Segunda quincena, marzo de 2024

La abanderada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue excluida por “trabas” en el sistema de postulaciones del CNE

Boletín 122 | Partidos anulados y candidaturas bloqueadas comprometen el derecho a elegir libremente

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no pudo inscribir a su candidata, Corina Yoris, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) aun cuando la académica cumple los requisitos constitucionales para postularse.

La Plataforma Unitaria —coalición de partidos de oposición— denunció que el autorizado por la MUD (para hacer la inscripción de Yoris) nunca fue validado por el sistema del CNE y luego “tumbaron” la plataforma, una práctica inédita en la historia política contemporánea.

El Poder Electoral también dejó por fuera a ocho partidos, que no podrán presentar candidatos en esta elección presidencial, y manejó de forma discrecional la inscripción de nuevas organizaciones políticas. 

Mientras autorizó la creación de seis partidos, sin informar sobre la entrega de recaudos ni la validación de la nómina de adherentes, le negó al candidato Manuel Isidro Molina del Movimiento Popular Alternativo inscribirse como independiente.

“Hemos sido víctimas de un manejo brutal, antidemocrático, restrictivo de los derechos democráticos y de la participación política”, cuestionó Molina.

Candidatura de la MUD bloqueada

Fuentes de la Plataforma Unitaria afirman que las tarjetas de las que disponían: MUD y Un Nuevo Tiempo (UNT) “nunca estuvieron habilitadas para postular”. Luego, el sistema del CNE dejó de funcionar.

En un video se observa a la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, intentando abrir la pestaña de postulaciones en la página oficial del CNE sin éxito.

A pesar del bloqueo, el gobernador del Zulia y líder de UNT, Manuel Rosales, logró tramitar su inscripción a la que se adhirieron Fuerza Vecinal y el Movimiento Por Venezuela. 

Al respecto, respondió a la prensa: “Estuve en comunicación con el doctor Omar Barboza hasta 5 (minutos) para las 12 (de la medianoche) y no abría el sistema. Tuve que tomar una decisión unos minutos antes para no quedarnos sin tarjeta”.  

Posteriormente, en un acto político de UNT, Rosales dio a entender que las trabas al nombre de Corina Yoris son políticas y no técnicas y que su postulación fue producto de una negociación: “Yo no fui a Caracas a quitarle el puesto a nadie (…) busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase los obstáculos del gobierno y yo le entrego la candidatura a quien quieran, pero no difamen”.

Stalin González, dirigente nacional de la tolda azul, también admitió que el nombre de Rosales no fue vetado como sí lo fue el de Yoris.

La exclusión de la candidata generó rechazo internacional. El gobierno colombiano, acompañante del proceso de negociación venezolano, rompió el silencio para expresar preocupación por las dificultades que enfrentaron “sectores mayoritarios de oposición”, lo que “podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio”.

Mientras el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que el impedimento para la inscripción de la candidatura opositora de Corina Yoris en Venezuela es “grave” y “no tiene explicación política ni jurídica”.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo que las elecciones del 28 de julio “no se pueden considerar democráticas”. “Condenamos muy firmemente la exclusión de la candidata de la oposición. Así la situación se ha degradado”, apuntó el jefe de Estado.

Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay también rechazaron los impedimentos.

“La Unión Europea está profundamente preocupada y lamenta el proceso irregular y opaco que ha impedido a algunos partidos registrar a sus candidatos presidenciales. Todos los derechos políticos y civiles, incluido el derecho a participar en elecciones auténticas, deben respetarse”, dijo a la agencia de noticias EFE el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Peter Stano.

Estados Unidos, por su parte, advirtió: “La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que Maduro y sus representantes se sienten cómodos va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional considerarán legítimas”.

A la reacción internacional, el Poder Electoral respondió con un comunicado en el que tildó de “los insolentes y falsos cuestionamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el Consejo Nacional Electoral, con el objeto de desprestigiar una de las instituciones más sólidas de la robusta democracia venezolana”.

Finalmente, la Plataforma Unitaria pudo postular, por una prórroga que le otorgó el CNE, a un candidato provisional: Edmundo González Urrutia, ante el veto a Yoris.

Tarjetas invalidadas

El CNE también debía tomar la decisión sobre el estatus de las organizaciones validadas para postular, entre el 11 y 14 de marzo. Pero esta información nunca fue publicada oficialmente.

No obstante, el OEV pudo confirmar que ocho organizaciones fueron invalidadas: MAS, Unión y Progreso, Compa, Puente, UPP89, Prociudadanos, Nuvipa y Convergencia.

El artículo 26 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos señala que: “Los partidos políticos nacionales renovarán, en el curso del año en que comience cada período constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje del 0,5% en la forma señalada en esta Ley para su constitución”. 

Parágrafo Único: “Los partidos que hubieron obtenido en las elecciones nacionales correspondiente el 1% de los votos emitidos, sólo tendrán que presentar una constancia de votación que obtuvieron, debidamente certificadas, por el respectivo organismo electoral”.

Este último criterio, relacionado con el porcentaje de respaldo popular obtenido, fue el que supuestamente aplicaron los rectores con base en las elecciones regionales y municipales de 2021 para tomar la decisión.

Sin embargo, no en todos los casos se cumplió esta regla. María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, indicó al respecto: “El MAS cumple con los porcentajes establecidos en la Ley”. Pero esto no salvó a la tarjeta de quedar excluida.

Aunque las organizaciones políticas hubieran querido recoger firmas para renovar su militancia, el cronograma tan comprimido, por el adelanto de las presidenciales, lo hacía inviable.

Partidos habilitados

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, confirmó que para las presidenciales del 28 de julio van 13 candidatos que representan a 37 partidos políticos.

Los 37 partidos validados son: Movimiento Republicano, Bandera Roja, Unión Nacional Electoral, Arepa, Voluntad Popular, Lápiz, Cambiemos, Avanzada Progresista, Movimiento de Integridad Nacional (Min-Unidad), Movimiento Ecológico de Venezuela, Copei, Organización Primero Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Venezuela Unida, Conde, Esperanza por el Cambio, Soluciones por Venezuela.

Derecha Democrática Popular, Centrados, Psuv, PCV, Podemos, Enamórate Venezuela, PPT, Movimiento Somos Venezuela, Alianza para el Cambio, Partido Verde de Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, Unidad Popular Venezolana, Partido Futuro, Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, UNT, Fuerza Vecinal, Movimiento Progresista Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática, Acción Democrática.

Un análisis de la lista definitiva permite concluir que 24% de los admitidos son partidos que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se les impuso directivas afines al gobierno nacional y 16% son partidos nuevos.

Las tarjetas relacionadas con la Plataforma Unitaria de oposición, bien sea porque integran la coalición o porque respaldan a candidatos que forman parte de esta, son cuatro: Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Movimiento Por Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Fuerza Vecinal, lo que representa el 10,8% del total.

Las que respaldan la reelección de Nicolás Maduro son 13; es decir, 35% de los partidos que aparecerán en el tarjetón (si pasan la fase de admisión y de impugnación).

Esta infografía refleja los vínculos partidistas, no necesariamente las alianzas políticas.

A continuación presentamos los candidatos y sus respaldos, algunos partidos como Conde, al ser nuevo, no ha publicado su logo oficial, mientras que el Movimiento Ecológico de Venezuela no ha anunciado quién es su abanderado:

Postulaciones deben superar más filtros

Las postulaciones aún están sujetas a cambio. Para quedar definitivamente en la boleta electoral deben superar la fase de admisión o rechazo, prevista entre el 28 de marzo y el 1 de abril, sobre la cual el CNE aún no se ha pronunciado. 

El tercer y último filtro que deben sortear son las impugnaciones. Cualquier ciudadano puede presentar recursos ante el órgano electoral en contra de las postulaciones desde el 3 hasta el 7 de abril, y los rectores tienen entre el 9 al 18 de abril para evaluar estos recursos. 

Adicionalmente, los partidos pueden sustituir o modificar sus candidaturas entre el 1 y el 20 de abril con efecto en la boleta electoral y entre el 28 de abril y el 18 de julio sin efecto en la boleta.

En concordancia con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores y las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección, sobre la modificación o sustitución realizada”.

Estos últimos plazos son claves para la Plataforma Unitaria luego de que su candidata electa en primarias, María Corina Machado, fuera inhabilitada y se bloqueara la inscripción de la sustituta anunciada por ella: Corina Yoris.

Machado ha reiterado en varias oportunidades que tiene hasta el 18 de julio para “luchar” por su inscripción.

Al respecto, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, declaró en su programa televisivo que la sustitución de un candidato a las elecciones presidenciales solo se podrá hacer por alguien previamente postulado (de los 13 candidatos que fueron ya inscritos). 

A pesar de que esto contradice el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que señala lo siguiente: “La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento”.

Si la interpretación de Cabello fuera cierta, la opositora no podría designar a otro candidato de su confianza  para que la represente y capitalice la intención de voto que levanta. Tendría que decantarse por Manuel Rosales, Edmundo González o por cualquier otro de los postulados distintos de Maduro.

Candidaturas independientes

Otra de las vías alternas de participación política, que contempla la ley venezolana, son las postulaciones por iniciativa propia y grupos de electores. Lamentablemente, el CNE no publicó la normativa relacionada ni el aviso oficial convocando a estos sectores.

Si bien es cierto que el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establece que para postularse por iniciativa propia, los electores deberán presentar el 5% de firmas del Registro Electoral correspondiente al ámbito territorial del cargo a elegir en respaldo a la candidatura; para la conformación de los grupos de electores, la Lopre deja a consideración de la autoridad electoral la cantidad de manifestaciones de voluntad a recabar y esto varía de una elección a otra.

Adicionalmente, el órgano electoral estableció lapsos considerablemente reducidos para las solicitudes de denominación (dos días) y para la consignación de los recaudos (cinco días), lo que perjudica el derecho que tienen los grupos de electores y cualquier ciudadano de presentar o respaldar una candidatura independiente.

“Inelegibles”, según la Constitución

Un aspecto adicional y relevante es el referido a las postulaciones que presentan restricciones constitucionales por tratarse de autoridades electas mediante votación popular, como la del gobernador zuliano, Manuel Rosales.

De acuerdo con el artículo 229 de la Constitución, “no podrá ser elegido Presidente de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”.

Este punto es controvertido por las diferentes interpretaciones que sobre el artículo 57 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se hacen. Este apartado dice textualmente:

“Salvo lo previsto en la Constitución de la República, los funcionarios y las funcionarias de la Administración Pública que se postulen en un proceso electoral, deberán separarse de manera temporal de sus cargos desde el día en que se inicie la campaña electoral hasta el día de la elección, ambas fechas inclusive”.

Un sector sostiene que la separación del cargo, en el caso de Rosales, se debe hacer el día que inicia la campaña electoral y otro que debió hacerse antes de la postulación. Una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 2006, respalda esta última posición.


Registro Electoral en el exterior: extemporáneo y restrictivo

Foto: Gabriel Bastidas.

La jornada especial de actualización del Registro Electoral en el exterior empezó con una semana de retraso, luego de protestas y hasta huelgas de hambre, sin que el CNE explicara los motivos. Los funcionarios en las embajadas y consulados se limitaban a decir que estaban esperando “instrucciones”.

El operativo, que debió iniciar el lunes 18 de marzo, comenzó paulatinamente el martes 26 de marzo, pero con serias restricciones debido a la interpretación tan limitante que el órgano electoral hace del artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que dice: “Solo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Al respecto, la defensora de derechos humanos y miembro de la Red Jesuita con Migrantes, Ligia Bolívar, alertó que “una persona no tiene que ser residente, basta con cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela, como otro tipo de visa que no sea de turismo o un permiso como PPT, TPS, etc.”.

“La interpretación restrictiva e ilegal del CNE pretende que las personas tengan residencia permanente. Nadie, salvo los nacionales, tiene residencia permanente, las visas de residencia se vencen, por lo general, a los 5 años”, argumenta la investigadora.

Bolívar denunció que aunque la medida del CNE dice que el documento debe ser emitido por el país de acogida (visa de residente, cédula de extranjería o cédula de ciudadanía), no le aceptaron la cédula de extranjería.

Por último, la experta recordó que la Cancillería colombiana estableció que todas las personas venezolanas con visas y con PPT son consideradas con legalidad de permanencia.

“La decisión es absurda en la medida en que quienes están bajo régimen de PPT tienen mayor permanencia en Colombia (10 años) que los que tienen la mayor visa de residente (5 años)”, expuso.

