo en nueve; la auditoría del software de totalización se reduce de cinco a un día; la de cuadernos de votación de 5 a tres días. Son más las auditorías programadas teniendo todas en común la reducción del tiempo. Comprimir estos tiempos debilitan las auditorías que tienen por propósito, además de poner a punto todo el sistema automatizado de votación, generar confianza entre los distintos actores participantes del proceso electoral, ya que son los técnicos seleccionados por ellos los que adelantan estos procesos. Adicionalmente, otra diferencia es que, en esta ocasión, el CNE agregó al cronograma la auditoría de software y del registro electoral para la selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos y la auditoría de puesta cero de los centros nacionales de totalización.
Las mencionadas anteriormente son las consecuencias de convocar unas elecciones a la carrera, utilizando la fecha como un acto de ventajismo electoral que solo beneficia al partido gobernante y que termina por arrojar serias dudas sobre la vía electoral como recurso para solventar los problemas que afronta Venezuela. Una elección cuyo punto de partida se caracteriza por tales irregularidades solo dejará abiertas serias interrogantes sobre los parámetros básicos que necesita una elección en igualdad de condiciones. Estas actuaciones del CNE evidencian nuevamente el sesgo político del árbitro electoral que, en vez de aclarar, oscurecen el panorama.
En la práctica, el árbitro electoral impidió las sustituciones de candidaturas al otorgar apenas un día de plazo en una fecha anterior a la publicación del cronograma electoral, violando además el artículo 62 de la LOPRE. Aún así, el organismo teniendo tiempo suficiente para enmendar el problema, no lo hizo, decisión que induce a la confusión del elector y que seguramente afectará los resultados al aumentar los votos nulos. Revisa esta línea del tiempo que repasa los acontecimientos
Con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir las sustituciones de candidatos para la elección de gobernadores del próximo 15 de octubre, tal como lo indica la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 62, el organismo dificulta la expresión de las preferencias de los votantes, restringiendo los derechos políticos activos y pasivos de los ciudadanos. Pese a las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática, la decisión fue ratificada el pasado jueves 5 de octubre por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
De esta forma, el elector encontrará en el tarjetón opciones de candidatos opositores que se retiraron de la contienda para dar su apoyo a las figuras ganadoras en las primarias, generando confusión al momento de sufragar y, lo más grave, inconvenientes en el conteo de votos: la medida promueve con fuerza el incremento de los votos nulos y perjudica claramente la opción electoral de la oposición.
El proceso fue irregular desde el comienzo, con el adelanto inesperado del evento y el llamado del Poder Electoral a postular candidatos sin haber publicado la fecha de las elecciones ni el cronograma electoral, requisitos establecidos por la normativa como el primer paso antes de cualquier elección. Eso significa que para el día en que el CNE planificó hacer las sustituciones y modificaciones no se conocía el cronograma, el cual fue publicado el 12 de septiembre, casi un mes más tarde. El plazo había vencido mucho antes de que iniciara formalmente el proceso.
“El CNE estableció el 16 de agosto como la fecha de sustitución y modificación de postulaciones para (las elecciones) regionales 2017 (…) las sustituciones que pretendan hacerse después del #16Ago, son inadmisibles por extemporáneas”, así respondió la rectora Tania D’Amelio a la solicitud hecha por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Sin embargo, contrario a los alegatos de las autoridades comiciales, el organismo contó con tiempo suficiente para materializar los cambios, siendo una fecha que contraviene la legislación vigente.
Para entender cómo ocurrió, presentamos a continuación una línea del tiempo que permite analizar los acontecimientos en retrospectiva, prestando especial atención a los episodios del 16 de agosto: el mismo día que se pretendían materializar las sustituciones, el CNE apenas anunciaba que habían sido admitidos 226 candidatos, sin siquiera hacer mención al cierre del Sistema de Autorización de Postulaciones (SAP).
Finalmente, 27 días después se conoció el cronograma electoral. Allí, cuatro de las 17 actividades contempladas en el renglón de “Actividades previas” estaban relacionadas a la sustitución y modificación de candidaturas. Inclusive, la fecha tope para que las modificaciones aparecieran en la boleta, se fijó un día antes de que los partidos escogieran la posición en la boleta.
a) Sustitución y modificación de las postulaciones nominales (16 de agosto) b) Fecha tope para que las sustituciones y modificaciones de las postulaciones aparezcan en la boleta electoral (16 agosto) c) Acto de escogencia de posición en la boleta electoral-nacional (17 agosto) d) Acto de escogencia de posición en la boleta electoral-regional (18 agosto)
A todas luces, el CNE impidió la realización de sustituciones, porque después de las primarias de la MUD también tuvo 13 días para modificar el tarjetón antes de las ferias electorales.
