Mientras el Gran Polo Patriótico se enfocó, sobre todo, en el caso de los “niños del Tibú”, la vacunación y otros mensajes asociados a la pandemia por Covid-19; la Plataforma Unitaria fue el grupo con más menciones a la muerte de Baduel, la Reconversión Monetaria y, en menor medida las negociaciones en México. En las menciones sobre Saab coincidieron los extremos
De una revisión de 61.693 tweets posteados por 834 cuentas de la categoría Partidarios/as –integrada por el Gran Polo Patriótico, la Plataforma Unitaria, la Alianza Democrática y los Abstencionistas–, se extraen los siguientes temas priorizados por cada grupo partidista durante los primeros 15 días de octubre.
La tabla refiere el porcentaje de menciones que ocupa cada grupo partidista respecto al total de referencias de cada tema halladas en la muestra.
Mientras que la Plataforma Unitaria fue el grupo que más mencionó la muerte en prisión del exministro de la Defensa, Raúl Baduel (54%), seguida de la reconversión monetaria –que entró en vigencia el pasado 1 de octubre– (52%) y de las negociaciones en México (43%); el oficialismo se concentró, especialmente, en el asesinato de dos niños de presunto origen venezolano que fueron sorprendidos robando unos pantalones en un comercio de Tibú, Colombia, un lugar fronterizo entre ambos países (62%). Adicionalmente, también el Gran Polo Patriótico aparece como la subcategoría que más ha hablado del proceso de vacunación y de la pandemia producida por el Covid-19.
Por su parte, el grupo Abstencionista acumula la mayor cantidad de menciones sobre la actuación del alto represetante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, respecto a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre; así como de la compañía Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que está bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019 y que fue declarada en quiebra a finales de septiembre para acogerse a un plan de rescate de las autoridades colombianas.
Aunque la Alianza Democrática no dedica ni el 20% a alguno de estos siete temas, sí es el grupo que más menciones colecciona respecto a las elecciones de noviembre.
A partir del 16 de octubre en adelante, el acontecimiento más relevante estuvo asociado a la extradición de Alex Saab, empresario colombiano identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano.
Alex Saab: el tema en el que coinciden los extremos
Según los datos obtenidos, la frecuencia de tuits desde el 1 hasta el 15 de octubre mostró un comportamiento similar entre todos los grupos partidarios. Sin embargo, en cuanto se conoció públicamente que Saab sería extraditado a los Estados Unidos, después de haber permanecido más de un año detenido en Cabo Verde en el continente africano, el número de menciones experimentó el incremento más pronunciado dentro del periodo analizado.
Aunque desde el 1 al 22 de octubre el GPP es el grupo que acumula la mayor cantidad de menciones, con el 36%, no fue el conjunto partidista que dedicó mayor espacio al tema el día de su extradición. En la gráfica puede apreciarse la proporción de tweets que las y los abstencionistas destinaron al respecto, un 30% de las menciones totales.
Con etiquetas como: “Ola de solidaridad por Álex Saab”, “EEUU secuestró a Álex Saab” y “la verdad siempre triunfa”, el oficialismo logró mantener posicionado en la red social el tema del empresario colombiano con mensajes que tendían a comunicar principalmente solidaridad con el enjuiciado y denunciar abusos e injusticia en el caso, por parte de los Estados Unidos.
Los más virales
Son criminales y por eso hay que enfrentarlos aplicando la justicia. La extradición de Alex Saab es un golpe certero a la estructura criminal que secuestra y destruye a Venezuela.
María Corina Machado
El mensaje de la dirigente alcanzó 3.963 retweets, 114 tweets citados y más de 11 mil likes. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó:
Lo de Alex Saab era absolutamente predecible, lo convirtieron en objetivo solo por ayudar a Venezuela, el imperialismo jamás ha respetado el derecho internacional, invaden países, asesinan presidentes, dan golpes de estado, secuestran a personas, igual Nosotros Venceremos!!
Diosdado Cabello
Aunque la publicación de Cabello obtuvo menos retweets, fue la publicación más destacada por el caso de la extradición de Saab a los Estados Unidos con 3.274 retweets, 281 tweets citados y 3.405 likes.
El análisis del Observatorio Electoral Venezolano también arrojó que el grupo de la Alianza Democrática fue el que menos mensajes publicó en relación a la extradición de Álex Saab, con solo el 4% dirigido al empresario. Cabe destacar que ni siquiera el día 16 de octubre, la cantidad de mensajes de la Alianza Democrática fue significativa en comparación con el GPP y los Abstencionistas.
Menos menciones
Por su parte, la Plataforma Unitaria alcanzó el 30% de mensajes referidoa a Álex Saab, lo que sigue siendo reelativamente menos al compararlo con los Abstencionistas y el GPP.
Base utilizada.
Nº de tweets por subcategoría (del 1 al 22 de octubre):
Gran Polo Patriótico: 22.858 (37%)
Plataforma Unitaria: 20.391 (33%)
Alianza Democrática: 10.158 (17%)
Abstencionista: 8.286 (13%)
Total: 61.693
Nota metodológica.
La muestra diseñada por el OEV de figuras y actores relevantes contempla cuatro categorías: 1) Partidarios; 2) Instituciones del Estado; 3) Funcionarios/as Públicos; y 4) Sociedad Civil. La información que aquí se presenta constituye un análisis de un sector de la primera categoría “Partidarios”, la cual, adicionalmente, contiene cuatro subcategorías: Gran Polo Patriótico (GPP), Plataforma Unitaria, Alianza Democrática y Abstencionistas. Los datos fueron extraidos específicamente de las candidaturas del GPP y de la Plataforma, debido a que, para la fecha del primer corte, no se conocía el listado de contendientes a las alcaldías por parte de la Alianza Democrática. Esta información será actualizada en el siguiente corte.
La categoría “Partidarios” está compuesta por 834 cuentas de partidos políticos y sus diregentes, así como las y los candidatos al máximo cargo del Ejecutivo estadal (23 entidades) y municipal (335 municipios). Incluye también a figuras que forman parte de las estructuras partidarias o personajes prominentes de cada partido, aunque no estén optando por un cargo de elección popular. Se descartaron las cuentas de legisladores(as) y concejales(as) con ánimos de facilitar la búsqueda.
En el simulacro de este 11 de noviembre se redujeron los centros disponibles para los electores en todo el país. En esta ocasión, por ejemplo, la cifra de centros representó apenas la mitad de los activados para las elecciones parlamentarias de 2015. En algunos centros, se apreció una concurrencia importante pero, en general, fue principalmente oficialista, caracterizada por el ventajismo del partido de gobierno con la instalación de puntos rojos en las cercanías de los centros
Con el despliegue de una cantidad de centros pilotos, los simulacros electorales permiten a los votantes practicar sobre el sistema antes del evento comicial, así como verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica –máquinas, captahuellas, boletas electrónicas, la red y los medios de transmisión de resultados– y afinar detalles logísticos –operadores de máquinas, personal electoral y Plan República–. Al igual que las ferias electorales, su objetivo es ofrecer al elector la mayor cantidad de información y prepararlo para el momento de votar.
Menos centros habilitados
El Consejo Nacional Electoral ha reducido en las últimas elecciones la cantidad de centros habilitados en los simulacros de votación, pese a que el Registro Electoral ha experimentado un ligero incremento. Para el simulacro de este 11 de noviembre –en preparación para las elecciones de concejales del próximo 9 de diciembre de 2018–, fueron activadas 1.154 máquinas de votación en 373 centros para un total de 20,8 millones de votantes. Esta cifra representa la mitad de los centros dispuestos para las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el simulacro se realizó con 4.555 mesas de votación en 749 centros para una población electoral de 19,5 millones. Igualmente, implica una reducción de 788 mesas y 123 centros en comparación con las irregulares elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio de 2017, cuando el organismo desplegó 1.942 máquinas en 496 centros de votación. La cantidad de centros también se vio disminuida en relación al simulacro realizado previo a las más recientes elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos del 20 de mayo, cuando se habilitaron 1.200 máquinas de votación en500 centros.
Evaluación del simulacro
De la evaluación del simulacro realizada por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) se puede concluir que, si bien en algunos centros se apreció una concurrencia importante, influida por la notable reducción de los centros habilitados para tal fin, los asistentes se identificaron principalmente con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Al respecto, en una rueda de prensa transmitida a comienzos de la tarde del domingo 11 de noviembre, la vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, indicó que la afluencia de electores fue “alta durante todo el día y aumentó en horas del mediodía”.
El evento se caracterizó por el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica, con pocas interrupciones durante el proceso de votación simulado, así como por un buen desempeño en las máquinas de votación y captahuellas. Adicionalmente, nuestros voluntarios de la red describieron la actuación del personal del CNE, así como la organización logística del evento, como buenos.
Oblitas aseguró que el simulacro “ha funcionado como se ha querido”, sin reportes de incidencias. Sin embargo, el CNE no incluyó en su balance el tiempo cronometrado para ejercer el derecho al sufragio, promedio aproximado en que el votante completa el recorrido por la herradura electoral.
A grandes rasgos, y de acuerdo al OEV, el simulacro no cumplió los objetivos de un evento de esta naturaleza, debido a que participaron solo los simpatizantes de una fuerza política y no el electorado en general, al tiempo en que se advirtieron, desde ya, irregularidades asociadas a la instalación de puntos rojos. De esta forma, se repite el patrón de ventajismo de Estado fuera del lapso estipulado para la campaña electoral, la cual fue fijada para iniciar formalmente el 22 de noviembre.
En esta elección de los concejos municipales, clave para la descentralización política del país, el CNE no solo incurrió en la violación del mandato que obliga a realizar conjuntamente la escogencia de alcaldes y concejales, tras una decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente en usurpación de las funciones del árbitro electoral, sino que incumplió con los períodos constitucionales al convocarla con un año de retraso. Además, es un evento que se organiza con reducida oferta electoral luego de la anulación de los partidos de oposición más votados. Así, los comicios en Venezuela ya no transcurren en igualdad de condiciones y no son percibidos por muchos votantes como justos, transparentes, libres e imparciales
En los últimos 18 años los concejales han sido electos en apenas tres ocasiones en procesos de distinta naturaleza. En las dos primeras oportunidades ellos se escogieron conjuntamente con los integrantes de las Juntas Parroquiales, siendo esta última la figura de la unidad político territorial de menor rango y que últimamente está siendo sustituida por las comunas. En la más reciente elección de concejales, el 8 de diciembre de 2013, los votantes acudieron a las urnas para elegir simultáneamente alcaldes y concejales. Todos estos comicios se caracterizaron por altos niveles de abstención.
3 de diciembre de 2000:Elección Concejos Municipales y Juntas Parroquiales. Abstención: 76,2%[1]
7 de agosto de 2005: Elección Concejos Municipales Juntas y Parroquiales. Abstención: 69,18%[2]
8 de diciembre de 2013: Elecciones Municipales (alcaldes y concejales). Abstención: 41,08%[3]
La diferencia entre estos casos se vincula a la aprobación, en 2010, de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales[4], la cual obliga a realizar conjuntamente la elección de alcaldes y concejales (artículo 2). A partir de esa fecha, los comicios para seleccionar a los representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a nivel local se agrupó en un evento electoral denominado “municipales”, mandato legal incumplido en 2017, cuando el árbitro, atendiendo a un decreto de la ANC, convocó al electorado a sufragar exclusivamente por la autoridad ejecutiva municipal. A continuación se presentan las cosas más relevantes que deben tomarse en cuenta sobre la elección del próximo 9 de diciembre.
1) ¿Cuántos cargos se elegirán y quiénes pueden ser electos?
El 9-D se elegirán los titulares de 2.459 curules en las 335 Cámaras Municipales del país: 1.704 cargos serán electos de forma nominal, 686 por lista y 69 serán representantes de las comunidades indígenas[5]. Con respecto a las municipales de 2013, cuando fueron electos 2.435 concejales[6] (686 lista, 1.680 nominales y 69 representantes indígenas), representa un incremento de 24 escaños adicionales.
Según información proporcionada por la rectora Tania D’Amelio en Twitter, hasta el 8 de octubre el CNE había recibido 53.735 postulaciones de candidatos. Cada postulante debe garantizar la cuota de paridad de género establecida en el manual de postulaciones[7], en la que ninguna lista de candidaturas debe tener más de 60% ni menos de 40% por sexo.
En las #EleccionesMunicipales de concejalas y concejales del #9Dic se escogerán las y los titulares de 2.459 curules, para las cuales se han postulado 53.735 candidatas y candidatos, en una paridad de género que para hoy #8Oct se ubicaba en 47,43% de mujeres y 52,57% de hombres.
De acuerdo al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM)[8], serán elegibles como concejales los venezolanos (por nacimiento o naturalización), mayores de 21 años y que hayan residido en el municipio por los menos tres años justo antes de la elección. Si se trata de municipios fronterizos, los naturalizados deberán haber residido por los menos 10 años previos a la elección.
La cantidad de concejales por municipio está establecida en una escala fija presentada en el artículo 13 de la LOPRE[9] y en el 94 de la LOPPM. A municipios con 15.000 habitantes, o menos, corresponden cinco concejales; entre 15.001 y 100.000 se asignan siete; a municipios con una población entre 100.001 y 300.000 habitantes corresponden nueve representantes; para poblaciones entre 300.001 y 600.000 habitantes estipulan 11 concejales; y finalmente, a municipios de 600.001 y más habitantes corresponden 13 concejales. En consecuencia, el número total de miembros en las cámaras municipales no es permanente y dependerá entonces del crecimiento poblacional del municipio, aunque sí establece límites: un máximo de 13 y un mínimo de cinco integrantes.
