Primera quincena, junio de 2020

Tras una controversial designación, este 15 de junio asumen sus cargos 5 nuevos rectores principales y 10 suplentes del Consejo Nacional Electoral. Tres sentencias del TSJ impidieron el curso del procedimiento del Comité de Postulaciones y el Parlamento para llevar a cabo tales nombramientos

Rafael Simón Jiménez, Tania D’Amelio, Indira Alfonzo, José Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez en el momento de la juramentación | AFP

9:08 de la noche del 12 de junio de 2020. En el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acaban de ser designados y juramentados cinco rectores principales y 10 rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Apenas a las 8:13 de la noche, menos de una hora antes, la máxima corte había tuiteado la noticia con la revelación de los 15 nombres, luego de un viernes de rumores en los corrillos políticos.

Los periodistas, convocados también a última hora, toman breves declaraciones a una de las nuevas rectoras suplentes, Gloria Muñoz.

—¿Cuándo le fue comunicado que había sido designada como rectora suplente? —le pregunta una reportera.

—No recuerdo… ayer, antier. No sé —contesta.

La respuesta puede ilustrar la manera, considerada por el Observatorio Electoral Venezolano como poco transparente, bajo la cual finalmente transcurrió el procedimiento de renovación de autoridades del Poder Electoral en este año 2020. Las acciones ocurrieron en un breve lapso de nueve días:

4 de junio: más que una solicitud

El secretario general del MAS, Felipe Mujica, acudió ante la Sala Constitucional del TSJ con el propósito de presentar la “solicitud de omisión legislativa para que se proceda a resolver el problema del Consejo Nacional Electoral”.

Mujica actuó en representación de Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez. La llamada Mesa de Diálogo Nacional, que los agrupa, se instaló en septiembre de 2019 con los partidos minoritarios de la oposición Cambiemos, Soluciones, Avanzada Progresista y el MAS, y la incorporación posterior de Esperanza por el Cambio. El Ejecutivo también cuenta a Copei en la mesa. Algunas de estas tarjetas participaron en la cuestionada elección presidencial del 20 de mayo de 2018.

La mayoría de los partidos opositores, incluyendo a los más grandes, no participan de la Mesa de Diálogo Nacional.

La Constitución establece: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley” (artículo 296).

Y la Ley Orgánica del Poder Electoral ratifica: “La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral serán designadas o designados de su seno” (artículo 37).

5 de junio: la omisión, antes de la labor

24 horas después, el TSJ no solo se declaró competente para conocer y resolver la demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional declaró lo que llamó la “omisión inconstitucional” por parte de la Asamblea Nacional en la designación de los integrantes del CNE.

Hubo más: desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó asumir el desarrollo normativo al CNE. También ordenó al CNE adecuar la normativa electoral para la elección de los diputados indígenas respetando sus tradiciones y costumbres, asignándole funciones legislativas que no son de su competencia.

Se sembró entonces la duda acerca del equilibrio del TSJ en el desempeño de los asuntos que le corresponden. En un comunicado, el OEV lamentó y consideró inconveniente esa decisión.

El Comité de Postulaciones Electorales es la instancia que tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional la lista de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Electoral.

El Comité se instaló el 9 de marzo, con la convergencia de actores de partidos opositores del G-4 como AD, PJ y UNT, de constituyentes y diputados del PSUV, de organizaciones sociales simpatizantes del oficialismo y hasta de alguna representación de la línea divisoria que abrió Luis Parra en la directiva del Parlamento el pasado 5 de enero.

“El Comité de Postulaciones es el último vestigio de institucionalidad en el que los diversos factores políticos en conflicto confluyen y, por tanto, está llamado a poner todas sus capacidades de hacer política para el curso futuro del país”, se leía en un exhorto en el cual decenas de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil le pedían a esa instancia retomar sus actividades, aunque fuere de manera virtual.

Como al mundo entero, la pandemia por COVID-19 también se le atravesó en el camino a la planificación del Comité de Postulaciones: habían pasado cuatro días de su instalación y faltaban otros tres para su segunda reunión, cuando Venezuela confirmó los dos primeros casos del nuevo coronavirus, con su consecuente declaratoria de cuarentena.

Suspendieron hasta nuevo aviso, faltándoles casi toda la labor, desde aprobar su reglamento interno y establecer la metódica que serviría de base para solicitar y evaluar las credenciales de los postulados, así como definir su cronograma de trabajo.

