A un año de la celebración de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 es necesario resaltar que sus resultados están lejos de ser producto de un proceso electoral imparcial, equitativo, transparente y, por ende, confiable. Al punto que esas elecciones presidenciales solo sirvieron para profundizar la crisis política debido a la pérdida de legitimidad en la reelección de Nicolás Maduro y, además, le sumaron nuevas aristas a un complicado contexto de recesión económica y de emergencia social en Venezuela.
Todas estas acciones de ventajismo político se hicieron bajo la mirada despreocupada del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien no fue la única autoridad que tuvo un papel como árbitro electoral. Otros cuerpos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) también tomaron participación en decisiones que marcaron la contienda electoral, que resultó desconocida tanto a lo interno de Venezuela como afuera de sus fronteras.
El resultado no podía ser otro que una histórica baja participación en una elección presidencial venezolana apenas con 46,07%, como lo marcaron los resultados oficiales del CNE. Esta cifra que pudiera ser alta que cualquier otro país de América Latina está muy lejos de la participación electoral de 74,69% que se reportó en las presidenciales de 2006, el 80,49% de las presidenciales de 2012 o incluso, de la participación de 79,68% que se dio durante las presidenciales de 2013.
Valga el momento, además, para evocar que el equipo de veedores del OEV en los 24 estados fue testigo de un cúmulo de 459 irregularidades electorales, durante el propio día de las votaciones del 20 de mayo. En concreto, se registraron 75 hechos de violencia o momentos de tensión, 84 fallas en la organización y más importante, 294 reportes de abuso con la propaganda electoral y los recursos públicos.
Este ventajismo del partido político a cargo del Gobierno también se expresó en una campaña de coartación para aquellos electores que reciben los beneficios de los distintos programas sociales que se entregan a través del mecanismo del llamado “Carnet de la Patria”. No es sencillo olvidar tampoco que todavía no se ha levantado una investigación profunda e imparcial sobre la denuncia de la compra de los votantes con la entrega de una bonificación especial en bolívares para aquellos portadores del “Carnet de la Patria”.
Aparte los representantes del OEV, tuvieron que lidiar con 6 episodios distintos que le pusieron reservas para efectuar su labor de observación electoral en algunos centros de votación. Estos números apenas dan cuenta de la tendencia en los 313 centros electorales que formaron parte de la muestra usada para la observación.
Todas estas irregularidades son parte de los argumentos que llevaron a más de 50 países en el mundo a desconocer la reelección de Nicolás Maduro y que hoy se expresan en distintas iniciativas de mediación política que intentan encontrar una salida a la crisis política en Venezuela. En las ofertas del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto y otras gestiones como el reciente encuentro liderado por Noruega, la celebración de unas elecciones equitativas, justas y con garantías aparece como una de las herramientas más útiles para resolver el grave desafío nacional.
Sin embargo, en el OEV queremos resaltar que nada de esto puede darse sin que se resuelva primero: el nombramiento de un nuevo cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se realice un operativo especial para actualizar el Registro Electoral que permita la participación de todos los electores venezolanos tanto adentro como afuera del país y se garantice el cumplimiento de, al menos, 12 auditorias básicas y de las misiones de observación electoral tanto nacionales como internacionales
Observatorio Electoral Venezolano Caracas, 20 de mayo de 2019
El 10 de Enero es una fecha políticamente muy importante. Nicolás Maduro se proclama este día autorizado a ejercer un segundo período como Presidente de la República. Esta juramentación se sostiene en una elección que ha sido puesta en duda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) llevó a cabo un análisis del proceso electoral convocado para el 20 de mayo de 2018, el cual quedó recogido en un informe de dos partes que puede ser leído en la página web www.oevenezolano.org. En dicho documento pueden encontrarse las irregularidades –registradas por el OEV cometidas a lo largo de todo el proceso– que permiten calificar como ilegal el nombramiento de Maduro, por ser resultado dehttps://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Presidenciales-2018-Parte-I-2018.pdf un evento que transcurrió en abierta contradicción con las normas legales vigentes en Venezuela, establecidas para garantizar la celebración de comicios equitativos, transparentes y confiables.
