El patrón de comportamiento de la autoridad electoral vuelve a repetirse. Después de un año de silencio sobre la fecha definitiva de estos comicios, el CNE incurre nuevamente en un listado de irregularidades que viene ejecutando desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente: adelanta el llamado a postular candidatos previo a la publicación de la fecha del evento y el cronograma electoral, fija arbitrariamente la fecha, ejecuta actividades previas, cierra la posibilidad de que nuevos electores se inscriban en el registro Electoral, entre otras. Conoce 11 detalles sobre las venideras elecciones. 

1)  Los primeros anuncios y un año de silencio.

El 18 de octubre de 2016, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que los comicios municipales serían realizados a finales del segundo semestre de 2017. Luego, transcurrieron doce meses sin que el organismo hiciera mención a estos comicios: entretanto organizó velozmente una elección para elegir una Asamblea Nacional Constituyente y ejecutó, también con rapidez, los comicios de gobernadores que tenían 10 meses de retraso. Solo cuando el oficialismo obtuvo la victoria electoral en 18 de 23 estados del país, se aceleró la convocatoria a estas elecciones.

2)  Convocatoria constituyente sin concejales.

Tras una propuesta presentada por el ex gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, el 26 de octubre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la convocatoria de elecciones de alcaldes en diciembre de 2017, dejando por fuera –sin explicación alguna– la elección de concejales y de las alcaldías Metropolitana de Caracas y de Alto Apure, legalmente fijadas para realizarse de manera conjunta.  Así, el proceso inició con la violación de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en cuyas disposiciones señala al Consejo Nacional Electoral como único organismo encargado de anunciar dicha convocatoria. El decreto fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 41.265.

3) Repetición de elecciones en Zulia.

Desconociendo la voluntad popular de quienes votaron el 15 de octubre por Juan Pablo Guanipa como gobernador del Zulia, le fue impedido asumir el cargo al no prestar juramento ante la ANC. Ni la Constitución, ni ninguna otra ley venezolana, estipulan que el titular de un cargo de elección popular deba subordinarse ante una instancia constituyente.

Ese 26 de octubre, el Consejo Legislativo declaró la “falta absoluta” de Guanipa y, posteriormente, en una acción que sienta un precedente peligroso, la ANC anuló la elección de gobernador en esa entidad y ordenó su repetición para el mes de diciembre (propuesta presentada por el constituyente Hermann Escarrá). El decreto también fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 41.265.

4) Fechas a cuentagotas.

Al día siguiente, el 27 de octubre, la máxima autoridad electoral informó que el organismo acataba ambos decretos de la ANC para realizar los dos procesos de manera conjunta, tanto la elección de alcaldes como la repetición de elecciones de gobernadores en Zulia: “Ambas elecciones se efectuarán el mismo día y se regirán por el mismo cronograma”, anunció Tibisay Lucena.

Antes de publicar la fecha definitiva y el cronograma electoral, llamó a los partidos políticos a inscribir a sus candidatos el lunes 30 de octubre, estipulando así apenas un día para habilitar el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) y reincidiendo por tercera vez en la violación del artículo 42 de la LOPRE, el cual especifica que la convocatoria es el acto público en el que debe fijarse la fecha de la elección y conocerse el cronograma.

El CNE estableció la presentación de las postulaciones ante las juntas regionales entre el martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre, la admisión o rechazo de la postulaciones entre el mismo miércoles hasta el viernes 3 de noviembre.

5) Registro Electoral sin cambios.

Ese día también se anunció que el corte del Registro Electoral para las elecciones de diciembre sería el del 15 de julio de 2017, el mismo utilizado para los comicios de la ANC y gobernadores. Esto significó que no habría actualizaciones en la base de datos de votantes, privando del derecho al sufragio a quienes cumplieron 18 años entre mediados y finales de año, como también el derecho de cualquier ciudadano inscrito a solicitar modificaciones. Desde principios de 2016, la autoridad electoral no ha habilitado suficientes operativos o puntos móviles para la inscripción en el RE y, por ello, se estima que alrededor de un millón de ciudadanos no han sido incluidos a la base de datos del CNE.