10 de junio: el listado que no existe

En una nueva y segunda decisión, el TSJ exhortó al Comité de Postulaciones Electorales para que “dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la publicación del presente auto”, consignara el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el CNE. La sala, según nota de prensa, “valora positivamente como hecho político la labor adelantada” por los 21 integrantes de esa instancia; 11 diputados y 10 representantes de la sociedad.

“Tú no puedes entregar lo que no hay, lo que no existe”, reaccionó el presidente del Comité, el diputado opositor por Primero Justicia Ángel Medina. Si era público, notorio y comunicacional que el listado todavía no existía; si de acuerdo con la legislación apenas el primer lapso de postulación dura 14 días, ¿qué iba a consignar el Comité de Postulaciones?

Solo un par de veces, en 2006 y 2009, el Comité de Postulaciones ha podido agotar el procedimiento de ley y la plenaria de la Asamblea Nacional, con las dos terceras partes, designó nuevos rectores. La que designó rectores en 2006 y 2009 fue una Asamblea Nacional elegida en las parlamentarías de 2005, cuando las principales fuerzas opositoras decidieron no participar, dando como resultado un Parlamento monocolor.

Hasta en cuatro oportunidades, el Tribunal Supremo ya había asumido la designación de directivas del CNE, de manera total o parcial. Ocurrió con el directorio en agosto de 2003, una renovación parcial en enero de 2005, dos reelecciones y varias designaciones en diciembre de 2014 y dos reelecciones en diciembre de 2016.

En su fallo de 2014, el TSJ tomó en cuenta el informe final del Comité de Postulaciones Electorales de entonces, que recibió 245 aspirantes de la sociedad, aprobó una lista de 124 que pasaron el proceso de evaluación y determinó que 31 eran elegibles.

En su decisión de 2005, los rectores designados por el TSJ estaban en sus cargos “provisionalmente” hasta que el Parlamento procediera a nombrar a los miembros del CNE.

En su sentencia de 2003, el TSJ tomó en cuenta el “acucioso” trabajo del Comité de entonces, que recibió 408 postulaciones y las redujo progresivamente a 200, a 115, a 86 y finalmente a 63 representantes de la sociedad.

Los números de archivo demuestran la participación de sectores de la sociedad en la conformación del Poder Electoral. En 2020 se truncó este derecho.

12 de junio: la juramentación exprés

Habían pasado dos días del exhorto al Comité de Postulaciones, cuando el TSJ declaró que el “desacato” de la Asamblea Nacional “se mantiene de forma ininterrumpida”, procedió a designar a los rectores del CNE y a nombrar integrantes de los órganos subordinados, y los convocó para su juramentación el mismo 12 de junio a las 8:00 p.m.

Una vez más por la vía del Poder Judicial, pero en esta ocasión sin que el Comité de Postulaciones Electorales hubiese siquiera empezado su procedimiento de ley, el nuevo CNE quedó conformado por:

RECTORES PRINCIPALES
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Indira Alfonzo, rectora principal y presidenta; Rafael Simón Jiménez, rector principal y vicepresidente; Tania D’Amelio, rectora principal; Gladys Gutiérrez, rectora principal, y José Luis Gutiérrez, rector principal.

Indira Alfonzo, una abogada nacida en La Guaira, viene de ser presidenta de la Sala Electoral y primera vicepresidenta del TSJ. Rafael Simón Jiménez, abogado y economista, es un antiguo militante del MAS que ahora se erige como la principal figura vinculada a la oposición dentro del CNE. Tania D’Amelio, abogada, es la única rectora de la gestión saliente que ha sido renovada en su cargo. Gladys Gutiérrez, abogada, fue presidenta del TSJ y ejercía hasta ahora en la Sala Constitucional. Y José Luis Gutiérrez, abogado, se identifica como opositor, tiene aproximadamente una década trabajando en el CNE y es hermano del secretario nacional de organización del partido Acción Democrática.

La composición que maneja la prensa es “un 3-2” (tres afines al gobierno de Nicolás Maduro y dos a la oposición), pero serán sus decisiones las que revelen cuál camino tomará el directorio; sobre todo, después de una gestión que mostró abierta parcialidad hacia el oficialismo. Jiménez, apenas juramentarse, abogó por un gran acuerdo político nacional.

El TSJ designó como rectores suplentes a Abdón Rodolfo Hernández, Alex David Díaz, Carlos Enrique Quintero, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino, Luis Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.