Tales irregularidades pueden expresarse de manera muy sucinta en los siguientes aspectos:
a) Convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando las funciones que constitucionalmente corresponden al CNE.
b) Convocadas de manera adelantada, con un sesgo evidente a favor de la candidatura oficial, y con apenas 80 días de antelación. Tradicionalmente, las elecciones presidenciales se celebraban en diciembre y eran convocadas con, por lo menos, seis meses de anticipación.
c) El Cronograma Electoral, publicado a destiempo, fue modificado en su totalidad una vez convocadas las elecciones (sin prestar atención a los lapsos y disposiciones legales).
d) Restricción del pluralismo político y la oferta electoral con la anulación de los partidos de oposición más votados y la inhabilitación de potenciales candidatos.
e) Limitación para la inscripción y actualización en el Registro Electoral de jóvenes con edad para sufragar y de venezolanos residentes en el exterior.
f) Ventajismo de Estado con el uso indiscriminado de los recursos y medios públicos, especialmente con la instalación de los “Puntos rojos” en ocho de cada 10 centros de votación el día la elección, de acuerdo a la observación realizada por el OEV.
g) Uso del Carnet de la Patria y la entrega de bonos como instrumentos de coacción y como evidencia de compra de votos con recursos del Estado. Sobre la base de su informe, el OEV introdujo en junio –junto a Provea y Acceso a la Justicia–, una demanda en la que solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la designación de Maduro, recurso que fue desestimado. Esto pone de manifiesto que las arbitrariedades elctorales no provinenen exclusivamente del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también de otros poderes públicos, debilitando el Estado de Derecho.
Por otro lado, desde la óptica política, los resultados anunciados por el CNE mostraron un respaldo minoritario para la re-elección de Maduro: siete de cada 10 venezolanos con derecho a sufragar no votaron por él. En estas cuestionadas elecciones, se registró la más alta abstención para unos comicios presidenciales desde la época democrática (54%). Como consecuencia, Nicolás Maduro no es sólo un Presidente ilegítimamente nombrado, sino con un apoyo político muy precario pese a las acciones ejercidas para coartar la libertad del voto.
Se configura así un escenario muy complicado para el país, sobre todo si se toma en cuenta que se inicia el año con una situación muy comprometida desde el punto de vista económico, social e institucional, que va a tener al frente del gobierno a un Presidente en las peores condiciones para encarar las muy difíciles circunstancias con las que tiene que lidiar.
Toca construir una opción frente al contexto esbozado. Existen diversas fórmulas políticas que están siendo examinadas, a fin de revertir la gravedad que supone el acto celebrado ante el TSJ el 10 de enero y poder vislumbrar una salida política que tiene visos urgentes. Las mismas deben tener, como común denominador, la realización de elecciones que recuperen la legitimidad del gobierno y amplíen sustancialmente sus bases de apoyo. La gravedad de la crisis venezolana exige el mayor esfuerzo para suscribir un compromiso nacional. No se trata de otra cosa que no sea reestablecer el hilo constitucional.
OEV, 10 de Enero de 2019
Todavía Venezuela no ha terminado de digerir la convocatoria apresurada a las presidenciales, pautadas con apenas 74 días de antelación en un proceso cargado de irregularidades desde el principio, cuando una nueva propuesta de “megaelecciones” llegó este miércoles 21 de febrero a las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que, tomándose atribuciones correspondientes exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), de inmediato, y en tiempo récord, admitió la solicitud.
La idea de adelantar los comicios de la Asamblea Nacional –la cual no culmina siquiera la mitad de su gestión y cuyo mandato constitucional debe extenderse hasta el 2021–, fue sugerida inicialmente por el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y más tarde reafirmada por el propio Presidente Maduro, con el agregado de realizarla conjuntamente con la elección de los integrantes de los 23 Consejos Legislativos Estadales y las 335 Cámaras Municipales.
