Mientras el Gran Polo Patriótico se enfocó, sobre todo, en el caso de los “niños del Tibú”, la vacunación y otros mensajes asociados a la pandemia por Covid-19; la Plataforma Unitaria fue el grupo con más menciones a la muerte de Baduel, la Reconversión Monetaria y, en menor medida las negociaciones en México. En las menciones sobre Saab coincidieron los extremos
De una revisión de 61.693 tweets posteados por 834 cuentas de la categoría Partidarios/as –integrada por el Gran Polo Patriótico, la Plataforma Unitaria, la Alianza Democrática y los Abstencionistas–, se extraen los siguientes temas priorizados por cada grupo partidista durante los primeros 15 días de octubre.
La tabla refiere el porcentaje de menciones que ocupa cada grupo partidista respecto al total de referencias de cada tema halladas en la muestra.
Mientras que la Plataforma Unitaria fue el grupo que más mencionó la muerte en prisión del exministro de la Defensa, Raúl Baduel (54%), seguida de la reconversión monetaria –que entró en vigencia el pasado 1 de octubre– (52%) y de las negociaciones en México (43%); el oficialismo se concentró, especialmente, en el asesinato de dos niños de presunto origen venezolano que fueron sorprendidos robando unos pantalones en un comercio de Tibú, Colombia, un lugar fronterizo entre ambos países (62%). Adicionalmente, también el Gran Polo Patriótico aparece como la subcategoría que más ha hablado del proceso de vacunación y de la pandemia producida por el Covid-19.
Por su parte, el grupo Abstencionista acumula la mayor cantidad de menciones sobre la actuación del alto represetante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, respecto a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre; así como de la compañía Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que está bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019 y que fue declarada en quiebra a finales de septiembre para acogerse a un plan de rescate de las autoridades colombianas.
Aunque la Alianza Democrática no dedica ni el 20% a alguno de estos siete temas, sí es el grupo que más menciones colecciona respecto a las elecciones de noviembre.
A partir del 16 de octubre en adelante, el acontecimiento más relevante estuvo asociado a la extradición de Alex Saab, empresario colombiano identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano.
Alex Saab: el tema en el que coinciden los extremos
Según los datos obtenidos, la frecuencia de tuits desde el 1 hasta el 15 de octubre mostró un comportamiento similar entre todos los grupos partidarios. Sin embargo, en cuanto se conoció públicamente que Saab sería extraditado a los Estados Unidos, después de haber permanecido más de un año detenido en Cabo Verde en el continente africano, el número de menciones experimentó el incremento más pronunciado dentro del periodo analizado.
Aunque desde el 1 al 22 de octubre el GPP es el grupo que acumula la mayor cantidad de menciones, con el 36%, no fue el conjunto partidista que dedicó mayor espacio al tema el día de su extradición. En la gráfica puede apreciarse la proporción de tweets que las y los abstencionistas destinaron al respecto, un 30% de las menciones totales.
Con etiquetas como: “Ola de solidaridad por Álex Saab”, “EEUU secuestró a Álex Saab” y “la verdad siempre triunfa”, el oficialismo logró mantener posicionado en la red social el tema del empresario colombiano con mensajes que tendían a comunicar principalmente solidaridad con el enjuiciado y denunciar abusos e injusticia en el caso, por parte de los Estados Unidos.
Los más virales
Son criminales y por eso hay que enfrentarlos aplicando la justicia. La extradición de Alex Saab es un golpe certero a la estructura criminal que secuestra y destruye a Venezuela.
María Corina Machado
El mensaje de la dirigente alcanzó 3.963 retweets, 114 tweets citados y más de 11 mil likes. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó:
Lo de Alex Saab era absolutamente predecible, lo convirtieron en objetivo solo por ayudar a Venezuela, el imperialismo jamás ha respetado el derecho internacional, invaden países, asesinan presidentes, dan golpes de estado, secuestran a personas, igual Nosotros Venceremos!!
Diosdado Cabello
Aunque la publicación de Cabello obtuvo menos retweets, fue la publicación más destacada por el caso de la extradición de Saab a los Estados Unidos con 3.274 retweets, 281 tweets citados y 3.405 likes.
El análisis del Observatorio Electoral Venezolano también arrojó que el grupo de la Alianza Democrática fue el que menos mensajes publicó en relación a la extradición de Álex Saab, con solo el 4% dirigido al empresario. Cabe destacar que ni siquiera el día 16 de octubre, la cantidad de mensajes de la Alianza Democrática fue significativa en comparación con el GPP y los Abstencionistas.
Menos menciones
Por su parte, la Plataforma Unitaria alcanzó el 30% de mensajes referidoa a Álex Saab, lo que sigue siendo reelativamente menos al compararlo con los Abstencionistas y el GPP.
Base utilizada.
Nº de tweets por subcategoría (del 1 al 22 de octubre):
Gran Polo Patriótico: 22.858 (37%)
Plataforma Unitaria: 20.391 (33%)
Alianza Democrática: 10.158 (17%)
Abstencionista: 8.286 (13%)
Total: 61.693
Nota metodológica.