RECTORES SUPLENTES
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Dos de los suplentes, Hernández y Quintero, fueron ratificados luego de trabajar de cerca con Tibisay Lucena, quien sale luego de 14 años de rectoría. Delpino, entre tanto, era director del CNE cuando se celebraron las elecciones regionales de 2017, apunta un trabajo de Efecto Cocuyo.

La Junta Nacional Electoral la preside Indira Alfonzo; como rector principal José Luis Gutiérrez y como rector suplente incorporado Carlos Enrique Quintero.

La Comisión de Registro Civil y Electoral la preside Tania D’Amelio, como rectora principal Gladys Gutiérrez y como rector suplente incorporado Juan Carlos Delpino.

La Comisión de Participación Política y Financiamiento la preside Rafael Simón Jiménez; como rectora principal Tania D’Amelio y como rector suplente incorporado Abdón Hernández.

ÓRGANOS SUBALTERNOS
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“Desconozco”, “acato”

Juan Guaidó reaccionó el sábado 13: tachó de ilegal la designación de los rectores y dijo desconocer el nuevo CNE. Aseguró que el gobierno “cometió un delito con un supuesto exhorto de 72 horas en formato de sentencia”, pero también un grave error dijo en conferencia de prensa. “El Comité de Postulaciones continúa su funcionamiento y sus acciones para tener una apertura, una opción de construir un CNE que ofrezca el derecho a elegir”, asomó.

En un comunicado, el jefe del Parlamento también rechazó que el gobierno “dinamitara una vez más la posibilidad de avanzar en un camino electoral, pacífico e institucional para resolver la profunda crisis que vive nuestro pueblo”. Adelantó que no convalidará “el fraude de unas falsas elecciones parlamentarias” y que reconocerá a la actual Asamblea Nacional “hasta que los venezolanos puedan elegir nuevos diputados libremente”.

Nicolás Maduro también reaccionó el sábado 13: valoró que la Mesa de Diálogo Nacional “ha funcionado muy bien”, con dirigentes políticos que calificó de “opositores, y bien radicales y duros”. Reveló que, paralelo a esto, han tenido “una mesa, también de diálogo, con el llamado G-4”, donde han conversado, a varias manos. En ese contexto, instalaron del Comité de Postulaciones de la AN, para que “hiciera un trabajo de avanzada”.

En alocución televisada, el jefe de Estado justificó que después llegó la pandemia, la oposición “se dividió aún más” y el TSJ tomó las riendas, verificó que “no había condiciones institucionales”, ni mayoría calificada. Atribuyó este paso como resultado de los diálogos políticos que se han desarrollado en la Mesa de Diálogo, con el G-4 y con el G-3. “Es una decisión consensuada”, aseguró, al también revelar que la Sala Constitucional abrió “mecanismos de diálogo con todos”. Maduro dijo que acatará todas las decisiones del nuevo CNE.

Ser creíble e imparcial

¿Bajo cuál metódica, o con base en cuál listado, la Sala Constitucional del TSJ designó a los nuevos rectores?, es una de las preguntas que se hace la opinión pública. El Observatorio Electoral Venezolano considera que no se agotó el procedimiento contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral; que el TSJ decidió por los rectores los cargos directivos y de los órganos subalternos, y que el procedimiento, como decíamos al principio de esta nota, no fue transparente.

El OEV insiste una vez más en la necesidad de los acuerdos políticos inclusivos, a fin de que los actores negocien condiciones y garantías para elecciones que resulten confiables, por el bien nacional. La vía pacífica, democrática y electoral es la única que puede abrir la ruta para que emerja un nuevo y mejor país para los venezolanos.

Venezuela necesita un CNE creíble e imparcial, que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el voto como herramienta de la democracia y que garantice la validez de los resultados obtenidos en las urnas de votación.

En todo caso, esta electoral primera quincena de junio había empezado con una buena noticia, que animaba a hacerse extensible a otras áreas de la vida nacional: el acuerdo de carácter humanitario firmado el 1 de junio entre gobierno y oposición para luchar en conjunto contra la pandemia de COVID-19.

La segunda quincena de junio empieza con la toma de posesión de los rectores, una oposición descontenta a la que todos preguntan qué hará de cara al futuro, y un llamado del Gobierno al Ministerio de Defensa para que empiece a preparar el Plan República de las próximas parlamentarias.


Bolivia: Áñez ignora acuerdo político de celebrar elección el 6 de septiembre

La crisis electoral empezó con las fraudulentas elecciones de octubre de 2019 | Archivo Reuters

Existe otro país en América Latina donde la primera quincena de junio también empezó con buenas noticias de acuerdos políticos, pero conforme avanzaron los días el panorama se fue complicando: Bolivia.