Igualmente, la presidenta Lucena explicó que continuarían en funciones los mismos miembros de las Juntas Regionales y Municipales, además de los miembros de mesa, de las elecciones anteriores, quienes fueron seleccionados a través de un mecanismo que no fue público, tal como lo exige la legislación vigente.

6) 10 de diciembre, la fecha definitiva

Seis días después de llamar a los partidos políticos a postular a sus candidatos, el árbitro fijó arbitrariamente la fecha definitiva para las elecciones: serían el 10 de diciembre de 2017, en la que podrán participar 19.740.846 electores para elegir a los 335 alcaldes de las 24 entidades del país, por un período de cuatro años, y al nuevo gobernador de Zulia. En esa rueda de prensa del 2 de noviembre, se difundieron las nuevas fechas del cronograma: la campaña electoral iniciará el 23 de noviembre y finalizará el 7 de diciembre.

7) Publicación del cronograma.

Faltando tan solo 36 días para las elecciones, el CNE publicó el 4 de noviembre el cronograma electoral con todas las etapas y actuaciones a cumplirse, atropellando los tiempos indispensables para organizar y ejecutar un proceso electoral imparcial, confiable y en igualdad de condiciones para todos los participantes. De esta forma, planeó 85 actividades: 14 en octubre, 48 en noviembre (con un promedio de dos actividades diarias), 19 en diciembre, tres en enero y una en febrero.
Aunque en esta oportunidad no estableció en el documento un apartado de “actividades previas”, ejecutó 20 tareas en una fecha anterior a la publicación del cronograma e, incluso, definió para la actividad denominada “Publicación del cronograma en www.cne.gob.ve y en la Gaceta Electoral” un lapso de 30 días, entre el 30 de octubre y 28 de noviembre, acción que contradice lo estipulado en la legislación vigente. La LOPRE exige un solo día para la publicación del cronograma.

8) Candidatos.

La noche del 31 de octubre Lucena informó que 4.800 ciudadanos se inscribieron como candidatos (4.016 hombres y 784 mujeres), esta cifra aumentó a casi el doble tres días después alcanzando los 9.249 candidatos. De ese grupo, para el 3 de noviembre solo 3.517 candidatos se habían presentado ante las juntas electorales correspondientes.

Un total de 72 partidos participaron en el proceso, 17 nacionales (que representan el 82% del total) y 55 regionales (84% del total). Entre lo nacionales se encuentran: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Tupamaro, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos (PPT), Unión Popular Venezolana (UPV), Podemos, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Nuvipa, Organización Renovadora Auténtica (ORA), IPP, UPP89, Copei, Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Un Nuevo Tiempo Contigo (Untc).

Para estas elecciones de alcaldes, tres de los partidos que conforman la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que acudieron a las elecciones de gobernadores anunciaron que no participarán esta vez: Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), además de que alertaron con sancionar con la expulsión de sus filas a los integrantes que decidieran postularse. Sin embargo, esta postura no fue asumida por todas las toldas que hacen oposición al Gobierno de Nicolás Maduro y algunos integrantes de la coalición inscribieron candidatos, entre los que destacan UNT y AP.

A pesar de no estar legalizado ante el CNE, el partido La Causa R participó a la elección anterior avalada por otras organizaciones, especialmente en Bolívar con una representación del miembro de la dirección nacional, Andrés Velásquez; pero después de la denuncia de “fraude” en esa entidad, el partido anunció que no acudirá a los comicios para elegir alcaldes y, más bien, propuso a la MUD realizar unas primarias para escoger un candidato presidencial. De igual forma, Alianza Bravo Pueblo (ABP), Convergencia, Partido Unido y Entendimiento (Puente), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y Bandera Roja se mostraron de acuerdo con no participar.