La muestra diseñada por el OEV de figuras y actores relevantes contempla cuatro categorías: 1) Partidarios; 2) Instituciones del Estado; 3) Funcionarios/as Públicos; y 4) Sociedad Civil. La información que aquí se presenta constituye un análisis de un sector de la primera categoría “Partidarios”, la cual, adicionalmente, contiene cuatro subcategorías: Gran Polo Patriótico (GPP), Plataforma Unitaria, Alianza Democrática y Abstencionistas. Los datos fueron extraidos específicamente de las candidaturas del GPP y de la Plataforma, debido a que, para la fecha del primer corte, no se conocía el listado de contendientes a las alcaldías por parte de la Alianza Democrática. Esta información será actualizada en el siguiente corte.
La categoría “Partidarios” está compuesta por 834 cuentas de partidos políticos y sus diregentes, así como las y los candidatos al máximo cargo del Ejecutivo estadal (23 entidades) y municipal (335 municipios). Incluye también a figuras que forman parte de las estructuras partidarias o personajes prominentes de cada partido, aunque no estén optando por un cargo de elección popular. Se descartaron las cuentas de legisladores(as) y concejales(as) con ánimos de facilitar la búsqueda.
No hay duda que las elecciones son la mejor vía para resolver la actual crisis del país. La gravedad de la crisis obliga a transitar esa vía lo más pronto posible. Pero hacerlas a la carrera no es una buena idea. Elecciones de calidad requieren tiempo para cumplir múltiples y complejas tareas que garanticen su transparencia, confiabilidad y legitimidad.
Ante esta urgencia, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que deben respetarse un conjunto de condiciones. Más que apuntar con rigidez los lapsos de las distintas etapas, la intención del OEV es señalar la trascendencia de algunas fases y los riesgos o deficiencias en las que podría incurrirse si se atropellan los tiempos (repitiendo el patrón de convocar elecciones de forma acelerada vivido en 2017 y 2018).
iertamente, muchas actividades que se realizan en condiciones democráticas normales pueden flexibilizarse en función de la urgencia de las circunstancias, pero nunca es buena idea hacer elecciones a la carrera. A continuación enumeramos las etapas, cuya ejecución puede ocurrir de forma simultánea en algunos casos.
1) Reestructuración del arbitraje institucional.
La reestructuración del arbitraje electoral, para alcanzar uno imparcial y que goce del reconocimiento de las mayorías, pasa por la designación de un nuevo Poder Electoral, un nuevo CNE. Ese nuevo CNE debería recuperar las funciones que le pauta la Constitución de la República Bolivariana (CRBV) que le asigna independencia y autonomía plena frente a otros poderes del Estado.
Pero garantizar un arbitraje institucional imparcial requiere, además de un nuevo CNE, cambios profundos en otros poderes públicos. La justicia electoral, expresada en sentencias de tribunales de diversas jerarquías, han mostrado sesgos inaceptables. Decisiones de la Contraloría General de la República, inhabilitando políticamente a ciudadanos mediante dictámenes administrativos, por ser violatorios de la CRBV, son igualmente inaceptables.
2) Convocatoria.
Se trata de una de las actividades más relevantes y, en vista de ser el punto de partida de la elección, define las reglas del juego de todo el proceso. La convocatoria es el acto público en el cual se fija la fecha de la elección y se difunde el cronograma del proceso, según lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). El mismo día en que se anuncia la fecha de la elección debe obligatoriamente aparecer publicado este documento en Gaceta Oficial.
Difundido oportunamente y con suficiente antelación, el respeto al cronograma es uno de los elementos que contribuye a crear condiciones de transparencia, puesto que permite a todos los contendientes conocer las actividades pre-electorales, electorales y post-electorales con sus respectivos lapsos de duración y fechas de ocurrencia. La fijación de la fecha misma de las elecciones no debe ser producto de una decisión arbitraria y unilateral del CNE. En esta oportunidad, más que nunca, debe ser producto de un entendimiento entre los actores políticos y sociales del país.
El análisis comparado de las elecciones realizadas en Latinoamérica en 2018 permite comprobar que, como regla, estos procesos suelen convocarse con al menos nueve meses de anticipación a la fecha de las votaciones, tomando en cuenta la fecha en que fueron anunciados los comicios y aprobados los cronogramas electorales correspondientes: en Costa Rica (18 meses de antelación), El Salvador (19 meses), Colombia (12 meses, tanto para las legislativas como para las presidenciales), Paraguay (14 meses), México (15 meses), Brasil (9 meses) y Perú (11 meses). Sirve también como ejemplo la preparación para las elecciones presidenciales de 2012 en Venezuela, cuando la fecha de la elección se dio a conocer con 13 meses de antelación al evento, mientras que la convocatoria formal –con la publicación del cronograma– se realizó con poco más de seis meses de anticipación.
3) Registro Electoral.
Nunca antes Venezuela había tenido un número tan elevado de electores fuera de sus fronteras, producto de la actual crisis migratoria. Esto significa que la organización de un proceso electoral presidencial, que es el único que en Venezuela permite la participación de nacionales residenciados fuera del país, pasa por garantizar la inclusión de todos estos ciudadanos que, por alguna u otra razón, decidieron marcharse del país.
En este sentido, resulta esencial establecer un plazo prudencial para la realización de operativos especiales de inscripción y actualización de los datos de electores, dentro y fuera del país. De manera que, el encargado de administrar el padrón, debe garantizar a todos los potenciales electores la posibilidad de actualizar sus datos en el registro.
