A un año de la celebración de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 es necesario resaltar que sus resultados están lejos de ser producto de un proceso electoral imparcial, equitativo, transparente y, por ende, confiable. Al punto que esas elecciones presidenciales solo sirvieron para profundizar la crisis política debido a la pérdida de legitimidad en la reelección de Nicolás Maduro y, además, le sumaron nuevas aristas a un complicado contexto de recesión económica y de emergencia social en Venezuela.

Desde el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), se cuestionó que fuera un órgano sin legitimidad política como la Asamblea Nacional Constituyente que hiciera la convocatoria a tales comicios. Aparte de que se inhabilitaron a candidatos y a partidos políticos de la oposición venezolana con grandes cuotas de representación en la Asamblea Nacional y, a la vez, se limitó la actualización y la inscripción de personas en el Registro Electoral, en especial de los venezolanos en el exterior que ya suman, al menos, un conjunto de 3,7 millones de personas de acuerdo a las cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Todas estas acciones de ventajismo político se hicieron bajo la mirada despreocupada del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien no fue la única autoridad que tuvo un papel como árbitro electoral. Otros cuerpos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) también tomaron participación en decisiones que marcaron la contienda electoral, que resultó desconocida tanto a lo interno de Venezuela como afuera de sus fronteras.

El resultado no podía ser otro que una histórica baja participación en una elección presidencial venezolana apenas con 46,07%, como lo marcaron los resultados oficiales del CNE. Esta cifra que pudiera ser alta que cualquier otro país de América Latina está muy lejos de la participación electoral de 74,69% que se reportó en las presidenciales de 2006, el 80,49% de las presidenciales de 2012 o incluso, de la participación de 79,68% que se dio durante las presidenciales de 2013.

Valga el momento, además, para evocar que el equipo de veedores del OEV en los 24 estados fue testigo de un cúmulo de 459 irregularidades electorales, durante el propio día de las votaciones del 20 de mayo. En concreto, se registraron 75 hechos de violencia o momentos de tensión, 84 fallas en la organización y más importante, 294 reportes de abuso con la propaganda electoral y los recursos públicos.

Este ventajismo del partido político a cargo del Gobierno también se expresó en una campaña de coartación para aquellos electores que reciben los beneficios de los distintos programas sociales que se entregan a través del mecanismo del llamado “Carnet de la Patria”. No es sencillo olvidar tampoco que todavía no se ha levantado una investigación profunda e imparcial sobre la denuncia de la compra de los votantes con la entrega de una bonificación especial en bolívares para aquellos portadores del “Carnet de la Patria”.

Aparte los representantes del OEV, tuvieron que lidiar con 6 episodios distintos que le pusieron reservas para efectuar su labor de observación electoral en algunos centros de votación. Estos números apenas dan cuenta de la tendencia en los 313 centros electorales que formaron parte de la muestra usada para la observación.

Todas estas irregularidades son parte de los argumentos que llevaron a más de 50 países en el mundo a desconocer la reelección de Nicolás Maduro y que hoy se expresan en distintas iniciativas de mediación política que intentan encontrar una salida a la crisis política en Venezuela.
En las ofertas del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto y otras gestiones como el reciente encuentro liderado por Noruega, la celebración de unas elecciones equitativas, justas y con garantías aparece como una de las herramientas más útiles para resolver el grave desafío nacional.

Sin embargo, en el OEV queremos resaltar que nada de esto puede darse sin que se resuelva primero: el nombramiento de un nuevo cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se realice un operativo especial para actualizar el Registro Electoral que permita la participación de todos los electores venezolanos tanto adentro como afuera del país y se garantice el cumplimiento de, al menos, 12 auditorias básicas y de las misiones de observación electoral tanto nacionales como internacionales

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 20 de mayo de 2019

Aunque el ambiente observado fue mayoritariamente tranquilo, la plataforma tecnológica en general funcionó correctamente, el proceso del voto fue rápido y sin complejidad y la seguridad fue en la mayoría de los centros alta, la jornada estuvo cargada de denuncias de propaganda política, de actuaciones de intimidación y coacción por parte de dirigentes políticos y miembros de mesa, con poca presencia de actores claves en el desarrollo de una elección y baja participación derivada, entre otras razones, del llamado abstencionista de un sector de la oposición.