De acuerdo al cronograma electoral, para el 5 de noviembre el organismo ya debía poseer el acta de cierre de postulaciones. Sin embargo, aún se espera algún pronunciamiento de las autoridades electorales sobre el número de candidaturas admitidas.

9) Reubicación de centros.

El miércoles 1 de noviembre, la presidenta Lucena indicó que para estas elecciones de alcaldes el CNE evaluará la reubicación de centros de votación cerrados por violencia durante las elecciones a la Constituyente, con la intención de situarlos en un lugar más cercano a sus puntos de origen. El Poder Electoral decidió no reabrir aquellos centros en los que ocurrieron situaciones irregulares, como agresión física al personal del CNE, quema de máquinas y destrucción del material electoral, así como aquellos en donde fue impedido el acto de votación.

“Sin embargo, decidimos, como dije, racionalmente hacer un análisis de estos 201 centros de votación y en aquellos casos que no son extremos, vamos a estudiar una nueva ubicación para estos centros”, añadió la presidenta del ente. Según el cronograma electoral, la generación del tabla/mesa para el evento –documento que indica la distribución de los electores por mesa y centro de votación– debía estar listo el 6 de noviembre y su publicación debió hacerse el lunes 20 de noviembre, apenas 20 días antes de los comicios.

 10) Voto asistido con planilla.

Debido al número de denuncias recibidas de irregularidades en las últimas elecciones, el CNE informó que aplicará una nueva forma de solicitar el voto asistido, a través de una planilla que poseerá el miembro de mesa, sin ofrecer más explicaciones al respecto. Adicionalmente, el ente señaló que se mantendrá eliminado el uso de la tinta indeleble.

11) Acompañamiento internacional.

El 15 de noviembre se instaló la misión de acompañamiento internacional conformada, en su primera etapa, por 15 miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), entre expertos, ex presidentes y ex magistrados de instancias de la región. Más integrantes se unirán a la misión el día de las elecciones, desplegados en centros electorales de todo el país. Así, el CNE vuelve a restringir la presencia de veedores internacionales en el país, reduciendo la función de los observadores internacionales al rol de “acompañantes” y negando el ingreso de misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Por su parte, la observación nacional no aparece contemplada en ninguna actividad del cronograma electoral, ni en la distribución de invitaciones, ni en la acreditación de sus participantes, lo que genera una alta incertidumbre sobre la participación de las organizaciones destinadas a esta tarea. Para las elecciones de gobernadores, la autoridad concedió la acreditación a algunas organizaciones y se la negó a otras, tal como al Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

El Poder Electoral no sólo acortó los tiempos previos para realizar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, sino que eliminó 14 auditorías, simulacro, fecha de impugnaciones y otros mandatos legales, debilitando el blindaje de la plataforma tecnológica y haciendo inseguro el sistema automatizado de votación. Una revisión exhaustiva del cronograma –tardíamente publicado– demuestra que la autoridad se saltó aproximadamente 70 de 100 actividades electorales

Para llevar a cabo un proceso constituyente, tal como lo planteó el presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está obligado a organizar alrededor de 14 etapas previas al evento electoral pautado para el 30 de julio y distribuidas en unas 100 actividades (no estrictamente planificadas en el orden como aquí se presentan). Si bien muchas de las actividades ocurren de forma simultánea, la ley establece tiempos específicos para algunas de ellas.

En términos generales, la ANC puede compararse con las elecciones parlamentarias por su naturaleza de cuerpo deliberativo, aunque en esta oportunidad no satisface en todos los casos el sistema de doble voto que las caracteriza: voto nominal y voto lista. Aún tratándose de un híbrido que adopta por primera vez peculiaridades de elecciones municipales y de elecciones sectoriales –un modelo nunca antes visto para cargos de elección popular en Venezuela–, no queda exenta de cumplir con los lapsos establecidos en la legislación electoral.