Por ejemplo, estas jornadas extraordinarias se extendieron entre tres y cinco meses, en el caso de las elecciones presidenciales de 2012 y las parlamentarias de 2015 respectivamente. Pero importa, sobre todo, el número de puntos que se habiliten y el diseño de estos operativos, en los cuales se deben desplegar una mayor cantidad de máquinas en zonas de todo el país con gran afluencia de ciudadanos, así como en embajadas y consulados alrededor del mundo. El padrón electoral debe ser preciso, confiable y estar actualizado, por lo que deben respetarse también sus lapsos de impugnación y auditoría.
4) Postulaciones.
Se trata del procedimiento a través del cual quienes aspiran convertirse en candidatos presentan su inscripción ante la autoridad electoral. Aunque es una etapa técnicamente sencilla de resolver, necesita tiempo para que, por un lado, los partidos políticos seleccionen a sus nominados y, por otro, se den plazos de preparación para candidatos independientes (ya sea a través del mecanismo de grupo de electores o por iniciativa propia, de acuerdo a lo establecido en las leyes electorales vigentes). En la actualidad venezolana, no resultará posible organizar un proceso electoral libre hasta tanto no se revierta la condición de inhabilitación que se mantiene sobre candidatos y partidos políticos de oposición, para que participen en condiciones de igualdad y en un clima exento de amenazas.
5) Catastro.
Esta fase implica la revisión de los centros de votación para verificar su condición previa a la elección. Incluye la actualización o depuración, agregación de nuevos establecimientos y posterior aprobación en directorio de los centros definitivos. Resulta vital en todos los comicios. Según los cronogramas electorales respectivos, se otorgaron 44 días para la organización de actividades asociadas al catastro en las parlamentarias de 2005, tres días en las regionales de 2008, tres días en las parlamentarias de 2010, 84 días en las presidenciales de 2012, 46 días en las municipales de 2013 y tres días en las parlamentarias de 2015. Como se observa, los lapsos atribuidos en el pasado no han sido regulares.
Lo dicho hasta aquí supone que cualquier elección futura requerirá, particularmente, una revisión exhaustiva de los centros de votación creados por el CNE a partir de 2015.
6) Auditorías.
Para garantizar la verificación de todos los recursos materiales, tecnológicos y los datos que se utilizan en las distintas fases del proceso automatizado venezolano –de forma que se asegure la confiablidad, transparencia e integridad de su funcionamiento–, se han establecido 12 auditorías elementales (básicas). El tiempo de estas actividades alcanza como mínimo un plazo de 160 días, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla, tomada del informe Auditorías del Sistema Electoral Venezolano, publicado por el Poder Electoral en 2010.
7) Capacitaciones.
El correcto funcionamiento del sistema electoral venezolano depende también del comportamiento de los electores llamados a prestar servicio electoral obligatorio (miembros de mesa e integrantes de las juntas regionales y municipales), de los coordinadores de los centros de votación y operadores de máquinas (personal técnico y operativo). Es tarea de la autoridad electoral capacitar el recurso humano indispensable para alcanzar un proceso verdaderamente independiente. Sin embargo, esto no se hace de la noche a la mañana.
Inicialmente, los miembros de mesa e integrantes de las juntas deben ser elegidos de forma aleatoria en un sorteo público y auditable, contando con presencia de los partidos políticos. De inmediato, los seleccionados en el sorteo deben ser notificados y posteriormente capacitados. Lograr que los escogidos para prestar el servicio acudan al llamado y reciban una capacitación de calidad requiere tiempo, algo fundamental para evitar que las plazas sean ocupadas por ciudadanos no capacitados el día de la elección. A las actividades de capacitación se le han asignado en elecciones anteriores al 2015 entre uno y cuatro meses.
8) Campaña electoral.
Se refiere a las actividades de carácter público desarrolladas para promover y captar el voto por los candidatos o partidos políticos a través de cualquier medio o herramienta propagandística. Se ha extendido entre 20 ó 30 días en el caso de elecciones parlamentarias y hasta 90 días para presidenciales (2012). Suele culminar entre 72 ó 48 horas antes del evento electoral por instrucción del CNE.
Más importante que el plazo dado para que los aspirantes expongan sus ofertas y propuestas (programas y planes de gobierno), es el acceso a medios de comunicación proporcional y equilibrado para todos los participantes, así como la vigilancia y aplicación de sanciones que la autoridad electoral ejerza por el incumplimiento a las normas de campaña, especialmente cuando está involucrado el uso de los recursos del Estado para tal fin (ventajismo gubernamental) o la realización de actos proselitistas fuera del lapso estipulado. Es cada vez más urgente que el árbitro haga seguimiento a las fuentes de financiamiento de los candidatos y partidos políticos.
9) Observación nacional e internacional.
El Cronograma Electoral de unas elecciones libres debe contemplar actividades relacionadas a la participación de observadores nacionales e internacionales, que tienen carácter complementario, cada una con sus particulares capacidades. Entre tales actividades están la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación de los informes sobre las misiones. Los lapsos de esta etapa debe ser suficientes para que misiones técnicas como las ejecutadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea –las cuales requieren ser notificadas con varios meses de antelación– se desplieguen en el país.
Para ello, resulta urgente devolver la pluralidad en la conformación de estas misiones, revirtiendo la figura de “acompañantes” por la de “observadores” y publicando con suficiente antelación la información de quiénes integrarán estas delegaciones. La diferencia fundamental es que los acompañantes no tienen verdadero acceso a la verificación de todas las etapas que forman parte del proceso electoral, se instalan con poca anticipación –apenas una semana antes de los comicios–, y tienen prohibido hacer pronunciamientos públicos sin autorización. Consiste, más bien, en una presencia política simbólica y no en una evaluación sistemática, como corresponde a los observadores.