2) ¿Quiénes pueden votar?
En estas elecciones podrán sufragar los venezolanos residentes en el país y los extranjeros con más de 10 años de residencia, que hayan cumplido 18 años y se estén inscritos en el Registro Electoral, con la condición de presentar su Cédula de Identidad laminada. En cambio, los criollos en el exterior no podrán ejercer su derecho al voto por tratarse de una elección local.
En Venezuela, los privados de libertad que han sido condenados por un tribunal del país no pueden votar en ninguna elección, de manera que solo aquellos que aún no tienen sentencia podrán acudir a las urnas el 9-D en centros de votación habilitados en su lugar de reclusión. Tampoco podrán sufragar quienes tengan inhabilitación política, que implica la suspensión temporal del goce del derecho activo y pasivo al sufragio (elegir y ser elegido), o interdicción civil, personas declaradas incapaces de ejercer actos de la vida civil por adolecer de un defecto intelectual grave (identificados como “entredichos” en el Código Civil Venezolano).
3) ¿Cuáles son las funciones de los concejales?
Los concejales ejercen la función legislativa del municipio, es decir, simbolizan el Poder Legislativo a nivel local. Cada concejal es un representante de los electores en su circunscripción ante la cámara municipal. Según lo establece el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), los concejos municipales tienen, entre otras cosas, los siguientes deberes y atribuciones:
Impulsar proyectos de ordenanzas municipales.
Realizar consultas públicas en las comunidades para discutir proyectos de ordenanzas municipales o el Plan Municipal de Desarrollo.
Aprobar, en las sesiones del concejo, las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público.
Promover la participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública municipal.
Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública municipal.
Presentar anualmente, ante los ciudadanos de su circunscripción, la rendición de cuentas de su gestión legislativa y política.
Organizarse en comisiones con el fin de atender diferentes temas de interés del municipio.
Llevar adelante investigaciones sobre las materias municipales que estimen pertinentes, para lo cual pueden citar al alcalde, funcionarios y/o empleados para que comparezcan ante ellos.
Exigirle al alcalde, funcionarios y empleados que entreguen documentación relacionadas con la investigación que realizan.
4) Se incumplen los periodos constitucionales
En esta oportunidad, las elecciones de concejales se realizarán con un año de retraso, pues los últimos comicios en los que se escogieron a los integrantes de los Concejos Municipales de los 335 municipios del país ocurrió el 8 de diciembre de 2013, hace más de cuatro años, período establecido por la normativa vigente para el cargo de concejales. Sin embargo, no se trata de la demora más larga en la que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lea también | Municipales 2013 vs. 2018: ¿cambió algo? En 2009 el árbitro incumplió el mandato legal de convocar a elecciones municipales ese año, postergando esos comicios de concejales durante cuatro años y cuatro meses (extendiendo la estadía de los miembros de las Cámaras Municipales por ocho años). La autoridad electoral inicialmente justificó la medida en el artículo de la Constitución que impide reformar las leyes electorales seis meses antes de cualquier votación y retrasó la celebración de los comicios municipales tras la modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), aprobada en 2009 por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Así, sin previo aviso, el Poder Electoral dejó correr el tiempo.
5) Municipales reprogramadas sin explicación
En un lapso de un año y ocho meses el CNE anunció en tres oportunidades la fecha para celebrar las elecciones municipales. Estos comicios de concejales fueron primero pospuestos, al no realizarse junto a los comicios de alcaldes en diciembre de 2017; luego, fijados a última hora para realizarse conjuntamente con la elección presidencial; y, más tarde, aplazados nuevamente por otros nueve meses.
Primer anuncio.El 18 de octubre de 2016, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que los comicios municipales serían realizados a finales del segundo semestre de 2017, en un intento de aplacar las reacciones que generaría la suspensión del referendo revocatorio dos días más tarde.
Transcurridos 12 meses desde el anuncio (el 26 de octubre de 2017), en los que el organismo electoral no hizo ninguna mención a estos comicios municipales, la entonces ya instalada Asamblea Nacional Constituyente –cuya elección fue legalmente puesta en duda y políticamente cuestionada por distintos actores políticos nacionales y diversas instancias internacionales– aprobó la convocatoria de elecciones de alcaldes para diciembre de ese año, dejando por fuera, sin explicación alguna, la elección de concejales y de las alcaldías Metropolitana de Caracas y de Alto Apure (aún sin fecha estimada), legalmente fijadas, como ya se mencionó, para realizarse de manera conjunta.
Segundo anuncio. Con la propuesta de “megaelecciones”, sugerida por el oficialismo y admitida por la ANC previo a las elecciones presidenciales de 2018, se barajó la posibilidad de celebrar simultáneamente la elección del Jefe de Estado, los 23 Consejos Legislativos, las 335 Cámaras Municipales e, inclusive, adelantar los comicios de la Asamblea Nacional, que para esa fecha todavía no culminaba la mitad de su gestión y cuyo mandato constitucional debe extenderse hasta el 2021. Esto implicaba la selección de más de 2.860 cargos en tres niveles del Poder Público (un presidente, 167 diputados nacionales, 251 legisladores regionales y alrededor de 2.450 concejales, sin incluir suplentes). Organizada además en apenas tres meses, la propuesta fue aprobada parcialmente por el CNE.
El 1 de marzo de 2018, y producto de un acuerdo firmado por los partidos postulantes, el Poder Electoral reprogramó las elecciones para elegir al mandatario nacional el 20 de mayo y convocó para la misma fecha los comicios de diputados regionales y concejales[10]. Sin embargo, debido a las “dificultades técnicas” y a la inviabilidad práctica y logística que implicaba la organización de un proceso que concentrara tres tipos de elección, el organismo postergó la escogencia de los Concejos Municipales sin anunciarlo públicamente.
Tercer anuncio.Finalmente, el 11 de julio de 2018 el CNE anunció que las elecciones para elegir a los concejales se realizarían el 9 de diciembre del año en curso. Dos días más tarde, el ente publicó el Cronograma Electoral, formalizando la convocatoria con 149 días de antelación (casi cinco meses). Se trata de la única convocatoria electoral de los últimos dos años que no ha sido inicialmente aprobada por la ANC, instancia que había estado tomándose atribuciones que –conforme a las normas vigentes– corresponden exclusivamente al CNE, único organismo encargado de fijar y anunciar la fecha de las elecciones.
6) Mayoría de partidos opositores inhabilitados para participar
Con la conformación de un nuevo ecosistema de partidos, las organizaciones de oposición más votadas en elecciones recientes fueron anuladas e inhabilitadas para presentar candidatos el próximo 9D. Entre ellas se encuentran: Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), La Causa R (LCR) y Alianza Bravo Pueblo (ABP). Inicialmente, la rectora del CNE Tania D’Amelio informó a través de Twitter que 37 partidos políticos estaban habilitados para postular candidatos el 9 de diciembre: 21 partidos nacionales –de los cuales diez son oficialistas, ocho de tendencia opositora o independientes sin vínculos con la MUD y dos de tendencia opositora que estuvieron vinculados a la extinta MUD–, 11 regionales y cinco indígenas[11]. Sin embargo, la cifra aumentó a 51 partidos por la adición a último momento de otras 14 organizaciones indígenas regionales[12].
37 organizaciones con fines políticos podrán postular candidatas y candidatos en las #EleccionesMunicipales del #9Dic de 2018. De las mismas, 21 son organizaciones nacionales, 11 son organizaciones regionales y 5 son organizaciones indígenas.
De manera que, en la última década, distintas instituciones del Estado han ejecutado acciones sistemáticas para avanzar en un proceso continuado de debilitamiento y extinción de partidos políticos de oposición, lesionando así el derecho de los ciudadanos a tener una oferta electoral más diversa. Lea también: OGCD advierte que el oficialismo limita el pluralismo político
7) Diseño de circunscripciones sin explicación
No debe dejarse de lado que, en esta ocasión, el árbitro definió el diseño de 702 circunscripciones (265 uninominales y 437 plurinominales) –que implica la elaboración de 702 boletas electorales– y estableció la distribución de estos cargos sin solicitar aprobación previa de la Asamblea Nacional que, por ley –artículo 11 de la LOPRE–, debe autorizar las proyecciones poblacionales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto también ocurrió en la pasada elección de los Consejos Legislativos el 20 de mayo de 2018.
Cada municipio tiene competencia para organizar el funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades municipales, por lo que puede dictar las normas que regulan su autonomía funcional y su propio ordenamiento interno (artículo 53 de la LOPPM). Estos instrumentos (ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera) son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades nacionales, estadales y locales.
Los concejales integran el Consejo Local de Planificación Pública en cada municipio, junto al alcalde y a representantes de organizaciones vecinales. Adicionalmente, tienen una participación en los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de cada estado.
Los concejales resultan piezas fundamentales en el proceso de descentralización que ha sufrido retrocesos en los últimos años con acciones como la instalación de instancias paralelas en espacios conquistados por la oposición –tales como la Jefatura de Gobierno en el Distrito Capital, Corpomiranda o Corpolara–, con la creación de Consejos Comunales en sustitución de las Juntas Parroquiales, la reducción del situado constitucional y de competencias tributarias en estados y municipios, así como la persecución, destitución y encarcelamiento de autoridades locales.
La publicación oportuna del cronograma para la elección de concejales representa un cambio en la forma en que el CNE venía planificando los comicios. Así, el árbitro volvió a incluir actividades que habían sido suprimidas en los comicios más recientes, al tiempo en que otorgó plazos más extensos a importantes etapas del proceso. Para demostrarlo, presentamos a continuación una comparación con el cronograma de las municipales de 2013. Pero, ¿serán estos cambios suficientes para restituir en la ciudadanía la confianza en el voto?
Para la elección de concejales a celebrarse el próximo 9 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha seguido las reglas en la elaboración del cronograma electoral. Pese al retraso de un año que experimentaron dichos comicios, los cuales debieron realizarse en diciembre de 2017 por mandato constitucional, el ente convocó el proceso con casi cinco meses de antelación (cuatro meses y 24 días para ser exactos), un comportamiento muy distinto al exhibido en los últimos cuatro procesos electorales.
Cabe recordar que el organismo estableció un plazo de 56 días de anticipación para preparar la irregular elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a mediados del año pasado, 34 días para programar la escogencia de 23 gobernadores el 15 de octubre, 38 días para planificar los comicios de alcaldes del 10 de diciembre y 80 días para planear las elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos el pasado 20 de mayo de 2018. Sin embargo, en esta ocasión, el Poder Electoral ha anunciado un lapso de 149 días para la preparación del evento electoral, hasta dos y tres veces más tiempo que el estipulado para los procesos mencionados.
Precisamente, y como ha sido señalado en reiteradas oportunidades por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), los cronogramas de las últimas cuatro elecciones se caracterizaron por ser manejados con alta discrecionalidad por parte del órgano electoral en beneficio del partido gobernante: no fueron publicados con suficiente antelación, sufrieron recortes drásticos, las fechas se modificaron sin previa notificación y las actividades fueron anunciadas a cuentagotas o una vez vencidos sus plazos. Nada de esto parece estar sucediendo en la etapa pre-electorales camino al 9-D.
Cronogramas similares en distintos contextos
En este sentido, el cronograma de estas elecciones para elegir alrededor de 4.900 concejales principales y suplentes tiene muchas similitudes con el cronograma de las municipales de 2013, a pesar de las diferencias que rodean ambos procesos. Mucho ha cambiado el panorama político, empezando por el hecho de que, aunque se traten de comicios de la misma naturaleza, esta vez el CNE incurrió en la violación del mandato que obliga a realizar conjuntamente la escogencia de alcaldes y concejales, tal como lo estipula el artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales[1]. Y es que el organismo solo convocó para diciembre de 2017 la elección de alcaldes, pese a que correspondía también la escogencia de los representantes de los 335 Concejos Municipales del país.
En segundo término, las elecciones en Venezuela ya no transcurren en igualdad de condiciones: no son percibidas como justas, transparentes, libres ni imparciales debido a una cadena de graves episodios que comenzó con la suspensión del Referendo Revocatorio Presidencial, en 2016, y que derivó en el debilitamiento del valor del voto. Ahora, los comicios no solo se organizan con reducida oferta electoral –tras la anulación de los partidos de oposición más votados–, sino que también admiten la alteración de la voluntad popular a través de la sistematización de diversas estrategias políticas –tales como la coacción del electorado a través del Carnet de la Patria, por ejemplo– que acentúan el ventajismo oficialista.
El hecho de que los venezolanos tengan pocas alternativas para elegir a sus representantes en las cámaras municipales, una restricción en el ejercicio de la democracia, termina por empañar la regularidad con la que fue elaborado el cronograma electoral.
