A un año de la celebración de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 es necesario resaltar que sus resultados están lejos de ser producto de un proceso electoral imparcial, equitativo, transparente y, por ende, confiable. Al punto que esas elecciones presidenciales solo sirvieron para profundizar la crisis política debido a la pérdida de legitimidad en la reelección de Nicolás Maduro y, además, le sumaron nuevas aristas a un complicado contexto de recesión económica y de emergencia social en Venezuela.
Todas estas acciones de ventajismo político se hicieron bajo la mirada despreocupada del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien no fue la única autoridad que tuvo un papel como árbitro electoral. Otros cuerpos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) también tomaron participación en decisiones que marcaron la contienda electoral, que resultó desconocida tanto a lo interno de Venezuela como afuera de sus fronteras.
El resultado no podía ser otro que una histórica baja participación en una elección presidencial venezolana apenas con 46,07%, como lo marcaron los resultados oficiales del CNE. Esta cifra que pudiera ser alta que cualquier otro país de América Latina está muy lejos de la participación electoral de 74,69% que se reportó en las presidenciales de 2006, el 80,49% de las presidenciales de 2012 o incluso, de la participación de 79,68% que se dio durante las presidenciales de 2013.
Valga el momento, además, para evocar que el equipo de veedores del OEV en los 24 estados fue testigo de un cúmulo de 459 irregularidades electorales, durante el propio día de las votaciones del 20 de mayo. En concreto, se registraron 75 hechos de violencia o momentos de tensión, 84 fallas en la organización y más importante, 294 reportes de abuso con la propaganda electoral y los recursos públicos.
Este ventajismo del partido político a cargo del Gobierno también se expresó en una campaña de coartación para aquellos electores que reciben los beneficios de los distintos programas sociales que se entregan a través del mecanismo del llamado “Carnet de la Patria”. No es sencillo olvidar tampoco que todavía no se ha levantado una investigación profunda e imparcial sobre la denuncia de la compra de los votantes con la entrega de una bonificación especial en bolívares para aquellos portadores del “Carnet de la Patria”.
Aparte los representantes del OEV, tuvieron que lidiar con 6 episodios distintos que le pusieron reservas para efectuar su labor de observación electoral en algunos centros de votación. Estos números apenas dan cuenta de la tendencia en los 313 centros electorales que formaron parte de la muestra usada para la observación.
Todas estas irregularidades son parte de los argumentos que llevaron a más de 50 países en el mundo a desconocer la reelección de Nicolás Maduro y que hoy se expresan en distintas iniciativas de mediación política que intentan encontrar una salida a la crisis política en Venezuela. En las ofertas del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto y otras gestiones como el reciente encuentro liderado por Noruega, la celebración de unas elecciones equitativas, justas y con garantías aparece como una de las herramientas más útiles para resolver el grave desafío nacional.
Sin embargo, en el OEV queremos resaltar que nada de esto puede darse sin que se resuelva primero: el nombramiento de un nuevo cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se realice un operativo especial para actualizar el Registro Electoral que permita la participación de todos los electores venezolanos tanto adentro como afuera del país y se garantice el cumplimiento de, al menos, 12 auditorias básicas y de las misiones de observación electoral tanto nacionales como internacionales
Observatorio Electoral Venezolano Caracas, 20 de mayo de 2019
El 10 de Enero es una fecha políticamente muy importante. Nicolás Maduro se proclama este día autorizado a ejercer un segundo período como Presidente de la República. Esta juramentación se sostiene en una elección que ha sido puesta en duda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) llevó a cabo un análisis del proceso electoral convocado para el 20 de mayo de 2018, el cual quedó recogido en un informe de dos partes que puede ser leído en la página web www.oevenezolano.org. En dicho documento pueden encontrarse las irregularidades –registradas por el OEV cometidas a lo largo de todo el proceso– que permiten calificar como ilegal el nombramiento de Maduro, por ser resultado dehttps://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Presidenciales-2018-Parte-I-2018.pdf un evento que transcurrió en abierta contradicción con las normas legales vigentes en Venezuela, establecidas para garantizar la celebración de comicios equitativos, transparentes y confiables.