El 2 de junio, un acuerdo entre partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió fijar la fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre, tras haber sido postergadas por el coronavirus. Se esperaba entonces que esto permitiría dejar atrás la crisis desatada por los comicios anulados del año pasado, reseñó AFP.

La ley que fija el 6 de septiembre como fecha de las elecciones generales surgió tras un acuerdo político entre el MAS, que controla por amplia mayoría las cámaras de Diputados y Senadores, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato centrista Carlos Mesa y otras fuerzas políticas. La norma fue remitida a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, para su respectiva promulgación.

Pero el 12 de junio Áñez decidió no promulgar la ley y en su lugar envió una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa, (que es del partido de Evo Morales) en la que le cuestiona la intención de celebrar los comicios en medio de la pandemia. Le pide “asumir públicamente la responsabilidad” de haber decidido que las elecciones se realicen cuando las autoridades sanitarias estiman que la pandemia alcanzará en Bolivia su punto más elevado.

Candidatos y partidos de oposición le exigieron a Áñez promulgar la ley, acusándola de esquivar responsabilidades frente a la pandemia y de pretender prolongar su interinato en el poder.

“La presidenta no puede ampararse en una supuesta preocupación por proteger la salud pública”, señaló el partido del candidato de centro Carlos Mesa tras sostener que “la verdadera intención de la presidenta es prorrogarse en el ejercicio del poder”.

Bolivia debía ir elecciones el pasado 3 de mayo, pero por la irrupción del coronavirus no se celebraron. (Con información de AFP)


Estados Unidos: las protestas y su impacto en año electoral

La gráfica de EFE que da cuenta de la dimensión electoral de la protesta.

“Recuerden esto en noviembre”, se lee en el cartel. Una fotografía de EFE, fechada el 6 de junio, muestra a un joven con mascarilla mientras pasea en bicicleta con el letrero, durante una manifestación contra la violencia racista en Washington, Estados Unidos.

Las protestas contra la violencia racista han reforzado la caída en las encuestas del presidente Donald Trump, de cara a las presidenciales de noviembre próximo. Sin embargo, reseñó la misma agencia española, “está por verse si la energía en las calles se traduce en votos a favor de su rival Joe Biden”.

Tras el asesinato de George Floyd, el Partido Demócrata se ha apresurado a respaldar las protestas por la violencia policial que afecta a los afroamericanos, un bloque de votantes históricamente progresista pero cuya participación disminuyó en las elecciones de 2016 respecto a la década anterior.

El movimiento ha generado preocupación en la campaña de reelección de Trump, que en las últimas semanas ha visto cómo decaía su apoyo en estados clave como Arizona, Ohio, Florida y Georgia, además de entre los estadounidenses de mayor edad.

Encuestas recientes referidas por BBC Mundo muestran una caída del índice de aprobación de Trump, por debajo del 40%, así como una ventaja promedio de alrededor de 10 puntos en la intención de voto por Biden en el ámbito nacional. (Con información de EFE)


#ElDatoOEV

44

El número se refiere a Surinam, donde la incidencia de casos del nuevo coronavirus “aumentó en los días posteriores a las elecciones, de un caso en el día de la jornada electoral (el 25 de mayo) a 44 el 2 de junio”. Así lo reportó la Misión de Observación Electoral de la OEA en una declaración. Igualmente, en un reporte del 9 de junio, la Organización Mundial de la Salud observó que “después de más de un mes sin nuevos episodios, Surinam informó la semana pasada de un repunte”.

El partido que gobierna en Surinam pidió un recuento de votos, después de que los resultados preliminares dieran la victoria a la oposición. Todavía el 7 de junio los cuatro principales partidos de Surinam, que buscan formar una coalición para gobernar, pedían que se difundan los datos oficiales de los resultados.

La pandemia también ha dejado casos de elecciones cuyas curvas de contagio no se han disparado luego de elecciones, como las parlamentarias de Corea del Sur; un caso que el OEV reseñó en su Boletín 40 y Boletín 41.