Esta propuesta no solo atenta contra los derechos políticos de los venezolanos al atropellar las etapas de dos procesos comiciales pendientes desde hace más de un año, sino que implica la anulación del Parlamento Nacional –electo por más de 14 millones de venezolanos en 2015– tras incurrir en la violación del artículo 192 de la Constitución, el cual establece claramente que “los diputados o diputadas de la Asamblea nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones”. Realizar un evento de tales características pasaría también por alto el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que obliga a ejecutar separadamente las elecciones municipales de las del Poder Público Nacional, como bien lo señaló el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, al manifestar su rechazo a la sugerencia oficialista.
La selección simultánea de alrededor de 2.800 cargos en dos meses –presidente, 167 diputados nacionales, 250 legisladores regionales y alrededor de 2.400 concejales–, implica una organización logísticamente inviable para llevar a cabo un proceso justo, equilibrado y transparente. Las elecciones para escoger representantes en tres niveles del Poder Público (nacional, estadal y municipal) deben ser planificadas, para nada pueden resultar de medidas improvisadas y salidas al paso que convengan solo a un grupo político.
El único antecedente similar en la historia electoral venezolana ocurrió en el 2000, cuando el recién electo presidente Hugo Chávez propuso resetear el sistema relegitimando prácticamente todos los cargos de elección popular: la Jefatura del Estado, conjuntamente con elecciones regionales, municipales y parlamentarias. Los resultados de aquel evento inclinaron la balanza a favor de un solo grupo político –proporcionándole la mayoría absoluta en el Parlamento, gobernaciones y alcaldías– y lesionaron gravemente el funcionamiento autonómico del sistema de contrapesos, necesario en cualquier democracia saludable.
En el ámbito internacional, pudiera traerse a colación las elecciones federales que celebrará México el próximo 1 de julio de 2018, en las que 87,8 millones de votantes acudirán a las urnas para elegir 3.400 cargos públicos –Presidente de la República, miembros del Congreso, gobernaturas y jefaturas de Gobierno, alcaldías y representantes de los congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales–, como ejemplo de la posibilidad de llevar a cabo un proceso de tal complejidad. Sin embargo, no podrá dejarse de lado el factor tiempo en este caso. Para esos comicios, la autoridad electoral anunció la fecha del evento con 15 meses de antelación, al tiempo en que aprobó y publicó el cronograma con nueve meses de anticipo.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que se trata de una petición política ilegal y arbitraria, orientada a concentrar el poderpolítico por parte del Gobierno del Presidente Maduro. Considera, además, que es inviable desde el punto de vista práctico en tan poco tiempo. Y, lo más grave de todo, erosiona el poder del voto como salida para la cada vez más grave crisis venezolana.
Para las elecciones presidenciales de 2018, el árbitro electoral eliminó del cronograma actividades relacionadas al catastro, simulacro, uso de la tinta indeleble, observación nacional y acompañamiento internacional e, incluso, dejó por fuera las postulaciones de grupos de electores e iniciativa propia. Aunado a esto, recortó drásticamente los lapsos para la presentación de candidaturas (restando 295 días a las actividades en comparación al 2012) y al plazo para organizar el Registro Electoral, la campaña electoral y ensamblaje de material
El 25 de enero de 2012 la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ofreció una rueda de prensa para dar inicio oficial al año electoral. Ese día anunció el cronograma preliminar para los comicios presidenciales y regionales que se celebraron el último trimestre de ese año: la convocatoria formal se realizaría el 29 de marzo; el corte del Registro Electoral se haría el 15 de abril; la campaña electoral presidencial iniciaría el 1 de julio y terminaría el 4 de octubre, mientras que el lapso de la campaña para las elecciones regionales sería del 20 de octubre al 13 de diciembre; las postulaciones para las presidenciales serían del 1 al 11 de junio y para las regionales entre el 1 y 11 de agosto. Cuatro meses antes, desde el 13 de septiembre de 2011, el país ya conocía que las presidenciales se celebrarían el 7 de octubre. Aunque en aquella oportunidad la elección experimentó un adelanto de dos meses, pues correspondía hacerse en el mes de diciembre, la fecha del evento se conoció con poco más de un año de antelación (390 días antes). Sin embargo, la situación es muy distinta en la actualidad. La autoridad electoral convocó las elecciones presidenciales de 2018 con apenas 74 días de anticipación, un plazo insuficiente para elegir a quien será el Jefe de Estado en los próximos seis años en unos comicios transparentes y de calidad.