En algunos sedes diplomáticas persisten las fallas. De acuerdo con denuncias de venezolanos en Chile, la embajada de Venezuela en este país apenas abrió la jornada de inscripción y actualización del RE este lunes 1 de abril; es decir, 15 días después de la fecha prevista en el cronograma electoral.

En cada sede diplomática los requisitos son distintos, aquí algunos ejemplos de los países que concentran mayor población migrante venezolana:

Colombia

En el consulado de Venezuela en Bogotá exigen:

  • Cédula laminada vigente o vencida.
  • Documentos de residencia permanente emitido por el país de acogida (visa de residente, cédula de extranjería o cédula de ciudadanía). El documento debe haberse expedido con 1 año de antelación mínimo.
  • Pasaporte venezolano vigente (en caso de que se encuentre vencido debe presentar la constancia de trámite ante el Saime). 

El Permiso por Protección Temporal (PPT) no se encuentra en la lista de los “Documentos de Residencia Permanente” aceptados para realizar el proceso (aún cuando este le otorga 10 años de regularidad a los venezolanos en Colombia), como referimos anteriormente. El consulado alega que este documento da “permanencia, no residencia, pues de hecho es acumulativo para la residencia”.

Se estima que esto impedirá que 1 millón de venezolanos en Colombia no puedan ejercer su derecho al voto. 

Foto: @BarbaraUSanz

Perú

En la embajada de Venezuela en Perú debes presentar:

  • Original y copia de la cédula de identidad venezolana laminada, vigente o vencida. Nota: Según normativa del CNE, el pasaporte no es un sustituto válido de la cédula de identidad para el ejercicio del sufragio en el exterior
  • Original y copia del pasaporte venezolano.
  • Constancia de residencia.
  • Documento que demuestre su residencia legal permanente en el extranjero.

Argentina

En la embajada de Venezuela en Argentina exigen:

  • Original y copia de la cédula de identidad venezolana laminada, vigente o vencida. Nota: Según normativa del CNE, el pasaporte no es un sustituto válido de la cédula de identidad para el ejercicio del sufragio en el exterior.
  • Original y copia del pasaporte venezolano.
  • Constancia de residencia.
  • Documento que demuestre su residencia legal permanente en el extranjero.

España

En el consulado de Venezuela en Madrid debes consignar:

-Cédula laminada.

-Documento Nacional de Identidad (DNI) / Número de Identidad de Extranjero (NIE) vigente.

-Pasaporte vigente.

El derecho al voto de los venezolanos en el exterior está comprometido no solo por las restricciones mencionadas sino también por el lapso de tiempo dispuesto (menos de 30 días) para incluir al Registro Electoral a los más de 4 millones de migrantes venezolanos que actualmente se encuentran rezagos.


Se profundiza la violación al acuerdo de Barbados

Foto: crisisgroup.org

La actuación de las autoridades venezolanas se aleja cada vez más de los compromisos asumidos en el Acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales, firmado el 17 de octubre de 2023, en Barbados.

Por los menos cinco puntos contenidos en este documento son abiertamente incumplidos por el gobierno nacional:

Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió “todos los efectos” de la primaria en la que resultó electa por amplía mayoría, María Corina Machado. La candidata obtuvo 92% de los 2,3 millones de votos totales.

Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana,, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. 

La inhabilitación de Machado fue ratificada por la Sala Político Administrativa del TSJ sin que se iniciara un juicio en el que se le garantizara el derecho a la defensa.

Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral bloqueó el acceso a las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de Un Nuevo Tiempo (UNT) al sistema de postulaciones, con lo cual no pudieron inscribir a la sustituta designada por Machado: Corina Yoris.

Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respecto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país. Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

Las descalificaciones y acusaciones empañan el proceso electoral. El Ejecutivo recientemente tildó a la organización política Vente Venezuela de “movimiento terrorista”.

El partido denuncia que actualmente se encuentran en condición de desaparición forzada Henry Alviarez, coordinador nacional de organización, y Dinora Hernández, miembro del Comando Nacional de Machado.

También se dictaron órdenes de aprehensión contra siete integrantes más del partido: Magalli Meda, Oswaldo Bracho, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Fernando Martínez Mottola y Humberto Villalobos.

Además están detenidos Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brandt Ulloa, quienes se desempeñaban como jefes de los comandos de campaña de Machado en los estados Vargas, Yaracuy, Trujillo y Barinas respectivamente.

Recientemente, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fueron detenidos dos dirigentes de Vente, Jerry Ostos Perdomo y Carlos Castillo, quienes presuntamente planeaban atacar al presidente de la República en un acto público.

-Requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley.

En sus recorridos por el interior del país, Machado ha sido objeto de hechos de violencia. Uno de los más peligrosos tuvo lugar en una actividad de precampaña que realizaba junto con sus seguidores en Charallave, en el estado Miranda, el pasado 7 de marzo.

-Jornadas especiales de inscripción y actualización del Registro Electoral, campañas de información y promoción de la inscripción y actualización de datos.

Una de las garantías electorales más importantes es la actualización del Registro Electoral sin la cual millones de venezolanas y venezolanos no pueden ejercer su derecho a votar. Aunque el Poder Electoral anunció una jornada especial para esto, el tiempo y los puntos dispuestos son insuficientes para incluir a los connacionales dentro y fuera del país.

Por si fuera poco, las campañas informativas y de promoción son escasas o nulas.


Represión arrecia en contexto electoral

Foto: @VenteDDHH

Tanto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyen que hay una escalada de represión en el país. Las instancias hicieron su actualización oral el 19 y 20 de marzo respectivamente.

“La Misión reitera que la represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales. Los numerosos eventos registrados durante el período de esta actualización confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas. 

Respecto a las elecciones presidenciales, Valiñas hizo referencia a la ratificación de la inhabilitación de la candidata María Corina Machado lo que, a su juicio, pone en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó la actualización oral en nombre del Alto Comisionado, Volker Turk, y sobre las elecciones presidenciales dijo:

“Venezuela entra en ciclo electoral, están previstas las elecciones para el 28 de julio del presente año, y mucho me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición”.


Recomendación al cierre…

Candidate registration is becoming a purge of Maduro’s opposition, un artículo escrito por el sociólogo, investigador, profesor y miembro del Centro de Política e Investigación Interamericana (CIPR), David Smile, en el que aborda cómo el registro de candidatos se convirtió en una “purga” de la oposición en Venezuela. Al dar clic al texto también tienes la opción de leerlo en español:  https://responsiblestatecraft.org/venezuelan-presidential-election/ 

Mientras el Gran Polo Patriótico se enfocó, sobre todo, en el caso de los “niños del Tibú”, la vacunación y otros mensajes asociados a la pandemia por Covid-19; la Plataforma Unitaria fue el grupo con más menciones a la muerte de Baduel, la Reconversión Monetaria y, en menor medida las negociaciones en México. En las menciones sobre Saab coincidieron los extremos

De una revisión de 61.693 tweets posteados por 834 cuentas de la categoría Partidarios/as –integrada por el Gran Polo Patriótico, la Plataforma Unitaria, la Alianza Democrática y los Abstencionistas–, se extraen los siguientes temas priorizados por cada grupo partidista durante los primeros 15 días de octubre. 

La tabla refiere el porcentaje de menciones que ocupa cada grupo partidista respecto al total de referencias de cada tema halladas en la muestra. 

Mientras que la Plataforma Unitaria fue el grupo que más mencionó la muerte en prisión del exministro de la Defensa, Raúl Baduel (54%), seguida de la reconversión monetaria –que entró en vigencia el pasado 1 de octubre– (52%) y de las negociaciones en México (43%); el oficialismo se concentró, especialmente, en el asesinato de dos niños de presunto origen venezolano que fueron sorprendidos robando unos pantalones en un comercio de Tibú, Colombia, un lugar fronterizo entre ambos países (62%). Adicionalmente, también el Gran Polo Patriótico aparece como la subcategoría que más ha hablado del proceso de vacunación y de la pandemia producida por el Covid-19.

Por su parte, el grupo Abstencionista acumula la mayor cantidad de menciones sobre la actuación del alto represetante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, respecto a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre; así como de la compañía Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que está bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019 y que fue declarada en quiebra a finales de septiembre para acogerse a un plan de rescate de las autoridades colombianas. 

Aunque la Alianza Democrática no dedica ni el 20% a alguno de estos siete temas, sí es el grupo que más menciones colecciona respecto a las elecciones de noviembre.  

A partir del 16 de octubre en adelante, el acontecimiento más relevante estuvo asociado a la extradición de Alex Saab, empresario colombiano identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano.

Alex Saab: el tema en el que coinciden los extremos

Según los datos obtenidos, la frecuencia de tuits desde el 1 hasta el 15 de octubre mostró un comportamiento similar entre todos los grupos partidarios. Sin embargo, en cuanto se conoció públicamente que Saab sería extraditado a los Estados Unidos, después de haber permanecido más de un año detenido en Cabo Verde en el continente africano, el número de menciones experimentó el incremento más pronunciado dentro del periodo analizado.

Aunque desde el 1 al 22 de octubre el GPP es el grupo que acumula la mayor cantidad de menciones, con el 36%, no fue el conjunto partidista que dedicó mayor espacio al tema el día de su extradición. En la gráfica puede apreciarse la proporción de tweets que las y los abstencionistas destinaron al respecto, un 30% de las menciones totales.

Con etiquetas como: “Ola de solidaridad por Álex Saab”, “EEUU secuestró a Álex Saab” y “la verdad siempre triunfa”, el oficialismo logró mantener posicionado en la red social el tema del empresario colombiano con mensajes que tendían a comunicar principalmente solidaridad con el enjuiciado y denunciar abusos e injusticia en el caso, por parte de los Estados Unidos.

Los más virales

Son criminales y por eso hay que enfrentarlos aplicando la justicia. La extradición de Alex Saab es un golpe certero a la estructura criminal que secuestra y destruye a Venezuela.

María Corina Machado

El mensaje de la dirigente alcanzó 3.963 retweets, 114 tweets citados y más de 11 mil likes. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó:

Lo de Alex Saab era absolutamente predecible, lo convirtieron en objetivo solo por ayudar a Venezuela, el imperialismo jamás ha respetado el derecho internacional, invaden países, asesinan presidentes, dan golpes de estado, secuestran a personas, igual Nosotros Venceremos!!

Diosdado Cabello

Aunque la publicación de Cabello obtuvo menos retweets, fue la publicación más destacada por el caso de la extradición de Saab a los Estados Unidos con  3.274 retweets, 281 tweets citados y 3.405 likes.

El análisis del Observatorio Electoral Venezolano también arrojó que el grupo de la Alianza Democrática fue el que menos mensajes publicó en relación a la extradición de Álex Saab, con solo el 4% dirigido al empresario. Cabe destacar que ni siquiera el día 16 de octubre, la cantidad de mensajes de la Alianza Democrática fue significativa en comparación con el GPP y los Abstencionistas.

Menos menciones

Por su parte, la Plataforma Unitaria alcanzó el 30% de mensajes referidoa a Álex Saab, lo que sigue siendo reelativamente menos al compararlo con los Abstencionistas y el GPP.


Base utilizada.

Nº de tweets por subcategoría (del 1 al 22 de octubre):

  • Gran Polo Patriótico: 22.858 (37%)
  • Plataforma Unitaria: 20.391 (33%)
  • Alianza Democrática: 10.158 (17%)
  • Abstencionista: 8.286 (13%)
  • Total: 61.693

Nota metodológica. 

La muestra diseñada por el OEV de figuras y actores relevantes contempla cuatro categorías: 1) Partidarios; 2) Instituciones del Estado; 3) Funcionarios/as Públicos; y 4) Sociedad Civil. La información que aquí se presenta constituye un análisis de un sector de la primera categoría “Partidarios”, la cual, adicionalmente, contiene cuatro subcategorías: Gran Polo Patriótico (GPP), Plataforma Unitaria, Alianza Democrática y Abstencionistas. Los datos fueron extraidos específicamente de las candidaturas del GPP y de la Plataforma, debido a que, para la fecha del primer corte, no se conocía el listado de contendientes a las alcaldías por parte de la Alianza Democrática. Esta información será actualizada en el siguiente corte. 

La categoría “Partidarios” está compuesta por 834 cuentas de partidos políticos y sus diregentes, así como las y los candidatos al máximo cargo del Ejecutivo estadal (23 entidades) y municipal (335 municipios). Incluye también a figuras que forman parte de las estructuras partidarias o personajes prominentes de cada partido, aunque no estén optando por un cargo de elección popular. Se descartaron las cuentas de legisladores(as) y concejales(as) con ánimos de facilitar la búsqueda.  