Recomendación al cierre

La Organización Mundial de la Salud ha publicado en días recientes una actualización sobre el uso de mascarillas durante la pandemia que incluye dónde, cuándo y cómo deben emplearse. También señala que las mascarillas son una medida de prevención junto con el distanciamiento social, el lavado de manos y no tocarse la cara. LEA EL ARTÍCULO AQUÍ

El 10 de Enero es una fecha políticamente muy importante. Nicolás Maduro se proclama este día autorizado a ejercer un segundo período como Presidente de la República. Esta juramentación se sostiene en una elección que ha sido puesta en duda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) llevó a cabo un análisis del proceso electoral convocado para el 20 de mayo de 2018, el cual quedó recogido en un informe de dos partes que puede ser leído en la página web www.oevenezolano.org. En dicho documento pueden encontrarse las irregularidades –registradas por el OEV cometidas a lo largo de todo el proceso– que permiten calificar como ilegal el nombramiento de Maduro, por ser resultado dehttps://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Presidenciales-2018-Parte-I-2018.pdf un evento que transcurrió en abierta contradicción con las normas legales vigentes en Venezuela, establecidas para garantizar la celebración de comicios equitativos, transparentes y confiables.

Tales irregularidades pueden expresarse de manera muy sucinta en los siguientes aspectos:

a) Convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando las funciones que constitucionalmente corresponden al CNE.

b) Convocadas de manera adelantada, con un sesgo evidente a favor de la candidatura oficial, y con apenas 80 días de antelación. Tradicionalmente, las elecciones presidenciales se celebraban en diciembre y eran convocadas con, por lo menos, seis meses de anticipación.

c) El Cronograma Electoral, publicado a destiempo, fue modificado en su totalidad una vez convocadas las elecciones (sin prestar atención a los lapsos y disposiciones legales).

d) Restricción del pluralismo político y la oferta electoral con la anulación de los partidos de oposición más votados y la inhabilitación de potenciales candidatos.

e) Limitación para la inscripción y actualización en el Registro Electoral de jóvenes con edad para sufragar y de venezolanos residentes en el exterior.

f) Ventajismo de Estado con el uso indiscriminado de los recursos y medios públicos, especialmente con la instalación de los “Puntos rojos” en ocho de cada 10 centros de votación el día la elección, de acuerdo a la observación realizada por el OEV.

g) Uso del Carnet de la Patria y la entrega de bonos como instrumentos de coacción y como evidencia de compra de votos con recursos del Estado.
Sobre la base de su informe, el OEV introdujo en junio –junto a Provea y Acceso a la Justicia–, una demanda en la que solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la designación de Maduro, recurso que fue desestimado. Esto pone de manifiesto que las arbitrariedades elctorales no provinenen exclusivamente del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también de otros poderes públicos, debilitando el Estado de Derecho.

Por otro lado, desde la óptica política, los resultados anunciados por el CNE mostraron un respaldo minoritario para la re-elección de Maduro: siete de cada 10 venezolanos con derecho a sufragar no votaron por él. En estas cuestionadas elecciones, se registró la más alta abstención para unos comicios presidenciales desde la época democrática (54%). Como consecuencia, Nicolás Maduro no es sólo un Presidente ilegítimamente nombrado, sino con un apoyo político muy precario pese a las acciones ejercidas para coartar la libertad del voto.

Se configura así un escenario muy complicado para el país, sobre todo si se toma en cuenta que se inicia el año con una situación muy comprometida desde el punto de vista económico, social e institucional, que va a tener al frente del gobierno a un Presidente en las peores condiciones para encarar las muy difíciles circunstancias con las que tiene que lidiar.

Toca construir una opción frente al contexto esbozado. Existen diversas fórmulas políticas que están siendo examinadas, a fin de revertir la gravedad que supone el acto celebrado ante el TSJ el 10 de enero y poder vislumbrar una salida política que tiene visos urgentes. Las mismas deben tener, como común denominador, la realización de elecciones que recuperen la legitimidad del gobierno y amplíen sustancialmente sus bases de apoyo. La gravedad de la crisis venezolana exige el mayor esfuerzo para suscribir un compromiso nacional. No se trata de otra cosa que no sea reestablecer el hilo constitucional.

OEV, 10 de Enero de 2019

El pasado 14 de noviembre, contra viento y marea, los estudiantes de la Universidad de Carabobo llevaron a cabo, luego de no haber podido hacerlo en los últimos diez años, la elección de sus representantes a los organismos de gobierno y cogobierno. La participación fue masiva y resultaron triunfantes las planchas encabezadas por los jóvenes opositores al oficialismo.