Cronogramas Municipales 2013 vs. Concejales 2018
Mientras que en 2013 el CNE estipuló 103 actividades en el cronograma electoral en un transcurso de 241 días, en 2018 determinó 105 actividades distribuidas en un lapso de 212 días. En ambos casos las actividades incluyen las tres etapas del proceso (pre-electoral, electoral y post-electoral), que inician con la convocatoria y culminan con el proceso de auditoría y sustanciación de las investigaciones por los gastos de campaña. A grandes rasgos, son escasas las diferencias significativas entre las actividades y sus tiempos de realización en ambos cronogramas. Así, por ejemplo, la convocatoria de 2013 fue hecha con casi seis meses de antelación y en 2018 se materializó casi cinco meses antes, apenas un mes de diferencia contando desde el momento en que fueron publicados formalmente los cronogramas electorales. Aunque desde el OEV se ha promovido que la convocatoria de cualquier comicio debería fijarse y publicarse con un mínimo de seis meses de anticipación, no debe pasar desapercibido el comportamiento de la autoridad electoral en esta oportunidad.
De la misma forma, para las elecciones del próximo 9 de diciembre el organismo incluyó el “Programa de acompañamiento internacional” en un lapso de siete días, mientras que en el documento de 2013 no se hace ninguna mención a actividades relacionadas al acompañamiento. Una importante actividad que también fue excluida de los cronogramas en las últimas cuatro elecciones. Algo similar ocurrió con la etapa para elaborar el diseño de las circunscripciones, la cual contó con 21 días en 2018 y ningún día en 2013.
Algunas etapas sufrieron ligeras reducciones o incrementos de tiempo en el cronograma de 2018. Entre ellas se incluyen: la campaña institucional (con 29 días menos que en 2013), las actividades relacionadas con el Registro Electoral (con seis días menos), la campaña electoral (con cuatro días menos), la feria electoral (un día más que en 2013) y la publicación de resultados en Gaceta Electoral (12 días más que hace cinco años).
En el caso de las actividades asociadas al Registro Electoral, por ejemplo, el CNE otorgó un plazo de 82 días para estas elecciones, similar al de los comicios presidenciales de 2012 (84 días) o al de las municipales de 2013 (88 días) y en contraste con el tiempo de esta etapa estipulado para las presidenciales de 2018 (35 días). Esto permitió la inclusión en el cronograma de una “Jornada especial del Registro Electoral” a realizarse en 32 días, para la inscripción o actualización de los datos de los votantes y para la cual habilitó 706 puntos con máquinas captahuellas[2] distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.
Otras actividades, en cambio, sí reflejaron incrementos o disminuciones de tiempo considerables en comparación con la planificación de 2013, aunque esto no implica necesariamente que se vea alterado el desarrollo del proceso de forma significativa, de acuerdo al análisis realizado por el OEV. Por un lado, el CNE redujo en 2018 todas las actividades relacionadas a la generación del tabla mesa y la organización del directorio de centros de votación, que sumaron un total de siete días (versus los 97 días planificados en 2013); al tiempo en que estipuló dos actividades relacionadas a la selección y funcionamiento de los miembros de mesa e integrantes de organismos subalternos con una duración de 94 días en 2018, en contraste con los 229 días estipulados para estas actividades en las municipales de 2013. Igualmente, disminuyeron las actividades y los plazos asociados a la elaboración de las boletas electorales (que pasaron de 50 días en 2013 a 12 días en 2018), así como las capacitaciones electorales (73 días menos de una elección a otra).
Vale analizar detalladamente el caso de las postulaciones, una de las etapas que se ha visto más afectada por los recortes en los últimos procesos electorales. Para los comicios del próximo diciembre, el ente estableció 22 actividades en 192 días, frente a las 27 actividades organizadas durante 351 días en 2013 (entendiendo que muchas de las actividades ocurren de forma simultánea). Pese a que esta diferencia se concentró especialmente en los lapsos asignados a la sustitución y modificación de las postulaciones listas y nominales, la realidad es que el lapso para la inscripción de candidatos fue mayor en el proceso de este año, cuando el CNE otorgó 10 días para realizar las postulaciones por internet y otros seis días para presentarlas (el cual fue solo de cinco días en 2013).
También las auditorías sufrieron importantes recortes de tiempo este 2018, con una diferencia de 82 días entre un cronograma y otro, pese a que se estipuló un número similar de actividades para ambos comicios (16 auditorías en 2018 y 21 en 2013). Esta diferencia radica en la supresión del Sistema de Información al Elector (SIE) del sistema de votación y el uso de la tinta indeleble, considerando que se trata de dos mecanismos que refuerzan el sistema pero que no resultan indispensables para su correcto funcionamiento.
Por otro lado, el Poder Electoral incrementó el tiempo para trabajar en las actividades relacionadas a la producción, ensamblaje, despliegue y repliegue del material electoral, a las cuales dedicará 351 días para la elección del 9-D en franco contraste con los 149 días que destinó para la organización del proceso en 2013; aumentó en 60 días las actividades asociadas a la generación de las acreditaciones (incluyendo los lapsos para que los partidos, grupos de electores y comunidades indígenas validen a sus testigos políticos); y amplió igualmente el lapso estipulado para la rendición de cuentas de las organizaciones postulantes, contemplando más de 81 días en 2018 versus los más de 52 días en las municipales de 2013.
Como ha sido referido con anterioridad, los cronogramas de los procesos electorales celebrados desde 2017 experimentaron la eliminación de importantes actividades como el simulacro, los lapsos de inscripción o impugnación al Registro Electoral, el plazo para postular candidatos o las postulaciones de grupos de electores e iniciativa propia, los programas de observación o acompañamiento internacional e, incluso, algunas auditorías que terminaron por debilitar el blindaje de la plataforma tecnológica, mermando la confianza en el sistema automatizado de votación en algunas de estas elecciones.
Es por ello que la publicación oportuna del cronograma para la elección de concejales del próximo 9-D representa, más bien, un cambio en la forma en que el CNE venía regularizando la planificación de los comicios. A diferencia de los últimos cuatro eventos electorales, el cronograma más reciente no cuenta, por ejemplo, con un renglón de “Actividades previas”, lo que indica que el proceso no comenzó antes de que se materializara la convocatoria formal, un actuación que se había hecho recurrente y que es contrario a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 42.
Lo dicho hasta ahora pone de manifiesto que, pese a que la etapa pre-electoral (que comprende las actividades previas al evento) transcurra con normalidad y sin irregularidades aparentes, eso no asegura que el proceso cumpla con las garantías de una elección justa, libre y democrática de acuerdo a los estándares internacionales. Está por verse si este comportamiento del árbitro, que se evalúa como positivo y en la dirección correcta, será suficiente para recuperar en la mayoría de la ciudadanía la confianza en el voto.
Haciendo un análisis comparativo entre las condiciones electorales de ambos escenarios, a continuación se exponen las razones por las cuales no puede afirmarse tal mejora, al contrario, las garantías para celebrar unas elecciones transparentes, libres y justas se han deteriorado en todos los eventos electorales celebrados desde la suspensión del Referendo Revocatorio, en octubre de 2016, inclusive en los comicios fijados para mayo de este año
Con la firma del “Acuerdo de Garantías Electorales”, suscrito en la sede del Poder Electoral por el oficialismo y un sector de la oposición representado por los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copei, ha cobrado importancia en el debate político nacional la comparación entre las condiciones que rigieron el proceso electoral de 2015 y las que recientemente se anunciaron para los comicios de mayo del presente año. En el marco de este debate público, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) ha realizado un análisis comparativo según el cual las condiciones del evento de 2018 suponen una desmejora con respecto a las del 2015. A continuación se exponen 11 diferencias fundamentales entre ambos procesos.
1) Periodicidad y convocatoria a destiempo
En 2015 los 167 diputados al Parlamento se eligieron en la fecha correspondiente, antes del primer período de sesiones estipulado para el 5 de enero de 2016, de acuerdo a los artículos 192 y 219 de la Constitución venezolana, respetando el plazo que restaba a los legisladores en el ejercicio de sus cargos. Adicionalmente, la fecha de los comicios fue anunciada el 22 de junio, con casi seis meses de antelación, y fue convocada formalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tres días después, el 25 de junio, tras su publicación en la Gaceta Electoral N° 757 conjuntamente con el Cronograma Electoral (Resolución Nº 150622-141).
En cambio, las elecciones de este 2018 fueron convocadas con premura, caracterizadas por adelantos y aplazamientos sin justificaciones del árbitro, sin respeto a los lapsos que garantizan un proceso confiable con resultados transparentes y sin la debida publicación del Cronograma Electoral, violando con ello la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE); pues existe un cronograma de la elección para escoger al Presidente y de algunas actividades para los Consejos Legislativos, pero no para concejales. En efecto, en enero se adelantaron las presidenciales casi ocho meses (de diciembre a abril), y más adelante, en febrero, se anunció la fecha exacta (22 de abril) con apenas 74 días de antelación al evento. Luego, las presidenciales se aplazaron 28 días adicionales, del 22 de abril al 20 de mayo, para celebrarse conjuntamente con otros dos comicios en una especie de “megaelección”: elección de Consejos Legislativos y Cámaras Municipales –procesos que acumulan una demora de más de un año, en el primer caso, y de tres meses, en el segundo– y que, además, viola la prohibición legal de realizar elecciones del Poder Municipal y Nacional simultáneamente (artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal) así como el mandato legal de realizar de forma simultánea las elecciones regionales (gobernadores y diputados a los Consejos Legislativos) y las elecciones locales (alcaldes y Concejales Municipales). Ambas medidas fueron ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral bajo instrucción de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano cuya elección ha sido severamente cuestionada desde el punto de vista legal y político.
Se confirma así que desde 2016 se ha hecho evidente el incumplimiento por parte de la autoridad electoral de los tiempos comiciales y de los mandatos públicos: alargó y, posteriormente, suspendió la activación del referendo revocatorio presidencial; ejecutó la elección de la ANC sin consultar al soberano; retrasó elecciones ya estipuladas por mandato constitucional y planificó otras a destiempo, respondiendo a los intereses políticos del oficialismo.
2) Postulaciones recortadas
En los comicios celebrados en 2015 esta etapa se extendió durante 159 días (cinco meses) en 25 actividades, contando desde el momento en que se publicó el aviso oficial convocando a la conformación de los Grupos de Electores (25 de junio de 2015) hasta la emisión del acta de cierre de las sustituciones y modificaciones nominales (26 de noviembre), diez días antes de la elección, tal y como lo indica la ley. Precisamente, esas fueron las actividades con los plazos más largos: sustitución y modificación de postulaciones lista (95 días) y nominales (115 días).
Resulta evidente la reducción de los tiempos al contrastar las postulaciones publicadas en el segundo cronograma para las elecciones de 2018, las cuales se convocaron a cuentagotas (primero presidenciales, luego diputados regionales y aún sin anuncio sobre concejales): 16 actividades se comprimieron para ejecutarse en apenas 17 días, una programación en la que ninguna tarea sobrepasa los ocho días. En este caso, el CNE planificó un solo día (19 de marzo) para la sustitución y modificación de postulaciones, una reducción de 209 días respecto al proceso anterior; mientras que asignó en el mismo lapso (entre el 26 de febrero y 2 de marzo) tres actividades distintas: la presentación de postulaciones, la admisión y rechazo de las postulaciones, así como la subsanación de los recaudos de postulación. Estas últimas tres actividades fueron posteriormente reprogramadas para la inscripción de candidatos de los Consejos Legislativos, quedando de la siguiente forma: dos días para presentación de postulaciones (15 y 16 de marzo), tres días para la subsanación de los recaudos de postulación (del 15 al 17 de marzo) y cuatro días para la admisión o rechazo de las postulaciones (del 15 al 18 de marzo).
Nuevas trabas en las condiciones para inscribir candidatos Otros dos elementos deben resaltarse en esta comparación. Por un lado, en 2015 se incluyó en el cronograma la presentación de autorizados para inscribir candidatos por parte de las comunidades indígenas; mientras que, en la actualidad, aunque deben elegirse ocho representantes indígenas a los parlamentos estadales, no fue considerado en el documento este sector poblacional para postular candidatos. Por otro lado, pese a que en 2018 el CNE abrió un segundo lapso para la presentación de los candidatos a diputados regionales, cuya normativa no fue debidamente publicitada, no permitió la postulación por parte de nuevos Grupos de Electores o por Iniciativa Propia; pues solo podían presentar aspirantes aquellos que ya habían inscrito candidatos a la Presidencia de la República. Esto representa una violación a los artículos 62 y 67 de la Constitución, los cuales garantizan los derechos de los ciudadanos de “participar libremente en los asuntos públicos”, “asociarse con fines políticos” y “concurrir a los procesos electorales” a través del mecanismo de iniciativa propia.
3) Graves restricciones al pluralismo político
No debe dejarse de lado que, en la actualidad, se restringió el pluralismo político mediante dos procesos de renovación de partidos realizados en menos de un año, reduciendo las organizaciones de 64 en 2016 a 17 en 2017, de las cuales la gran mayoría validada resulta afín al oficialismo.
ntre las inhabilitadas se encuentran organizaciones que obtuvieron candidatos a la Asamblea Nacional y que, en algunos casos, tienen importante representación regional como Primero Justicia, Voluntad Popular, La Causa R, Alianza Bravo Pueblo y otras. Adicionalmente, no solo se anuló judicialmente la tarjeta MUD, la más votada en la historia del país, sino que partidos que conforman esta alianza corren el riesgo de volver a ser inhabilitados al no participar en las elecciones del próximo 20 de mayo, tales como Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).