No hay duda que las elecciones son la mejor vía para resolver la actual crisis del país. La gravedad de la crisis obliga a transitar esa vía lo más pronto posible. Pero hacerlas a la carrera no es una buena idea. Elecciones de calidad requieren tiempo para cumplir múltiples y complejas tareas que garanticen su transparencia, confiabilidad y legitimidad.

Ante esta urgencia, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que deben respetarse un conjunto de condiciones. Más que apuntar con rigidez los lapsos de las distintas etapas, la intención del OEV es señalar la trascendencia de algunas fases y los riesgos o deficiencias en las que podría incurrirse si se atropellan los tiempos (repitiendo el patrón de convocar elecciones de forma acelerada vivido en 2017 y 2018).

iertamente, muchas actividades que se realizan en condiciones democráticas normales pueden flexibilizarse en función de la urgencia de las circunstancias, pero nunca es buena idea hacer elecciones a la carrera. A continuación enumeramos las etapas, cuya ejecución puede ocurrir de forma simultánea en algunos casos.

1) Reestructuración del arbitraje institucional.

La reestructuración del arbitraje electoral, para alcanzar uno imparcial y que goce del reconocimiento de las mayorías, pasa por la designación de un nuevo Poder Electoral, un nuevo CNE. Ese nuevo CNE debería recuperar las funciones que le pauta la Constitución de la República Bolivariana (CRBV) que le asigna independencia y autonomía plena frente a otros poderes del Estado.

Pero garantizar un arbitraje institucional imparcial requiere, además de un nuevo CNE, cambios profundos en otros poderes públicos. La justicia electoral, expresada en sentencias de tribunales de diversas jerarquías, han mostrado sesgos inaceptables. Decisiones de la Contraloría General de la República, inhabilitando políticamente a ciudadanos mediante dictámenes administrativos, por ser violatorios de la CRBV, son igualmente inaceptables.

2) Convocatoria.

Se trata de una de las actividades más relevantes y, en vista de ser el punto de partida de la elección, define las reglas del juego de todo el proceso. La convocatoria es el acto público en el cual se fija la fecha de la elección y se difunde el cronograma del proceso, según lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). El mismo día en que se anuncia la fecha de la elección debe obligatoriamente aparecer publicado este documento en Gaceta Oficial.

Difundido oportunamente y con suficiente antelación, el respeto al cronograma es uno de los elementos que contribuye a crear condiciones de transparencia, puesto que permite a todos los contendientes conocer las actividades pre-electorales, electorales y post-electorales con sus respectivos lapsos de duración y fechas de ocurrencia. La fijación de la fecha misma de las elecciones no debe ser producto de una decisión arbitraria y unilateral del CNE. En esta oportunidad, más que nunca, debe ser producto de un entendimiento entre los actores políticos y sociales del país.

El análisis comparado de las elecciones realizadas en Latinoamérica en 2018 permite comprobar que, como regla, estos procesos suelen convocarse con al menos nueve meses de anticipación a la fecha de las votaciones, tomando en cuenta la fecha en que fueron anunciados los comicios y aprobados los cronogramas electorales correspondientes: en Costa Rica (18 meses de antelación), El Salvador (19 meses), Colombia (12 meses, tanto para las legislativas como para las presidenciales), Paraguay (14 meses), México (15 meses), Brasil (9 meses) y Perú (11 meses). Sirve también como ejemplo la preparación para las elecciones presidenciales de 2012 en Venezuela, cuando la fecha de la elección se dio a conocer con 13 meses de antelación al evento, mientras que la convocatoria formal –con la publicación del cronograma­– se realizó con poco más de seis meses de anticipación.

3) Registro Electoral.

Nunca antes Venezuela había tenido un número tan elevado de electores fuera de sus fronteras, producto de la actual crisis migratoria. Esto significa que la organización de un proceso electoral presidencial, que es el único que en Venezuela permite la participación de nacionales residenciados fuera del país, pasa por garantizar la inclusión de todos estos ciudadanos que, por alguna u otra razón, decidieron marcharse del país.

En este sentido, resulta esencial establecer un plazo prudencial para la realización de operativos especiales de inscripción y actualización de los datos de electores, dentro y fuera del país. De manera que, el encargado de administrar el padrón, debe garantizar a todos los potenciales electores la posibilidad de actualizar sus datos en el registro.

Por ejemplo, estas jornadas extraordinarias se extendieron entre tres y cinco meses, en el caso de las elecciones presidenciales de 2012 y las parlamentarias de 2015 respectivamente. Pero importa, sobre todo, el número de puntos que se habiliten y el diseño de estos operativos, en los cuales se deben desplegar una mayor cantidad de máquinas en zonas de todo el país con gran afluencia de ciudadanos, así como en embajadas y consulados alrededor del mundo. El padrón electoral debe ser preciso, confiable y estar actualizado, por lo que deben respetarse también sus lapsos de impugnación y auditoría.

4) Postulaciones.

Se trata del procedimiento a través del cual quienes aspiran convertirse en candidatos presentan su inscripción ante la autoridad electoral. Aunque es una etapa técnicamente sencilla de resolver, necesita tiempo para que, por un lado, los partidos políticos seleccionen a sus nominados y, por otro, se den plazos de preparación para candidatos independientes (ya sea a través del mecanismo de grupo de electores o por iniciativa propia, de acuerdo a lo establecido en las leyes electorales vigentes). En la actualidad venezolana, no resultará posible organizar un proceso electoral libre hasta tanto no se revierta la condición de inhabilitación que se mantiene sobre candidatos y partidos políticos de oposición, para que participen en condiciones de igualdad y en un clima exento de amenazas.

5) Catastro.

Esta fase implica la revisión de los centros de votación para verificar su condición previa a la elección. Incluye la actualización o depuración, agregación de nuevos establecimientos y posterior aprobación en directorio de los centros definitivos. Resulta vital en todos los comicios.
Según los cronogramas electorales respectivos, se otorgaron 44 días para la organización de actividades asociadas al catastro en las parlamentarias de 2005, tres días en las regionales de 2008, tres días en las parlamentarias de 2010, 84 días en las presidenciales de 2012, 46 días en las municipales de 2013 y tres días en las parlamentarias de 2015. Como se observa, los lapsos atribuidos en el pasado no han sido regulares.

Lo dicho hasta aquí supone que cualquier elección futura requerirá, particularmente, una revisión exhaustiva de los centros de votación creados por el CNE a partir de 2015.

6) Auditorías.

Para garantizar la verificación de todos los recursos materiales, tecnológicos y los datos que se utilizan en las distintas fases del proceso automatizado venezolano –de forma que se asegure la confiablidad, transparencia e integridad de su funcionamiento–, se han establecido 12 auditorías elementales (básicas). El tiempo de estas actividades alcanza como mínimo un plazo de 160 días, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla, tomada del informe Auditorías del Sistema Electoral Venezolano, publicado por el Poder Electoral en 2010.

7) Capacitaciones.

El correcto funcionamiento del sistema electoral venezolano depende también del comportamiento de los electores llamados a prestar servicio electoral obligatorio (miembros de mesa e integrantes de las juntas regionales y municipales), de los coordinadores de los centros de votación y operadores de máquinas (personal técnico y operativo). Es tarea de la autoridad electoral capacitar el recurso humano indispensable para alcanzar un proceso verdaderamente independiente. Sin embargo, esto no se hace de la noche a la mañana.

Inicialmente, los miembros de mesa e integrantes de las juntas deben ser elegidos de forma aleatoria en un sorteo público y auditable, contando con presencia de los partidos políticos. De inmediato, los seleccionados en el sorteo deben ser notificados y posteriormente capacitados. Lograr que los escogidos para prestar el servicio acudan al llamado y reciban una capacitación de calidad requiere tiempo, algo fundamental para evitar que las plazas sean ocupadas por ciudadanos no capacitados el día de la elección. A las actividades de capacitación se le han asignado en elecciones anteriores al 2015 entre uno y cuatro meses.

8) Campaña electoral.

Se refiere a las actividades de carácter público desarrolladas para promover y captar el voto por los candidatos o partidos políticos a través de cualquier medio o herramienta propagandística. Se ha extendido entre 20 ó 30 días en el caso de elecciones parlamentarias y hasta 90 días para presidenciales (2012). Suele culminar entre 72 ó 48 horas antes del evento electoral por instrucción del CNE.

Más importante que el plazo dado para que los aspirantes expongan sus ofertas y propuestas (programas y planes de gobierno), es el acceso a medios de comunicación proporcional y equilibrado para todos los participantes, así como la vigilancia y aplicación de sanciones que la autoridad electoral ejerza por el incumplimiento a las normas de campaña, especialmente cuando está involucrado el uso de los recursos del Estado para tal fin (ventajismo gubernamental) o la realización de actos proselitistas fuera del lapso estipulado. Es cada vez más urgente que el árbitro haga seguimiento a las fuentes de financiamiento de los candidatos y partidos políticos.

9) Observación nacional e internacional.

El Cronograma Electoral de unas elecciones libres debe contemplar actividades relacionadas a la participación de observadores nacionales e internacionales, que tienen carácter complementario, cada una con sus particulares capacidades. Entre tales actividades están la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación de los informes sobre las misiones. Los lapsos de esta etapa debe ser suficientes para que misiones técnicas como las ejecutadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea –las cuales requieren ser notificadas con varios meses de antelación– se desplieguen en el país.

Para ello, resulta urgente devolver la pluralidad en la conformación de estas misiones, revirtiendo la figura de “acompañantes” por la de “observadores” y publicando con suficiente antelación la información de quiénes integrarán estas delegaciones. La diferencia fundamental es que los acompañantes no tienen verdadero acceso a la verificación de todas las etapas que forman parte del proceso electoral, se instalan con poca anticipación –apenas una semana antes de los comicios–, y tienen prohibido hacer pronunciamientos públicos sin autorización. Consiste, más bien, en una presencia política simbólica y no en una evaluación sistemática, como corresponde a los observadores.

10) Otras actividades

Otras etapas, como la campaña institucional de información y divulgación –sobre todo para reforzar la credibilidad en la secrecía del voto y en el sistema automatizado de votación–, el simulacro y las ferias electorales, la generación e impresión de boletas o el ensamblaje y despliegue del material y la acreditación de testigos de los partidos políticos también son relevantes para llevar a cabo un proceso de calidad.

De todo lo anterior se desprende que las elecciones son resultado de un complejo proceso que requiere la participación de una diversidad de actores, cada uno con diferentes funciones y agendas. Si se atropellan las etapas y tiempos electorales se corre el riesgo de atentar contra principios democráticos fundamentales, tales como la garantía de que todos los ciudadanos tengan igual derecho a participar como electores y como candidatos, que su voto tenga el mismo valor, que tengan libertad de organizarse, el derecho de acceder a información con antelación y que las leyes electorales sean aplicadas de manera justa y no partidista. En definitiva, organizar elecciones a la carrera es una mala idea.

En esta elección de los concejos municipales, clave para la descentralización política del país, el CNE no solo incurrió en la violación del mandato que obliga a realizar conjuntamente la escogencia de alcaldes y concejales, tras una decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente en usurpación de las funciones del árbitro electoral, sino que incumplió con los períodos constitucionales al convocarla con un año de retraso. Además, es un evento que se organiza con reducida oferta electoral luego de la anulación de los partidos de oposición más votados. Así, los comicios en Venezuela ya no transcurren en igualdad de condiciones y no son percibidos por muchos votantes como justos, transparentes, libres e imparciales


En los últimos 18 años los concejales han sido electos en apenas tres ocasiones en procesos de distinta naturaleza. En las dos primeras oportunidades ellos se escogieron conjuntamente con los integrantes de las Juntas Parroquiales, siendo esta última la figura de la unidad político territorial de menor rango y que últimamente está siendo sustituida por las comunas. En la más reciente elección de concejales, el 8 de diciembre de 2013, los votantes acudieron a las urnas para elegir simultáneamente alcaldes y concejales. Todos estos comicios se caracterizaron por altos niveles de abstención.

La diferencia entre estos casos se vincula a la aprobación, en 2010, de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales[4], la cual obliga a realizar conjuntamente la elección de alcaldes y concejales (artículo 2). A partir de esa fecha, los comicios para seleccionar a los representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a nivel local se agrupó en un evento electoral denominado “municipales”, mandato legal incumplido en 2017, cuando el árbitro, atendiendo a un decreto de la ANC, convocó al electorado a sufragar exclusivamente por la autoridad ejecutiva municipal.
A continuación se presentan las cosas más relevantes que deben tomarse en cuenta sobre la elección del próximo 9 de diciembre. 