10) Otras actividades
Otras etapas, como la campaña institucional de información y divulgación –sobre todo para reforzar la credibilidad en la secrecía del voto y en el sistema automatizado de votación–, el simulacro y las ferias electorales, la generación e impresión de boletas o el ensamblaje y despliegue del material y la acreditación de testigos de los partidos políticos también son relevantes para llevar a cabo un proceso de calidad.
De todo lo anterior se desprende que las elecciones son resultado de un complejo proceso que requiere la participación de una diversidad de actores, cada uno con diferentes funciones y agendas. Si se atropellan las etapas y tiempos electorales se corre el riesgo de atentar contra principios democráticos fundamentales, tales como la garantía de que todos los ciudadanos tengan igual derecho a participar como electores y como candidatos, que su voto tenga el mismo valor, que tengan libertad de organizarse, el derecho de acceder a información con antelación y que las leyes electorales sean aplicadas de manera justa y no partidista. En definitiva, organizar elecciones a la carrera es una mala idea.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) monitoreó el desarrollo de las elecciones de los Concejos Municipales, del domingo 9 de diciembre de 2018, en todos los estados del país, con la participación efectiva de 300 observadores.
De acuerdo con los resultados recopilados, 88% de las mesas observadas abrieron antes de las 8 a.m. En la gran mayoría de los centros, la asistencia de electores fue baja. Nuestros observadores registraron colas de menos de 15 electores esperando para sufragar en 73% de los casos (a las 9 a.m.) y en 83 % (a las 3 p.m.).
Respecto al funcionamiento de los centros de votación, en 20% de los casos se reportaron quejas de electores por lentitud en el proceso en horas de la mañana. Aunque el 12% de las máquinas de votación presentaron fallas, las mismas fueron reparadas o sustituidas por otras.
En cuanto a la propaganda partidista, se reportó presencia de la misma en los alrededores del 38% de los centros observados, principalmente en forma de vestimenta alusiva a algún partido. Asimismo, en los alrededores del 72% de los centros observados se reportó presencia de puntos rojos, cuyas principales actividades fueron el registro de votantes, la orientación al sufragio y formas de presión relacionadas con el Carnet de la Patria.
Se observó la presencia del Plan República en más del 90% de los centros. Sin embargo, se reportó la presencia indebida de la Milicia Nacional Bolivariana en 74% de los casos. Por otra parte, en el 99% de la muestra no se reportó la presencia de grupos violentos ni de hechos que atentaran contra el orden público.
En cuanto a la fase final de la jornada electoral, el 75% de los centros de votación cerró entre las 6 y 7 p.m. El 25% prorrogó el cierre sin electores en cola. En el 30% de la muestra, los observadores del OEV no pudieron acceder al acto de escrutinio y la verificación ciudadana.
Si bien este informe preliminar refleja los principales hallazgos de la observación de la jornada electoral por parte del OEV, la organización realizó un análisis de los diversos aspectos asociados al proceso electoral desde su convocatoria, mostrando diversas y graves irregularidades. Es importante destacar que nuevamente el Consejo Nacional Electoral, sin que mediara explicación alguna, se negó a acreditar al OEV a los fines de observar este proceso electoral, lo cual entorpeció las labores inherentes al trabajo de monitoreo.
En el simulacro de este 11 de noviembre se redujeron los centros disponibles para los electores en todo el país. En esta ocasión, por ejemplo, la cifra de centros representó apenas la mitad de los activados para las elecciones parlamentarias de 2015. En algunos centros, se apreció una concurrencia importante pero, en general, fue principalmente oficialista, caracterizada por el ventajismo del partido de gobierno con la instalación de puntos rojos en las cercanías de los centros
Con el despliegue de una cantidad de centros pilotos, los simulacros electorales permiten a los votantes practicar sobre el sistema antes del evento comicial, así como verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica –máquinas, captahuellas, boletas electrónicas, la red y los medios de transmisión de resultados– y afinar detalles logísticos –operadores de máquinas, personal electoral y Plan República–. Al igual que las ferias electorales, su objetivo es ofrecer al elector la mayor cantidad de información y prepararlo para el momento de votar.
Menos centros habilitados
El Consejo Nacional Electoral ha reducido en las últimas elecciones la cantidad de centros habilitados en los simulacros de votación, pese a que el Registro Electoral ha experimentado un ligero incremento. Para el simulacro de este 11 de noviembre –en preparación para las elecciones de concejales del próximo 9 de diciembre de 2018–, fueron activadas 1.154 máquinas de votación en 373 centros para un total de 20,8 millones de votantes. Esta cifra representa la mitad de los centros dispuestos para las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el simulacro se realizó con 4.555 mesas de votación en 749 centros para una población electoral de 19,5 millones. Igualmente, implica una reducción de 788 mesas y 123 centros en comparación con las irregulares elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio de 2017, cuando el organismo desplegó 1.942 máquinas en 496 centros de votación. La cantidad de centros también se vio disminuida en relación al simulacro realizado previo a las más recientes elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos del 20 de mayo, cuando se habilitaron 1.200 máquinas de votación en500 centros.