4) Registro Electoral: siete meses en 2015, un mes en 2018
Esta etapa también experimentó importantes recortes. En 2015 se desarrollaron 12 actividades en un periodo de 53 días (casi dos meses), agregando otros 156 días adicionales (cinco meses) para los operativos especiales de inscripción y actualización del padrón electoral con un despliegue de 1.568 puntos en todo el país, lapso en el que se inscribieron 870.811 nuevos votantes frente al corte de la elección anterior (municipales del 8 de diciembre de 2013). En cambio, en 2018, se apiñaron 17 actividades en 35 días –una disminución de 83% en comparación con el plazo estipulado hace tres años–, que incluyen los operativos especiales extendidos por apenas 18 días con 531 puntos distribuidos en todo el territorio nacional. De acuerdo a la LOPRE, el Registro Electoral debe ser de carácter continuo, aunque, adicionalmente, la legislación estipula la realización de jornadas especiales previo a cada proceso electoral, en las que el CNE está obligado a desplegar una mayor cantidad de máquinas ubicadas en zonas de todo el país con gran afluencia de ciudadanos.
Esta reducción de lapsos influyó en la cantidad de personas que ingresaron a la base de datos en 2018, sobre todo de los venezolanos registrados en las representaciones diplomáticas en el exterior. En lo que se refiere a electores que residen en el país, se registraron 910.272 nuevos votantes en los 18 días en los que se habilitaron operativos especiales, menos de la mitad de los que se estiman podían hacer (alrededor de dos millones de personas); mientras que el padrón de venezolanos inscritos en el exterior creció en 7.028 nuevos votantes, apenas un 0,35% del total potencial en edad para sufragar, estimado también en alrededor de dos millones de personas. De esta forma, el Registro Electoral preliminar para las elecciones del 20 de mayo quedó en 20.759.809 electores (20.422.416 se encuentran en el país, 228.770 son extranjeros con más de 10 años de residencia en Venezuela y 108.623 están en el exterior), de los cuales 20.531.039 podrán elegir al Presidente de la República (que excluye a los extranjeros residenciados) y 18.923.049 podrán escoger a los representantes de los Consejos Legislativos y las Cámaras Municipales.
La admisión de impugnaciones y la promoción de pruebas en contra del Registro Electoral preliminar fueron las actividades más extensas del cronograma en 2015, con una duración de 22 y 28 días respectivamente; mientras que para el evento de 2018, esas mismas actividades fueron programadas en un lapso de tres y dos días respectivamente. Se trata, entonces, de un proceso electoral que viola el artículo 37 de la LOPRE, al incumplir el lapso de 15 días para impugnar el Registro Electoral preliminar una vez publicado, transgrediendo los principios de una elección íntegra.
A este cálculo debe sumarse el reciente manejo irregular que hizo la autoridad sobre el Registro Electoral, al obstaculizar gravemente la inscripción y actualización de los venezolanos en el exterior –requiriendo en algunos casos la residencia definitiva, definiendo horarios restringidos, jornadas por número de cédula de identidad o, simplemente, cerrando embajadas y consulados– y al modificar a última hora la base de datos para permitir a candidatos privilegiados hacer cambios fuera del lapso estipulado (previo a la elección de la ANC) o para excluir a electores (en el marco de los comicios de gobernadores del 15 de octubre de 2017).
5) Incumplimientos en la aprobación de circunscripciones electorales
El órgano electoral debe determinar el número y ubicación de las circunscripciones electorales con respecto a un índice de población establecido constitucionalmente, calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Adicionalmente, de acuerdo al artículo 11 de la LOPRE, debe solicitar al Parlamento la aprobación de la estimación poblacional, con la finalidad de definir el número de cargos nominales a elegir en cualquiera de los cuerpos deliberantes (Asamblea Nacional, Consejos Legislativos y Concejos Municipales), pues la cantidad de representantes variará por región dependiendo del número de habitantes; al igual que el censo de la población indígena.
Para las parlamentarias de 2015, el organismo sí cumplió con este procedimiento, pese a que las modificaciones de las bases de población generaron una desproporción entre el número de habitantes y la cantidad de diputados a elegir (estados rurales menos poblados terminaron por elegir más representantes); mientras que, hasta la fecha, aún se desconocen las circunscripciones electorales para las elecciones de 2018. Esta vez el CNE pasó por alto la legislación al no realizar el trámite para pedir a la Asamblea Nacional la aprobación de las proyecciones poblacionales y, de todas formas, la rectora del CNE, Tania D’Amelio, reveló en su cuenta de la red social Twitter –sin notificar cómo fueron definidas las circunscripciones– que se elegirán 251 legisladores regionales: 59 lista y 192 nominales, de los cuales ocho son representantes indígenas.
6) Escogencia de miembros de mesa: aplaudida en 2015 y criticada en 2018
Para las elecciones parlamentarias de 2015, el CNE escogió con nueve meses de antelación (el 19 de marzo) y en sorteo público un total de 480.828 miembros de mesa, llamados a prestar servicio electoral obligatorio como integrantes de las 24 juntas regionales, dos metropolitanas, 335 municipales y 71 parroquiales. Ese proceso, en el que participaron 26 organizaciones políticas, duró 18 minutos y 36 segundos, rapidez que fue aplaudida por los representantes de los partidos, la cual se debió a la utilización de un nuevo software automatizado que pudo ser auditado y verificado por todos los participantes. Incluso, el entonces presidente de la Comisión Electoral de la alianza opositora MUD, Vicente Bello, calificó como satisfactoria la selección.
En el cronograma electoral de 2018 el CNE planificó la selección de los integrantes de estos organismos subalternos para el 19 de marzo y estipuló en 30 días la aprobación y publicación en Gaceta Electoral de los seleccionados, del 20 de marzo al 18 de abril. Este sorteo forma parte de una de las 11 concesiones electorales que presenta el “Acuerdo de Garantías Electorales” para la megaelección de mayo y que lo que hace es confirmar disposiciones ya contenidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
7) Debilitamiento de la observación nacional y el acompañamiento internacional
Mientras que el cronograma electoral de 2015 contempló un programa de acompañamiento internacional en una actividad de ocho días –en el que fue incluida la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)–, en el documento de 2018 se suprimió todo contenido relacionado con esta actividad, tales como la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación del informe de las misiones de acompañamiento. Pese a que en varias oportunidades algunas rectoras del CNE manifestaron públicamente que el acompañamiento internacional “estará garantizado”, poco se sabe sobre estas misiones.
Por otro lado, aunque en el cronograma para las parlamentarias del 6-D no fue incluida ninguna actividad referida a la observación nacional, varias organizaciones locales –entre ellas el Observatorio Electoral Venezolano– fueron acreditadas por el CNE para participar en la observación de los comicios. En cambio, en los últimos procesos de 2017, la autoridad electoral limitó la observación nacional e internacional, negando por primera vez las credenciales a varias organizaciones –entre ellas al OEV–, invitando únicamente al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) –cuya fundación fue propiciada por el presidente Hugo Chávez en 2004 y que repetirá su participación en estas elecciones de 2018– y negando la veeduría de la Unasur, la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE). Para las megaelecciones, el CNE solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que conforme la misión de acompañamiento para los comicios previstos en mayo, sin embargo, aún existe incertidumbre sobre si es factible que este organismo acepte la invitación. El portavoz del Secretario General, Antonio Guterres, ha reiterado a la prensa en numerosas ocasiones que “no se puede enviar personal de la ONU a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea Nacional o del Consejo de Seguridad”. En el primer caso, conforme al artículo 18 de la Carta de la ONU, debe mediar el voto de la mayoría de los 193 miembros presentes y votantes; en el segundo, el artículo 27 de la Carta de la ONU dispone que haría falta el voto afirmativo de nueve de sus 15 miembros, sin que ninguno de los cinco permanentes –Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China– puedas votar en contra. A esto se suman las declaraciones del alto comisionado de la organización internacional, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien afirma estar “seriamente preocupado porque en este contexto no se cumplen de ninguna manera las mínimas condiciones para unas elecciones libres y creíbles” en el país. La ONU no siempre puede atender todas las solicitudes de asistencia electoral que recibe, sobre todo si llega demasiado tarde para proveer una asistencia apropiada. Precisamente, una regla establecida por el Secretario General es que cualquier solicitud deber ser recibida con al menos tres o cuatro meses de antelación a la fecha de la elección. En el caso venezolano, la petición llegó al organismo el 14 de marzo, apenas dos meses antes del evento.
8) Menos tiempo para acreditación de testigos y capacitaciones
El cronograma electoral de 2015 contempló tres actividades para la acreditación de testigos de los partidos políticos, grupo de electores y candidatos por iniciativa propia en un lapso de 30 días; mientras que este 2018 se redujo el lapso a la mitad, contemplando 15 días para las mismas tres actividades. Ocurrió algo similar en el caso de las capacitaciones. Para las parlamentarias del 6-D, la autoridad electoral ejecutó seis actividades en un periodo de 74 días, que incluían formación para los integrantes de los órganos subalternos (Juntas Regionales, Municipales y Parroquiales Electorales, así como miembros de mesa) sobre su funcionamiento, postulaciones, totalización, adjudicación, proclamación y transmisión de contingencias; al igual que talleres de información financiera y apertura de libros contables para postulantes. En cambio, para las megaelecciones de 2018, el CNE planificó siete actividades en 61 días, que contemplan formación para los integrantes de las Juntas Regionales y Municipales, miembros de mesa, personal técnico operativo y talleres de rendición de cuentas para los postulantes.
9) Más tiempo para despliegue de material y campaña política
A diferencia de las etapas anteriormente mencionadas, la campaña electoral y el ensamblaje, despliegue y repliegue del material experimentaron en esta oportunidad un ligero incremento en el tiempo de ejecución. Así, en 2015 la campaña política se extendió durante 21 días, del 13 de noviembre al 3 de diciembre; mientras que en 2018, se estipuló por 26 días, del 22 de abril al 17 de mayo. Sin embargo, esto puede responder a la naturaleza de cada elección. Al tratarse de un proceso que fusiona tres comicios distintos, parece un lapso insuficiente para que los aspirantes a más de 2.600 cargos expongan sus ofertas y propuestas.
Otras diferencias radican en que en el proceso para las parlamentarias el CNE agregó al cronograma la aprobación de un reglamento de campaña electoral, actividad que fue suprimida del cronograma en la actualidad; al tiempo en que alargó el plazo para la campaña institucional y comunicacional, la cual fue 168 días en 2015 y planificada en 81 días en 2018. En esta ocasión el organismo dispondrá de la mitad del tiempo para promocionar e informar sobre los comicios.
En el caso de las etapas de ensamblaje, despliegue y repliegue del material, el CNE ejecutó seis actividades en 224 días previo a las elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional hace tres años, 28 días menos que los estipulados para esas actividades en 2018, año para el cual planificó cinco actividades en 252 días. De esta forma, el organismo otorgó más tiempo a tareas de tipo logístico, mientras redujo al máximo actividades estructurales.
10) Reducción de auditorías debilitan el voto electrónico
Desde la elección a la ANC, el Poder Electoral ha reducido la cantidad de protocolos de calidad aplicados al Sistema de Voto Electrónico (SVE) para su buen funcionamiento. Poco a poco ha suprimido varias auditorías relevantes, entre ellas la verificación ciudadana al momento de presenciar el acto de escrutinio público el día de la elección –pese a que ha sido incluida en los cronogramas de las últimas elecciones–, negando por primera vez el ingreso de los ciudadanos a los centros (clara violación de los artículos 110, 128 y 131 de la LOPRE). La auditoría ciudadana es la herramienta más efectiva con la que cuenta el elector para vencer la desconfianza que pudiese rodear un proceso electoral, ya que permite verificar si los comprobantes de votos en las cajas de resguardo coinciden con los almacenados por la máquina de votación y los contados en la totalización. Al eliminarla, se afecta la revisión de la traza de papel que deja este sistema de voto electrónico directo.
En 2015 la autoridad electoral contempló 19 auditorías en un lapso de 42 días, mientras que en 2018 planificó 16 auditorías en 34 días. Así, por ejemplo, se eliminaron todas las auditorías del software del Sistema de Información al Elector (SIE), que hace tres años fue pautada en varias actividades realizadas durante 24 días y que ahora fue removido del sistema de votación; la auditoría de la tinta indeleble, al eliminarlo como mecanismo para reforzar el sistema biométrico de identificación de electores; y la auditoría de certificación del software del Sistema de Estadísticas de Participación (SISEP).
Por un lado, el SIE permite guiar al elector con respecto a la mesa del centro electoral donde le corresponderá votar, así como la página del cuaderno de votación en la que aparecen sus datos y el renglón en el que deberá estampar su firma; además informa al CNE sobre las estadísticas de participación a medida que transcurre el evento electoral. La restitución del SIE en la herradura de votación permite el control del voto asistido, pues si el elector desea votar con un acompañante (por discapacidad, por ser adulto mayor o analfabeta) obligatoriamente deberá informarlo en la estación de información al elector, donde quedarán registrados los datos de quien le asista en la emisión del voto –incluyendo su huella dactilar– con la intención de evitar que alguien pueda asistir a más de un elector (artículo 128 de la LOPRE). Por otro lado, el SISEP elabora en tiempo real reportes estadísticos de participación sobre la base de los electores esperados y los efectivamente registrados, y al igual que el SIE, opera en centros que tienen más de tres mesas de votación. A él no solo tienen acceso las autoridades del CNE, sino también los técnicos de los partidos políticos, dejando al alcance de todas las fuerzas participantes las estimaciones de participación. A la supresión de estos procesos debe sumarse la reducción de los partidos políticos postulantes que afecta gravemente la participación de los representantes en las auditorías técnicas, así como también la grave denuncia hecha por la empresa Smartmatic –encargada de suministrar la plataforma para automatizar el sufragio en Venezuela desde 2004– en la que asegura que el CNE habría agregado al menos un millón de votos a la elección constituyente y que, por primera vez en 13 años, no podía avalar los resultados oficiales; poniendo en tela de juicio la transparencia del sistema electoral.