La antelación con que se difundió la fecha del evento electoral para las presidenciales es, quizás, la diferencia más importante entre ambos procesos, pero no la única. En el primer caso, el día en que la autoridad electoral hizo la convocatoria formal (el 29 de marzo de 2012), también hizo público el cronograma electoral con todas las actividades, tal como lo especifica el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
No ocurrió de la misma forma este 2018. En principio, la instrucción de convocar los comicios de forma adelantada para antes del 30 de abril provino de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya elección fue política y legalmente cuestionada, tomándose atribuciones que, conforme a las normas vigentes, corresponden exclusivamente al Poder Electoral. Segundo, el CNE repitió en esta ocasión el patrón inusual estrenado en los comicios celebrados en 2017 y que contrasta con los diversos procesos electorales que se llevarán a cabo este año en diversas partes de América Latina, ninguno de los cuales ha sido convocado con menos de nueve meses de antelación. Tercero, una vez hecha la convocatoria el 7 de febrero de 2018, el CNE incurrió en la violación de la LOPRE al no publicar simultáneamente –y de inmediato– el cronograma con los lapsos y actividades.
Sin catastro, simulacro, tinta indeleble y observación electoral
Comparando ambos cronogramas, en 2012 el CNE planificó 90 actividades, mientras que en 2018 incluyó en el documento 83. Entre las actividades eliminadas para el venidero proceso comicial, el organismo suprimió la etapa decatastro (procesamiento y actualización), lapso en el cual se revisan y visitan los centros de votación para verificar sus condiciones, y para el que –en 2012– otorgó 81 días en el cronograma. Esta fase incluye la creación y aprobación de nuevos centros. En cambio, en este 2018, incluyó un periodo de “Adecuación de centros electorales” que se extenderá por 15 días poco antes del evento, del 1 al 15 de abril.
También se suprimió del cronograma toda actividad relacionada a la participación de observadores nacionales y acompañantes internacionales en el proceso, tales como la distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, entrega de acreditaciones, despliegue y presentación del informe de las misiones de acompañamiento. Pese a que en varias oportunidades rectoras del CNE han manifestado públicamente que el acompañamiento internacional “estará garantizado”, nada se sabe sobre estas misiones: ni los organismos que la conformarán, ni los tiempos que el ente tiene planificado para atenderlos. Es importante acotar que 74 días en un lapso insuficiente para que misiones técnicas como las ejecutadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE) –las cuales requieren ser notificadas con varios meses de antelación– se desplieguen en el país. Igualmente, se desconoce si el árbitro permitirá a organizaciones locales, como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), participar formalmente en la evaluación de la jornada.
De igual forma, fueron descartados el simulacro electoral y otras etapas relacionadas con la utilización de la tinta indeleble. Durante el primero, se despliegan una cantidad de centros electorales pilotos para que los votantes puedan practicar antes del evento, la relevancia de esta jornada reside en la oportunidad que tienen los técnicos para verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica (máquinas, boletas, la red de comunicación y medios de transmisión de resultados) y afinar los detalles logísticos (evaluar el desenvolvimiento de los operadores de máquinas, miembros de mesa, tiempos de votación, despliegue de máquinas, Plan República, etcétera). Aunque la tinta indeleble técnicamente no es indispensable para el proceso de votación, el no usarla genera desconfianza en el electorado, pues representa un mecanismo que refuerza al sistema biométrico de identificación de electores, previniendo a los miembros de mesa para que los ciudadanos no voten más de una vez. Para suplantar este elemento, el CNE debe garantizar que la base de datos de huellas de los electores está correcta y dar seguridad de que el sistema automatizado trabaja bien. No es la primera vez que el CNE elimina estos pasos. La primera vez que lo hizo fue para la elección de la ANC en 2017, repitiendo el patrón para las elecciones de gobernadores del 15-O y de alcaldes celebradas el 10 de diciembre.