Evaluación del simulacro
De la evaluación del simulacro realizada por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) se puede concluir que, si bien en algunos centros se apreció una concurrencia importante, influida por la notable reducción de los centros habilitados para tal fin, los asistentes se identificaron principalmente con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Al respecto, en una rueda de prensa transmitida a comienzos de la tarde del domingo 11 de noviembre, la vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, indicó que la afluencia de electores fue “alta durante todo el día y aumentó en horas del mediodía”.
El evento se caracterizó por el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica, con pocas interrupciones durante el proceso de votación simulado, así como por un buen desempeño en las máquinas de votación y captahuellas. Adicionalmente, nuestros voluntarios de la red describieron la actuación del personal del CNE, así como la organización logística del evento, como buenos.
Oblitas aseguró que el simulacro “ha funcionado como se ha querido”, sin reportes de incidencias. Sin embargo, el CNE no incluyó en su balance el tiempo cronometrado para ejercer el derecho al sufragio, promedio aproximado en que el votante completa el recorrido por la herradura electoral.
A grandes rasgos, y de acuerdo al OEV, el simulacro no cumplió los objetivos de un evento de esta naturaleza, debido a que participaron solo los simpatizantes de una fuerza política y no el electorado en general, al tiempo en que se advirtieron, desde ya, irregularidades asociadas a la instalación de puntos rojos. De esta forma, se repite el patrón de ventajismo de Estado fuera del lapso estipulado para la campaña electoral, la cual fue fijada para iniciar formalmente el 22 de noviembre.
Todavía Venezuela no ha terminado de digerir la convocatoria apresurada a las presidenciales, pautadas con apenas 74 días de antelación en un proceso cargado de irregularidades desde el principio, cuando una nueva propuesta de “megaelecciones” llegó este miércoles 21 de febrero a las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que, tomándose atribuciones correspondientes exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), de inmediato, y en tiempo récord, admitió la solicitud.
La idea de adelantar los comicios de la Asamblea Nacional –la cual no culmina siquiera la mitad de su gestión y cuyo mandato constitucional debe extenderse hasta el 2021–, fue sugerida inicialmente por el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y más tarde reafirmada por el propio Presidente Maduro, con el agregado de realizarla conjuntamente con la elección de los integrantes de los 23 Consejos Legislativos Estadales y las 335 Cámaras Municipales.
Esta propuesta no solo atenta contra los derechos políticos de los venezolanos al atropellar las etapas de dos procesos comiciales pendientes desde hace más de un año, sino que implica la anulación del Parlamento Nacional –electo por más de 14 millones de venezolanos en 2015– tras incurrir en la violación del artículo 192 de la Constitución, el cual establece claramente que “los diputados o diputadas de la Asamblea nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones”. Realizar un evento de tales características pasaría también por alto el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que obliga a ejecutar separadamente las elecciones municipales de las del Poder Público Nacional, como bien lo señaló el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, al manifestar su rechazo a la sugerencia oficialista.
La selección simultánea de alrededor de 2.800 cargos en dos meses –presidente, 167 diputados nacionales, 250 legisladores regionales y alrededor de 2.400 concejales–, implica una organización logísticamente inviable para llevar a cabo un proceso justo, equilibrado y transparente. Las elecciones para escoger representantes en tres niveles del Poder Público (nacional, estadal y municipal) deben ser planificadas, para nada pueden resultar de medidas improvisadas y salidas al paso que convengan solo a un grupo político.
El único antecedente similar en la historia electoral venezolana ocurrió en el 2000, cuando el recién electo presidente Hugo Chávez propuso resetear el sistema relegitimando prácticamente todos los cargos de elección popular: la Jefatura del Estado, conjuntamente con elecciones regionales, municipales y parlamentarias. Los resultados de aquel evento inclinaron la balanza a favor de un solo grupo político –proporcionándole la mayoría absoluta en el Parlamento, gobernaciones y alcaldías– y lesionaron gravemente el funcionamiento autonómico del sistema de contrapesos, necesario en cualquier democracia saludable.
En el ámbito internacional, pudiera traerse a colación las elecciones federales que celebrará México el próximo 1 de julio de 2018, en las que 87,8 millones de votantes acudirán a las urnas para elegir 3.400 cargos públicos –Presidente de la República, miembros del Congreso, gobernaturas y jefaturas de Gobierno, alcaldías y representantes de los congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales–, como ejemplo de la posibilidad de llevar a cabo un proceso de tal complejidad. Sin embargo, no podrá dejarse de lado el factor tiempo en este caso. Para esos comicios, la autoridad electoral anunció la fecha del evento con 15 meses de antelación, al tiempo en que aprobó y publicó el cronograma con nueve meses de anticipo.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que se trata de una petición política ilegal y arbitraria, orientada a concentrar el poderpolítico por parte del Gobierno del Presidente Maduro. Considera, además, que es inviable desde el punto de vista práctico en tan poco tiempo. Y, lo más grave de todo, erosiona el poder del voto como salida para la cada vez más grave crisis venezolana.