Ilustración: Marta Monteiro (NYT)

Este proyecto de observación se diseñó tratando de sortear los obstáculos generados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al no acreditar al Observatorio Electoral Venezolano (OEV) como una organización de observación nacional para las elecciones de alcaldes celebradas el 10 de diciembre de 2017. Así, se tomó como estrategia dividir a los observadores en dos grupos: un grupo A, que ejerció su derecho al voto en el horario de la mañana y en la tarde observó desde las afueras en un segundo centro, y un grupo B, que observó las afueras de un centro en la mañana y sufragó en la tarde, antes de que el centro de votación cerrara sus puertas. El objetivo en el primer caso era conseguir que los voluntarios de la red observaran los acontecimientos en la mesa de votación, mientras que en el segundo era aumentar sus probabilidades de ingresar al proceso de auditoría ciudadana, que inicia con el acto público del escrutinio.

Cada observador acudió a dos centros durante el día, indistintamente de su pertenencia al grupo A o al grupo B, y su distribución se priorizó en todos los estados del país, en los municipios capitales y principales ciudades (con dos observadores en Amazonas; tres en Delta Amacuro; cuatro en Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Yaracuy; y diez en las entidades Distrito Capital, Lara, Miranda y Zulia). El estudio presentado a continuación es de tipo cualitativo, cuyos resultados permitirían formular conjeturas sobre el proceso electoral del 10-D.

Adicionalmente, se activó el mecanismo de “Recuperación de incidencias”, a través del cual se registraron en tiempo real los acontecimientos más resaltantes de la jornada en caso de ocurrir alguna de estas tres condiciones: hecho de violencia o incitación a la violencia, interrupción del proceso o interrupción de la observación. Cada uno de estos reportes constituyó lo que se presenta como mapa de eventualidades (ver link: https://goo.gl/eJmEGD).

A continuación los resultados obtenidos.

1) Inicio y cierre temprano de centros

La mayoría de los centros observados estuvieron abiertos antes las 7:00 de la mañana, casi todos antes de las 8:00 y solamente muy pocos después de las 9:00. Algunos de los retrasos se debieron a fallas en las máquinas o a la ausencia de miembros de mesa y a la negación de electores en cola de asumir las funciones de los miembros faltantes.

El cierre de centros también ocurrió tempranamente. La votación finalizó antes de las 7:00 de la noche en la mayoría de los centros, antes de las 8:00 en algunos y en muy pocos culminó pasada esa hora. Dos centros cerraron cuando aún había electores en cola y en tres se desataron protestas de electores a la hora del cierre, especialmente por la prohibición de permitir el ingreso de ciudadanos al acto de escrutinio.

2) Afluencia de votantes

En la mayoría de los centros se observaron pocos votantes (menos de 20) en horas de la mañana. De los reportes recibidos, la mayoría reflejó “pocos” o “casi nada de votantes” esperando en fila para sufragar, excepto en cinco centros donde “muchos votantes” se encontraban en cola. Hasta el mediodía, la percepción general fue de baja participación.

Esta tendencia se mantuvo estable en la tarde, con “pocos” o “casi nada de votantes” en la mayoría de los centros y solo cinco con “muchos” en cola. En estos últimos casos, se observó llegada masiva de electores después de las 5:30 de la tarde, identificados con el partido de gobierno como respuesta a los llamados de voceros gubernamentales a la “Operación Remate Perfecto” (estrategia que implica buscar a electores que no han ejercido su derecho al sufragio y acompañarlos a los centros).