Sin embargo, el 27 de noviembre, mediante una cuestionada decisión jurídica, que, entre otras cosas ignoró olímpicamente la autonomía universitaria, el TSJ determinó, no la anulación de los comicios y la obligación de repetirlos, lo que de por sí hubiese sido una incontestable arbitrariedad, sino la victoria de la candidata oficialista a la Presidencia de la Federación de Centros Universitarios, no obstante haber obtenido apenas el 20 por ciento de los votos, contra el 80 por ciento de quien resultó vencedor en las urnas. Significa lo anterior que fue el TSJ el que eligió, entonces, a Jessica Bello sin importar que fue Marlon Díaz, quien resultó seleccionado en los comicios estudiantiles.

Semejante decisión reitera el que pareciera un propósito estratégico del Gobierno, el de achicar la democracia lo más posible en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, convirtiendo cada votación, no importa el escenario, en un evento diseñado bajo condiciones que procuren el triunfo de sus candidatos, o, en el caso de una derrota, que tramiten su anulación, el desconocimiento de sus consecuencias políticas (por ejemplo nombrar “protectores” en las gobernaciones en donde triunfe un candidato contrario), mediante la intervención de algún otro organismo del poder público, el TSJ en el presente caso, pero que podría ser cualquier otro, vistas las irregularidades con las que funcionan nuestros poderes públicos.

Desde 2012 el oficialismo ha ido logrando conformar un nuevo ecosistema de partidos en donde las organizaciones de oposición más votadas en elecciones recientes fueron anuladas, lesionando así el derecho de los venezolanos a tener una oferta electoral más diversa

A finales de 2010 existían en Venezuela 325 partidos políticos –entre nacionales y regionales–, de acuerdo a una nota publicada en noviembre de ese año por el Consejo Nacional Electoral (CNE)[1]. Esta cifra se fue reduciendo poco a poco: 96 organizaciones con fines políticos postularon candidatos para las elecciones Parlamentarias en 2015[2], 76 estuvieron habilitadas para presentarse en las elecciones de gobernadores de 2017[3] y apenas 37 partidos[4] están actualmente validados para participar en los próximos comicios a celebrarse en diciembre de 2018, según los últimos datos proporcionados por el ente. Esto significa una disminución del 88,6% de las organizaciones existentes hace ocho años.


En su más reciente informe “El nuevo ecosistemas de partidos políticos en Venezuela[5], el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) advierte que, en la última década, distintas instituciones del Estado han ejecutado acciones sistemáticas para conformar un proceso continuado de “debilitamiento y extinción de los partidos políticos de oposición”, en función de la construcción de un Estado de “Partido Único” en franco desmedro de la democracia en Venezuela.

Intervenciones judiciales (2012-2015)

De acuerdo al recuento cronológico presentado por esa ONG, la conformación de un ecosistema de partidos afines al chavismo empezó en 2012, cuando se produjo la intervención judicial y nombramientos de las directivas de los partidos Por la Democracia Social (Podemos) y Patria Para Todos (PPT), a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), justo antes de la elección presidencial del 7 de octubre. Previo a la decisión, ambos partidos se habían distanciado del presidente Hugo Chávez hasta el punto de que el PPT había decido respaldar la candidatura del opositor Henrique Capriles Radonski en la elección presidencial de octubre de ese año.

Esta política de intervención judicial se repitió en el 2015, alega el OGCD, cuando previo a las elecciones Parlamentarias el TSJ continuó los procedimientos nombrando las directivas de las organizaciones MinUnidad, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Copei, Podemos y Bandera Roja, bajo criterios diferentes.

También en el 2015 el CNE negó la denominación provisional para la constitución de 111 grupos que solicitaron su autorización, de acuerdo a datos publicados en la Gaceta Electoral Nº 745[6], de fecha 30 de marzo de 2015. Entre ellos los partidos Vente Venezuela (VV), Movimiento por la Democracia Directa (MDD), Marea Socialista (MS) y Unión Nacional Organizada (UNO), estos dos últimos integran el denominado chavismo disidente; 54,05 % estaban relacionados con el oficialismo y las banderas de la revolución socialista.

Primera renovación y sus postergaciones (2016-2017)

El proceso para legitimar a las organizaciones con fines políticos es un procedimiento regular concebido en la Ley de Partido Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones que data de 1964, reformada por la Asamblea Nacional en 2010. De acuerdo a esa ley, los partidos debían renovar sus nóminas en diciembre de 2015, pero el procedimiento terminó posponiéndose casi dos años más, cuando inició su curso efectivo en 2017, tras sufrir alrededor de cinco postergaciones[7]. Este hecho sirvió como excusa a la autoridad electoral para retrasar las elecciones regionales que, por mandato constitucional, correspondían realizarse en diciembre de 2016.