Sin ahondar en la complejidad de las bases comiciales propuestas por el Ejecutivo, advirtiendo que aún deja enormes dudas sin responder, no se explica que el cronograma para esta elección contemple 70 actividades menos que en las últimas tres elecciones para elegir a los representantes nacionales del Poder Legislativo. Ni siquiera la elección más sencilla de organizar, las presidenciales, justifica la supresión o agrupamiento de tantas facetas de un proceso electoral.

En 2005, por ejemplo, el CNE fijó en cronograma 105 actividades para las parlamentarias (seis meses), 103 para las parlamentarias de 2010 (cinco meses y medio) y 100 para el mismo proceso en 2015 (cinco meses y medio). ¿Cómo justifica que para una elección más compleja estipuló apenas 32 actividades en dos meses?

El Observatorio Electoral Venezolano te presenta a continuación los pasos que cualquier proceso electoral debe cumplir para estar apegado a la ley.


Se trata del acto público en el cual el CNE fija la fecha de la elección y difunde el cronograma del proceso, según lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Una vez hecha pública, la convocatoria debe aparecer en Gaceta Electoral.

Omitiendo este procedimiento, el  23 de mayo –día en que el Presidente presentó la propuesta– la máxima autoridad del organismo, Tibisay Lucena, adelantó una fecha probable para los comicios Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero no hizo la convocatoria formal al proceso: dijo que la elección se realizaría a finales de julio.

Fragmento cronograma de actividades ANC “previa convocatoria”

Trece días más tarde, anunció que sería el 30 de julio sin publicar el cronograma, sin contar entonces con la aprobación en directorio. No fue sino hasta el 7 de junio cuando el árbitro difundió en la Gaceta Electoral N° 848 la convocatoria con las Bases Comiciales y el cronograma definitivo, lo que significa que estuvo preparando el proceso mucho antes de anunciar su realización formal. Un fragmento publicado al final del cronograma, admite que se planificaron “actividades previas a la convocatoria”, por ley, estas carecen de validez legal.


Consiste en las estrategias comunicativas que debe aplicar la institución para divulgar al elector todo lo referente a la elección. Duró 187 días en 2005, 165 días en 2010 y 168 días en 2015. Esta etapa desapareció del cronograma para la ANC y resulta fundamental para conocer las normas que regirán el proceso –fuera de la aplicación de la Constitución y la Lopre– y podría aclarar interrogantes de la inédita elección sectorial.


Esta etapa consiste en la verificación de las bases de datos de electores inscritos y forma parte de las garantías previstas en la Lopre (Título III: artículo 31-45). Tanto los partidos políticos como los ciudadanos pueden consultar, impugnar y solicitar la incorporación al Registro Electoral, sobre todo aquellos jóvenes que acaban de cumplir 18 años de edad y los extranjeros mayores de edad con más de 10 años de residencia en el país.
Siempre antes de celebrar una elección el CNE está obligado a publicar un Registro Electoral preliminar, un primer corte de data propenso a sufrir modificaciones durante el lapso de solicitudes e impugnaciones. En esta oportunidad, sin embargo, el organismo se saltó este paso y publicó un RE definitivo hasta el 30 de abril de 2017: son 19.805.002 electores, de los cuales 19.579.074 (98,9%) son venezolanos y solo 225.928 (1,1%) son extranjeros.

A esto deben sumarse otras dos irregularidades. Primero, el tipo de elección sectorial ameritó la creación de sub-registros electorales que no existían y cuyo procedimiento se ejecutó a puertas cerradas, supuestamente entre el 7 y 12 de junio de acuerdo al cronograma. Se trata de una tarea compleja, difícil completar en tan poco tiempo. Al respecto, el árbitro suprimió la fase de impugnación de estas bases de datos, negando reparos a quienes no fueron incluidos en el sistema o a quienes fueron incorporados indebidamente. Antes de elaborar los cuadernos de votación, el CNE debe cruzar data para evitar que una persona vote en más de un sector, pero no queda claro cuándo desarrollará esta actividad.
La segunda anomalía es que, desde el 2015, el ente no realiza operativos o jornadas especiales de inscripción y actualización del RE con el despliegue de puntos fijos y móviles en los 335 municipios del país. Quienes hayan cumplido 18 años desde entonces no podrán participar en la elección.