3) Organismos de seguridad del Estado

El Plan República estuvo en la mayoría de centros observados. De los reportes recibidos en 108 centros en la mañana, los militares de las Fuerzas Armadas tuvieron presencia en 93 de ellos, solo en cinco casos se registró su ausencia. En 70 escuelas se observó la asistencia exclusiva de funcionarios del Plan República, mientras que en 23 establecimientos estuvieron acompañados por integrantes de la Milicia Bolivariana, el segundo organismo con mayor presencia en los centros de votación. En otros 10 casos acudieron otros organismos: la Policía Nacional Bolivariana, PNB (2); contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB (2); miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin (2); Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, Conas (1); y policías estadales y municipales (4).

En estos últimos casos se infringió el artículo 129 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual establece que solo funcionarios del Plan República pueden concurrir armados al acto de votación, en su cumplimiento de velar por la seguridad de los electores, la mesa electoral y el orden público del acto en general. Ningún otro funcionario armado está habilitado para ingresar al centro.

La presencia de los cuerpos de seguridad se mantuvo hasta el cierre del proceso. De 72 reportes vespertinos, 62 registraron la participación de miembros de organismos seguridad (43 centros con presencia exclusiva del Plan República, 13 casos de integrantes del Plan República acompañados de milicianos y otros seis casos de militares de las Fuerzas Armadas con funcionarios del Conas, PNB, policías municipales y estadales), mientras que 10 indicaron su ausencia. Así, se repite en 19 casos la infracción de funcionarios armados, distintos al Plan República, dentro de los centros.

4) Presencia de testigos y observadores

Por su parte, la presencia de otros actores fue baja durante el proceso en la mañana, observados en solo 32 casos: dirigentes políticos en 17 centros, candidatos a alcaldes en tres, observadores nacionales, representantes comunales, periodistas y encuestadores de exit polls fueron vistos en un solo centro (no todos en el mismo centro). De los dirigentes políticos observados, la mayoría se identificaba con el oficialismo.

También se registró poca presencia de testigos de organizaciones políticas en las mesas de votación, figura cuya labor resulta fundamental para alcanzar un proceso verdaderamente independiente al reducir la posibilidad de que miembros de mesa y personal del CNE incurra en infracciones el día de la votación. De 49 observadores que ingresaron a los centros en la mañana, 35 reportaron la aparición de estos actores (en 30 casos de ambos partidos y en cinco solo la presencia de testigos oficialistas). El llamado a la abstención por parte de tres partidos principales de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática) pudo influir en la ausencia de los testigos de oposición.

Esto no cambió en horas de la tarde. Se observó la presencia de dirigentes políticos en solo 17 escuelas, representantes de la sociedad civil en cinco, candidatos a alcaldes en dos y tres representantes comunales. En ninguno de los centros se observaron observadores internacionales, una figura importante para la integridad de las elecciones, que legitima el proceso, fortalece la confianza de los votantes y reduce la ocurrencia de conflictos.

5) Presencia de puntos rojos

Los voluntarios de nuestra red reportaron en la mañana propaganda política en 87 de los 108 centros observados: 80 relacionados a la instalación de puntos y toldos (70 pertenecientes al oficialismo y 10 a la oposición). En más de una decena de casos se atestiguó la entrega de folletos y afiches políticos, tarimas con música y simpatizantes con franelas alusivas a partidos políticos en las cercanías del centro. De igual forma, este escenario se mantuvo en la tarde: en la mayoría de las localidades se hizo propaganda en los alrededores de los centros, principalmente a favor del oficialismo en los puntos rojos.

Esto representa una violación al artículo 76 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), el cual establece que cualquier campaña a favor de un candidato está prohibida fuera del lapso estipulado por la autoridad electoral (del 23 de noviembre al 7 de diciembre para estas elecciones de alcaldes) y para lo cual se prevén sanciones de 20 a 60 unidades tributarias, de acuerdo al artículo 231 de sanciones por ilícitos electorales.