Por otro lado, pese a que Lucena afirmó el pasado 20 de febrero que se hará una convocatoria del sorteo de miembros de mesa, nada advierte el cronograma difundido por el CNE sobre el acto público y automatizado en el que deben ser seleccionados, según los artículos 47 y 49 del Reglamento General de la LOPRE. Entre las actividades, el ente describe de forma general procesos para la “selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos”, tarea marcada a realizarse el 15 de marzo. Ciertamente, estos organismos los integran: las Juntas Regionales, Metropolitanas, Municipales, Parroquiales y, finalmente, las Mesas Electorales; no obstante, en esta ocasión y a diferencia de los cronogramas anteriores, el Poder Electoral no hace referencia concreta a la selección de los miembros de mesa. Para los comicios de gobernadores de octubre y los municipales de diciembre, la mayoría de los miembros de mesa no fueron ciudadanos sorteados aleatoriamente, ni los resultados de la selección fueron publicados en Gaceta Electoral, requisitos esenciales para la garantía del proceso.
LAPSOS ACORTADOS
56 días menos para organizar el Registro Electoral
Para las elecciones presidenciales de 2012, el Poder Electoral planificó 14 actividades relacionadas al Registro Electoral (RE), para las cuales estipuló 84 días del cronograma: corte preliminar (1 día), publicación del RE preliminar (1 día), solicitud de incorporación en el RE preliminar (15 días), presentación de impugnación al RE preliminar (15 días), admisión de impugnación al RE preliminar (21 días), promoción de pruebas en contra del RE preliminar (27 días), auditoría del RE preliminar (1 día), presentación del informe de la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre la impugnación al RE preliminar (1 día), resolución del CNE sobre la impugnación al RE (1 día) y publicación del RE definitivo en el portal del CNE (1 día).
En cambio, en el cronograma de 2018 pautó 9 actividades en un plazo de 28 días: jornada del RE (10 días), generación del RE preliminar (5 días), aprobación y publicación del RE preliminar (1 día), presentación, admisión y resolución de impugnación al RE preliminar (3 días), auditoría al RE (1 día), presentación del informe por la Comisión de Registro Civil y Electoral sobre las impugnaciones al RE preliminar y resolución de la impugnación (1 día), generación del RE definitivo (5 días), presentación del informe definitivo a la Comisión de Registro Civil y Electoral (1 día) y , finalmente, la aprobación y publicación del RE definitivo (1 día). Esto implica un recorte de 56 días en comparación con la elección de hace seis años, periodo que no alcanza para que se inscriban los casi dos millones de jóvenes con edad para votar, que viven territorio venezolano, y se estima que no han sido incorporados a la base de datos; así como para que se registren o actualicen los datos los venezolanos que han abandonado el país en la última década.
A diferencia de los 10 días de jornadas extraordinarias habilitadas este año para la inscripción y actualización del RE, para las presidenciales de 2012, el CNE extendió los operativos especiales por tres meses, desde el 16 de enero hasta el 15 de abril, con el despliegue de 769 puntos adicionales.
Tres días para postular: sin grupo de electores o candidatos por iniciativa propia
La etapa del cronograma más afectada por los recortes es la vinculada a la postulación de candidatos, una de las que reviste de mayor importancia dentro del proceso electoral. En 2012, el árbitro estipuló 18 actividades en un lapso de 307 días, que incluyen todo lo relacionado a la presentación de candidatos por iniciativa propia, partidos políticos y grupos de electores (los procedimientos para la conformación de éstos últimos fueron suprimidos por completo del calendario en 2018). Incluso, el que los venezolanos conocieran la fecha de aquellas elecciones con 390 días de antelación, permitió que el candidato opositor resultara de unas primarias realizadas el 12 de febrero, antes de que se hiciera formalmente la convocatoria.