A continuación, el órgano electoral debe determinar el número y ubicación de las circunscripciones electorales con respecto a un índice de población establecido constitucionalmente. Para ello, envía al Parlamento una carta solicitando la aprobación de la estimación poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), con la finalidad de definir el número de cargos nominales a elegir en cualquiera de los cuerpos deliberantes (Asamblea Nacional, Consejos Legislativos, Concejos Municipales, etc.), pues la cantidad de representantes variará por región dependiendo del número de habitantes; al igual que el censo de la población indígena. Así procedió el CNE hasta 2015.

Aunque la ANC seleccionará candidatos de tipo nominal para la elección territorial, el árbitro decidió suprimir esta etapa del cronograma, alegando que no es necesaria la construcción de circunscripciones porque puede tomarse la división municipal ya existente. Todavía se desconoce si para la elección de tipo sectorial se requieren circunscripciones electorales artificiales, por ello la gravedad del vacío informativo sobre este procedimiento.

Hasta los momentos, solo puede suponerse que para los representantes indígenas las circunscripciones electorales serán las entidades federales con población indígena significativa y que todo el padrón electoral de esa circunscripción tendrá derecho a al sufragio, como se ha hecho durante más de una década.


Esta fase implica la revisión y visita de los centros de votación para verificar su condición previa a la elección. Incluye la actualización del catastro, con la agregación de nuevos centros, y su posterior aprobación y resulta vital en todas las elecciones. Por ejemplo, para las parlamentarias de 2005 esta etapa duró 19 días; mientras que fue borrada del cronograma para este proceso constituyente. Se ignora si en el caso de la elección sectorial, el CNE nucleará alguno de los centros por sector o si funcionarán en su totalidad.

Si el Poder Electoral decidió trabajar con el catastro de las parlamentarias 2015, se trata de información desactualizada que puede ocasionar problemas técnicos y logísticos poco antes de la elección. Omitir este paso implica renunciar a la previsión.


Quienes aspiran convertirse en candidatos presentan en esta etapa su inscripción ante el CNE. De acuerdo a la Lopre (artículos 42-44), la fecha de postulaciones debe estar fijada en el cronograma electoral y conocerse cuando el árbitro hace la convocatoria. Sin embargo, en esta ocasión el organismo alternó los procesos y llamó primero a postularse antes de publicar los lapsos formalmente. Esto no solo ocurrió con las postulaciones sino con otras actividades como la conformación de grupos de electores territoriales y sectoriales, junto a los mecanismos de validación de las manifestaciones de voluntad.

La duración de esta etapa en el cronograma del proceso ANC incluye: cinco días para la presentación de postulaciones, otros cinco días para que el ente responda si fueron admitidas o rechazadas y cinco días adicionales para las impugnaciones (interposición de recursos contra las postulaciones). El CNE descartó plazos para la subsanación de los recaudos o para la presentación de alegatos y pruebas.

Para las parlamentarias de 2005 el Poder Electoral concedió 35 días en esta fase, mientras que para las parlamentarias de 2010 y 2015 asignó más de tres meses repartidos en una decena de actividades relacionadas a las postulaciones.


Consisten en la verificación de todos los recursos materiales, tecnológicos –software y hardware de equipos– y datos que se utilizan en distintas fases del proceso y garantizan su confiabilidad, transparencia e integridad. A cada auditoría suele corresponder una actividad del cronograma.