Pese a la prohibición, este comportamiento se ha incrementado en los últimos tres procesos de 2017: en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección de gobernadores y de alcaldes (tras registrarse en 80,5% de los centros observados en este último proceso). El mismo ha sido promovido especialmente por voceros gubernamentales y dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Esta dinámica fue perfeccionada por el partido gobernante de forma sistemática  con la denominada “maquinaria roja”, que incluye la instalación de puntos rojos, las listas 1×10 y la verificación del Carnet de la Patria.

6) Presión a los electores

Entre los reportes más alarmantes recibidos por los observadores de la red, resalta la persuasión evidente de votantes mediante la entrega de beneficios otorgados por el Gobierno Nacional: cajas CLAP, tickets navideños o de alimentación, bonos en efectivo, etc. En 38 centros se atestiguaron episodios de intimidación y coacción al elector. Esto sugiere la compra de votos en algunas localidades.

Entre las irregularidades observadas se incluyen amenazas a trabajadores públicos, presionados para sufragar a favor del oficialismo; violación del voto secreto (electores que manifestaron sentirse obligados a enseñar su comprobante de votación o se quejaron por ser acompañados de forma obligatoria mediante voto asistido injustificado); coacción a través de la presentación o retención obligatoria del Carnet de la Patria en los puntos rojos, e incluso sufragio con la presentación exclusiva del Carnet de la Patria, sin solicitud de la cédula de identidad –único requisito para sufragar, de acuerdo a la ley–. En un centro ubicado en el municipio Aguasay del estado Monagas, por ejemplo, personal identificado con logos de la alcaldía realizó directamente el pago en efectivo a los electores, luego de ejercer su derecho al sufragio y mostrar el Carnet de la Patria.

Este instrumento ha sido utilizado por el oficialismo como un mecanismo para activar al electorado, ya sea bajo el temor de sentirse amenazado o bajo la condición de obtener un beneficio del Estado. El uso del documento distinto a la cédula de identidad, único requisito válido para votar, fue promovido antes y durante la elección por el mismísimo presidente Nicolás Maduro, quien al momento de sufragar en horas de la tarde hizo el siguiente señalamiento: “Mala idea no es, aquí el que haya votado con su Carnet de la Patria tenga un premio de la República, mala idea no es. Deben ser premiados aquellos que participen”. Previamente, el mandatario advirtió a la población que “de ahora en adelante, todo se hará con el Carnet de la Patria”.

Las acciones adelantadas desde el Ejecutivo con relación a la compra y coacción del voto en estas elecciones reclaman que organismos competentes, como la Fiscalía y el propio CNE, lleven adelante una investigación al respecto. En efecto, el uso de recursos públicos en la campaña,  el mecanismo de puntos rojos, y el Carnet de la Patria fueron generalizados y debería determinarse si ponen en entredicho, y en qué casos,  la legitimidad de la elección celebrada el pasado domingo.


La promesa del “regalo” a quienes votaran con el carnet de la patria fue confirmada posteriormente –en plena elección– por el Ministro de Comunicación e Información y jefe del comando de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, y por la candidata oficialista a la Alcaldía Libertador, Érika Farías. “Sáquenle punta a eso. Vamos todas y todos después de votar al punto rojo”, escribió la ex gobernadora de Cojedes en su cuenta de Twitter.

8) Traslado de electores con recursos públicos

En menor medida con relación a los otros elementos comentados, se observó la movilización de votantes hacia centros de votación en transportes identificados con logos de instituciones públicas. Entre los organismos identificados se encuentran: vehículos pertenecientes a alcaldías (cuatro casos en Anzoátegui, Apure y Zulia), vehículos Yutong (dos casos en Sucre y Yaracuy), vehículos de Pequiven (Zulia), Camiones de Pdvsa (Monagas), Pdvsa Gas (Yaracuy), Protección Civil (Miranda), carros de Corpoelec (Anzoátegui), Enelven y Gran Misión Vivienda (en Zulia), buses TransCarabobo, TransFalcón y BusCumaná; además de 10 casos de vehículos y motos particulares identificadas con insignias de partidos políticos.