Tales irregularidades pueden expresarse de manera muy sucinta en los siguientes aspectos:
a) Convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando las funciones que constitucionalmente corresponden al CNE.
b) Convocadas de manera adelantada, con un sesgo evidente a favor de la candidatura oficial, y con apenas 80 días de antelación. Tradicionalmente, las elecciones presidenciales se celebraban en diciembre y eran convocadas con, por lo menos, seis meses de anticipación.
c) El Cronograma Electoral, publicado a destiempo, fue modificado en su totalidad una vez convocadas las elecciones (sin prestar atención a los lapsos y disposiciones legales).
d) Restricción del pluralismo político y la oferta electoral con la anulación de los partidos de oposición más votados y la inhabilitación de potenciales candidatos.
e) Limitación para la inscripción y actualización en el Registro Electoral de jóvenes con edad para sufragar y de venezolanos residentes en el exterior.
f) Ventajismo de Estado con el uso indiscriminado de los recursos y medios públicos, especialmente con la instalación de los “Puntos rojos” en ocho de cada 10 centros de votación el día la elección, de acuerdo a la observación realizada por el OEV.
g) Uso del Carnet de la Patria y la entrega de bonos como instrumentos de coacción y como evidencia de compra de votos con recursos del Estado. Sobre la base de su informe, el OEV introdujo en junio –junto a Provea y Acceso a la Justicia–, una demanda en la que solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la designación de Maduro, recurso que fue desestimado. Esto pone de manifiesto que las arbitrariedades elctorales no provinenen exclusivamente del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también de otros poderes públicos, debilitando el Estado de Derecho.
Por otro lado, desde la óptica política, los resultados anunciados por el CNE mostraron un respaldo minoritario para la re-elección de Maduro: siete de cada 10 venezolanos con derecho a sufragar no votaron por él. En estas cuestionadas elecciones, se registró la más alta abstención para unos comicios presidenciales desde la época democrática (54%). Como consecuencia, Nicolás Maduro no es sólo un Presidente ilegítimamente nombrado, sino con un apoyo político muy precario pese a las acciones ejercidas para coartar la libertad del voto.
Se configura así un escenario muy complicado para el país, sobre todo si se toma en cuenta que se inicia el año con una situación muy comprometida desde el punto de vista económico, social e institucional, que va a tener al frente del gobierno a un Presidente en las peores condiciones para encarar las muy difíciles circunstancias con las que tiene que lidiar.
Toca construir una opción frente al contexto esbozado. Existen diversas fórmulas políticas que están siendo examinadas, a fin de revertir la gravedad que supone el acto celebrado ante el TSJ el 10 de enero y poder vislumbrar una salida política que tiene visos urgentes. Las mismas deben tener, como común denominador, la realización de elecciones que recuperen la legitimidad del gobierno y amplíen sustancialmente sus bases de apoyo. La gravedad de la crisis venezolana exige el mayor esfuerzo para suscribir un compromiso nacional. No se trata de otra cosa que no sea reestablecer el hilo constitucional.
OEV, 10 de Enero de 2019
El Poder Electoral no sólo acortó los tiempos previos para realizar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, sino que eliminó 14 auditorías, simulacro, fecha de impugnaciones y otros mandatos legales, debilitando el blindaje de la plataforma tecnológica y haciendo inseguro el sistema automatizado de votación. Una revisión exhaustiva del cronograma –tardíamente publicado– demuestra que la autoridad se saltó aproximadamente 70 de 100 actividades electorales
Para llevar a cabo un proceso constituyente, tal como lo planteó el presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está obligado a organizar alrededor de 14 etapas previas al evento electoral pautado para el 30 de julio y distribuidas en unas 100 actividades (no estrictamente planificadas en el orden como aquí se presentan). Si bien muchas de las actividades ocurren de forma simultánea, la ley establece tiempos específicos para algunas de ellas.