1) ¿Cuántos cargos se elegirán y quiénes pueden ser electos?

El 9-D se elegirán los titulares de 2.459 curules en las 335 Cámaras Municipales del país: 1.704 cargos serán electos de forma nominal, 686 por lista y 69 serán representantes de las comunidades indígenas[5]. Con respecto a las municipales de 2013, cuando fueron electos 2.435 concejales[6] (686 lista, 1.680 nominales y 69 representantes indígenas), representa un incremento de 24 escaños adicionales.

Según información proporcionada por la rectora Tania D’Amelio en Twitter, hasta el 8 de octubre el CNE había recibido 53.735 postulaciones de candidatos. Cada postulante debe garantizar la cuota de paridad de género establecida en el manual de postulaciones[7], en la que ninguna lista de candidaturas debe tener más de 60% ni menos de 40% por sexo.


De acuerdo al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM)[8], serán elegibles como concejales los venezolanos (por nacimiento o naturalización), mayores de 21 años y que hayan residido en el municipio por los menos tres años justo antes de la elección. Si se trata de municipios fronterizos, los naturalizados deberán haber residido por los menos 10 años previos a la elección.

La cantidad de concejales por municipio está establecida en una escala fija presentada en el artículo 13 de la LOPRE[9] y en el 94 de la LOPPM. A municipios con 15.000 habitantes, o menos, corresponden cinco concejales; entre 15.001 y 100.000 se asignan siete; a municipios con una población entre 100.001 y 300.000 habitantes corresponden nueve representantes; para poblaciones entre 300.001 y 600.000 habitantes estipulan 11 concejales; y finalmente, a municipios de 600.001 y más habitantes corresponden 13 concejales. En consecuencia, el número total de miembros en las cámaras municipales no es permanente y dependerá entonces del crecimiento poblacional del municipio, aunque sí establece límites: un máximo de 13 y un mínimo de cinco integrantes.

2) ¿Quiénes pueden votar?

En estas elecciones podrán sufragar los venezolanos residentes en el país y los extranjeros con más de 10 años de residencia, que hayan cumplido 18 años y se estén inscritos en el Registro Electoral, con la condición de presentar su Cédula de Identidad laminada. En cambio, los criollos en el exterior no podrán ejercer su derecho al voto por tratarse de una elección local.

En Venezuela, los privados de libertad que han sido condenados por un tribunal del país no pueden votar en ninguna elección, de manera que solo aquellos que aún no tienen sentencia podrán acudir a las urnas el 9-D en centros de votación habilitados en su lugar de reclusión. Tampoco podrán sufragar quienes tengan inhabilitación política, que implica la suspensión temporal del goce del derecho activo y pasivo al sufragio (elegir y ser elegido), o interdicción civil, personas declaradas incapaces de ejercer actos de la vida civil por adolecer de un defecto intelectual grave (identificados como “entredichos” en el Código Civil Venezolano).

3) ¿Cuáles son las funciones de los concejales?

Los concejales ejercen la función legislativa del municipio, es decir, simbolizan el Poder Legislativo a nivel local. Cada concejal es un representante de los electores en su circunscripción ante la cámara municipal. Según lo establece el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), los concejos municipales tienen, entre otras cosas, los siguientes deberes y atribuciones:

  1. Impulsar proyectos de ordenanzas municipales.
  2. Realizar consultas públicas en las comunidades para discutir proyectos de ordenanzas municipales o el Plan Municipal de Desarrollo.
  3. Aprobar, en las sesiones del concejo, las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público.
  4. Promover la participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública municipal.
  5. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública municipal.
  6. Presentar anualmente, ante los ciudadanos de su circunscripción, la rendición de cuentas de su gestión legislativa y política.
  7. Organizarse en comisiones con el fin de atender diferentes temas de interés del municipio.
  8. Llevar adelante investigaciones sobre las materias municipales que estimen pertinentes, para lo cual pueden citar al alcalde, funcionarios y/o empleados para que comparezcan ante ellos.
  9. Exigirle al alcalde, funcionarios y empleados que entreguen documentación relacionadas con la investigación que realizan.

4) Se incumplen los periodos constitucionales

En esta oportunidad, las elecciones de concejales se realizarán con un año de retraso, pues los últimos comicios en los que se escogieron a los integrantes de los Concejos Municipales de los 335 municipios del país ocurrió el 8 de diciembre de 2013, hace más de cuatro años, período establecido por la normativa vigente para el cargo de concejales. Sin embargo, no se trata de la demora más larga en la que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En 2009 el árbitro incumplió el mandato legal de convocar a elecciones municipales ese año, postergando esos comicios de concejales durante cuatro años y cuatro meses (extendiendo la estadía de los miembros de las Cámaras Municipales por ocho años). La autoridad electoral inicialmente justificó la medida en el artículo de la Constitución que impide reformar las leyes electorales seis meses antes de cualquier votación y retrasó la celebración de los comicios municipales tras la modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), aprobada en 2009 por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Así, sin previo aviso, el Poder Electoral dejó correr el tiempo.

5) Municipales reprogramadas sin explicación

En un lapso de un año y ocho meses el CNE anunció en tres oportunidades la fecha para celebrar las elecciones municipales. Estos comicios de concejales fueron primero pospuestos, al no realizarse junto a los comicios de alcaldes en diciembre de 2017; luego, fijados a última hora para realizarse conjuntamente con la elección presidencial; y, más tarde, aplazados nuevamente por otros nueve meses.

Primer anuncio. El 18 de octubre de 2016, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que los comicios municipales serían realizados a finales del segundo semestre de 2017, en un intento de aplacar las reacciones que generaría la suspensión del referendo revocatorio dos días más tarde.

Transcurridos 12 meses desde el anuncio (el 26 de octubre de 2017), en los que el organismo electoral no hizo ninguna mención a estos comicios municipales, la entonces ya instalada Asamblea Nacional Constituyente –cuya elección fue legalmente puesta en duda y políticamente cuestionada por distintos actores políticos nacionales y diversas instancias internacionales– aprobó la convocatoria de elecciones de alcaldes para diciembre de ese año, dejando por fuera, sin explicación alguna, la elección de concejales y de las alcaldías Metropolitana de Caracas y de Alto Apure (aún sin fecha estimada), legalmente fijadas, como ya se mencionó, para realizarse de manera conjunta.

Segundo anuncio. Con la propuesta de “megaelecciones”, sugerida por el oficialismo y admitida por la ANC previo a las elecciones presidenciales de 2018, se barajó la posibilidad de celebrar simultáneamente la elección del Jefe de Estado, los 23 Consejos Legislativos, las 335 Cámaras Municipales e, inclusive, adelantar los comicios de la Asamblea Nacional, que para esa fecha todavía no culminaba la mitad de su gestión y cuyo mandato constitucional debe extenderse hasta el 2021. Esto implicaba la selección de más de 2.860 cargos en tres niveles del Poder Público (un presidente, 167 diputados nacionales, 251 legisladores regionales y alrededor de 2.450 concejales, sin incluir suplentes). Organizada además en apenas tres meses, la propuesta fue aprobada parcialmente por el CNE.

El 1 de marzo de 2018, y producto de un acuerdo firmado por los partidos postulantes, el Poder Electoral reprogramó las elecciones para elegir al mandatario nacional el 20 de mayo y convocó para la misma fecha los comicios de diputados regionales y concejales[10]. Sin embargo, debido a las “dificultades técnicas” y a la inviabilidad práctica y logística que implicaba la organización de un proceso que concentrara tres tipos de elección, el organismo postergó la escogencia de los Concejos Municipales sin anunciarlo públicamente.

Tercer anuncio. Finalmente, el 11 de julio de 2018 el CNE anunció que las elecciones para elegir a los concejales se realizarían el 9 de diciembre del año en curso. Dos días más tarde, el ente publicó el Cronograma Electoral, formalizando la convocatoria con 149 días de antelación (casi cinco meses). Se trata de la única convocatoria electoral de los últimos dos años que no ha sido inicialmente aprobada por la ANC, instancia que había estado tomándose atribuciones que –conforme a las normas vigentes– corresponden exclusivamente al CNE, único organismo encargado de fijar y anunciar la fecha de las elecciones.

6) Mayoría de partidos opositores inhabilitados para participar

Con la conformación de un nuevo ecosistema de partidos, las organizaciones de oposición más votadas en elecciones recientes fueron anuladas e inhabilitadas para presentar candidatos el próximo 9D. Entre ellas se encuentran: Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), La Causa R (LCR) y Alianza Bravo Pueblo (ABP).
Inicialmente, la rectora del CNE Tania D’Amelio informó a través de Twitter que 37 partidos políticos estaban habilitados para postular candidatos el 9 de diciembre: 21 partidos nacionales –de los cuales diez son oficialistas, ocho de tendencia opositora o independientes sin vínculos con la MUD y dos de tendencia opositora que estuvieron vinculados a la extinta MUD–, 11 regionales y cinco indígenas[11]. Sin embargo, la cifra aumentó a 51 partidos por la adición a último momento de otras 14 organizaciones indígenas regionales[12].


De manera que, en la última década, distintas instituciones del Estado han ejecutado acciones sistemáticas para avanzar en un proceso continuado de debilitamiento y extinción de partidos políticos de oposición, lesionando así el derecho de los ciudadanos a tener una oferta electoral más diversa.
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7) Diseño de circunscripciones sin explicación

No debe dejarse de lado que, en esta ocasión, el árbitro definió el diseño de 702 circunscripciones (265 uninominales y 437 plurinominales) –que implica la elaboración de 702 boletas electorales– y estableció la distribución de estos cargos sin solicitar aprobación previa de la Asamblea Nacional que, por ley –artículo 11 de la LOPRE–, debe autorizar las proyecciones poblacionales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto también ocurrió en la pasada elección de los Consejos Legislativos el 20 de mayo de 2018.

Cada municipio tiene competencia para organizar el funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades municipales, por lo que puede dictar las normas que regulan su autonomía funcional y su propio ordenamiento interno (artículo 53 de la LOPPM). Estos instrumentos (ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera) son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades nacionales, estadales y locales.

Los concejales integran el Consejo Local de Planificación Pública en cada municipio, junto al alcalde y a representantes de organizaciones vecinales. Adicionalmente, tienen una participación en los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de cada estado.

Los concejales resultan piezas fundamentales en el proceso de descentralización que ha sufrido retrocesos en los últimos años con acciones como la instalación de instancias paralelas en espacios conquistados por la oposición –tales como la Jefatura de Gobierno en el Distrito Capital, Corpomiranda o Corpolara–, con la creación de Consejos Comunales en sustitución de las Juntas Parroquiales, la reducción del situado constitucional y de competencias tributarias en estados y municipios, así como la persecución, destitución y encarcelamiento de autoridades locales.


[1] Consejo Nacional Electoral. Estadísticas: Elecciones 1989, 1992, 1993, 1995, 1998, 1999 y 2000. Cuadros comparativos. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e009.pdf
[2] Consejo Nacional Electoral. Estadísticas: Elecciones Municipales y Parroquiales 2005. Porcentajes de abstención. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/int_divulgacion_resultados/documentos/abstencion.pdf
[3] Consejo Nacional Electoral. CNE emite primer boletín y autoriza a las Juntas Municipales a proclamar a los ganadores. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3280
[4] Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.013 (23 de diciembre, 2010). Recuperado de: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/LEY-DE-REGULARIZACIÓN-DE-LOS-PERÍODOS-CONSTITUCIONALES-Y-LEGALES-DE.pdf
[5] Rodríguez, R. (10 de septiembre, 2018). Candidatos a concejales tendrán hasta el 19 de septiembre para postularse vía Internet. Efecto Cocuyo. Recuperado de: http://efectococuyo.com/politica/candidatos-a-concejales-tendran-hasta-el-19-de-septiembre-para-postularse-via-internet/
[6] Consejo Nacional Electoral, (8 de diciembre, 2018). CNE emite primer boletín y autoriza a las Juntas Municipales a proclamar a los ganadores. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3280
[7] Consejo Nacional Electoral. Manual de Postulaciones Elecciones Concejos Municipales 2018. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/concejales/documentos/postulaciones/Manual-PROCESOS-POSTULACION-9DIC2018-14092018.pdf
[8] Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf
[9] Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Artículo 13. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo2.php
[10] León, I. (1 de marzo, 2018). CNE reprograma megaelecciones para el 20 de mayo. Efecto Cocuyo. Recuperado de: http://efectococuyo.com/politica/cne-reprograma-megaelecciones-para-el-20-de-mayo/
[11] Correo del Orinoco. (12 de septiembre, 2018). 37 partidos políticos pueden postular candidatos para las elecciones del 9-D. Recuperado de: http://www.correodelorinoco.gob.ve/37-partidos-politicos-pueden-postular-candidatos-para-las-elecciones-del-9-d/
[12] Consejo Nacional Electoral (9 de octubre, 2018). 51 organizaciones políticas escogerán posición en boleta para municipales del 9-D. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3745

La publicación oportuna del cronograma para la elección de concejales representa un cambio en la forma en que el CNE venía planificando los comicios. Así, el árbitro volvió a incluir actividades que habían sido suprimidas en los comicios más recientes, al tiempo en que otorgó plazos más extensos a importantes etapas del proceso. Para demostrarlo, presentamos a continuación una comparación con el cronograma de las municipales de 2013. Pero, ¿serán estos cambios suficientes para restituir en la ciudadanía la confianza en el voto?