También se observaron traslados con recursos públicos también se observaron en horas de la tarde. Siendo observadas movilizaciones de electores en vehículos identificados con logos de alcaldías (Goaigoazoa en Carabobo, Lagunillas en Mérida y Biscucuy en Portuguesa); vehículos Yutong (en Apure y Yaracuy), TransBupuerto (en Carabobo); taxis de la Gran Misión Transporte; vehículos de la gobernación del Zulia; y BusYaracuy.

9) Funcionamiento de las máquinas

Pese a que fueron pocos los casos observados de averías en máquinas de votación y captahuellas en la mañana (14 de 108 centros), en varios de las mesas el retraso superó las tres horas de espera. En estos lugares, los electores se quejaron por la lentitud del proceso. Las fallas aumentaron en horas de la tarde, llegándose a observar demoras de hasta cuatro horas.

10) Actuación CNE y miembros de mesa

De 49 observadores que accedieron a los centros de votación en la mañana, solo dos reportaron actuaciones inadecuadas de los funcionarios del CNE y miembros de mesa. En Barinas, un testigo del PSUV se convirtió en el presidente de la mesa y, en Zulia, el personal de la mesa permitió voto asistido masivo.

En la tarde, también fueron reportadas por los observadores actitudes inadecuadas del personal del CNE y miembros de mesa. En la Unidad Educativa Bolivariana “María Pereira de Daza”, Iribarren (Lara), el personal técnico del CNE se retiró antes del cierre del centro; mientras que en un centro del Zulia los electores se quejaron por la pasividad e inacción de los miembros de mesa ante la falla de tres máquinas de votación. Esta conducta promovió el inicio de una protesta que terminó de forma violenta (más adelante se detalla el acontecimiento). Adicionalmente, dos casos de hostigamiento a testigos opositores por parte de coordinadores del centro y miembros de mesa, y un caso de una coordinadora de un centro en Cabimas, Zulia, que se negaba a cerrar el centro, pese a que no había electores en cola, alegando que “recibía órdenes”.

11) Otras quejas: prohibición de acceso al acto público de escrutinio

Entre las denuncias manifestadas por electores a lo largo del día, fuera o dentro de los centros de votación, se encuentran electores no registrados en el cuaderno de votación, funcionarios del Plan República revisando listados de votantes, llegada masiva de electores después de las 5:30 de la tarde, voto nulo indeseado y confusión por la reubicación de centros. Sin embargo, las quejas se presentaron con mayor frecuencia al finalizar el proceso de votación: en la mayoría de centros observados negaron el acceso a los ciudadanos al acto público de escrutinio y verificación ciudadana. Sólo ocho de nuestros observadores pudieron ingresar al centro una vez cerrado, para presenciar el proceso de escrutinio.

Se trata del segundo proceso comicial, después de la elección de gobernadores, en el cual el Poder Electoral restringe la participación ciudadana en esta etapa. En vez de fundamentar sus actos en la preservación de la voluntad del elector, garantizándole la vigilancia sobre el uso de la tecnología, reduce la custodia que el ciudadano debe ejercer sobre su voto. En este sentido, se giró la instrucción de solo permitir el acceso al escrutinio de personas con acreditación, un requisito no contemplado en la legislación; dando pie a la sospecha sobre los resultados por falta de vigilancia y contrapesos.

Precisamente, la fortaleza del Sistema Automatizado de Votación venezolano se centra en su auditabilidad, la única condición que brinda confianza en la tecnología y en el hecho de que los equipos registren la voluntad del elector, sin manipulación de los resultados. De esta forma, sembrando sospechas sobre los resultados por falta de vigilancia y contrapesos. Las auditorías, entre ellas la verificación ciudadana, son un mandato legal y no deben estar sujetas a una decisión política.