Según ley, los partidos políticos, grupos de electores y candidatos por iniciativa propia tienen derecho a tener testigos en todo momento del proceso. Desde 2006, los técnicos enviados por las toldas políticas han sido los capacitados para auditar el sistema; precisamente, el problema de esta elección es que los partidos fueron excluidos como postulantes. Al no permitir auditorías en cada una de sus fases, el sistema deja de ser seguro.

Procesos anteriores de este tipo, como las parlamentarias de 2015, estuvieron blindados con al menos 21 auditorías (antes, durante y después de la elección); las cuales fueron transmitidas en vivo y directo por el portal del CNE. Esta vez, dando un paso atrás, el organismo estipuló apenas siete auditorías: 1) al software de la máquina de votación, 2) a los cuadernos de votación, 3) a los datos de electores, 4) de producción de la máquina de votación, 5) al software de totalización, 6) a las telecomunicaciones y 7) a la sustanciación de investigaciones.

Fueron eliminadas las auditorías de huellas de electores, del Sistema de Información al Elector, de la infraestructura electoral, de la tinta indeleble, de la verificación ciudadana (incluyendo el escrutinio en mesas electorales una vez finalice el acto de votación), las auditorías de transmisión de resultados, entre muchas otras, incluyendo la auditoría de los sub-registros sectoriales. Con la supresión de una docena de auditorías, el CNE propina un golpe a la máxima garantía de seguridad que tenía la votación electrónica.   

El tiempo de las auditorías (básicas) alcanza como mínimo los 162 días. Algunos de los nombres de los sistemas fueron modificados. Cuadro tomado del informe Auditorías del Sistema Electoral Venezolano, elaborado por el CNE (2010).


La etapa de elaboración de las boletas incluye el acto en el cual los partidos escogen la ubicación de sus candidatos en el instrumento de votación. Si bien esta especie de sorteo se realiza una vez concluye el lapso de postulaciones, para la ANC fue eliminado del cronograma.

Como las organizaciones políticas no están participando en este proceso, el CNE aún debe aclarar cómo dispondrá a los candidatos territoriales y sectoriales en cada circunscripción; de acuerdo a lo que estipula el artículo 70 de la Lopre.

De inmediato, debe fijarse un lapso para la elaboración del arte de los tarjetones electorales y otro adicional para la impresión (producción) de las boletas válidas y no válidas. Estas últimas deben ser distribuidas de forma gratuita en un periodo adicional pautado en el cronograma. Ninguna de estas actividades aparece en el calendario del proceso constituyente.


En esta etapa, dividida en varias fases, se preparan los materiales codificados y no codificados, incluyendo la construcción “cotillones electorales”: cuadernos de votación, tinta indeleble, actas, afiches informativos, sellos húmedos, etc. El proceso implica pre-ensamblaje, ensamblaje y la distribución del material hacia los centros electorales. Requiere altos estándares de seguridad y logística para su correcto funcionamiento.

A esta etapa en el proceso constituyente el CNE dedicará 37 días en dos actividades: primero la adquisición/entrega del material (8 días) y, luego, el pre y ensamblaje del material (29 días). Se asignaron 55 días en 2005, 58 días en 2010 y 25 días en 2015, lo que significa que esta fase se encuentra en el rango de tiempo correcto.


Son las actividades de carácter público desarrolladas para promover y captar el voto por el(los) candidato(s) o partidos políticos mediante piezas propagandísticas difundidas a través de cualquier medio. Se ha extendido entre 20 ó 30 días en el caso de elecciones parlamentarias y hasta 90 días para presidenciales (2012). Suele culminar entre 72 ó 48 horas antes del evento electoral por instrucción del CNE.

Para la ANC el árbitro cometió un error en la fecha: escribió que se prolongaría por 11 días, entre el 9 y el 27 de julio, pero al restar ambos momentos el cálculo arroja 18 días. Independiente del dato correcto, se trata de un lapso menor al acostumbrado en elecciones con abundante número de candidatos.