En términos generales, la ANC puede compararse con las elecciones parlamentarias por su naturaleza de cuerpo deliberativo, aunque en esta oportunidad no satisface en todos los casos el sistema de doble voto que las caracteriza: voto nominal y voto lista. Aún tratándose de un híbrido que adopta por primera vez peculiaridades de elecciones municipales y de elecciones sectoriales –un modelo nunca antes visto para cargos de elección popular en Venezuela–, no queda exenta de cumplir con los lapsos establecidos en la legislación electoral.
Sin ahondar en la complejidad de las bases comiciales propuestas por el Ejecutivo, advirtiendo que aún deja enormes dudas sin responder, no se explica que el cronograma para esta elección contemple 70 actividades menos que en las últimas tres elecciones para elegir a los representantes nacionales del Poder Legislativo. Ni siquiera la elección más sencilla de organizar, las presidenciales, justifica la supresión o agrupamiento de tantas facetas de un proceso electoral.
En 2005, por ejemplo, el CNE fijó en cronograma 105 actividades para las parlamentarias (seis meses), 103 para las parlamentarias de 2010 (cinco meses y medio) y 100 para el mismo proceso en 2015 (cinco meses y medio). ¿Cómo justifica que para una elección más compleja estipuló apenas 32 actividades en dos meses?
El Observatorio Electoral Venezolano te presenta a continuación los pasos que cualquier proceso electoral debe cumplir para estar apegado a la ley.
Se trata del acto público en el cual el CNE fija la fecha de la elección y difunde el cronograma del proceso, según lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Una vez hecha pública, la convocatoria debe aparecer en Gaceta Electoral.
Omitiendo este procedimiento, el 23 de mayo –día en que el Presidente presentó la propuesta– la máxima autoridad del organismo, Tibisay Lucena, adelantó una fecha probable para los comicios Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero no hizo la convocatoria formal al proceso: dijo que la elección se realizaría a finales de julio.
Fragmento cronograma de actividades ANC “previa convocatoria”
Trece días más tarde, anunció que sería el 30 de julio sin publicar el cronograma, sin contar entonces con la aprobación en directorio. No fue sino hasta el 7 de junio cuando el árbitro difundió en la Gaceta Electoral N° 848 la convocatoria con las Bases Comiciales y el cronograma definitivo, lo que significa que estuvo preparando el proceso mucho antes de anunciar su realización formal. Un fragmento publicado al final del cronograma, admite que se planificaron “actividades previas a la convocatoria”, por ley, estas carecen de validez legal.
Consiste en las estrategias comunicativas que debe aplicar la institución para divulgar al elector todo lo referente a la elección. Duró 187 días en 2005, 165 días en 2010 y 168 días en 2015. Esta etapa desapareció del cronograma para la ANC y resulta fundamental para conocer las normas que regirán el proceso –fuera de la aplicación de la Constitución y la Lopre– y podría aclarar interrogantes de la inédita elección sectorial.
Esta etapa consiste en la verificación de las bases de datos de electores inscritos y forma parte de las garantías previstas en la Lopre (Título III: artículo 31-45). Tanto los partidos políticos como los ciudadanos pueden consultar, impugnar y solicitar la incorporación al Registro Electoral, sobre todo aquellos jóvenes que acaban de cumplir 18 años de edad y los extranjeros mayores de edad con más de 10 años de residencia en el país. Siempre antes de celebrar una elección el CNE está obligado a publicar un Registro Electoral preliminar, un primer corte de data propenso a sufrir modificaciones durante el lapso de solicitudes e impugnaciones. En esta oportunidad, sin embargo, el organismo se saltó este paso y publicó un RE definitivo hasta el 30 de abril de 2017: son 19.805.002 electores, de los cuales 19.579.074 (98,9%) son venezolanos y solo 225.928 (1,1%) son extranjeros.