12) Del ambiente electoral

De acuerdo con los resultados, el ambiente en los centros observados fue mayoritariamente tranquilo, la plataforma tecnológica funcionó correctamente, el proceso del voto fue rápido y sin complejidad y la seguridad en los centros fue alta. Las irregularidades observadas estuvieron asociadas, principalmente, a la instalación de puntos rojos, actuación de dirigentes políticos a las afueras del centro,  intimidación de electores, comportamiento inadecuado de miembros de mesa y lentitud en la herradura por falla de máquinas. Aunque se suscitaron episodios violentos, fueron más bien aislados.

En el transcurso del día, el OEV recibió 24 reportes de hechos de violencia o incitación a la violencia, un número similar al registrado durante la elección de los miembros de la ANC (25 reportes), pero muy por debajo al registrado durante la elección de gobernadores del pasado 15 de octubre (53 reportes). Por esta razón, la mayoría de observadores describió el proceso de votación como “Muy tranquilo” o “Algo tranquilo”. Esta disminución en la cantidad de enfrentamientos pudo deberse a que varios partidos de oposición se abstuvieron de participar.
Entre los episodios violentos ocurridos en la mañana resaltan un enfrentamiento verbal entre candidatos oficialistas y opositores a las afueras de un centro en Monagas; amedrentamiento por parte de un grupo de 40 motorizados identificados con el partido de gobierno, en contra del toldo de Un Nuevo Tiempo (UNT) en un centro en Zulia; y electores detenidos por romper o fotografiar su comprobante de votación, bajo el alegato de que no reflejaban su opción seleccionada en la máquina en Lara.
En la tarde destacan cuatro episodios asociados a la actuación de grupos motorizados. El más grave fue protagonizado por encapuchados que dispersaron con palos y piedras una protesta de ciudadanos frente a la Escuela Básica Nacional “Siso Martínez”, en Santa Rita (Zulia), quienes no pudieron votar por falla en máquinas de votación de tres mesas (mesas N° 3, 4 y 5). En el episodio intervino la PNB, disparando al aire para dispersar la manifestación después de que el centro cerrara de manera irregular. Allí resultaron heridas ocho personas.

En los alrededores de la Unidad Educativa Nacional “Alberto Sequimbera”, en Guarenas (Miranda), un grupo de motorizados rodeó el centro intimidando a los electores. Algo similar ocurrió en otras dos localidades: en la Unidad Educativa Armando Armas Mogna, ubicada en el municipio Juan Antonio Sotillo (Anzoátegui), cuando alrededor de 20 motorizados identificados con camisas del partido PSUV, amedrentaron a electores desde el punto durante casi dos horas; y en la Escuela Básica Nacional, ubicada en la parroquia Sucre (municipio Libertador, Distrito Capital), donde votantes experimentaron un momento de tensión por la llegada de alrededor de 40 motorizados con parlantes que reproducían música a favor de la candidata psuvista Érika Farías, alrededor de las 6:40 de la tarde (aún el centro no cerraba).

En resumen: fue irregular

En general, la elección de alcaldes efectuada el 10 de diciembre, tuvo lugar en medio de condiciones que contravienen las normas establecidas en nuestra legislación. Estuvo cargada de denuncias de propaganda política en los alrededores de los centros, actuaciones de intimidación y coacción por parte de dirigentes políticos y miembros de mesa, con poca presencia de actores claves en el desarrollo de una elección (testigos de mesa, observadores nacionales e internacionales y ciudadanos en el escrutinio) y baja participación derivada del llamado abstencionista de un sector de la oposición.

Como lo señaló el OEV en diversas comunicaciones, esta elección fue irregular desde el momento mismo en que fue convocado. El proceso que culminó el pasado domingo tuvo lugar bajo condiciones  que contravienen la transparencia y la equidad exigidas para la celebración de comicios en un contexto democrático. De nuevo se pone en duda la imparcialidad del arbitraje electoral venezolano y, consecuentemente, dando pie al surgimiento de dudas razonables respecto a sus resultados, alimentando, así, el escepticismo con respecto al voto, elemento indispensable en la convivencia social.