Para las próximas presidenciales, en cambio, el CNE aglutinó 11 actividades a ejecutarse en un periodo de 12 días, alguna de ellas realizadas en la misma fecha; se trata de una diferencia de 295 días en comparación con el evento celebrado hace seis años. Así, por ejemplo, para la presentación de postulaciones se programaron 11 días en 2012 y apenas tres días en 2018 (del 26 al 27 de febrero); mientras que para modificación y sustitución de postulaciones, el CNE habilitó 118 días en 2012 y estipuló solo el 2 de marzo en 2018. Ese día coincide con la realización de otras dos actividades: la interposición y admisión de recursos contra las postulaciones; y la fecha tope para que las sustituciones y modificaciones se reflejen en la boleta.
Es común en toda elección que las opciones de candidatos presentadas inicialmente por los partidos políticos cambien a medida que transcurre el proceso electoral y, precisamente, la ley electoral venezolana permite estos cambios en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilitaciones y discapacidad física o mental. La legislación vigente también permite a las organizaciones modificar, por decisión propia, sus postulaciones, pudiendo hacerlo hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. Pese a esto, al igual que para las elecciones de gobernadores del 15-O, violando lo dispuesto en el Capítulo V de la LOPRE, el CNE estipuló el mismo día para ambas actividades. Este diseño restringe los derechos pasivos y activos de los ciudadanos. En esta convocatoria, aunque el CNE publicó en su portal web los documentos relacionados a la conformación del grupo de electores y las planillas para la recolección de manifestaciones de voluntad para postulación por iniciativa propia, estas actividades quedaron fuera del cronograma.
Comparemos el listado de actividades a continuación:
Otras etapas también se redujeron considerablemente. Mientras que se estipularon 96 días para la campaña electoral del proceso en 2012, se atribuyeron 18 días para 2018 (78 días menos). Con tan poco tiempo para presentarle a los electores las diferentes propuestas será difícil un ejercicio responsable y consciente del voto. Además, se planificaron 119 días para el ensamblaje de material antes, durante y después del evento electoral de 2012 y 93 para el proceso de 2018 (26 días menos). Solo las capacitaciones experimentaron un incremento: 46 días en total en 2012 y 73 en 2018 (27 días adicionales).
En relación a las auditorías al Sistema de Voto Electrónico (SVE), se planificaron 12 revisiones en el 2012 y 14 en el 2018, actividades cuya única variación resaltante es la reducción de los lapsos de tiempo en que deberían realizarse, premura que atenta con la posibilidad de ser bien ejecutadas. Así, contrastando nuevamente con el cronograma de 2012, y para mencionar algunos ejemplos ilustrativos, la auditoría de producción de las máquinas de votación en 2012 se realizó en 31 días, mientras que ahora se programa para hacerlo en nueve; la auditoría del software de totalización se reduce de cinco a un día; la de cuadernos de votación de 5 a tres días. Son más las auditorías programadas teniendo todas en común la reducción del tiempo. Comprimir estos tiempos debilitan las auditorías que tienen por propósito, además de poner a punto todo el sistema automatizado de votación, generar confianza entre los distintos actores participantes del proceso electoral, ya que son los técnicos seleccionados por ellos los que adelantan estos procesos. Adicionalmente, otra diferencia es que, en esta ocasión, el CNE agregó al cronograma la auditoría de software y del registro electoral para la selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos y la auditoría de puesta cero de los centros nacionales de totalización.
Las mencionadas anteriormente son las consecuencias de convocar unas elecciones a la carrera, utilizando la fecha como un acto de ventajismo electoral que solo beneficia al partido gobernante y que termina por arrojar serias dudas sobre la vía electoral como recurso para solventar los problemas que afronta Venezuela. Una elección cuyo punto de partida se caracteriza por tales irregularidades solo dejará abiertas serias interrogantes sobre los parámetros básicos que necesita una elección en igualdad de condiciones. Estas actuaciones del CNE evidencian nuevamente el sesgo político del árbitro electoral que, en vez de aclarar, oscurecen el panorama.