Para la elección de concejales a celebrarse el próximo 9 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha seguido las reglas en la elaboración del cronograma electoral. Pese al retraso de un año que experimentaron dichos comicios, los cuales debieron realizarse en diciembre de 2017 por mandato constitucional, el ente convocó el proceso con casi cinco meses de antelación (cuatro meses y 24 días para ser exactos), un comportamiento muy distinto al exhibido en los últimos cuatro procesos electorales.

Cabe recordar que el organismo estableció un plazo de 56 días de anticipación para preparar la irregular elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a mediados del año pasado, 34 días para programar la escogencia de 23 gobernadores el 15 de octubre, 38 días para planificar los comicios de alcaldes del 10 de diciembre y 80 días para planear las elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos el pasado 20 de mayo de 2018. Sin embargo, en esta ocasión, el Poder Electoral ha anunciado un lapso de 149 días para la preparación del evento electoral, hasta dos y tres veces más tiempo que el estipulado para los procesos mencionados.


Precisamente, y como ha sido señalado en reiteradas oportunidades por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), los cronogramas de las últimas cuatro elecciones se caracterizaron por ser manejados con alta discrecionalidad por parte del órgano electoral en beneficio del partido gobernante: no fueron publicados con suficiente antelación, sufrieron recortes drásticos, las fechas se modificaron sin previa notificación y las actividades fueron anunciadas a cuentagotas o una vez vencidos sus plazos. Nada de esto parece estar sucediendo en la etapa pre-electorales camino al 9-D.

Cronogramas similares en distintos contextos

En este sentido, el cronograma de estas elecciones para elegir alrededor de 4.900 concejales principales y suplentes tiene muchas similitudes con el cronograma de las municipales de 2013, a pesar de las diferencias que rodean ambos procesos. Mucho ha cambiado el panorama político, empezando por el hecho de que, aunque se traten de comicios de la misma naturaleza, esta vez el CNE incurrió en la violación del mandato que obliga a realizar conjuntamente la escogencia de alcaldes y concejales, tal como lo estipula el artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales[1]. Y es que el organismo solo convocó para diciembre de 2017 la elección de alcaldes, pese a que correspondía también la escogencia de los representantes de los 335 Concejos Municipales del país.

En segundo término, las elecciones en Venezuela ya no transcurren en igualdad de condiciones: no son percibidas como justas, transparentes, libres ni imparciales debido a una cadena de graves episodios que comenzó con la suspensión del Referendo Revocatorio Presidencial, en 2016, y que derivó en el debilitamiento del valor del voto. Ahora, los comicios no solo se organizan con reducida oferta electoral –tras la anulación de los partidos de oposición más votados–, sino que también admiten la alteración de la voluntad popular a través de la sistematización de diversas estrategias políticas –tales como la coacción del electorado a través del Carnet de la Patria, por ejemplo– que acentúan el ventajismo oficialista.

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El hecho de que los venezolanos tengan pocas alternativas para elegir a sus representantes en las cámaras municipales, una restricción en el ejercicio de la democracia, termina por empañar la regularidad con la que fue elaborado el cronograma electoral.

Cronogramas Municipales 2013 vs. Concejales 2018

Mientras que en 2013 el CNE estipuló 103 actividades en el cronograma electoral en un transcurso de 241 días, en 2018 determinó 105 actividades distribuidas en un lapso de 212 días. En ambos casos las actividades incluyen las tres etapas del proceso (pre-electoral, electoral y post-electoral), que inician con la convocatoria y culminan con el proceso de auditoría y sustanciación de las investigaciones por los gastos de campaña.

A grandes rasgos, son escasas las diferencias significativas entre las actividades y sus tiempos de realización en ambos cronogramas. Así, por ejemplo, la convocatoria de 2013 fue hecha con casi seis meses de antelación y en 2018 se materializó casi cinco meses antes, apenas un mes de diferencia contando desde el momento en que fueron publicados formalmente los cronogramas electorales. Aunque desde el OEV se ha promovido que la convocatoria de cualquier comicio debería fijarse y publicarse con un mínimo de seis meses de anticipación, no debe pasar desapercibido el comportamiento de la autoridad electoral en esta oportunidad.

De la misma forma, para las elecciones del próximo 9 de diciembre el organismo incluyó el “Programa de acompañamiento internacional” en un lapso de siete días, mientras que en el documento de 2013 no se hace ninguna mención a actividades relacionadas al acompañamiento. Una importante actividad que también fue excluida de los cronogramas en las últimas cuatro elecciones. Algo similar ocurrió con la etapa para elaborar el diseño de las circunscripciones, la cual contó con 21 días en 2018 y ningún día en 2013.


Algunas etapas sufrieron ligeras reducciones o incrementos de tiempo en el cronograma de 2018. Entre ellas se incluyen: la campaña institucional (con 29 días menos que en 2013), las actividades relacionadas con el Registro Electoral (con seis días menos), la campaña electoral (con cuatro días menos), la feria electoral (un día más que en 2013) y la publicación de resultados en Gaceta Electoral (12 días más que hace cinco años).

En el caso de las actividades asociadas al Registro Electoral, por ejemplo, el CNE otorgó un plazo de 82 días para estas elecciones, similar al de los comicios presidenciales de 2012 (84 días) o al de las municipales de 2013 (88 días) y en contraste con el tiempo de esta etapa estipulado para las presidenciales de 2018 (35 días). Esto permitió la inclusión en el cronograma de una “Jornada especial del Registro Electoral” a realizarse en 32 días, para la inscripción o actualización de los datos de los votantes y para la cual habilitó 706 puntos con máquinas captahuellas[2] distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.

Otras actividades, en cambio, sí reflejaron incrementos o disminuciones de tiempo considerables en comparación con la planificación de 2013, aunque esto no implica necesariamente que se vea alterado el desarrollo del proceso de forma significativa, de acuerdo al análisis realizado por el OEV.
Por un lado, el CNE redujo en 2018 todas las actividades relacionadas a la generación del tabla mesa y la organización del directorio de centros de votación, que sumaron un total de siete días (versus los 97 días planificados en 2013); al tiempo en que estipuló dos actividades relacionadas a la selección y funcionamiento de los miembros de mesa e integrantes de organismos subalternos con una duración de 94 días en 2018, en contraste con los 229 días estipulados para estas actividades en las municipales de 2013. Igualmente, disminuyeron las actividades y los plazos asociados a la elaboración de las boletas electorales (que pasaron de 50 días en 2013 a 12 días en 2018), así como las capacitaciones electorales (73 días menos de una elección a otra).

Vale analizar detalladamente el caso de las postulaciones, una de las etapas que se ha visto más afectada por los recortes en los últimos procesos electorales. Para los comicios del próximo diciembre, el ente estableció 22 actividades en 192 días, frente a las 27 actividades organizadas durante 351 días en 2013 (entendiendo que muchas de las actividades ocurren de forma simultánea). Pese a que esta diferencia se concentró especialmente en los lapsos asignados a la sustitución y modificación de las postulaciones listas y nominales, la realidad es que el lapso para la inscripción de candidatos fue mayor en el proceso de este año, cuando el CNE otorgó 10 días para realizar las postulaciones por internet y otros seis días para presentarlas (el cual fue solo de cinco días en 2013).


También las auditorías sufrieron importantes recortes de tiempo este 2018, con una diferencia de 82 días entre un cronograma y otro, pese a que se estipuló un número similar de actividades para ambos comicios (16 auditorías en 2018 y 21 en 2013). Esta diferencia radica en la supresión del Sistema de Información al Elector (SIE) del sistema de votación y el uso de la tinta indeleble, considerando que se trata de dos mecanismos que refuerzan el sistema pero que no resultan indispensables para su correcto funcionamiento.


Por otro lado, el Poder Electoral incrementó el tiempo para trabajar en las actividades relacionadas a la producción, ensamblaje, despliegue y repliegue del material electoral, a las cuales dedicará 351 días para la elección del 9-D en franco contraste con los 149 días que destinó para la organización del proceso en 2013; aumentó en 60 días las actividades asociadas a la generación de las acreditaciones (incluyendo los lapsos para que los partidos, grupos de electores y comunidades indígenas validen a sus testigos políticos); y amplió igualmente el lapso estipulado para la rendición de cuentas de las organizaciones postulantes, contemplando más de 81 días en 2018 versus los más de 52 días en las municipales de 2013.

Como ha sido referido con anterioridad, los cronogramas de los procesos electorales celebrados desde 2017 experimentaron la eliminación de importantes actividades como el simulacro, los lapsos de inscripción o impugnación al Registro Electoral, el plazo para postular candidatos o las postulaciones de grupos de electores e iniciativa propia, los programas de observación o acompañamiento internacional e, incluso, algunas auditorías que terminaron por debilitar el blindaje de la plataforma tecnológica, mermando la confianza en el sistema automatizado de votación en algunas de estas elecciones.

Es por ello que la publicación oportuna del cronograma para la elección de concejales del próximo 9-D representa, más bien, un cambio en la forma en que el CNE venía regularizando la planificación de los comicios. A diferencia de los últimos cuatro eventos electorales, el cronograma más reciente no cuenta, por ejemplo, con un renglón de “Actividades previas”, lo que indica que el proceso no comenzó antes de que se materializara la convocatoria formal, un actuación que se había hecho recurrente y que es contrario a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 42.

Lo dicho hasta ahora pone de manifiesto que, pese a que la etapa pre-electoral (que comprende las actividades previas al evento) transcurra con normalidad y sin irregularidades aparentes, eso no asegura que el proceso cumpla con las garantías de una elección justa, libre y democrática de acuerdo a los estándares internacionales. Está por verse si este comportamiento del árbitro, que se evalúa como positivo y en la dirección correcta, será suficiente para recuperar en la mayoría de la ciudadanía la confianza en el voto.


REFERENCIAS
[1] Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.013 (23 de diciembre, 2010). Recuperado de: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/LEY-DE-REGULARIZACIÓN-DE-LOS-PERÍODOS-CONSTITUCIONALES-Y-LEGALES-DE.pdf
[2] Consejo Nacional Electoral (20 de Julio, 2018). CNE inicia jornada especial de Registro Electoral para Elecciones Municipales 2018. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3727

Desde 2012 el oficialismo ha ido logrando conformar un nuevo ecosistema de partidos en donde las organizaciones de oposición más votadas en elecciones recientes fueron anuladas, lesionando así el derecho de los venezolanos a tener una oferta electoral más diversa

A finales de 2010 existían en Venezuela 325 partidos políticos –entre nacionales y regionales–, de acuerdo a una nota publicada en noviembre de ese año por el Consejo Nacional Electoral (CNE)[1]. Esta cifra se fue reduciendo poco a poco: 96 organizaciones con fines políticos postularon candidatos para las elecciones Parlamentarias en 2015[2], 76 estuvieron habilitadas para presentarse en las elecciones de gobernadores de 2017[3] y apenas 37 partidos[4] están actualmente validados para participar en los próximos comicios a celebrarse en diciembre de 2018, según los últimos datos proporcionados por el ente. Esto significa una disminución del 88,6% de las organizaciones existentes hace ocho años.


En su más reciente informe “El nuevo ecosistemas de partidos políticos en Venezuela[5], el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) advierte que, en la última década, distintas instituciones del Estado han ejecutado acciones sistemáticas para conformar un proceso continuado de “debilitamiento y extinción de los partidos políticos de oposición”, en función de la construcción de un Estado de “Partido Único” en franco desmedro de la democracia en Venezuela.