A esto deben sumarse otras dos irregularidades. Primero, el tipo de elección sectorial ameritó la creación de sub-registros electorales que no existían y cuyo procedimiento se ejecutó a puertas cerradas, supuestamente entre el 7 y 12 de junio de acuerdo al cronograma. Se trata de una tarea compleja, difícil completar en tan poco tiempo. Al respecto, el árbitro suprimió la fase de impugnación de estas bases de datos, negando reparos a quienes no fueron incluidos en el sistema o a quienes fueron incorporados indebidamente. Antes de elaborar los cuadernos de votación, el CNE debe cruzar data para evitar que una persona vote en más de un sector, pero no queda claro cuándo desarrollará esta actividad. La segunda anomalía es que, desde el 2015, el ente no realiza operativos o jornadas especiales de inscripción y actualización del RE con el despliegue de puntos fijos y móviles en los 335 municipios del país. Quienes hayan cumplido 18 años desde entonces no podrán participar en la elección.
A continuación, el órgano electoral debe determinar el número y ubicación de las circunscripciones electorales con respecto a un índice de población establecido constitucionalmente. Para ello, envía al Parlamento una carta solicitando la aprobación de la estimación poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), con la finalidad de definir el número de cargos nominales a elegir en cualquiera de los cuerpos deliberantes (Asamblea Nacional, Consejos Legislativos, Concejos Municipales, etc.), pues la cantidad de representantes variará por región dependiendo del número de habitantes; al igual que el censo de la población indígena. Así procedió el CNE hasta 2015.
Aunque la ANC seleccionará candidatos de tipo nominal para la elección territorial, el árbitro decidió suprimir esta etapa del cronograma, alegando que no es necesaria la construcción de circunscripciones porque puede tomarse la división municipal ya existente. Todavía se desconoce si para la elección de tipo sectorial se requieren circunscripciones electorales artificiales, por ello la gravedad del vacío informativo sobre este procedimiento.
Hasta los momentos, solo puede suponerse que para los representantes indígenas las circunscripciones electorales serán las entidades federales con población indígena significativa y que todo el padrón electoral de esa circunscripción tendrá derecho a al sufragio, como se ha hecho durante más de una década.
Esta fase implica la revisión y visita de los centros de votación para verificar su condición previa a la elección. Incluye la actualización del catastro, con la agregación de nuevos centros, y su posterior aprobación y resulta vital en todas las elecciones. Por ejemplo, para las parlamentarias de 2005 esta etapa duró 19 días; mientras que fue borrada del cronograma para este proceso constituyente. Se ignora si en el caso de la elección sectorial, el CNE nucleará alguno de los centros por sector o si funcionarán en su totalidad.
Si el Poder Electoral decidió trabajar con el catastro de las parlamentarias 2015, se trata de información desactualizada que puede ocasionar problemas técnicos y logísticos poco antes de la elección. Omitir este paso implica renunciar a la previsión.
Quienes aspiran convertirse en candidatos presentan en esta etapa su inscripción ante el CNE. De acuerdo a la Lopre (artículos 42-44), la fecha de postulaciones debe estar fijada en el cronograma electoral y conocerse cuando el árbitro hace la convocatoria. Sin embargo, en esta ocasión el organismo alternó los procesos y llamó primero a postularse antes de publicar los lapsos formalmente. Esto no solo ocurrió con las postulaciones sino con otras actividades como la conformación de grupos de electores territoriales y sectoriales, junto a los mecanismos de validación de las manifestaciones de voluntad.
La duración de esta etapa en el cronograma del proceso ANC incluye: cinco días para la presentación de postulaciones, otros cinco días para que el ente responda si fueron admitidas o rechazadas y cinco días adicionales para las impugnaciones (interposición de recursos contra las postulaciones). El CNE descartó plazos para la subsanación de los recaudos o para la presentación de alegatos y pruebas.
Para las parlamentarias de 2005 el Poder Electoral concedió 35 días en esta fase, mientras que para las parlamentarias de 2010 y 2015 asignó más de tres meses repartidos en una decena de actividades relacionadas a las postulaciones.