Precisamente, la fortaleza del sistema automatizado venezolano se centra en su auditabilidad, la única condición que brinda confianza en la tecnología y en el hecho de que los equipos registren la voluntad del elector, sin manipulación de los resultados. Reducir estas garantías genera sospechas sobre los resultados por falta de vigilancia y contrapesos. Las auditorías, entre ellas la verificación ciudadana, son un mandato legal y no deben estar sujetas a una decisión política.
11) Conclusiones
En general, aunque se ha aseverado que se trata de las “mismas condiciones” y el “mismo Poder Electoral” que permitieron la victoria opositora en las parlamentarias de 2015, cuando en realidad el proceso de 2018 se caracteriza por haber experimentado drásticos recortes en los lapsos para postular candidatos, inscribirse e impugnar el Registro Electoral, celebrar elecciones primarias o informar a los electores sobre el evento; además de tratarse de un proceso en el que las circunscripciones son elaboradas sin apego a la ley, en el que los principales partidos y líderes opositores fueron inhabilitados –varios de ellos detenidos, perseguidos o en el exilio–, en el que se prohíbe el derecho a la participación de los ciudadanos y en el que se abuso en el uso de los recursos públicos. Las condiciones y el contexto de ambos procesos son diametralmente diferentes, empezando por la premura con que fueron convocadas las elecciones este año.
Desde los comicios constituyentes, se quebraron los principios fundamentales del voto y de los estándares establecidos para que una elección pueda calificarse como democrática: que sea periódica, inclusiva, limpia, competitiva y que permita que los ganadores puedan ejercer el cargo para el que fueron electos. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido en los últimos procesos, debido a una serie de atropellos en contra de los protocolos y normativas que deben cumplirse para garantizar la integridad de un proceso electoral, incluyendo la propia designación inconstitucional de las autoridades que conforman el árbitro y quienes se muestran confesamente subordinadas a los intereses del partido gobernante, cuyo máximo representante es candidato a la reelección.
El OEV reitera que las modificaciones anunciadas en el “Acuerdo de Garantías Electorales”, firmado en el CNE por el oficialismo y un sector de la oposición (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo y Copei) –rechazado por los partidos agrupados en la MUD– no alteran la esencia de las reglas de juego y mantienen el ventajismo a favor de una de las partes. Consecuentemente, no permiten la realización de un proceso cuyos resultados sean confiables. La mejora de las condiciones electorales sigue siendo, por ello, una materia pendiente.
Para las elecciones presidenciales de 2018, el árbitro electoral eliminó del cronograma actividades relacionadas al catastro, simulacro, uso de la tinta indeleble, observación nacional y acompañamiento internacional e, incluso, dejó por fuera las postulaciones de grupos de electores e iniciativa propia. Aunado a esto, recortó drásticamente los lapsos para la presentación de candidaturas (restando 295 días a las actividades en comparación al 2012) y al plazo para organizar el Registro Electoral, la campaña electoral y ensamblaje de material
El 25 de enero de 2012 la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ofreció una rueda de prensa para dar inicio oficial al año electoral. Ese día anunció el cronograma preliminar para los comicios presidenciales y regionales que se celebraron el último trimestre de ese año: la convocatoria formal se realizaría el 29 de marzo; el corte del Registro Electoral se haría el 15 de abril; la campaña electoral presidencial iniciaría el 1 de julio y terminaría el 4 de octubre, mientras que el lapso de la campaña para las elecciones regionales sería del 20 de octubre al 13 de diciembre; las postulaciones para las presidenciales serían del 1 al 11 de junio y para las regionales entre el 1 y 11 de agosto. Cuatro meses antes, desde el 13 de septiembre de 2011, el país ya conocía que las presidenciales se celebrarían el 7 de octubre. Aunque en aquella oportunidad la elección experimentó un adelanto de dos meses, pues correspondía hacerse en el mes de diciembre, la fecha del evento se conoció con poco más de un año de antelación (390 días antes). Sin embargo, la situación es muy distinta en la actualidad. La autoridad electoral convocó las elecciones presidenciales de 2018 con apenas 74 días de anticipación, un plazo insuficiente para elegir a quien será el Jefe de Estado en los próximos seis años en unos comicios transparentes y de calidad.
La antelación con que se difundió la fecha del evento electoral para las presidenciales es, quizás, la diferencia más importante entre ambos procesos, pero no la única. En el primer caso, el día en que la autoridad electoral hizo la convocatoria formal (el 29 de marzo de 2012), también hizo público el cronograma electoral con todas las actividades, tal como lo especifica el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
No ocurrió de la misma forma este 2018. En principio, la instrucción de convocar los comicios de forma adelantada para antes del 30 de abril provino de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya elección fue política y legalmente cuestionada, tomándose atribuciones que, conforme a las normas vigentes, corresponden exclusivamente al Poder Electoral. Segundo, el CNE repitió en esta ocasión el patrón inusual estrenado en los comicios celebrados en 2017 y que contrasta con los diversos procesos electorales que se llevarán a cabo este año en diversas partes de América Latina, ninguno de los cuales ha sido convocado con menos de nueve meses de antelación. Tercero, una vez hecha la convocatoria el 7 de febrero de 2018, el CNE incurrió en la violación de la LOPRE al no publicar simultáneamente –y de inmediato– el cronograma con los lapsos y actividades.
Sin catastro, simulacro, tinta indeleble y observación electoral
Comparando ambos cronogramas, en 2012 el CNE planificó 90 actividades, mientras que en 2018 incluyó en el documento 83. Entre las actividades eliminadas para el venidero proceso comicial, el organismo suprimió la etapa decatastro (procesamiento y actualización), lapso en el cual se revisan y visitan los centros de votación para verificar sus condiciones, y para el que –en 2012– otorgó 81 días en el cronograma. Esta fase incluye la creación y aprobación de nuevos centros. En cambio, en este 2018, incluyó un periodo de “Adecuación de centros electorales” que se extenderá por 15 días poco antes del evento, del 1 al 15 de abril.
También se suprimió del cronograma toda actividad relacionada a la participación de observadores nacionales y acompañantes internacionales en el proceso, tales como la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación del informe de las misiones de acompañamiento. Pese a que en varias oportunidades rectoras del CNE han manifestado públicamente que el acompañamiento internacional “estará garantizado”, nada se sabe sobre estas misiones: ni los organismos que la conformarán, ni los tiempos que el ente tiene planificado para atenderlos. Es importante acotar que 74 días en un lapso insuficiente para que misiones técnicas como las ejecutadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE) –las cuales requieren ser notificadas con varios meses de antelación– se desplieguen en el país. Igualmente, se desconoce si el árbitro permitirá a organizaciones locales, como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), participar formalmente en la evaluación de la jornada.
De igual forma, fueron descartados el simulacro electoral y otras etapas relacionadas con la utilización de la tinta indeleble. Durante el primero, se despliegan una cantidad de centros electorales pilotos para que los votantes puedan practicar antes del evento, la relevancia de esta jornada reside en la oportunidad que tienen los técnicos para verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica (máquinas, boletas, la red de comunicación y medios de transmisión de resultados) y afinar los detalles logísticos (evaluar el desenvolvimiento de los operadores de máquinas, miembros de mesa, tiempos de votación, despliegue de máquinas, Plan República, etcétera). Aunque la tinta indeleble técnicamente no es indispensable para el proceso de votación, el no usarla genera desconfianza en el electorado, pues representa un mecanismo que refuerza al sistema biométrico de identificación de electores, previniendo a los miembros de mesa para que los ciudadanos no voten más de una vez. Para suplantar este elemento, el CNE debe garantizar que la base de datos de huellas de los electores está correcta y dar seguridad de que el sistema automatizado trabaja bien. No es la primera vez que el CNE elimina estos pasos. La primera vez que lo hizo fue para la elección de la ANC en 2017, repitiendo el patrón para las elecciones de gobernadores del 15-O y de alcaldes celebradas el 10 de diciembre.
Por otro lado, pese a que Lucena afirmó el pasado 20 de febrero que se hará una convocatoria del sorteo de miembros de mesa, nada advierte el cronograma difundido por el CNE sobre el acto público y automatizado en el que deben ser seleccionados, según los artículos 47 y 49 del Reglamento General de la LOPRE. Entre las actividades, el ente describe de forma general procesos para la “selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos”, tarea marcada a realizarse el 15 de marzo. Ciertamente, estos organismos los integran: las Juntas Regionales, Metropolitanas, Municipales, Parroquiales y, finalmente, las Mesas Electorales; no obstante, en esta ocasión y a diferencia de los cronogramas anteriores, el Poder Electoral no hace referencia concreta a la selección de los miembros de mesa. Para los comicios de gobernadores de octubre y los municipales de diciembre, la mayoría de los miembros de mesa no fueron ciudadanos sorteados aleatoriamente, ni los resultados de la selección fueron publicados en Gaceta Electoral, requisitos esenciales para la garantía del proceso.
LAPSOS ACORTADOS
56 días menos para organizar el Registro Electoral
Para las elecciones presidenciales de 2012, el Poder Electoral planificó 14 actividades relacionadas al Registro Electoral (RE), para las cuales estipuló 84 días del cronograma: corte preliminar (1 día), publicación del RE preliminar (1 día), solicitud de incorporación en el RE preliminar (15 días), presentación de impugnación al RE preliminar (15 días), admisión de impugnación al RE preliminar (21 días), promoción de pruebas en contra del RE preliminar (27 días), auditoría del RE preliminar (1 día), presentación del informe de la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre la impugnación al RE preliminar (1 día), resolución del CNE sobre la impugnación al RE (1 día) y publicación del RE definitivo en el portal del CNE (1 día).
En cambio, en el cronograma de 2018 pautó 9 actividades en un plazo de 28 días: jornada del RE (10 días), generación del RE preliminar (5 días), aprobación y publicación del RE preliminar (1 día), presentación, admisión y resolución de impugnación al RE preliminar (3 días), auditoría al RE (1 día), presentación del informe por la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre las impugnaciones al RE preliminar y resolución de la impugnación (1 día), generación del RE definitivo (5 días), presentación del informe definitivo a la Comisión de Registro Civil y Electoral (1 día) y , finalmente, la aprobación y publicación del RE definitivo (1 día). Esto implica un recorte de 56 días en comparación con la elección de hace seis años, periodo que no alcanza para que se inscriban los casi dos millones de jóvenes con edad para votar, que viven territorio venezolano, y se estima que no han sido incorporados a la base de datos; así como para que se registren o actualicen los datos los venezolanos que han abandonado el país en la última década.
A diferencia de los 10 días de jornadas extraordinarias habilitadas este año para la inscripción y actualización del RE, para las presidenciales de 2012, el CNE extendió los operativos especiales por tres meses, desde el 16 de enero hasta el 15 de abril, con el despliegue de 769 puntos adicionales.
Tres días para postular: sin grupo de electores o candidatos por iniciativa propia
La etapa del cronograma más afectada por los recortes es la vinculada a la postulación de candidatos, una de las que reviste de mayor importancia dentro del proceso electoral. En 2012, el árbitro estipuló 18 actividades en un lapso de 307 días, que incluyen todo lo relacionado a la presentación de candidatos por iniciativa propia, partidos políticos y grupos de electores (los procedimientos para la conformación de éstos últimos fueron suprimidos por completo del calendario en 2018). Incluso, el que los venezolanos conocieran la fecha de aquellas elecciones con 390 días de antelación, permitió que el candidato opositor resultara de unas primarias realizadas el 12 de febrero, antes de que se hiciera formalmente la convocatoria.
Para las próximas presidenciales, en cambio, el CNE aglutinó 11 actividades a ejecutarse en un periodo de 12 días, alguna de ellas realizadas en la misma fecha; se trata de una diferencia de 295 días en comparación con el evento celebrado hace seis años. Así, por ejemplo, para la presentación de postulaciones se programaron 11 días en 2012 y apenas tres días en 2018 (del 26 al 27 de febrero); mientras que para modificación y sustitución de postulaciones, el CNE habilitó 118 días en 2012 y estipuló solo el 2 de marzo en 2018. Ese día coincide con la realización de otras dos actividades: la interposición y admisión de recursos contra las postulaciones; y la fecha tope para que las sustituciones y modificaciones se reflejen en la boleta.