A pesar de las trabas, la discrecionalidad y la falta de transparencia durante el procedimiento –como también lo expuso en su momento el Observatorio Electoral Venezolano (OEV)[8]–, de los 59 partidos políticos convocados para renovar su inscripción ante el CNE solo 17 alcanzaron cumplir con los requisitos (equivalente al 28,8% del total). Esto incluye cinco organizaciones que lograron su legitimación durante las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015, tres vinculadas a la oposición (Mesa de la Unidad Democrática-MUD, Partido Unión y Entendimiento-Puente y Unidad Política Popular 89-UPP89) y dos al oficialismo (Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV e Independientes por el Progreso-IPP).

Segunda renovación: legitimación a la medida (enero–marzo 2018)

Más adelante, posterior a las elecciones de alcaldes celebradas en diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –por instrucción del presidente Nicolás Maduro–, en usurpación de funciones y contrariando lo que dispone la legislación vigente, ordenó que los partidos políticos que desearan participar en la elección presidencial y no hubiesen acudido a los comicios previos debían someterse a un nuevo proceso de legitimación, como condición para no ser eliminados. Esta sanción no estaba contemplada en la legislación electoral vigente para el momento de la elección de alcaldes –pues la no concurrencia a una elección no se considera como delito o falta electoral– y fue, por tanto, aplicada de manera retroactiva.

Como producto de esta nueva validación anunciada por la autoridad electoral el 11 de enero de 2018, los partidos Acción Democrática, MUD, Movimiento Primero Justicia, Puente y Voluntad Popular tendrían que someterse a un nuevo proceso para poder inscribir candidatos en la una controversial elección presidencial que fue convocada de forma anticipada de acuerdo a la tradición del Poder Electoral. En este proceso, AD fue el único que logró recaudar las firmas para validar al partido a nivel nacional, a la MUD no se le permitió participar en el proceso tras una sentencia del TSJ, mientras que VP y Puente decidieron no participar.

Debe enfatizarse que este diseño del proceso de renovación de nóminas dificultó que los partidos convocados lograran cumplir con los requisitos, pues, en primer lugar, no se informó oportunamente sobre el número y ubicación de máquinas que serían desplegadas por entidad y, en segundo lugar, no consideró la proporción poblacional para el despliegue geográfico de las captahuellas para la recolección, repitiendo el esquema del proceso de validación de 2017. Estas medidas, calificadas de sesgadas, no solo obstaculizaron la participación de los sectores de oposición de cara a las elecciones presidenciales sino que profundizaron aún más la desconfianza que la ciudadanía posee sobre el árbitro.

De las 15 organizaciones con fines políticos que sobrevivieron a la validación de 2018, diez postularon al presidente Nicolás Maduro a la reelección, (PSUV, Somos Venezuela, PCV, Podemos, PPT, Tupamaro, ORA, MEP, UPV y el Movimiento Político Alianza para el Cambio); cuatro postularon al candidato Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento Ecológico de Venezuela); una organización postuló al candidato Reinaldo Quijada (UPV 89); y un Grupo de Electores postuló al candidato Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio), tras registrarse de forma irregular ante el CNE[9]. Finalmente, cuatro organizaciones que estaban legitimadas no participaron en la elección presidencial (Acción Democrática, Independiente por el Progreso, Un Nuevo Tiempo y Nuvipa).

Tercera renovación tras las presidenciales (julio 2018)

Transcurridos casi dos meses desde las elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos, la rectora del CNE, Tania D’Amelio, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter un nuevo proceso de renovación de nómina para aquellos partidos interesados en postular candidatos a la elección de concejales, convocada para el 9 de diciembre de 2018. Aseguró, además, que dicho procedimiento se realizaría en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Constituyente, publicado el 27 de diciembre de 2017 en la Gaceta oficial Nº 41.308[10].

En esta ocasión, fueron los partidos Acción Democrática (AD), Nueva Visión Para mi País (Nuvipa), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT) y Generación Independiente (Gente) los que debían someterse a este nuevo proceso de renovación de nóminas, mientras que ocho organizaciones nacionales “en formación” debían validar sus denominaciones y siglas: Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC), Fuerza Del Cambio (FDC), Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN), Lápiz Procomunidad (LAPIZ Procomunidad), Liberal Prociudadanos (LPC), Partido Independiente de Venezuela (PIV) y Soluciones Por Venezuela (SPV). De acuerdo al OGCD, este anuncio “constituiría la estocada final a los partidos de oposición conocidos y a una ya muy debilitada coalición opositora”.