Consisten en la verificación de todos los recursos materiales, tecnológicos –software y hardware de equipos– y datos que se utilizan en distintas fases del proceso y garantizan su confiabilidad, transparencia e integridad. A cada auditoría suele corresponder una actividad del cronograma.
Según ley, los partidos políticos, grupos de electores y candidatos por iniciativa propia tienen derecho a tener testigos en todo momento del proceso. Desde 2006, los técnicos enviados por las toldas políticas han sido los capacitados para auditar el sistema; precisamente, el problema de esta elección es que los partidos fueron excluidos como postulantes. Al no permitir auditorías en cada una de sus fases, el sistema deja de ser seguro.
Procesos anteriores de este tipo, como las parlamentarias de 2015, estuvieron blindados con al menos 21 auditorías (antes, durante y después de la elección); las cuales fueron transmitidas en vivo y directo por el portal del CNE. Esta vez, dando un paso atrás, el organismo estipuló apenas siete auditorías: 1) al software de la máquina de votación, 2) a los cuadernos de votación, 3) a los datos de electores, 4) de producción de la máquina de votación, 5) al software de totalización, 6) a las telecomunicaciones y 7) a la sustanciación de investigaciones.
Fueron eliminadas las auditorías de huellas de electores, del Sistema de Información al Elector, de la infraestructura electoral, de la tinta indeleble, de la verificación ciudadana (incluyendo el escrutinio en mesas electorales una vez finalice el acto de votación), las auditorías de transmisión de resultados, entre muchas otras, incluyendo la auditoría de los sub-registros sectoriales. Con la supresión de una docena de auditorías, el CNE propina un golpe a la máxima garantía de seguridad que tenía la votación electrónica.
El tiempo de las auditorías (básicas) alcanza como mínimo los 162 días. Algunos de los nombres de los sistemas fueron modificados. Cuadro tomado del informe Auditorías del Sistema Electoral Venezolano, elaborado por el CNE (2010).
La etapa de elaboración de las boletas incluye el acto en el cual los partidos escogen la ubicación de sus candidatos en el instrumento de votación. Si bien esta especie de sorteo se realiza una vez concluye el lapso de postulaciones, para la ANC fue eliminado del cronograma.
Como las organizaciones políticas no están participando en este proceso, el CNE aún debe aclarar cómo dispondrá a los candidatos territoriales y sectoriales en cada circunscripción; de acuerdo a lo que estipula el artículo 70 de la Lopre.
De inmediato, debe fijarse un lapso para la elaboración del arte de los tarjetones electorales y otro adicional para la impresión (producción) de las boletas válidas y no válidas. Estas últimas deben ser distribuidas de forma gratuita en un periodo adicional pautado en el cronograma. Ninguna de estas actividades aparece en el calendario del proceso constituyente.
En esta etapa, dividida en varias fases, se preparan los materiales codificados y no codificados, incluyendo la construcción “cotillones electorales”: cuadernos de votación, tinta indeleble, actas, afiches informativos, sellos húmedos, etc. El proceso implica pre-ensamblaje, ensamblaje y la distribución del material hacia los centros electorales. Requiere altos estándares de seguridad y logística para su correcto funcionamiento.
A esta etapa en el proceso constituyente el CNE dedicará 37 días en dos actividades: primero la adquisición/entrega del material (8 días) y, luego, el pre y ensamblaje del material (29 días). Se asignaron 55 días en 2005, 58 días en 2010 y 25 días en 2015, lo que significa que esta fase se encuentra en el rango de tiempo correcto.
Son las actividades de carácter público desarrolladas para promover y captar el voto por el(los) candidato(s) o partidos políticos mediante piezas propagandísticas difundidas a través de cualquier medio. Se ha extendido entre 20 ó 30 días en el caso de elecciones parlamentarias y hasta 90 días para presidenciales (2012). Suele culminar entre 72 ó 48 horas antes del evento electoral por instrucción del CNE.