Es común en toda elección que las opciones de candidatos presentadas inicialmente por los partidos políticos cambien a medida que transcurre el proceso electoral y, precisamente, la ley electoral venezolana permite estos cambios en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilitaciones y discapacidad física o mental. La legislación vigente también permite a las organizaciones modificar, por decisión propia, sus postulaciones, pudiendo hacerlo hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. Pese a esto, al igual que para las elecciones de gobernadores del 15-O, violando lo dispuesto en el Capítulo V de la LOPRE, el CNE estipuló el mismo día para ambas actividades. Este diseño restringe los derechos pasivos y activos de los ciudadanos. En esta convocatoria, aunque el CNE publicó en su portal web los documentos relacionados a la conformación del grupo de electores y las planillas para la recolección de manifestaciones de voluntad para postulación por iniciativa propia, estas actividades quedaron fuera del cronograma.
Comparemos el listado de actividades a continuación:
Otras etapas también se redujeron considerablemente. Mientras que se estipularon 96 días para la campaña electoral del proceso en 2012, se atribuyeron 18 días para 2018 (78 días menos). Con tan poco tiempo para presentarle a los electores las diferentes propuestas será difícil un ejercicio responsable y consciente del voto. Además, se planificaron 119 días para el ensamblaje de material antes, durante y después del evento electoral de 2012 y 93 para el proceso de 2018 (26 días menos). Solo las capacitaciones experimentaron un incremento: 46 días en total en 2012 y 73 en 2018 (27 días adicionales).
En relación a las auditorías al Sistema de Voto Electrónico (SVE), se planificaron 12 revisiones en el 2012 y 14 en el 2018, actividades cuya única variación resaltante es la reducción de los lapsos de tiempo en que deberían realizarse, premura que atenta con la posibilidad de ser bien ejecutadas. Así, contrastando nuevamente con el cronograma de 2012, y para mencionar algunos ejemplos ilustrativos, la auditoría de producción de las máquinas de votación en 2012 se realizó en 31 días, mientras que ahora se programa para hacerlo en nueve; la auditoría del software de totalización se reduce de cinco a un día; la de cuadernos de votación de 5 a tres días. Son más las auditorías programadas teniendo todas en común la reducción del tiempo. Comprimir estos tiempos debilitan las auditorías que tienen por propósito, además de poner a punto todo el sistema automatizado de votación, generar confianza entre los distintos actores participantes del proceso electoral, ya que son los técnicos seleccionados por ellos los que adelantan estos procesos. Adicionalmente, otra diferencia es que, en esta ocasión, el CNE agregó al cronograma la auditoría de software y del registro electoral para la selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos y la auditoría de puesta cero de los centros nacionales de totalización.
Las mencionadas anteriormente son las consecuencias de convocar unas elecciones a la carrera, utilizando la fecha como un acto de ventajismo electoral que solo beneficia al partido gobernante y que termina por arrojar serias dudas sobre la vía electoral como recurso para solventar los problemas que afronta Venezuela. Una elección cuyo punto de partida se caracteriza por tales irregularidades solo dejará abiertas serias interrogantes sobre los parámetros básicos que necesita una elección en igualdad de condiciones. Estas actuaciones del CNE evidencian nuevamente el sesgo político del árbitro electoral que, en vez de aclarar, oscurecen el panorama.
Aunque el ambiente observado fue mayoritariamente tranquilo, la plataforma tecnológica en general funcionó correctamente, el proceso del voto fue rápido y sin complejidad y la seguridad fue en la mayoría de los centros alta, la jornada estuvo cargada de denuncias de propaganda política, de actuaciones de intimidación y coacción por parte de dirigentes políticos y miembros de mesa, con poca presencia de actores claves en el desarrollo de una elección y baja participación derivada, entre otras razones, del llamado abstencionista de un sector de la oposición.
Ilustración: Marta Monteiro (NYT)
Este proyecto de observación se diseñó tratando de sortear los obstáculos generados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al no acreditar al Observatorio Electoral Venezolano (OEV) como una organización de observación nacional para las elecciones de alcaldes celebradas el 10 de diciembre de 2017. Así, se tomó como estrategia dividir a los observadores en dos grupos: un grupo A, que ejerció su derecho al voto en el horario de la mañana y en la tarde observó desde las afueras en un segundo centro, y un grupo B, que observó las afueras de un centro en la mañana y sufragó en la tarde, antes de que el centro de votación cerrara sus puertas. El objetivo en el primer caso era conseguir que los voluntarios de la red observaran los acontecimientos en la mesa de votación, mientras que en el segundo era aumentar sus probabilidades de ingresar al proceso de auditoría ciudadana, que inicia con el acto público del escrutinio.
Cada observador acudió a dos centros durante el día, indistintamente de su pertenencia al grupo A o al grupo B, y su distribución se priorizó en todos los estados del país, en los municipios capitales y principales ciudades (con dos observadores en Amazonas; tres en Delta Amacuro; cuatro en Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Yaracuy; y diez en las entidades Distrito Capital, Lara, Miranda y Zulia). El estudio presentado a continuación es de tipo cualitativo, cuyos resultados permitirían formular conjeturas sobre el proceso electoral del 10-D.
Adicionalmente, se activó el mecanismo de “Recuperación de incidencias”, a través del cual se registraron en tiempo real los acontecimientos más resaltantes de la jornada en caso de ocurrir alguna de estas tres condiciones: hecho de violencia o incitación a la violencia, interrupción del proceso o interrupción de la observación. Cada uno de estos reportes constituyó lo que se presenta como mapa de eventualidades (ver link: https://goo.gl/eJmEGD).
A continuación los resultados obtenidos.
1) Inicio y cierre temprano de centros
La mayoría de los centros observados estuvieron abiertos antes las 7:00 de la mañana, casi todos antes de las 8:00 y solamente muy pocos después de las 9:00. Algunos de los retrasos se debieron a fallas en las máquinas o a la ausencia de miembros de mesa y a la negación de electores en cola de asumir las funciones de los miembros faltantes.
El cierre de centros también ocurrió tempranamente. La votación finalizó antes de las 7:00 de la noche en la mayoría de los centros, antes de las 8:00 en algunos y en muy pocos culminó pasada esa hora. Dos centros cerraron cuando aún había electores en cola y en tres se desataron protestas de electores a la hora del cierre, especialmente por la prohibición de permitir el ingreso de ciudadanos al acto de escrutinio.
2) Afluencia de votantes
En la mayoría de los centros se observaron pocos votantes (menos de 20) en horas de la mañana. De los reportes recibidos, la mayoría reflejó “pocos” o “casi nada de votantes” esperando en fila para sufragar, excepto en cinco centros donde “muchos votantes” se encontraban en cola. Hasta el mediodía, la percepción general fue de baja participación.
Esta tendencia se mantuvo estable en la tarde, con “pocos” o “casi nada de votantes” en la mayoría de los centros y solo cinco con “muchos” en cola. En estos últimos casos, se observó llegada masiva de electores después de las 5:30 de la tarde, identificados con el partido de gobierno como respuesta a los llamados de voceros gubernamentales a la “Operación Remate Perfecto” (estrategia que implica buscar a electores que no han ejercido su derecho al sufragio y acompañarlos a los centros).
3) Organismos de seguridad del Estado
El Plan República estuvo en la mayoría de centros observados. De los reportes recibidos en 108 centros en la mañana, los militares de las Fuerzas Armadas tuvieron presencia en 93 de ellos, solo en cinco casos se registró su ausencia. En 70 escuelas se observó la asistencia exclusiva de funcionarios del Plan República, mientras que en 23 establecimientos estuvieron acompañados por integrantes de la Milicia Bolivariana, el segundo organismo con mayor presencia en los centros de votación. En otros 10 casos acudieron otros organismos: la Policía Nacional Bolivariana, PNB (2); contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB (2); miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin (2); Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, Conas (1); y policías estadales y municipales (4).
En estos últimos casos se infringió el artículo 129 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual establece que solo funcionarios del Plan República pueden concurrir armados al acto de votación, en su cumplimiento de velar por la seguridad de los electores, la mesa electoral y el orden público del acto en general. Ningún otro funcionario armado está habilitado para ingresar al centro.
La presencia de los cuerpos de seguridad se mantuvo hasta el cierre del proceso. De 72 reportes vespertinos, 62 registraron la participación de miembros de organismos seguridad (43 centros con presencia exclusiva del Plan República, 13 casos de integrantes del Plan República acompañados de milicianos y otros seis casos de militares de las Fuerzas Armadas con funcionarios del Conas, PNB, policías municipales y estadales), mientras que 10 indicaron su ausencia. Así, se repite en 19 casos la infracción de funcionarios armados, distintos al Plan República, dentro de los centros.
4) Presencia de testigos y observadores
Por su parte, la presencia de otros actores fue baja durante el proceso en la mañana, observados en solo 32 casos: dirigentes políticos en 17 centros, candidatos a alcaldes en tres, observadores nacionales, representantes comunales, periodistas y encuestadores de exit polls fueron vistos en un solo centro (no todos en el mismo centro). De los dirigentes políticos observados, la mayoría se identificaba con el oficialismo.
También se registró poca presencia de testigos de organizaciones políticas en las mesas de votación, figura cuya labor resulta fundamental para alcanzar un proceso verdaderamente independiente al reducir la posibilidad de que miembros de mesa y personal del CNE incurra en infracciones el día de la votación. De 49 observadores que ingresaron a los centros en la mañana, 35 reportaron la aparición de estos actores (en 30 casos de ambos partidos y en cinco solo la presencia de testigos oficialistas). El llamado a la abstención por parte de tres partidos principales de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática) pudo influir en la ausencia de los testigos de oposición.
Esto no cambió en horas de la tarde. Se observó la presencia de dirigentes políticos en solo 17 escuelas, representantes de la sociedad civil en cinco, candidatos a alcaldes en dos y tres representantes comunales. En ninguno de los centros se observaron observadores internacionales, una figura importante para la integridad de las elecciones, que legitima el proceso, fortalece la confianza de los votantes y reduce la ocurrencia de conflictos.
5) Presencia de puntos rojos
Los voluntarios de nuestra red reportaron en la mañana propaganda política en 87 de los 108 centros observados: 80 relacionados a la instalación de puntos y toldos (70 pertenecientes al oficialismo y 10 a la oposición). En más de una decena de casos se atestiguó la entrega de folletos y afiches políticos, tarimas con música y simpatizantes con franelas alusivas a partidos políticos en las cercanías del centro. De igual forma, este escenario se mantuvo en la tarde: en la mayoría de las localidades se hizo propaganda en los alrededores de los centros, principalmente a favor del oficialismo en los puntos rojos.
Esto representa una violación al artículo 76 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), el cual establece que cualquier campaña a favor de un candidato está prohibida fuera del lapso estipulado por la autoridad electoral (del 23 de noviembre al 7 de diciembre para estas elecciones de alcaldes) y para lo cual se prevén sanciones de 20 a 60 unidades tributarias, de acuerdo al artículo 231 de sanciones por ilícitos electorales.
Pese a la prohibición, este comportamiento se ha incrementado en los últimos tres procesos de 2017: en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección de gobernadores y de alcaldes (tras registrarse en 80,5% de los centros observados en este último proceso). El mismo ha sido promovido especialmente por voceros gubernamentales y dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Esta dinámica fue perfeccionada por el partido gobernante de forma sistemática con la denominada “maquinaria roja”, que incluye la instalación de puntos rojos, las listas 1×10 y la verificación del Carnet de la Patria.
6) Presión a los electores
Entre los reportes más alarmantes recibidos por los observadores de la red, resalta la persuasión evidente de votantes mediante la entrega de beneficios otorgados por el Gobierno Nacional: cajas CLAP, tickets navideños o de alimentación, bonos en efectivo, etc. En 38 centros se atestiguaron episodios de intimidación y coacción al elector. Esto sugiere la compra de votos en algunas localidades.
Entre las irregularidades observadas se incluyen amenazas a trabajadores públicos, presionados para sufragar a favor del oficialismo; violación del voto secreto (electores que manifestaron sentirse obligados a enseñar su comprobante de votación o se quejaron por ser acompañados de forma obligatoria mediante voto asistido injustificado); coacción a través de la presentación o retención obligatoria del Carnet de la Patria en los puntos rojos, e incluso sufragio con la presentación exclusiva del Carnet de la Patria, sin solicitud de la cédula de identidad –único requisito para sufragar, de acuerdo a la ley–. En un centro ubicado en el municipio Aguasay del estado Monagas, por ejemplo, personal identificado con logos de la alcaldía realizó directamente el pago en efectivo a los electores, luego de ejercer su derecho al sufragio y mostrar el Carnet de la Patria.
Este instrumento ha sido utilizado por el oficialismo como un mecanismo para activar al electorado, ya sea bajo el temor de sentirse amenazado o bajo la condición de obtener un beneficio del Estado. El uso del documento distinto a la cédula de identidad, único requisito válido para votar, fue promovido antes y durante la elección por el mismísimo presidente Nicolás Maduro, quien al momento de sufragar en horas de la tarde hizo el siguiente señalamiento: “Mala idea no es, aquí el que haya votado con su Carnet de la Patria tenga un premio de la República, mala idea no es. Deben ser premiados aquellos que participen”. Previamente, el mandatario advirtió a la población que “de ahora en adelante, todo se hará con el Carnet de la Patria”.
Las acciones adelantadas desde el Ejecutivo con relación a la compra y coacción del voto en estas elecciones reclaman que organismos competentes, como la Fiscalía y el propio CNE, lleven adelante una investigación al respecto. En efecto, el uso de recursos públicos en la campaña, el mecanismo de puntos rojos, y el Carnet de la Patria fueron generalizados y debería determinarse si ponen en entredicho, y en qué casos, la legitimidad de la elección celebrada el pasado domingo.