Intervenciones judiciales (2012-2015)

De acuerdo al recuento cronológico presentado por esa ONG, la conformación de un ecosistema de partidos afines al chavismo empezó en 2012, cuando se produjo la intervención judicial y nombramientos de las directivas de los partidos Por la Democracia Social (Podemos) y Patria Para Todos (PPT), a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), justo antes de la elección presidencial del 7 de octubre. Previo a la decisión, ambos partidos se habían distanciado del presidente Hugo Chávez hasta el punto de que el PPT había decido respaldar la candidatura del opositor Henrique Capriles Radonski en la elección presidencial de octubre de ese año.

Esta política de intervención judicial se repitió en el 2015, alega el OGCD, cuando previo a las elecciones Parlamentarias el TSJ continuó los procedimientos nombrando las directivas de las organizaciones MinUnidad, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Copei, Podemos y Bandera Roja, bajo criterios diferentes.

También en el 2015 el CNE negó la denominación provisional para la constitución de 111 grupos que solicitaron su autorización, de acuerdo a datos publicados en la Gaceta Electoral Nº 745[6], de fecha 30 de marzo de 2015. Entre ellos los partidos Vente Venezuela (VV), Movimiento por la Democracia Directa (MDD), Marea Socialista (MS) y Unión Nacional Organizada (UNO), estos dos últimos integran el denominado chavismo disidente; 54,05 % estaban relacionados con el oficialismo y las banderas de la revolución socialista.

Primera renovación y sus postergaciones (2016-2017)

El proceso para legitimar a las organizaciones con fines políticos es un procedimiento regular concebido en la Ley de Partido Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones que data de 1964, reformada por la Asamblea Nacional en 2010. De acuerdo a esa ley, los partidos debían renovar sus nóminas en diciembre de 2015, pero el procedimiento terminó posponiéndose casi dos años más, cuando inició su curso efectivo en 2017, tras sufrir alrededor de cinco postergaciones[7]. Este hecho sirvió como excusa a la autoridad electoral para retrasar las elecciones regionales que, por mandato constitucional, correspondían realizarse en diciembre de 2016.

A pesar de las trabas, la discrecionalidad y la falta de transparencia durante el procedimiento –como también lo expuso en su momento el Observatorio Electoral Venezolano (OEV)[8]–, de los 59 partidos políticos convocados para renovar su inscripción ante el CNE solo 17 alcanzaron cumplir con los requisitos (equivalente al 28,8% del total). Esto incluye cinco organizaciones que lograron su legitimación durante las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015, tres vinculadas a la oposición (Mesa de la Unidad Democrática-MUD, Partido Unión y Entendimiento-Puente y Unidad Política Popular 89-UPP89) y dos al oficialismo (Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV e Independientes por el Progreso-IPP).

Segunda renovación: legitimación a la medida (enero–marzo 2018)

Más adelante, posterior a las elecciones de alcaldes celebradas en diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –por instrucción del presidente Nicolás Maduro–, en usurpación de funciones y contrariando lo que dispone la legislación vigente, ordenó que los partidos políticos que desearan participar en la elección presidencial y no hubiesen acudido a los comicios previos debían someterse a un nuevo proceso de legitimación, como condición para no ser eliminados. Esta sanción no estaba contemplada en la legislación electoral vigente para el momento de la elección de alcaldes –pues la no concurrencia a una elección no se considera como delito o falta electoral– y fue, por tanto, aplicada de manera retroactiva.

Como producto de esta nueva validación anunciada por la autoridad electoral el 11 de enero de 2018, los partidos Acción Democrática, MUD, Movimiento Primero Justicia, Puente y Voluntad Popular tendrían que someterse a un nuevo proceso para poder inscribir candidatos en la una controversial elección presidencial que fue convocada de forma anticipada de acuerdo a la tradición del Poder Electoral. En este proceso, AD fue el único que logró recaudar las firmas para validar al partido a nivel nacional, a la MUD no se le permitió participar en el proceso tras una sentencia del TSJ, mientras que VP y Puente decidieron no participar.

Debe enfatizarse que este diseño del proceso de renovación de nóminas dificultó que los partidos convocados lograran cumplir con los requisitos, pues, en primer lugar, no se informó oportunamente sobre el número y ubicación de máquinas que serían desplegadas por entidad y, en segundo lugar, no consideró la proporción poblacional para el despliegue geográfico de las captahuellas para la recolección, repitiendo el esquema del proceso de validación de 2017. Estas medidas, calificadas de sesgadas, no solo obstaculizaron la participación de los sectores de oposición de cara a las elecciones presidenciales sino que profundizaron aún más la desconfianza que la ciudadanía posee sobre el árbitro.

De las 15 organizaciones con fines políticos que sobrevivieron a la validación de 2018, diez postularon al presidente Nicolás Maduro a la reelección, (PSUV, Somos Venezuela, PCV, Podemos, PPT, Tupamaro, ORA, MEP, UPV y el Movimiento Político Alianza para el Cambio); cuatro postularon al candidato Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento Ecológico de Venezuela); una organización postuló al candidato Reinaldo Quijada (UPV 89); y un Grupo de Electores postuló al candidato Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio), tras registrarse de forma irregular ante el CNE[9]. Finalmente, cuatro organizaciones que estaban legitimadas no participaron en la elección presidencial (Acción Democrática, Independiente por el Progreso, Un Nuevo Tiempo y Nuvipa).

Tercera renovación tras las presidenciales (julio 2018)

Transcurridos casi dos meses desde las elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos, la rectora del CNE, Tania D’Amelio, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter un nuevo proceso de renovación de nómina para aquellos partidos interesados en postular candidatos a la elección de concejales, convocada para el 9 de diciembre de 2018. Aseguró, además, que dicho procedimiento se realizaría en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Constituyente, publicado el 27 de diciembre de 2017 en la Gaceta oficial Nº 41.308[10].

En esta ocasión, fueron los partidos Acción Democrática (AD), Nueva Visión Para mi País (Nuvipa), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT) y Generación Independiente (Gente) los que debían someterse a este nuevo proceso de renovación de nóminas, mientras que ocho organizaciones nacionales “en formación” debían validar sus denominaciones y siglas: Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC), Fuerza Del Cambio (FDC), Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN), Lápiz Procomunidad (LAPIZ Procomunidad), Liberal Prociudadanos (LPC), Partido Independiente de Venezuela (PIV) y Soluciones Por Venezuela (SPV). De acuerdo al OGCD, este anuncio “constituiría la estocada final a los partidos de oposición conocidos y a una ya muy debilitada coalición opositora”.

Para solicitar su inscripción ante el CNE, estas organizaciones “en formación” debieron recolectar un número no inferior al 0,5% de las firmas de electores en, por lo menos, 12 entidades federales en un lapso de 16 días –entre el 11 y el 26 de julio de 2018– y posteriormente validarlas –del 8 al 19 y del 25 al 26 de agosto–[11]. Sin embargo, debe enfatizarse que para estas jornadas el ente no publicó los puntos de validación biométrica que serían desplegados en todo el territorio nacional.

Según los resultados del segundo proceso de renovación del partidos políticos llevado a cabo en 2018, un total 37 organizaciones fueron habilitadas para postular candidatos en las elecciones del 9 de diciembre de 2018: 21 organizaciones nacionales, 11 organizaciones regionales y cinco organizaciones indígenas. En resumen, de los 21 partidos políticos nacionales legitimados por el CNE, diez son afines al oficialismo, dos son de tendencia opositora que estuvieron vinculados a la extinta MUD y ocho son de tendencia opositora o independientes sin vínculos con la MUD.

De esta forma, en el transcurso de dos años algunos partidos debieron someterse hasta tres procesos de renovación para mantenerse legales ante el CNE, procedimientos que restringieron notablemente el pluralismo político. Como se puede observar en el recuento de las distintas actividades adelantadas desde 2012, el régimen en el poder en Venezuela logró conformar a su medida un nuevo ecosistema de partidos en donde las principales organizaciones de oposición fueron anuladas.


REFERENCIAS:
[1] Consejo Nacional Electoral (17 de noviembre, 2010). 296 Organizaciones con fines políticos deben renovar su inscripción ante el CNE. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=1898
[2] Consejo Nacional Electoral (18 de agosto, 2015). Como no presentadas 283 postulaciones que no cumplieron con paridad de género. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3368
[3] Consejo Nacional Electoral (16 de agosto, 2017). 226 aspirantes presentaron candidaturas para elecciones regionales. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3561
[4] Correo del Orinoco. (12 de septiembre, 2018). 37 partidos políticos pueden postular candidatos para las elecciones del 9-D. Recuperado de: http://www.correodelorinoco.gob.ve/37-partidos-politicos-pueden-postular-candidatos-para-las-elecciones-del-9-d/
[5] OGDC. (Septiembre, 2018). Informe Nuevo Ecosistema de Partidos Políticos. Cronología del debilitamiento del pluralismo político en Venezuela 2012-2018. Recuperado de: http://www.observademocracia.org/wp-content/uploads/2018/09/InformeEspecialOGCD-PartidosPoliticosVenezuelaSeptiembre2018-1.pdf
[6] Lugo Galicia, H. (23 de febrero, 2017). Desde 2012, el oficialismo comenzó “eliminación” de partidos y prohibición de crear otros (I). Diario Crónica Uno. Recuperado de: http://cronica.uno/desde-2012-oficialismo-comenzo-eliminacion-partidos-prohibicion-crear-otros-i/
[7] Observatorio Electoral Venezolano. (20 de mayo, 2017). CNE retrasa por quinta vez renovación de partidos. Recuperado de: http://www.oevenezolano.org/2017/05/20/cne-retrasa-por-quinta-vez-renovacion-de-partidos/
[8] Observatorio Electoral Venezolano. (8 de agosto, 2017). Validación de partidos: de 64 sólo quedan 22. Recuperado de: http://www.oevenezolano.org/2017/08/08/validacion-de-partidos-de-64-solo-quedan-22/
[9] Observatorio Electoral Venezolano. (19 de abril, 2018). CNE incurrió en cuatro graves irregularidades en candidaturas independientes de 2018. Recuperado de: http://www.oevenezolano.org/2018/04/19/cne-incurrio-en-cuatro-graves-irregularidades-en-candidaturas-independientes-de-2018/
[10] Asociación Civil Súmate. (27 de diciembre, 2017). Gaceta Oficial Nº 41.308. Recuperado de: https://www.sumate.org/documentos/41308_DECRETO_DE_LA_ANC.pdf
[11] Consejo Nacional Electoral (8 de Julio, 2018). Convocatoria para la inscripción de organizaciones con fines políticos nacionales. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/denominaciones/documentos/aviso_oficial_8julio_denominaciones_inscripcion.pdf

Junto con los comicios presidenciales, el mismo domingo 20 de mayo, tuvo lugar la elección de las Asambleas Legislativas correspondientes a cada uno de los estados del país. Un evento de mucha significación, referido a uno de los poderes institucionales que hace parte de la estructura política de un país como Venezuela, cuyo Estado es definido por la Constitución (artículo 4) como federal descentralizado y en el que (artículo 136) se indica que “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional.”

Pero como cabía esperar, toda la atención pública se concentró en la elección del Presidente y, por ende, las de las Asambleas Legislativas paso casi totalmente desapercibida.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera relevante y oportuno llamar la atención al respecto e, igualmente, señalar que, guardando las separaciones lógicas entre eventos de distinta naturaleza – entre otras cosas por las cantidad de cargos que suponen-, fue un proceso marcado por las mismas irregularidades para la elección presidencial, – a las que se suma la prohibición de la participación política, al limitar la inscripción de candidatos sólo a las organizaciones que postularon candidatos a presidente – , irregularidades que como ha reiterado el OEV, arrancaron desde el momento mismo en que fue anunciado y que culminaron con los resultados arrojados el día de las votaciones.

Dado lo anterior, el OEV considera que tampoco puede decirse que el proceso haya tenido lugar según lo mandan los cánones de la democracia, es decir, de manera transparente, equitativa y confiable. Y considera, por otro lado, que en este caso también se abonó a favor del escepticismo de los venezolanos respecto al voto y del agravamiento de la crisis política nacional.

OEV, 31 de mayo de 2018

Aunque el ambiente observado fue mayoritariamente tranquilo, la plataforma tecnológica en general funcionó correctamente, el proceso del voto fue rápido y sin complejidad y la seguridad fue en la mayoría de los centros alta, la jornada estuvo cargada de denuncias de propaganda política, de actuaciones de intimidación y coacción por parte de dirigentes políticos y miembros de mesa, con poca presencia de actores claves en el desarrollo de una elección y baja participación derivada, entre otras razones, del llamado abstencionista de un sector de la oposición.