Para la ANC el árbitro cometió un error en la fecha: escribió que se prolongaría por 11 días, entre el 9 y el 27 de julio, pero al restar ambos momentos el cálculo arroja 18 días. Independiente del dato correcto, se trata de un lapso menor al acostumbrado en elecciones con abundante número de candidatos.
Similar al silencio sobre los criterios y metodologías que aplicarán para la elección sectorial, el árbitro no ha hecho ningún adelanto sobre cómo o cuáles serán las fuentes de financiamiento de los candidatos en esta oportunidad, entendiendo que no estarán directamente respaldados por las organizaciones políticas tras ser excluidas como postulantes.
El CNE incorporó en el fragmento del cronograma “actividades previas a la convocatoria” jornadas para capacitar al personal de las Juntas Electorales (regionales, municipales o parroquiales), al personal técnico y operativo y miembros de mesas. Esta acción le resta validez a la actividad, pues no debió capacitarse al personal hasta tanto no estuviera aprobada la convocatoria a elecciones.
Se contempló un Taller de Información Financiera, entre el 6 y 17 de junio, una actividad que solía organizarse para que los partidos políticos recibieran orientaciones acerca de cómo rendir cuentas ante el Poder Electoral sobre los movimientos financieros que realizaran durante la campaña. No queda claro todavía quiénes asistirán a esta etapa que transcurrirá durante 12 días. Igualmente, contempló una capacitación de 18 días para el personal técnico y operativo, además de otra capacitación para miembros de mesa.
Se trata de dos eventos diferentes con un objetivo en común: ofrecer al elector la mayor cantidad de información y prepararlo para el momento de votar. La feria permite que los electores de cada circunscripción se familiaricen con la boleta para escoger a los candidatos que les corresponde.
Por su parte, durante el simulacro se despliegan una cantidad de centros pilotos para quienes lo deseen puedan practicar antes del evento electoral. La importancia de esta jornada es que permite verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica (funcionamiento de máquinas, la boleta, la red y medios de transmisión de resultados) y afinar detalles logísticos (operadores de máquinas, miembros de mesa, tiempos, despliegue de máquinas, Plan República, etcétera).
Sin explicación aparente el CNE consideró que para la ANC no será necesario hacer un simulacro y lo eliminó de la programación, pero sí activará puntos de información para las denominadas “ferias electorales” durante 17 días, del 6 al 22 de julio.
Faltando apenas dos días para el evento electoral, se instalan todas las mesas de votación en un acto que dura un solo día. Los miembros de mesa son previamente seleccionados y capacitados para el momento de instalación. También para este día el Poder Electoral diseña, elabora, aprueba y produce con anterioridad normas y manuales de funcionamiento que rigen el proceso y guía a los integrantes de cada mesa.
Usualmente, los cronogramas también incluyen una fecha para convocar a los miembros de mesa, un lapso para notificarlos de sus funciones, otro para su adiestramiento. Ninguna de estas etapas fue incluida en el cronograma de la ANC. La autoridad comicial no ha confirmado si se mantendrán los 1.327.596 miembros seleccionados de forma aleatoria el pasado 31 de marzo de 2016, obligados a cumplir con el servicio electoral. A estas alturas, faltando mes y medio para la celebración de la elección, tampoco ha difundido el número de mesas electorales a desplegar, ni el procedimiento que regirá ese día.
Los cronogramas de elecciones anteriores siempre han establecido lapsos de acreditación para los testigos de partidos políticos, los observadores nacionales y los acompañantes internacionales. Esta etapa se podía prolongar entre 15 y 30 días en el caso de los testigos, y unos cuatro días en el caso de acreditados internacionales (figura que fue prohibida para las parlamentarias del 6D). No hay rastros de actividades que incorpore a alguno de estos tres actores en el cronograma para la ANC.
El cronograma electoral puede leerse como una muestra más del atropello a la legalidad que el árbitro electoral ha puesto en marcha para responder –con inusitada celeridad– a la solicitud del Ejecutivo. La Asamblea Nacional Constituyente amenaza ahora con lanzar por la borda la confianza que la ciudadanía ha depositado en el sistema automatizado de votación.