Para las elecciones presidenciales de 2018, el árbitro electoral eliminó del cronograma actividades relacionadas al catastro, simulacro, uso de la tinta indeleble, observación nacional y acompañamiento internacional e, incluso, dejó por fuera las postulaciones de grupos de electores e iniciativa propia. Aunado a esto, recortó drásticamente los lapsos para la presentación de candidaturas (restando 295 días a las actividades en comparación al 2012) y al plazo para organizar el Registro Electoral, la campaña electoral y ensamblaje de material
El 25 de enero de 2012 la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ofreció una rueda de prensa para dar inicio oficial al año electoral. Ese día anunció el cronograma preliminar para los comicios presidenciales y regionales que se celebraron el último trimestre de ese año: la convocatoria formal se realizaría el 29 de marzo; el corte del Registro Electoral se haría el 15 de abril; la campaña electoral presidencial iniciaría el 1 de julio y terminaría el 4 de octubre, mientras que el lapso de la campaña para las elecciones regionales sería del 20 de octubre al 13 de diciembre; las postulaciones para las presidenciales serían del 1 al 11 de junio y para las regionales entre el 1 y 11 de agosto. Cuatro meses antes, desde el 13 de septiembre de 2011, el país ya conocía que las presidenciales se celebrarían el 7 de octubre. Aunque en aquella oportunidad la elección experimentó un adelanto de dos meses, pues correspondía hacerse en el mes de diciembre, la fecha del evento se conoció con poco más de un año de antelación (390 días antes). Sin embargo, la situación es muy distinta en la actualidad. La autoridad electoral convocó las elecciones presidenciales de 2018 con apenas 74 días de anticipación, un plazo insuficiente para elegir a quien será el Jefe de Estado en los próximos seis años en unos comicios transparentes y de calidad.
La antelación con que se difundió la fecha del evento electoral para las presidenciales es, quizás, la diferencia más importante entre ambos procesos, pero no la única. En el primer caso, el día en que la autoridad electoral hizo la convocatoria formal (el 29 de marzo de 2012), también hizo público el cronograma electoral con todas las actividades, tal como lo especifica el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
No ocurrió de la misma forma este 2018. En principio, la instrucción de convocar los comicios de forma adelantada para antes del 30 de abril provino de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya elección fue política y legalmente cuestionada, tomándose atribuciones que, conforme a las normas vigentes, corresponden exclusivamente al Poder Electoral. Segundo, el CNE repitió en esta ocasión el patrón inusual estrenado en los comicios celebrados en 2017 y que contrasta con los diversos procesos electorales que se llevarán a cabo este año en diversas partes de América Latina, ninguno de los cuales ha sido convocado con menos de nueve meses de antelación. Tercero, una vez hecha la convocatoria el 7 de febrero de 2018, el CNE incurrió en la violación de la LOPRE al no publicar simultáneamente –y de inmediato– el cronograma con los lapsos y actividades.
Sin catastro, simulacro, tinta indeleble y observación electoral
Comparando ambos cronogramas, en 2012 el CNE planificó 90 actividades, mientras que en 2018 incluyó en el documento 83. Entre las actividades eliminadas para el venidero proceso comicial, el organismo suprimió la etapa decatastro (procesamiento y actualización), lapso en el cual se revisan y visitan los centros de votación para verificar sus condiciones, y para el que –en 2012– otorgó 81 días en el cronograma. Esta fase incluye la creación y aprobación de nuevos centros. En cambio, en este 2018, incluyó un periodo de “Adecuación de centros electorales” que se extenderá por 15 días poco antes del evento, del 1 al 15 de abril.
También se suprimió del cronograma toda actividad relacionada a la participación de observadores nacionales y acompañantes internacionales en el proceso, tales como la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación del informe de las misiones de acompañamiento. Pese a que en varias oportunidades rectoras del CNE han manifestado públicamente que el acompañamiento internacional “estará garantizado”, nada se sabe sobre estas misiones: ni los organismos que la conformarán, ni los tiempos que el ente tiene planificado para atenderlos. Es importante acotar que 74 días en un lapso insuficiente para que misiones técnicas como las ejecutadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE) –las cuales requieren ser notificadas con varios meses de antelación– se desplieguen en el país. Igualmente, se desconoce si el árbitro permitirá a organizaciones locales, como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), participar formalmente en la evaluación de la jornada.
De igual forma, fueron descartados el simulacro electoral y otras etapas relacionadas con la utilización de la tinta indeleble. Durante el primero, se despliegan una cantidad de centros electorales pilotos para que los votantes puedan practicar antes del evento, la relevancia de esta jornada reside en la oportunidad que tienen los técnicos para verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica (máquinas, boletas, la red de comunicación y medios de transmisión de resultados) y afinar los detalles logísticos (evaluar el desenvolvimiento de los operadores de máquinas, miembros de mesa, tiempos de votación, despliegue de máquinas, Plan República, etcétera). Aunque la tinta indeleble técnicamente no es indispensable para el proceso de votación, el no usarla genera desconfianza en el electorado, pues representa un mecanismo que refuerza al sistema biométrico de identificación de electores, previniendo a los miembros de mesa para que los ciudadanos no voten más de una vez. Para suplantar este elemento, el CNE debe garantizar que la base de datos de huellas de los electores está correcta y dar seguridad de que el sistema automatizado trabaja bien. No es la primera vez que el CNE elimina estos pasos. La primera vez que lo hizo fue para la elección de la ANC en 2017, repitiendo el patrón para las elecciones de gobernadores del 15-O y de alcaldes celebradas el 10 de diciembre.