Similar al silencio sobre los criterios y metodologías que aplicarán para la elección sectorial, el árbitro no ha hecho ningún adelanto sobre cómo o cuáles serán las fuentes de financiamiento de los candidatos en esta oportunidad, entendiendo que no estarán directamente respaldados por las organizaciones políticas tras ser excluidas como postulantes.


El CNE incorporó en el fragmento del cronograma “actividades previas a la convocatoria” jornadas para capacitar al personal de las Juntas Electorales (regionales, municipales o parroquiales), al personal técnico y operativo y miembros de mesas. Esta acción le resta validez a la actividad, pues no debió capacitarse al personal hasta tanto no estuviera aprobada la convocatoria a elecciones.

Se contempló un Taller de Información Financiera, entre el 6 y 17 de junio, una actividad que solía organizarse para que los partidos políticos recibieran orientaciones acerca de cómo rendir cuentas ante el Poder Electoral sobre los movimientos financieros que  realizaran durante la campaña. No queda claro todavía quiénes asistirán a esta etapa que transcurrirá durante 12 días. Igualmente, contempló una capacitación de 18 días para el personal técnico y operativo, además de otra capacitación para miembros de mesa.


Se trata de dos eventos diferentes con un objetivo en común: ofrecer al elector la mayor cantidad de información y prepararlo para el momento de votar. La feria permite que los electores de cada circunscripción se familiaricen con la boleta para escoger a los candidatos que les corresponde.

Por su parte, durante el simulacro se despliegan una cantidad de centros pilotos para quienes lo deseen puedan practicar antes del evento electoral. La importancia de esta jornada es que permite verificar el funcionamiento de la plataforma tecnológica (funcionamiento de máquinas, la boleta, la red y medios de transmisión de resultados) y afinar detalles logísticos (operadores de máquinas, miembros de mesa, tiempos, despliegue de máquinas, Plan República, etcétera).

Sin explicación aparente el CNE consideró que para la ANC no será necesario hacer un simulacro y lo eliminó de la programación, pero sí activará puntos de información para las denominadas “ferias electorales” durante 17 días, del 6 al 22 de julio.


Faltando apenas dos días para el evento electoral, se instalan todas las mesas de votación en un acto que dura un solo día. Los miembros de mesa son previamente seleccionados y capacitados para el momento de instalación. También para este día el Poder Electoral diseña, elabora, aprueba y produce con anterioridad normas y manuales de funcionamiento que rigen el proceso y guía a los integrantes de cada mesa.

Usualmente, los cronogramas también incluyen una fecha para convocar a los miembros de mesa, un lapso para notificarlos de sus funciones, otro para su adiestramiento. Ninguna de estas etapas fue incluida en el cronograma de la ANC. La autoridad comicial no ha confirmado si se mantendrán los 1.327.596 miembros seleccionados de forma aleatoria el pasado 31 de marzo de 2016, obligados a cumplir con el servicio electoral. A estas alturas, faltando mes y medio para la celebración de la elección, tampoco ha difundido el número de mesas electorales a desplegar, ni el procedimiento que regirá ese día.


Los cronogramas de elecciones anteriores siempre han establecido lapsos de acreditación para los testigos de partidos políticos, los observadores nacionales y los acompañantes internacionales. Esta etapa se podía prolongar entre 15 y 30 días en el caso de los testigos, y unos cuatro días en el caso de acreditados internacionales (figura que fue prohibida para las parlamentarias del 6D). No hay rastros de actividades que incorpore a alguno de estos tres actores en el cronograma para la ANC.

El cronograma electoral puede leerse como una muestra más del atropello a la legalidad que el árbitro electoral ha puesto en marcha para responder –con inusitada celeridad– a la solicitud del Ejecutivo. La Asamblea Nacional Constituyente amenaza ahora con lanzar por la borda la confianza que la ciudadanía ha depositado en el sistema automatizado de votación.