Ilustración: Marta Monteiro (NYT)

Este proyecto de observación se diseñó tratando de sortear los obstáculos generados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al no acreditar al Observatorio Electoral Venezolano (OEV) como una organización de observación nacional para las elecciones de alcaldes celebradas el 10 de diciembre de 2017. Así, se tomó como estrategia dividir a los observadores en dos grupos: un grupo A, que ejerció su derecho al voto en el horario de la mañana y en la tarde observó desde las afueras en un segundo centro, y un grupo B, que observó las afueras de un centro en la mañana y sufragó en la tarde, antes de que el centro de votación cerrara sus puertas. El objetivo en el primer caso era conseguir que los voluntarios de la red observaran los acontecimientos en la mesa de votación, mientras que en el segundo era aumentar sus probabilidades de ingresar al proceso de auditoría ciudadana, que inicia con el acto público del escrutinio.

Cada observador acudió a dos centros durante el día, indistintamente de su pertenencia al grupo A o al grupo B, y su distribución se priorizó en todos los estados del país, en los municipios capitales y principales ciudades (con dos observadores en Amazonas; tres en Delta Amacuro; cuatro en Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Yaracuy; y diez en las entidades Distrito Capital, Lara, Miranda y Zulia). El estudio presentado a continuación es de tipo cualitativo, cuyos resultados permitirían formular conjeturas sobre el proceso electoral del 10-D.

Adicionalmente, se activó el mecanismo de “Recuperación de incidencias”, a través del cual se registraron en tiempo real los acontecimientos más resaltantes de la jornada en caso de ocurrir alguna de estas tres condiciones: hecho de violencia o incitación a la violencia, interrupción del proceso o interrupción de la observación. Cada uno de estos reportes constituyó lo que se presenta como mapa de eventualidades (ver link: https://goo.gl/eJmEGD).

A continuación los resultados obtenidos.

1) Inicio y cierre temprano de centros

La mayoría de los centros observados estuvieron abiertos antes las 7:00 de la mañana, casi todos antes de las 8:00 y solamente muy pocos después de las 9:00. Algunos de los retrasos se debieron a fallas en las máquinas o a la ausencia de miembros de mesa y a la negación de electores en cola de asumir las funciones de los miembros faltantes.

El cierre de centros también ocurrió tempranamente. La votación finalizó antes de las 7:00 de la noche en la mayoría de los centros, antes de las 8:00 en algunos y en muy pocos culminó pasada esa hora. Dos centros cerraron cuando aún había electores en cola y en tres se desataron protestas de electores a la hora del cierre, especialmente por la prohibición de permitir el ingreso de ciudadanos al acto de escrutinio.

2) Afluencia de votantes

En la mayoría de los centros se observaron pocos votantes (menos de 20) en horas de la mañana. De los reportes recibidos, la mayoría reflejó “pocos” o “casi nada de votantes” esperando en fila para sufragar, excepto en cinco centros donde “muchos votantes” se encontraban en cola. Hasta el mediodía, la percepción general fue de baja participación.

Esta tendencia se mantuvo estable en la tarde, con “pocos” o “casi nada de votantes” en la mayoría de los centros y solo cinco con “muchos” en cola. En estos últimos casos, se observó llegada masiva de electores después de las 5:30 de la tarde, identificados con el partido de gobierno como respuesta a los llamados de voceros gubernamentales a la “Operación Remate Perfecto” (estrategia que implica buscar a electores que no han ejercido su derecho al sufragio y acompañarlos a los centros).

3) Organismos de seguridad del Estado

El Plan República estuvo en la mayoría de centros observados. De los reportes recibidos en 108 centros en la mañana, los militares de las Fuerzas Armadas tuvieron presencia en 93 de ellos, solo en cinco casos se registró su ausencia. En 70 escuelas se observó la asistencia exclusiva de funcionarios del Plan República, mientras que en 23 establecimientos estuvieron acompañados por integrantes de la Milicia Bolivariana, el segundo organismo con mayor presencia en los centros de votación. En otros 10 casos acudieron otros organismos: la Policía Nacional Bolivariana, PNB (2); contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB (2); miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin (2); Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, Conas (1); y policías estadales y municipales (4).

En estos últimos casos se infringió el artículo 129 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual establece que solo funcionarios del Plan República pueden concurrir armados al acto de votación, en su cumplimiento de velar por la seguridad de los electores, la mesa electoral y el orden público del acto en general. Ningún otro funcionario armado está habilitado para ingresar al centro.

La presencia de los cuerpos de seguridad se mantuvo hasta el cierre del proceso. De 72 reportes vespertinos, 62 registraron la participación de miembros de organismos seguridad (43 centros con presencia exclusiva del Plan República, 13 casos de integrantes del Plan República acompañados de milicianos y otros seis casos de militares de las Fuerzas Armadas con funcionarios del Conas, PNB, policías municipales y estadales), mientras que 10 indicaron su ausencia. Así, se repite en 19 casos la infracción de funcionarios armados, distintos al Plan República, dentro de los centros.

4) Presencia de testigos y observadores

Por su parte, la presencia de otros actores fue baja durante el proceso en la mañana, observados en solo 32 casos: dirigentes políticos en 17 centros, candidatos a alcaldes en tres, observadores nacionales, representantes comunales, periodistas y encuestadores de exit polls fueron vistos en un solo centro (no todos en el mismo centro). De los dirigentes políticos observados, la mayoría se identificaba con el oficialismo.

También se registró poca presencia de testigos de organizaciones políticas en las mesas de votación, figura cuya labor resulta fundamental para alcanzar un proceso verdaderamente independiente al reducir la posibilidad de que miembros de mesa y personal del CNE incurra en infracciones el día de la votación. De 49 observadores que ingresaron a los centros en la mañana, 35 reportaron la aparición de estos actores (en 30 casos de ambos partidos y en cinco solo la presencia de testigos oficialistas). El llamado a la abstención por parte de tres partidos principales de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática) pudo influir en la ausencia de los testigos de oposición.

Esto no cambió en horas de la tarde. Se observó la presencia de dirigentes políticos en solo 17 escuelas, representantes de la sociedad civil en cinco, candidatos a alcaldes en dos y tres representantes comunales. En ninguno de los centros se observaron observadores internacionales, una figura importante para la integridad de las elecciones, que legitima el proceso, fortalece la confianza de los votantes y reduce la ocurrencia de conflictos.

5) Presencia de puntos rojos

Los voluntarios de nuestra red reportaron en la mañana propaganda política en 87 de los 108 centros observados: 80 relacionados a la instalación de puntos y toldos (70 pertenecientes al oficialismo y 10 a la oposición). En más de una decena de casos se atestiguó la entrega de folletos y afiches políticos, tarimas con música y simpatizantes con franelas alusivas a partidos políticos en las cercanías del centro. De igual forma, este escenario se mantuvo en la tarde: en la mayoría de las localidades se hizo propaganda en los alrededores de los centros, principalmente a favor del oficialismo en los puntos rojos.

Esto representa una violación al artículo 76 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), el cual establece que cualquier campaña a favor de un candidato está prohibida fuera del lapso estipulado por la autoridad electoral (del 23 de noviembre al 7 de diciembre para estas elecciones de alcaldes) y para lo cual se prevén sanciones de 20 a 60 unidades tributarias, de acuerdo al artículo 231 de sanciones por ilícitos electorales.

Pese a la prohibición, este comportamiento se ha incrementado en los últimos tres procesos de 2017: en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección de gobernadores y de alcaldes (tras registrarse en 80,5% de los centros observados en este último proceso). El mismo ha sido promovido especialmente por voceros gubernamentales y dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Esta dinámica fue perfeccionada por el partido gobernante de forma sistemática  con la denominada “maquinaria roja”, que incluye la instalación de puntos rojos, las listas 1×10 y la verificación del Carnet de la Patria.

6) Presión a los electores

Entre los reportes más alarmantes recibidos por los observadores de la red, resalta la persuasión evidente de votantes mediante la entrega de beneficios otorgados por el Gobierno Nacional: cajas CLAP, tickets navideños o de alimentación, bonos en efectivo, etc. En 38 centros se atestiguaron episodios de intimidación y coacción al elector. Esto sugiere la compra de votos en algunas localidades.

Entre las irregularidades observadas se incluyen amenazas a trabajadores públicos, presionados para sufragar a favor del oficialismo; violación del voto secreto (electores que manifestaron sentirse obligados a enseñar su comprobante de votación o se quejaron por ser acompañados de forma obligatoria mediante voto asistido injustificado); coacción a través de la presentación o retención obligatoria del Carnet de la Patria en los puntos rojos, e incluso sufragio con la presentación exclusiva del Carnet de la Patria, sin solicitud de la cédula de identidad –único requisito para sufragar, de acuerdo a la ley–. En un centro ubicado en el municipio Aguasay del estado Monagas, por ejemplo, personal identificado con logos de la alcaldía realizó directamente el pago en efectivo a los electores, luego de ejercer su derecho al sufragio y mostrar el Carnet de la Patria.

Este instrumento ha sido utilizado por el oficialismo como un mecanismo para activar al electorado, ya sea bajo el temor de sentirse amenazado o bajo la condición de obtener un beneficio del Estado. El uso del documento distinto a la cédula de identidad, único requisito válido para votar, fue promovido antes y durante la elección por el mismísimo presidente Nicolás Maduro, quien al momento de sufragar en horas de la tarde hizo el siguiente señalamiento: “Mala idea no es, aquí el que haya votado con su Carnet de la Patria tenga un premio de la República, mala idea no es. Deben ser premiados aquellos que participen”. Previamente, el mandatario advirtió a la población que “de ahora en adelante, todo se hará con el Carnet de la Patria”.

Las acciones adelantadas desde el Ejecutivo con relación a la compra y coacción del voto en estas elecciones reclaman que organismos competentes, como la Fiscalía y el propio CNE, lleven adelante una investigación al respecto. En efecto, el uso de recursos públicos en la campaña,  el mecanismo de puntos rojos, y el Carnet de la Patria fueron generalizados y debería determinarse si ponen en entredicho, y en qué casos,  la legitimidad de la elección celebrada el pasado domingo.


La promesa del “regalo” a quienes votaran con el carnet de la patria fue confirmada posteriormente –en plena elección– por el Ministro de Comunicación e Información y jefe del comando de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, y por la candidata oficialista a la Alcaldía Libertador, Érika Farías. “Sáquenle punta a eso. Vamos todas y todos después de votar al punto rojo”, escribió la ex gobernadora de Cojedes en su cuenta de Twitter.

8) Traslado de electores con recursos públicos

En menor medida con relación a los otros elementos comentados, se observó la movilización de votantes hacia centros de votación en transportes identificados con logos de instituciones públicas. Entre los organismos identificados se encuentran: vehículos pertenecientes a alcaldías (cuatro casos en Anzoátegui, Apure y Zulia), vehículos Yutong (dos casos en Sucre y Yaracuy), vehículos de Pequiven (Zulia), Camiones de Pdvsa (Monagas), Pdvsa Gas (Yaracuy), Protección Civil (Miranda), carros de Corpoelec (Anzoátegui), Enelven y Gran Misión Vivienda (en Zulia), buses TransCarabobo, TransFalcón y BusCumaná; además de 10 casos de vehículos y motos particulares identificadas con insignias de partidos políticos.

También se observaron traslados con recursos públicos también se observaron en horas de la tarde. Siendo observadas movilizaciones de electores en vehículos identificados con logos de alcaldías (Goaigoazoa en Carabobo, Lagunillas en Mérida y Biscucuy en Portuguesa); vehículos Yutong (en Apure y Yaracuy), TransBupuerto (en Carabobo); taxis de la Gran Misión Transporte; vehículos de la gobernación del Zulia; y BusYaracuy.

9) Funcionamiento de las máquinas

Pese a que fueron pocos los casos observados de averías en máquinas de votación y captahuellas en la mañana (14 de 108 centros), en varios de las mesas el retraso superó las tres horas de espera. En estos lugares, los electores se quejaron por la lentitud del proceso. Las fallas aumentaron en horas de la tarde, llegándose a observar demoras de hasta cuatro horas.

10) Actuación CNE y miembros de mesa

De 49 observadores que accedieron a los centros de votación en la mañana, solo dos reportaron actuaciones inadecuadas de los funcionarios del CNE y miembros de mesa. En Barinas, un testigo del PSUV se convirtió en el presidente de la mesa y, en Zulia, el personal de la mesa permitió voto asistido masivo.