Por otro lado, pese a que Lucena afirmó el pasado 20 de febrero que se hará una convocatoria del sorteo de miembros de mesa, nada advierte el cronograma difundido por el CNE sobre el acto público y automatizado en el que deben ser seleccionados, según los artículos 47 y 49 del Reglamento General de la LOPRE. Entre las actividades, el ente describe de forma general procesos para la “selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos”, tarea marcada a realizarse el 15 de marzo. Ciertamente, estos organismos los integran: las Juntas Regionales, Metropolitanas, Municipales, Parroquiales y, finalmente, las Mesas Electorales; no obstante, en esta ocasión y a diferencia de los cronogramas anteriores, el Poder Electoral no hace referencia concreta a la selección de los miembros de mesa. Para los comicios de gobernadores de octubre y los municipales de diciembre, la mayoría de los miembros de mesa no fueron ciudadanos sorteados aleatoriamente, ni los resultados de la selección fueron publicados en Gaceta Electoral, requisitos esenciales para la garantía del proceso.
LAPSOS ACORTADOS
56 días menos para organizar el Registro Electoral
Para las elecciones presidenciales de 2012, el Poder Electoral planificó 14 actividades relacionadas al Registro Electoral (RE), para las cuales estipuló 84 días del cronograma: corte preliminar (1 día), publicación del RE preliminar (1 día), solicitud de incorporación en el RE preliminar (15 días), presentación de impugnación al RE preliminar (15 días), admisión de impugnación al RE preliminar (21 días), promoción de pruebas en contra del RE preliminar (27 días), auditoría del RE preliminar (1 día), presentación del informe de la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre la impugnación al RE preliminar (1 día), resolución del CNE sobre la impugnación al RE (1 día) y publicación del RE definitivo en el portal del CNE (1 día).
En cambio, en el cronograma de 2018 pautó 9 actividades en un plazo de 28 días: jornada del RE (10 días), generación del RE preliminar (5 días), aprobación y publicación del RE preliminar (1 día), presentación, admisión y resolución de impugnación al RE preliminar (3 días), auditoría al RE (1 día), presentación del informe por la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre las impugnaciones al RE preliminar y resolución de la impugnación (1 día), generación del RE definitivo (5 días), presentación del informe definitivo a la Comisión de Registro Civil y Electoral (1 día) y , finalmente, la aprobación y publicación del RE definitivo (1 día). Esto implica un recorte de 56 días en comparación con la elección de hace seis años, periodo que no alcanza para que se inscriban los casi dos millones de jóvenes con edad para votar, que viven territorio venezolano, y se estima que no han sido incorporados a la base de datos; así como para que se registren o actualicen los datos los venezolanos que han abandonado el país en la última década.
A diferencia de los 10 días de jornadas extraordinarias habilitadas este año para la inscripción y actualización del RE, para las presidenciales de 2012, el CNE extendió los operativos especiales por tres meses, desde el 16 de enero hasta el 15 de abril, con el despliegue de 769 puntos adicionales.
Tres días para postular: sin grupo de electores o candidatos por iniciativa propia
La etapa del cronograma más afectada por los recortes es la vinculada a la postulación de candidatos, una de las que reviste de mayor importancia dentro del proceso electoral. En 2012, el árbitro estipuló 18 actividades en un lapso de 307 días, que incluyen todo lo relacionado a la presentación de candidatos por iniciativa propia, partidos políticos y grupos de electores (los procedimientos para la conformación de éstos últimos fueron suprimidos por completo del calendario en 2018). Incluso, el que los venezolanos conocieran la fecha de aquellas elecciones con 390 días de antelación, permitió que el candidato opositor resultara de unas primarias realizadas el 12 de febrero, antes de que se hiciera formalmente la convocatoria.
Para las próximas presidenciales, en cambio, el CNE aglutinó 11 actividades a ejecutarse en un periodo de 12 días, alguna de ellas realizadas en la misma fecha; se trata de una diferencia de 295 días en comparación con el evento celebrado hace seis años. Así, por ejemplo, para la presentación de postulaciones se programaron 11 días en 2012 y apenas tres días en 2018 (del 26 al 27 de febrero); mientras que para modificación y sustitución de postulaciones, el CNE habilitó 118 días en 2012 y estipuló solo el 2 de marzo en 2018. Ese día coincide con la realización de otras dos actividades: la interposición y admisión de recursos contra las postulaciones; y la fecha tope para que las sustituciones y modificaciones se reflejen en la boleta.
Es común en toda elección que las opciones de candidatos presentadas inicialmente por los partidos políticos cambien a medida que transcurre el proceso electoral y, precisamente, la ley electoral venezolana permite estos cambios en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilitaciones y discapacidad física o mental. La legislación vigente también permite a las organizaciones modificar, por decisión propia, sus postulaciones, pudiendo hacerlo hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. Pese a esto, al igual que para las elecciones de gobernadores del 15-O, violando lo dispuesto en el Capítulo V de la LOPRE, el CNE estipuló el mismo día para ambas actividades. Este diseño restringe los derechos pasivos y activos de los ciudadanos. En esta convocatoria, aunque el CNE publicó en su portal web los documentos relacionados a la conformación del grupo de electores y las planillas para la recolección de manifestaciones de voluntad para postulación por iniciativa propia, estas actividades quedaron fuera del cronograma.
Comparemos el listado de actividades a continuación:
Otras etapas también se redujeron considerablemente. Mientras que se estipularon 96 días para la campaña electoral del proceso en 2012, se atribuyeron 18 días para 2018 (78 días menos). Con tan poco tiempo para presentarle a los electores las diferentes propuestas será difícil un ejercicio responsable y consciente del voto. Además, se planificaron 119 días para el ensamblaje de material antes, durante y después del evento electoral de 2012 y 93 para el proceso de 2018 (26 días menos). Solo las capacitaciones experimentaron un incremento: 46 días en total en 2012 y 73 en 2018 (27 días adicionales).