La promesa del “regalo” a quienes votaran con el carnet de la patria fue confirmada posteriormente –en plena elección– por el Ministro de Comunicación e Información y jefe del comando de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, y por la candidata oficialista a la Alcaldía Libertador, Érika Farías. “Sáquenle punta a eso. Vamos todas y todos después de votar al punto rojo”, escribió la ex gobernadora de Cojedes en su cuenta de Twitter.
8) Traslado de electores con recursos públicos
En menor medida con relación a los otros elementos comentados, se observó la movilización de votantes hacia centros de votación en transportes identificados con logos de instituciones públicas. Entre los organismos identificados se encuentran: vehículos pertenecientes a alcaldías (cuatro casos en Anzoátegui, Apure y Zulia), vehículos Yutong (dos casos en Sucre y Yaracuy), vehículos de Pequiven (Zulia), Camiones de Pdvsa (Monagas), Pdvsa Gas (Yaracuy), Protección Civil (Miranda), carros de Corpoelec (Anzoátegui), Enelven y Gran Misión Vivienda (en Zulia), buses TransCarabobo, TransFalcón y BusCumaná; además de 10 casos de vehículos y motos particulares identificadas con insignias de partidos políticos.
También se observaron traslados con recursos públicos también se observaron en horas de la tarde. Siendo observadas movilizaciones de electores en vehículos identificados con logos de alcaldías (Goaigoazoa en Carabobo, Lagunillas en Mérida y Biscucuy en Portuguesa); vehículos Yutong (en Apure y Yaracuy), TransBupuerto (en Carabobo); taxis de la Gran Misión Transporte; vehículos de la gobernación del Zulia; y BusYaracuy.
9) Funcionamiento de las máquinas
Pese a que fueron pocos los casos observados de averías en máquinas de votación y captahuellas en la mañana (14 de 108 centros), en varios de las mesas el retraso superó las tres horas de espera. En estos lugares, los electores se quejaron por la lentitud del proceso. Las fallas aumentaron en horas de la tarde, llegándose a observar demoras de hasta cuatro horas.
10) Actuación CNE y miembros de mesa
De 49 observadores que accedieron a los centros de votación en la mañana, solo dos reportaron actuaciones inadecuadas de los funcionarios del CNE y miembros de mesa. En Barinas, un testigo del PSUV se convirtió en el presidente de la mesa y, en Zulia, el personal de la mesa permitió voto asistido masivo.
En la tarde, también fueron reportadas por los observadores actitudes inadecuadas del personal del CNE y miembros de mesa. En la Unidad Educativa Bolivariana “María Pereira de Daza”, Iribarren (Lara), el personal técnico del CNE se retiró antes del cierre del centro; mientras que en un centro del Zulia los electores se quejaron por la pasividad e inacción de los miembros de mesa ante la falla de tres máquinas de votación. Esta conducta promovió el inicio de una protesta que terminó de forma violenta (más adelante se detalla el acontecimiento). Adicionalmente, dos casos de hostigamiento a testigos opositores por parte de coordinadores del centro y miembros de mesa, y un caso de una coordinadora de un centro en Cabimas, Zulia, que se negaba a cerrar el centro, pese a que no había electores en cola, alegando que “recibía órdenes”.
11) Otras quejas: prohibición de acceso al acto público de escrutinio
Entre las denuncias manifestadas por electores a lo largo del día, fuera o dentro de los centros de votación, se encuentran electores no registrados en el cuaderno de votación, funcionarios del Plan República revisando listados de votantes, llegada masiva de electores después de las 5:30 de la tarde, voto nulo indeseado y confusión por la reubicación de centros. Sin embargo, las quejas se presentaron con mayor frecuencia al finalizar el proceso de votación: en la mayoría de centros observados negaron el acceso a los ciudadanos al acto público de escrutinio y verificación ciudadana. Sólo ocho de nuestros observadores pudieron ingresar al centro una vez cerrado, para presenciar el proceso de escrutinio.
Se trata del segundo proceso comicial, después de la elección de gobernadores, en el cual el Poder Electoral restringe la participación ciudadana en esta etapa. En vez de fundamentar sus actos en la preservación de la voluntad del elector, garantizándole la vigilancia sobre el uso de la tecnología, reduce la custodia que el ciudadano debe ejercer sobre su voto. En este sentido, se giró la instrucción de solo permitir el acceso al escrutinio de personas con acreditación, un requisito no contemplado en la legislación; dando pie a la sospecha sobre los resultados por falta de vigilancia y contrapesos.
Precisamente, la fortaleza del Sistema Automatizado de Votación venezolano se centra en su auditabilidad, la única condición que brinda confianza en la tecnología y en el hecho de que los equipos registren la voluntad del elector, sin manipulación de los resultados. De esta forma, sembrando sospechas sobre los resultados por falta de vigilancia y contrapesos. Las auditorías, entre ellas la verificación ciudadana, son un mandato legal y no deben estar sujetas a una decisión política.
12) Del ambiente electoral
De acuerdo con los resultados, el ambiente en los centros observados fue mayoritariamente tranquilo, la plataforma tecnológica funcionó correctamente, el proceso del voto fue rápido y sin complejidad y la seguridad en los centros fue alta. Las irregularidades observadas estuvieron asociadas, principalmente, a la instalación de puntos rojos, actuación de dirigentes políticos a las afueras del centro, intimidación de electores, comportamiento inadecuado de miembros de mesa y lentitud en la herradura por falla de máquinas. Aunque se suscitaron episodios violentos, fueron más bien aislados.
En el transcurso del día, el OEV recibió 24 reportes de hechos de violencia o incitación a la violencia, un número similar al registrado durante la elección de los miembros de la ANC (25 reportes), pero muy por debajo al registrado durante la elección de gobernadores del pasado 15 de octubre (53 reportes). Por esta razón, la mayoría de observadores describió el proceso de votación como “Muy tranquilo” o “Algo tranquilo”. Esta disminución en la cantidad de enfrentamientos pudo deberse a que varios partidos de oposición se abstuvieron de participar. Entre los episodios violentos ocurridos en la mañana resaltan un enfrentamiento verbal entre candidatos oficialistas y opositores a las afueras de un centro en Monagas; amedrentamiento por parte de un grupo de 40 motorizados identificados con el partido de gobierno, en contra del toldo de Un Nuevo Tiempo (UNT) en un centro en Zulia; y electores detenidos por romper o fotografiar su comprobante de votación, bajo el alegato de que no reflejaban su opción seleccionada en la máquina en Lara. En la tarde destacan cuatro episodios asociados a la actuación de grupos motorizados. El más grave fue protagonizado por encapuchados que dispersaron con palos y piedras una protesta de ciudadanos frente a la Escuela Básica Nacional “Siso Martínez”, en Santa Rita (Zulia), quienes no pudieron votar por falla en máquinas de votación de tres mesas (mesas N° 3, 4 y 5). En el episodio intervino la PNB, disparando al aire para dispersar la manifestación después de que el centro cerrara de manera irregular. Allí resultaron heridas ocho personas.
En los alrededores de la Unidad Educativa Nacional “Alberto Sequimbera”, en Guarenas (Miranda), un grupo de motorizados rodeó el centro intimidando a los electores. Algo similar ocurrió en otras dos localidades: en la Unidad Educativa Armando Armas Mogna, ubicada en el municipio Juan Antonio Sotillo (Anzoátegui), cuando alrededor de 20 motorizados identificados con camisas del partido PSUV, amedrentaron a electores desde el punto durante casi dos horas; y en la Escuela Básica Nacional, ubicada en la parroquia Sucre (municipio Libertador, Distrito Capital), donde votantes experimentaron un momento de tensión por la llegada de alrededor de 40 motorizados con parlantes que reproducían música a favor de la candidata psuvista Érika Farías, alrededor de las 6:40 de la tarde (aún el centro no cerraba).
En resumen: fue irregular
En general, la elección de alcaldes efectuada el 10 de diciembre, tuvo lugar en medio de condiciones que contravienen las normas establecidas en nuestra legislación. Estuvo cargada de denuncias de propaganda política en los alrededores de los centros, actuaciones de intimidación y coacción por parte de dirigentes políticos y miembros de mesa, con poca presencia de actores claves en el desarrollo de una elección (testigos de mesa, observadores nacionales e internacionales y ciudadanos en el escrutinio) y baja participación derivada del llamado abstencionista de un sector de la oposición.
Como lo señaló el OEV en diversas comunicaciones, esta elección fue irregular desde el momento mismo en que fue convocado. El proceso que culminó el pasado domingo tuvo lugar bajo condiciones que contravienen la transparencia y la equidad exigidas para la celebración de comicios en un contexto democrático. De nuevo se pone en duda la imparcialidad del arbitraje electoral venezolano y, consecuentemente, dando pie al surgimiento de dudas razonables respecto a sus resultados, alimentando, así, el escepticismo con respecto al voto, elemento indispensable en la convivencia social.
El patrón de comportamiento de la autoridad electoral vuelve a repetirse. Después de un año de silencio sobre la fecha definitiva de estos comicios, el CNE incurre nuevamente en un listado de irregularidades que viene ejecutando desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente: adelanta el llamado a postular candidatos previo a la publicación de la fecha del evento y el cronograma electoral, fija arbitrariamente la fecha, ejecuta actividades previas, cierra la posibilidad de que nuevos electores se inscriban en el registro Electoral, entre otras. Conoce 11 detalles sobre las venideras elecciones.
1) Los primeros anuncios y un año de silencio.
El 18 de octubre de 2016, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que los comicios municipales serían realizados a finales del segundo semestre de 2017. Luego, transcurrieron doce meses sin que el organismo hiciera mención a estos comicios: entretanto organizó velozmente una elección para elegir una Asamblea Nacional Constituyente y ejecutó, también con rapidez, los comicios de gobernadores que tenían 10 meses de retraso. Solo cuando el oficialismo obtuvo la victoria electoral en 18 de 23 estados del país, se aceleró la convocatoria a estas elecciones.
2) Convocatoria constituyente sin concejales.
Tras una propuesta presentada por el ex gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, el 26 de octubre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la convocatoria de elecciones de alcaldes en diciembre de 2017, dejando por fuera –sin explicación alguna– la elección de concejales y de las alcaldías Metropolitana de Caracas y de Alto Apure, legalmente fijadas para realizarse de manera conjunta. Así, el proceso inició con la violación de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en cuyas disposiciones señala al Consejo Nacional Electoral como único organismo encargado de anunciar dicha convocatoria. El decreto fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 41.265.
3) Repetición de elecciones en Zulia.
Desconociendo la voluntad popular de quienes votaron el 15 de octubre por Juan Pablo Guanipa como gobernador del Zulia, le fue impedido asumir el cargo al no prestar juramento ante la ANC. Ni la Constitución, ni ninguna otra ley venezolana, estipulan que el titular de un cargo de elección popular deba subordinarse ante una instancia constituyente.
Ese 26 de octubre, el Consejo Legislativo declaró la “falta absoluta” de Guanipa y, posteriormente, en una acción que sienta un precedente peligroso, la ANC anuló la elección de gobernador en esa entidad y ordenó su repetición para el mes de diciembre (propuesta presentada por el constituyente Hermann Escarrá). El decreto también fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 41.265.
4)Fechas a cuentagotas.
Al día siguiente, el 27 de octubre, la máxima autoridad electoral informó que el organismo acataba ambos decretos de la ANC para realizar los dos procesos de manera conjunta, tanto la elección de alcaldes como la repetición de elecciones de gobernadores en Zulia: “Ambas elecciones se efectuarán el mismo día y se regirán por el mismo cronograma”, anunció Tibisay Lucena.
Antes de publicar la fecha definitiva y el cronograma electoral, llamó a los partidos políticos a inscribir a sus candidatos el lunes 30 de octubre, estipulando así apenas un día para habilitar el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) y reincidiendo por tercera vez en la violación del artículo 42 de la LOPRE, el cual especifica que la convocatoria es el acto público en el que debe fijarse la fecha de la elección y conocerse el cronograma.
El CNE estableció la presentación de las postulaciones ante las juntas regionales entre el martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre, la admisión o rechazo de la postulaciones entre el mismo miércoles hasta el viernes 3 de noviembre.
5) Registro Electoral sin cambios.
Ese día también se anunció que el corte del Registro Electoral para las elecciones de diciembre sería el del 15 de julio de 2017, el mismo utilizado para los comicios de la ANC y gobernadores. Esto significó que no habría actualizaciones en la base de datos de votantes, privando del derecho al sufragio a quienes cumplieron 18 años entre mediados y finales de año, como también el derecho de cualquier ciudadano inscrito a solicitar modificaciones. Desde principios de 2016, la autoridad electoral no ha habilitado suficientes operativos o puntos móviles para la inscripción en el RE y, por ello, se estima que alrededor de un millón de ciudadanos no han sido incluidos a la base de datos del CNE.
Igualmente, la presidenta Lucena explicó que continuarían en funciones los mismos miembros de las Juntas Regionales y Municipales, además de los miembros de mesa, de las elecciones anteriores, quienes fueron seleccionados a través de un mecanismo que no fue público, tal como lo exige la legislación vigente.