En la tarde, también fueron reportadas por los observadores actitudes inadecuadas del personal del CNE y miembros de mesa. En la Unidad Educativa Bolivariana “María Pereira de Daza”, Iribarren (Lara), el personal técnico del CNE se retiró antes del cierre del centro; mientras que en un centro del Zulia los electores se quejaron por la pasividad e inacción de los miembros de mesa ante la falla de tres máquinas de votación. Esta conducta promovió el inicio de una protesta que terminó de forma violenta (más adelante se detalla el acontecimiento). Adicionalmente, dos casos de hostigamiento a testigos opositores por parte de coordinadores del centro y miembros de mesa, y un caso de una coordinadora de un centro en Cabimas, Zulia, que se negaba a cerrar el centro, pese a que no había electores en cola, alegando que “recibía órdenes”.

11) Otras quejas: prohibición de acceso al acto público de escrutinio

Entre las denuncias manifestadas por electores a lo largo del día, fuera o dentro de los centros de votación, se encuentran electores no registrados en el cuaderno de votación, funcionarios del Plan República revisando listados de votantes, llegada masiva de electores después de las 5:30 de la tarde, voto nulo indeseado y confusión por la reubicación de centros. Sin embargo, las quejas se presentaron con mayor frecuencia al finalizar el proceso de votación: en la mayoría de centros observados negaron el acceso a los ciudadanos al acto público de escrutinio y verificación ciudadana. Sólo ocho de nuestros observadores pudieron ingresar al centro una vez cerrado, para presenciar el proceso de escrutinio.

Se trata del segundo proceso comicial, después de la elección de gobernadores, en el cual el Poder Electoral restringe la participación ciudadana en esta etapa. En vez de fundamentar sus actos en la preservación de la voluntad del elector, garantizándole la vigilancia sobre el uso de la tecnología, reduce la custodia que el ciudadano debe ejercer sobre su voto. En este sentido, se giró la instrucción de solo permitir el acceso al escrutinio de personas con acreditación, un requisito no contemplado en la legislación; dando pie a la sospecha sobre los resultados por falta de vigilancia y contrapesos.

Precisamente, la fortaleza del Sistema Automatizado de Votación venezolano se centra en su auditabilidad, la única condición que brinda confianza en la tecnología y en el hecho de que los equipos registren la voluntad del elector, sin manipulación de los resultados. De esta forma, sembrando sospechas sobre los resultados por falta de vigilancia y contrapesos. Las auditorías, entre ellas la verificación ciudadana, son un mandato legal y no deben estar sujetas a una decisión política.

12) Del ambiente electoral

De acuerdo con los resultados, el ambiente en los centros observados fue mayoritariamente tranquilo, la plataforma tecnológica funcionó correctamente, el proceso del voto fue rápido y sin complejidad y la seguridad en los centros fue alta. Las irregularidades observadas estuvieron asociadas, principalmente, a la instalación de puntos rojos, actuación de dirigentes políticos a las afueras del centro,  intimidación de electores, comportamiento inadecuado de miembros de mesa y lentitud en la herradura por falla de máquinas. Aunque se suscitaron episodios violentos, fueron más bien aislados.

En el transcurso del día, el OEV recibió 24 reportes de hechos de violencia o incitación a la violencia, un número similar al registrado durante la elección de los miembros de la ANC (25 reportes), pero muy por debajo al registrado durante la elección de gobernadores del pasado 15 de octubre (53 reportes). Por esta razón, la mayoría de observadores describió el proceso de votación como “Muy tranquilo” o “Algo tranquilo”. Esta disminución en la cantidad de enfrentamientos pudo deberse a que varios partidos de oposición se abstuvieron de participar.
Entre los episodios violentos ocurridos en la mañana resaltan un enfrentamiento verbal entre candidatos oficialistas y opositores a las afueras de un centro en Monagas; amedrentamiento por parte de un grupo de 40 motorizados identificados con el partido de gobierno, en contra del toldo de Un Nuevo Tiempo (UNT) en un centro en Zulia; y electores detenidos por romper o fotografiar su comprobante de votación, bajo el alegato de que no reflejaban su opción seleccionada en la máquina en Lara.
En la tarde destacan cuatro episodios asociados a la actuación de grupos motorizados. El más grave fue protagonizado por encapuchados que dispersaron con palos y piedras una protesta de ciudadanos frente a la Escuela Básica Nacional “Siso Martínez”, en Santa Rita (Zulia), quienes no pudieron votar por falla en máquinas de votación de tres mesas (mesas N° 3, 4 y 5). En el episodio intervino la PNB, disparando al aire para dispersar la manifestación después de que el centro cerrara de manera irregular. Allí resultaron heridas ocho personas.

En los alrededores de la Unidad Educativa Nacional “Alberto Sequimbera”, en Guarenas (Miranda), un grupo de motorizados rodeó el centro intimidando a los electores. Algo similar ocurrió en otras dos localidades: en la Unidad Educativa Armando Armas Mogna, ubicada en el municipio Juan Antonio Sotillo (Anzoátegui), cuando alrededor de 20 motorizados identificados con camisas del partido PSUV, amedrentaron a electores desde el punto durante casi dos horas; y en la Escuela Básica Nacional, ubicada en la parroquia Sucre (municipio Libertador, Distrito Capital), donde votantes experimentaron un momento de tensión por la llegada de alrededor de 40 motorizados con parlantes que reproducían música a favor de la candidata psuvista Érika Farías, alrededor de las 6:40 de la tarde (aún el centro no cerraba).

En resumen: fue irregular

En general, la elección de alcaldes efectuada el 10 de diciembre, tuvo lugar en medio de condiciones que contravienen las normas establecidas en nuestra legislación. Estuvo cargada de denuncias de propaganda política en los alrededores de los centros, actuaciones de intimidación y coacción por parte de dirigentes políticos y miembros de mesa, con poca presencia de actores claves en el desarrollo de una elección (testigos de mesa, observadores nacionales e internacionales y ciudadanos en el escrutinio) y baja participación derivada del llamado abstencionista de un sector de la oposición.

Como lo señaló el OEV en diversas comunicaciones, esta elección fue irregular desde el momento mismo en que fue convocado. El proceso que culminó el pasado domingo tuvo lugar bajo condiciones  que contravienen la transparencia y la equidad exigidas para la celebración de comicios en un contexto democrático. De nuevo se pone en duda la imparcialidad del arbitraje electoral venezolano y, consecuentemente, dando pie al surgimiento de dudas razonables respecto a sus resultados, alimentando, así, el escepticismo con respecto al voto, elemento indispensable en la convivencia social.

Desde el Observatorio Electoral Venezolano instamos a todos los electores a consultar sus datos en el portal del CNE y verificar el centro de votación al que le corresponderá asistir el próximo 15 de octubre. También podrán localizar en el mapa que presentamos a continuación la información de estos centros descartados por estado, municipio y parroquia


Para la elección de gobernadores a celebrarse el próximo 15 de octubre, retrasadas por 10 meses en contra de lo estipulado por mandato constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no habilitar 76 centros de votación en 14 estados del país: cinco en Anzoátegui, cuatro en Apure, siete en Aragua, dos en Bolívar, nueve en Carabobo, uno en Falcón, cuatro en Guárico, siete en Lara, siete en Miranda, dos en Nueva Esparta, uno en Sucre, cinco en Táchira, uno en Trujillo y 21 en Zulia. En total, la medida afecta a 40.600 electores –en promedio 2.900 votantes por estado– que han sido reubicados en otro centro del mismo municipio. Esto representa apenas el 0,2% del Registro Electoral.

Adicionalmente, el CNE creó 11 centros electorales nuevos: tres en Apure, uno en Carabobo, uno en Guárico, uno en Nueva Esparta, uno en Sucre y cuatro en Zulia, en los que podrán sufragar 20.319 votantes, equivalente al 0,11% del padrón electoral (revisa en el mapa que presentamos a continuación dónde están ubicados estos 87 centros). La decisión no ha sido suficientemente difundida por el árbitro, lo que pudiera generar confusión a los electores afectados para el ejercicio de su derecho al voto.

Lea también: ¿Por qué no se llaman “Regionales”?: Culminan 28 años de unión entre gobernaciones y consejos legislativos

Por esta razón el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) hace un llamado a todos los electores venezolanos para que consulten sus datos en la pestaña ubicada a la derecha en el portal del Poder Electoral (http://www.cne.gob.ve), verifique el centro de votación al que le corresponde asistir.

Durante casi tres décadas, la elección de gobernadores y consejos legislativos se realizaron de forma conjunta, agrupadas en un evento electoral denominado “regionales”. Esa costumbre se rompió este 2017, cuando el Poder Electoral  convocó al electorado a sufragar exclusivamente por la máxima autoridad estadal, la razón por la que ya no debe llamarse de la misma forma.

Los venezolanos tenemos apenas 28 años eligiendo a los titulares del poder Ejecutivo a nivel estadal y municipal. Antes de 1989, los gobernadores eran designados directamente por el Presidente de la República como funcionarios de libre nombramiento y remoción, mientras que no existía la figura de alcalde (sus funciones eran asumidas por el Presidente del Concejo Municipal).

Desde las primeras elecciones ampliamente democráticas en 1946 hasta 1988, el sistema electoral venezolano permaneció básicamente igual, sufriendo apenas unas pequeñas variaciones. Los comicios se realizaban de forma simultánea para elegir a los representantes nacionales (presidente y legislativo nacional), regionales (asambleas legislativas estadales) y locales (concejos municipales); a excepción de los 10 años de dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando la Asamblea Constituyente fue la encargada de nombrar todos los cargos de elección universal, directa y secreta. En la era democrática a los electores se les entregaban dos tarjetas por cada partido político, una grande para el Presidente de la República y una pequeña para elección de todos los cuerpos colegiados.

Una vez iniciado el proceso de descentralización política a finales de la década de los 80, comenzaron a realizarse simultáneamente las elecciones regionales y municipales para elegir a gobernadores, miembros de las entonces denominadas asambleas legislativas –hoy Consejos Legislativos–, alcaldes, concejales y juntas parroquiales, por un período de tres años con posibilidad de reelección inmediata una sola vez. Bajo esta reforma se llevaron a cabo tres comicios (1989, 1992 y 1995).

Tres años más tarde, el 8 de noviembre de 1998, el sistema volvió a ser reformado y el electorado acudió a las urnas para votar por los integrantes de las dos cámaras del Congreso Nacional (diputados y senadores), junto a las autoridades de los estados: gobernadores y diputados a las asambleas legislativas. Ese mismo año, el 6 de diciembre, se celebraron también los comicios presidenciales en los que obtuvo la victoria Hugo Chávez Frías. Fue la primera vez que estas elecciones se realizaban separadas de las parlamentarias –tras una reforma impulsada por Acción Democrática y Copei con el objetivo de reducir el llamado “efecto portaaviones”–, pues desde 1958 hasta 1993 el Congreso Nacional era elegido en la misma fecha que el presidente.

Pese a que en las “mega elecciones” del 2000 se eligieron al mismo tiempo los cargos de presidente, las regionales, municipales y parlamentarias; el sistema cambió y empezaron a realizarse simultáneamente las elecciones regionales (para gobernadores y consejos legislativos) y municipales (alcaldes y concejales) por dos períodos consecutivos (2004 y 2008). No fue sino a partir del 2012 que las regionales y municipales se separaron.
Lo relevante del resumen anterior es la revelación de que en 28 años de historia venezolana no se habían separado las elecciones de gobernadores y consejos legislativos, hasta este 2017, cuando el Consejo Nacional Electoral convocó  a los votantes a sufragar únicamente por la máxima autoridad de las 23 entidades federales, dejando de lado, para una fecha todavía no anunciada, la selección de los legisladores estadales por instrucción de la Asamblea Nacional Constituyente, electa el 30 de julio en condiciones irregulares.

Vea también: INFOGRAFÍA | La reubicación de los electores: una información útil
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Referencias bibliográficas:
García, C. (1° de marzo de 2017). ¿Cuál es el origen histórico de las elecciones de gobernadores y alcaldes?Prodavinci. Consultado en: http://prodavinci.com/2017/03/01/actualidad/cual-es-el-origen-historico-de-las-elecciones-de-gobernadores-y-alcaldes-por-carlos-garcia-soto/
Lucena, T. (2003). Las reformas del sistema electoral venezolano y sus consecuencias políticas: 1988-1998. Revista  ALCEU, v.3, N° 6, p. 245–265. Consultado en: http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/alceu_n6_Dossie%20Venezuela2.pdf
Molina, J. y Pérez, C. (1999). La democracia venezolana en una encrucijada: las elecciones nacionales y regionales de 1998. América Latina, Hoy. N° 21. Consultado en: http://www.redalyc.org/pdf/308/30802103.pdf