En relación a las auditorías al Sistema de Voto Electrónico (SVE), se planificaron 12 revisiones en el 2012 y 14 en el 2018, actividades cuya única variación resaltante es la reducción de los lapsos de tiempo en que deberían realizarse, premura que atenta con la posibilidad de ser bien ejecutadas. Así, contrastando nuevamente con el cronograma de 2012, y para mencionar algunos ejemplos ilustrativos, la auditoría de producción de las máquinas de votación en 2012 se realizó en 31 días, mientras que ahora se programa para hacerlo en nueve; la auditoría del software de totalización se reduce de cinco a un día; la de cuadernos de votación de 5 a tres días. Son más las auditorías programadas teniendo todas en común la reducción del tiempo. Comprimir estos tiempos debilitan las auditorías que tienen por propósito, además de poner a punto todo el sistema automatizado de votación, generar confianza entre los distintos actores participantes del proceso electoral, ya que son los técnicos seleccionados por ellos los que adelantan estos procesos. Adicionalmente, otra diferencia es que, en esta ocasión, el CNE agregó al cronograma la auditoría de software y del registro electoral para la selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos y la auditoría de puesta cero de los centros nacionales de totalización.
Las mencionadas anteriormente son las consecuencias de convocar unas elecciones a la carrera, utilizando la fecha como un acto de ventajismo electoral que solo beneficia al partido gobernante y que termina por arrojar serias dudas sobre la vía electoral como recurso para solventar los problemas que afronta Venezuela. Una elección cuyo punto de partida se caracteriza por tales irregularidades solo dejará abiertas serias interrogantes sobre los parámetros básicos que necesita una elección en igualdad de condiciones. Estas actuaciones del CNE evidencian nuevamente el sesgo político del árbitro electoral que, en vez de aclarar, oscurecen el panorama.
Crédito: Marta Monteiro (The New York Times)
En medio de las conversaciones en República Dominicana, enmarcadas en la nueva fase de diálogo retomada entre el gobierno nacional y la oposición este viernes 1° de diciembre,se conocieron 17 condiciones electorales presentadas en las mesas de negociación por esta última, con la intención de garantizar elecciones libres, justas y competitivas en 2018.
Además de la construcción de un calendario electoral apegado a la Constitución de 1999, se incluyeron otras 17 demandas en la negociación.
1) Cumplimiento de la Constitución y las leyes electorales.
2) Restauración de la observación nacional e internacional calificada.
3) Sufragio y participación de venezolanos en el extranjero.
4) Evaluación del Registro Electoral con una auditoría que posea los mismos criterios técnicos utilizados por CAPEL en 2005.
5) Inscripción de nuevos votantes, poniendo a disposición operativos y jornadas especiales con al menos un punto por parroquia.
6) Convocatoria a elecciones con al menos seis (6) meses de antelación y la publicación temprana del cronograma electoral.
7) Campaña electoral equitativa y sanciones oportunas (acceso a medios de comunicación y prohibición de uso de bienes del Estado).
8) Campaña institucional del CNE orientada a garantizar el secreto del voto, funciones de los miembros de mesa y los delitos electorales.
9) Establecer horario de votación de 12 horas, desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde (o mientras haya electores en cola), con prohibición de prórrogas.
10) Selección transparente –mediante sorteo público– de los organismos subalternos (miembros de juntas regionales y municipales)y miembros de mesa.
11) 19 auditorías completas al Sistema Automatizado de Votación (SAV) antes, durante y después del evento electoral.
12) Restitución de los centros de votación migrados en la elección de gobernadores del 15 de octubre.
13) Garantizar la presencia a los testigos de partidos políticos en los cursos de capacitación del Plan República y su Sala Situacional, así como en otros momentos del proceso.
14) Publicación completa del material electoral.
15) Prohibición de instalar puntos rojos el día de la elección.
16) Realización del voto asistido conforme a lo contemplado en la normativa electoral.
17) Cambio de las autoridades del CNE. Designación de un árbitro justo, imparcial y transparente.
Estas exigencias integran el informe presentado por la subcomisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional en la plenaria este martes 5 de diciembre, el cual fue consignado a la oposición que participa en las conversaciones en Dominicana.
Las peticiones en materia electoral no son, desde luego, las únicas puestas sobre la mesa en la reunión de Santo Domingo. La oposición también se concentra en otros puntos, entre los que cabe mencionar: la devolución de competencias al Parlamento Nacional, con el levantamiento del desacato declarado por el Tribunal Supremo de Justicia; la apertura del canal humanitario (alimentos y medicamentos) y la libertad de todos los presos políticos. Por su parte, la delegación oficialista condiciona la negociación al levantamiento de sanciones internacionales contra funcionarios y contra operaciones de endeudamiento público, además del reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que cumplir estas condiciones, dejando claras las reglas del juego con protocolos y normativas que garanticen la transparencia e integridad de los procesos electorales, contribuiría a devolver a la ciudadanía la confianza en el voto. Sería, sin duda, un resultado muy importante del proceso de diálogo y negociación en el sentido de que reforzaría la opción electoral de cara a resolver de manera democrática y pacífica la severa crisis política, económica, social e institucional por la que atraviesa Venezuela.