6) 10 de diciembre, la fecha definitiva
Seis días después de llamar a los partidos políticos a postular a sus candidatos, el árbitro fijó arbitrariamente la fecha definitiva para las elecciones: serían el 10 de diciembre de 2017, en la que podrán participar 19.740.846 electores para elegir a los 335 alcaldes de las 24 entidades del país, por un período de cuatro años, y al nuevo gobernador de Zulia. En esa rueda de prensa del 2 de noviembre, se difundieron las nuevas fechas del cronograma: la campaña electoral iniciará el 23 de noviembre y finalizará el 7 de diciembre.
7) Publicación del cronograma.
Faltando tan solo 36 días para las elecciones, el CNE publicó el 4 de noviembre el cronograma electoral con todas las etapas y actuaciones a cumplirse, atropellando los tiempos indispensables para organizar y ejecutar un proceso electoral imparcial, confiable y en igualdad de condiciones para todos los participantes. De esta forma, planeó 85 actividades: 14 en octubre, 48 en noviembre (con un promedio de dos actividades diarias), 19 en diciembre, tres en enero y una en febrero. Aunque en esta oportunidad no estableció en el documento un apartado de “actividades previas”, ejecutó 20 tareas en una fecha anterior a la publicación del cronograma e, incluso, definió para la actividad denominada “Publicación del cronograma en www.cne.gob.ve y en la Gaceta Electoral” un lapso de 30 días, entre el 30 de octubre y 28 de noviembre, acción que contradice lo estipulado en la legislación vigente. La LOPRE exige un solo día para la publicación del cronograma.
8) Candidatos.
La noche del 31 de octubre Lucena informó que 4.800 ciudadanos se inscribieron como candidatos (4.016 hombres y 784 mujeres), esta cifra aumentó a casi el doble tres días después alcanzando los 9.249 candidatos. De ese grupo, para el 3 de noviembre solo 3.517 candidatos se habían presentado ante las juntas electorales correspondientes.
Un total de 72 partidos participaron en el proceso, 17 nacionales (que representan el 82% del total) y 55 regionales (84% del total). Entre lo nacionales se encuentran: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Tupamaro, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos (PPT), Unión Popular Venezolana (UPV), Podemos, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Nuvipa, Organización Renovadora Auténtica (ORA), IPP, UPP89, Copei, Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Un Nuevo Tiempo Contigo (Untc).
Para estas elecciones de alcaldes, tres de los partidos que conforman la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que acudieron a las elecciones de gobernadores anunciaron que no participarán esta vez: Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), además de que alertaron con sancionar con la expulsión de sus filas a los integrantes que decidieran postularse. Sin embargo, esta postura no fue asumida por todas las toldas que hacen oposición al Gobierno de Nicolás Maduro y algunos integrantes de la coalición inscribieron candidatos, entre los que destacan UNT y AP.
A pesar de no estar legalizado ante el CNE, el partido LaCausa R participó a la elección anterior avalada por otras organizaciones, especialmente en Bolívar con una representación del miembro de la dirección nacional, Andrés Velásquez; pero después de la denuncia de “fraude” en esa entidad, el partido anunció que no acudirá a los comicios para elegir alcaldes y, más bien, propuso a la MUD realizar unas primarias para escoger un candidato presidencial. De igual forma, Alianza Bravo Pueblo (ABP), Convergencia, Partido Unido y Entendimiento (Puente), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y Bandera Roja se mostraron de acuerdo con no participar.
De acuerdo al cronograma electoral, para el 5 de noviembre el organismo ya debía poseer el acta de cierre de postulaciones. Sin embargo, aún se espera algún pronunciamiento de las autoridades electorales sobre el número de candidaturas admitidas.
9) Reubicación de centros.
El miércoles 1 de noviembre, la presidenta Lucena indicó que para estas elecciones de alcaldes el CNE evaluará la reubicación de centros de votación cerrados por violencia durante las elecciones a la Constituyente, con la intención de situarlos en un lugar más cercano a sus puntos de origen. El Poder Electoral decidió no reabrir aquellos centros en los que ocurrieron situaciones irregulares, como agresión física al personal del CNE, quema de máquinas y destrucción del material electoral, así como aquellos en donde fue impedido el acto de votación.
“Sin embargo, decidimos, como dije, racionalmente hacer un análisis de estos 201 centros de votación y en aquellos casos que no son extremos, vamos a estudiar una nueva ubicación para estos centros”, añadió la presidenta del ente. Según el cronograma electoral, la generación del tabla/mesa para el evento –documento que indica la distribución de los electores por mesa y centro de votación– debía estar listo el 6 de noviembre y su publicación debió hacerse el lunes 20 de noviembre, apenas 20 días antes de los comicios.
10) Voto asistido con planilla.
Debido al número de denuncias recibidas de irregularidades en las últimas elecciones, el CNE informó que aplicará una nueva forma de solicitar el voto asistido, a través de una planilla que poseerá el miembro de mesa, sin ofrecer más explicaciones al respecto. Adicionalmente, el ente señaló que se mantendrá eliminado el uso de la tinta indeleble.
11) Acompañamiento internacional.
El 15 de noviembre se instaló la misión de acompañamiento internacional conformada, en su primera etapa, por 15 miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), entre expertos, ex presidentes y ex magistrados de instancias de la región. Más integrantes se unirán a la misión el día de las elecciones, desplegados en centros electorales de todo el país. Así, el CNE vuelve a restringir la presencia de veedores internacionales en el país, reduciendo la función de los observadores internacionales al rol de “acompañantes” y negando el ingreso de misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
Por su parte, la observación nacional no aparece contemplada en ninguna actividad del cronograma electoral, ni en la distribución de invitaciones, ni en la acreditación de sus participantes, lo que genera una alta incertidumbre sobre la participación de las organizaciones destinadas a esta tarea. Para las elecciones de gobernadores, la autoridad concedió la acreditación a algunas organizaciones y se la negó a otras, tal como al Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
Desde el Observatorio Electoral Venezolano instamos a todos los electores a consultar sus datos en el portal del CNE y verificar el centro de votación al que le corresponderá asistir el próximo 15 de octubre. También podrán localizar en el mapa que presentamos a continuación la información de estos centros descartados por estado, municipio y parroquia
Para la elección de gobernadores a celebrarse el próximo 15 de octubre, retrasadas por 10 meses en contra de lo estipulado por mandato constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no habilitar 76 centros de votación en 14 estados del país: cinco en Anzoátegui, cuatro en Apure, siete en Aragua, dos en Bolívar, nueve en Carabobo, uno en Falcón, cuatro en Guárico, siete en Lara, siete en Miranda, dos en Nueva Esparta, uno en Sucre, cinco en Táchira, uno en Trujillo y 21 en Zulia. En total, la medida afecta a 40.600 electores –en promedio 2.900 votantes por estado– que han sido reubicados en otro centro del mismo municipio. Esto representa apenas el 0,2% del Registro Electoral.
Adicionalmente, el CNE creó 11 centros electorales nuevos: tres en Apure, uno en Carabobo, uno en Guárico, uno en Nueva Esparta, uno en Sucre y cuatro en Zulia, en los que podrán sufragar 20.319 votantes, equivalente al 0,11% del padrón electoral (revisa en el mapa que presentamos a continuación dónde están ubicados estos 87 centros). La decisión no ha sido suficientemente difundida por el árbitro, lo que pudiera generar confusión a los electores afectados para el ejercicio de su derecho al voto.
Por esta razón el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) hace un llamado a todos los electores venezolanos para que consulten sus datos en la pestaña ubicada a la derecha en el portal del Poder Electoral (http://www.cne.gob.ve), verifique el centro de votación al que le corresponde asistir.
Hasta ahora, nunca se han encontrado diferencias significativas entre las papeletas impresas (conteo manual) y el acta de votación (resultado automatizado), ni tampoco entre el acta de escrutinio y los resultados totalizados publicados finalmente por el Poder Electoral
La forma más efectiva que un elector tiene para vencer la desconfianza que pudiese rodear un proceso electoral se centra en la auditoría ciudadana. La Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) distingue dos fases del proceso de auditoría (artículo 159): la electoral, ejecutada por los especialistas de los partidos políticos junto a los técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la verificación ciudadana, en la que puede participar cualquier votante venezolano (artículo 140).
Este engranaje lo fortalecen adicionalmente los miembros de mesa y testigos de los partidos políticos, dos figuras que resultan indispensables para lograr un proceso verdaderamente independiente. Los primeros son elegidos por los votantes de cada mesa de forma aleatoria y capacitados por el CNE. El problema ocurre cuando los elegidos para prestar el servicio no acuden al llamado y las plazas vacías terminan siendo ocupadas por ciudadanos voluntarios el día de la elección. Los segundos, en cambio, son militantes colocados en las mesas de votación por las organizaciones políticas para resguardar sus votos. Para las elecciones de gobernadores a celebrarse el próximo 15 de octubre, los partidos tuvieron oportunidad de acreditar testigos para las 30.274 mesas de votación habilitadas en todo el país del 5 al 14 de septiembre, apenas dos días después de la publicación del cronograma electoral.
La auditoría ciudadana, con la que se busca verificar si los comprobantes de votos en las cajas de resguardo coinciden con los almacenados por la máquina de votación y usados luego en la totalización, se divide en tres momentos:
Al momento de ejercer su derecho al sufragio, cada elector comprueba que su opción seleccionada en la pantalla electrónica coincide con los datos que aparecen en su Comprobante de votación, el cual debe depositar en la caja de resguardo.
Una vez finalizado el acto electoral y cerrada cada mesa de votación (después de las 6:00 de la tarde), el presidente de la mesa anuncia el inicio del acto público en el que los ciudadanos podrán presenciar la impresión del Acta de Escrutinio y hace la lectura que emite la máquina con el número de votos por partido. Este procedimiento no puede ser ejecutado antes de la hora oficial de cierre, pues la máquina solo imprime el acta después de este momento – sin mediación del operador del CNE– y cuando está desconectada a cualquier canal o medio de comunicación.
De inmediato, el técnico del CNE conecta la máquina a un módem para hacer la transmisión de resultados; solo entonces, inicia el proceso de verificación de aproximadamente el 54% de todas las mesas en el país. El criterio del CNE para determinar cuántas mesas electorales se deben auditarse en cada centro, se basa en la siguiente relación: si hay una única mesa electoral en el centro de votación, se audita esa; si hay dos, se audita una (1); si hay tres, se audita una (1); si hay cuatro, se auditan dos (2); si hay cinco, se auditan dos (2); si hay seis, se auditan tres (3); si hay siete, se auditan tres (3); si hay ocho, se auditan cuatro (4); y si hay más de diez, se auditan cinco (5). El sorteo de las máquinas electorales que serán auditadas se hace en cada centro, con papeles numerados, al azar y en presencia de los miembros de todas las mesas del centro.
Para este proceso, el presidente de alguna de las mesas elabora tantos boletos numerados como mesas de votación existan y los coloca en un sobre para seleccionar la muestra al azar. Una vez seleccionado el sobre, se toman la caja de resguardo de los comprobantes de voto, el cuaderno de votación que correspondan a la mesa aleatoriamente escogida y se comparan con el acta de escrutinio ya impresa.
Los miembros de mesa que participan en la auditoría cuentan el número total de electores registrados en el cuaderno –los que asistieron a votar– y anotan la cantidad en la constancia de auditoría. Proceden a abrir la caja de resguardo de los comprobantes de voto, cuentan el número total de comprobantes depositados en ella y lo anotan en la constancia de auditoría. Se lee, en voz alta, la selección impresa en cada uno de los comprobantes de voto, mostrando cada uno de estos a los testigos, observadores, ciudadanos y efectivos militares del Plan República.
Se contabiliza el número total de votos para cada candidato y organización política, y se anota en la constancia de auditoría. Ésta es firmada por los miembros y testigos, una vez concluida la verificación y registrados los totales. Se entrega la constancia de auditoría original y una copia en sobre sellado al operador de la máquina de votación, quien lo introduce en la caja de resguardo de la máquina auditada. Se coloca la etiqueta, se precinta la caja de resguardo de la máquina de votación y se firman los precintos y las etiquetas. Las cajas de resguardo de la máquina de votación y la caja de resguardo de comprobantes de voto se entregan a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del Plan República.
Una vez el Poder Electoral publique los resultados totalizados, los cuales deben estar desagregados por mesa de votación (acta por acta), los ciudadanos y los distintos actores políticos podrán certificar que el número de votos transmitido por candidato corresponde con los resultados impresos en el acta de escrutinio.
Hasta ahora, en todas las verificaciones ciudadanas realizadas desde que fue implementado el Sistema de Voto Electrónico (SVE), nunca se han encontrado diferencias significativas –más que 1 ó 2 votos menos en pocas cajas de resguardo– entre las papeletas impresas (conteo manual) y el acta de votación (resultado automatizado). Los votos faltantes, según se ha evidenciado a través de los reportes en las actas de las mesas, han sido destruidos por los votantes que se equivocan en su selección o por votantes que se los llevan sin que nadie se dé cuenta. __________________________________________________________
*Con información del libro Auditorías del Sistema Electoral Venezolano, difundido por el Consejo Nacional Electoral en 2010, y del capítulo “Sobre el sistema de voto electrónico en Venezuela”, escrito por Miguel Cañas y Mario Torre, incluido en la publicación del Observatorio Electoral Venezolano El Sistema Electoral Venezolano.