Para solicitar su inscripción ante el CNE, estas organizaciones “en formación” debieron recolectar un número no inferior al 0,5% de las firmas de electores en, por lo menos, 12 entidades federales en un lapso de 16 días –entre el 11 y el 26 de julio de 2018– y posteriormente validarlas –del 8 al 19 y del 25 al 26 de agosto–[11]. Sin embargo, debe enfatizarse que para estas jornadas el ente no publicó los puntos de validación biométrica que serían desplegados en todo el territorio nacional.

Según los resultados del segundo proceso de renovación del partidos políticos llevado a cabo en 2018, un total 37 organizaciones fueron habilitadas para postular candidatos en las elecciones del 9 de diciembre de 2018: 21 organizaciones nacionales, 11 organizaciones regionales y cinco organizaciones indígenas. En resumen, de los 21 partidos políticos nacionales legitimados por el CNE, diez son afines al oficialismo, dos son de tendencia opositora que estuvieron vinculados a la extinta MUD y ocho son de tendencia opositora o independientes sin vínculos con la MUD.

De esta forma, en el transcurso de dos años algunos partidos debieron someterse hasta tres procesos de renovación para mantenerse legales ante el CNE, procedimientos que restringieron notablemente el pluralismo político. Como se puede observar en el recuento de las distintas actividades adelantadas desde 2012, el régimen en el poder en Venezuela logró conformar a su medida un nuevo ecosistema de partidos en donde las principales organizaciones de oposición fueron anuladas.


REFERENCIAS:
[1] Consejo Nacional Electoral (17 de noviembre, 2010). 296 Organizaciones con fines políticos deben renovar su inscripción ante el CNE. Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=1898
[2] Consejo Nacional Electoral (18 de agosto, 2015). Como no presentadas 283 postulaciones que no cumplieron con paridad de género. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3368
[3] Consejo Nacional Electoral (16 de agosto, 2017). 226 aspirantes presentaron candidaturas para elecciones regionales. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3561
[4] Correo del Orinoco. (12 de septiembre, 2018). 37 partidos políticos pueden postular candidatos para las elecciones del 9-D. Recuperado de: http://www.correodelorinoco.gob.ve/37-partidos-politicos-pueden-postular-candidatos-para-las-elecciones-del-9-d/
[5] OGDC. (Septiembre, 2018). Informe Nuevo Ecosistema de Partidos Políticos. Cronología del debilitamiento del pluralismo político en Venezuela 2012-2018. Recuperado de: http://www.observademocracia.org/wp-content/uploads/2018/09/InformeEspecialOGCD-PartidosPoliticosVenezuelaSeptiembre2018-1.pdf
[6] Lugo Galicia, H. (23 de febrero, 2017). Desde 2012, el oficialismo comenzó “eliminación” de partidos y prohibición de crear otros (I). Diario Crónica Uno. Recuperado de: http://cronica.uno/desde-2012-oficialismo-comenzo-eliminacion-partidos-prohibicion-crear-otros-i/
[7] Observatorio Electoral Venezolano. (20 de mayo, 2017). CNE retrasa por quinta vez renovación de partidos. Recuperado de: http://www.oevenezolano.org/2017/05/20/cne-retrasa-por-quinta-vez-renovacion-de-partidos/
[8] Observatorio Electoral Venezolano. (8 de agosto, 2017). Validación de partidos: de 64 sólo quedan 22. Recuperado de: http://www.oevenezolano.org/2017/08/08/validacion-de-partidos-de-64-solo-quedan-22/
[9] Observatorio Electoral Venezolano. (19 de abril, 2018). CNE incurrió en cuatro graves irregularidades en candidaturas independientes de 2018. Recuperado de: http://www.oevenezolano.org/2018/04/19/cne-incurrio-en-cuatro-graves-irregularidades-en-candidaturas-independientes-de-2018/
[10] Asociación Civil Súmate. (27 de diciembre, 2017). Gaceta Oficial Nº 41.308. Recuperado de: https://www.sumate.org/documentos/41308_DECRETO_DE_LA_ANC.pdf
[11] Consejo Nacional Electoral (8 de Julio, 2018). Convocatoria para la inscripción de organizaciones con fines políticos nacionales. Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/denominaciones/documentos/aviso_oficial_8julio_denominaciones_inscripcion.pdf